Cataluña y Crimea

Permalink 19.03.14 @ 02:13:50. Archivado en Nacionalismos, Cataluña

La diferencia fundamental entre el caso de Cataluña y el de Crimea (dejémonos de zarandajas históricas, multiinterpretables y que carecen completamente de legitimidad y capacidad de influencia sobre el presente) es que en este último las dos fuerzas que pueden imponerse y de hecho se imponen siempre a la legalidad, la social y la militar, están en el mismo bando y son aplastantes, mientras que en el catalán la fuerza social parece inclinarse sólo ligeramente por la secesión (mucho más ampliamente por el “derecho a decidir” y su escenificación en una consulta soberanista) y la capacidad de reprimirla la tiene el Estado español. Y el gran parecido es que, al final, la comunidad internacional contempla estos temas desde la lejanía y nunca llegará a involucrarse de forma contundente para frenar a la fuerza que se imponga y preservar la legalidad. Si ni siquiera la geoestrategia la impulsa a intervenir en Crimea, mucho menos lo hará en Cataluña, aunque el Derecho Internacional instaurado por la ONU consagre, como repite García-Margallo, la inviolabilidad de las fronteras estatales.

Es decir, que el Gobierno español debería dejar de parapetarse en la legalidad constitucional como único argumento contra el independentismo catalán y todavía más contra el soberanismo, porque tiene todas las de perder. Ya sabía Carl Schmitt que el poder no radica en última instancia en la ley, sino en quien tiene la capacidad de promulgar una nueva en el momento de la crisis. Esa capacidad la ostenta quien puede imponer su fuerza militar o su fuerza social. Y, si todos convenimos que en el mundo civilizado estas cosas no se pueden resolver a hostias (la amenaza de que se puede llegar a esos extremos seguramente disuadiría a los nacionalistas no excesivamente fanatizados, pero tampoco es estético esgrimirla) , su única esperanza consiste en decantar mediante razonamientos convincentes el casi equilibrio que existe en la sociedad catalana. Pero no partiendo de la sacralización de un texto escrito hace 35 años, que jamás convencerá a una mayoría de los catalanes de que no tienen “derecho a decidir democráticamente”.

Los postulados de ambas partes se condensan bien en los dos documentos que se intercambiaron en enero el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Departamento de Presidencia de la Generalitat. El primero, titulado 'Por la convivencia democrática', se envió a los embajadores españoles a modo de argumentario para que éstos expliquen el proceso soberanista en los países donde están destinados; a él respondió el Govern replicó con otro, 'Estrechar lazos en libertad'. Puestos frente a frente ambos textos, y una vez desbrozados de las respectivas apelaciones al diálogo, inanes desde el momento en que una parte apela a una Constitución que impide la autodeterminación y la otra parte como requisito irrenunciable de esa autodeterminación y niega la autoridad constitucional, a mí me parece que el de la Generalitat supera y resulta más convincente que el del Gobierno central. Ofrece a su vez muchos flancos débiles que son los que yo siempre he pensado que habría que contraatacar, pero el enfoque de Madrid le incapacita para hacerlo.

CONTRA EL TEXTO DE EXTERIORES

El documento de Exteriores se basa fundamentalmente en dos presupuestos. Por un lado, en la defensa del marco legal instaurado por la Constitución, homologable al del resto de estados occidentales y al que elogia como un modelo de consenso, progreso y respeto a la supuesta pluralidad territorial de España, que respeta la “voluntad de ser” que atribuye a Cataluña, concede amplias competencias a la Generalitat y cosechó un respaldo casi unánime también en esta comunidad. Su modificación, añade, competería a todos los españoles, no sólo a los catalanes. Además, identifica la democracia con dicho marco legal, porque “la democracia es esencialmente diálogo, pacto, acuerdo” y “las diferencias políticas se resuelven mediante el diálogo”.

Por otro lado, se basa en el canto a que la unidad es mejor y de “más altura moral” que la separación, que supone “un retroceso político y de ética cívica”, es contraria a los ideales europeos; provoca “desconcierto”, “consternación” y “perturbación” en amplios sectores de la sociedad, también la catalana, “deroga algo compartido” y es “la única (alternativa) que excluye a otros” y “no tiene el menor deseo de aceptar ninguna opción de vida en común”.

El de la Generalitat, 'Estrechar lazos en libertad', neutraliza fácilmente ambas reivindicaciones. La última, al llevar al terreno del debate político, que ha de decidir entre dos opciones plenamente válidas, lo que Exteriores plantea en términos sentimentales, morales y maniqueos. En efecto, Exteriores puede vender con toda la dulzura que quiera las bondades de la unidad, pero si la Generalitat contesta que quiere separarse, presenta esta opción como igualmente legítima que la de permanecer juntos y pide tranquilamente someter la disyuntiva a la decisión de la mayoría, los argumentos de la otra parte quedan en nada.

En cuanto a la apelación a la Constitución, el texto del Govern la refuta convincentemente de dos maneras. La primera, recordando que la Transición fue, precisamente, un ejemplo perfecto de cómo la voluntad política puede imponerse a la legalidad, justo lo que los nacionalistas reclaman ahora para convocar la consulta; sin ir más lejos, habilitando una institución, la Generalitat, que pertenecía a la República y era por tanto ilegal para el franquismo. Además, advierte, en mi opinión con tino, que, a medio plazo, hasta la UE que ahora respalda al Gobierno español acabará viendo la apelación a la Carta Magna como “una mera excusa legalista”, una “coartada sin credibilidad”. Y la segunda subrayando que la mayor parte de los países del mundo, los que surgieron de la descolonización, nacieron contra la legalidad impuesta por sus metrópolis.

CONTRA EL TEXTO DEL GOVERN

Ahora bien, el documento del Govern también incurre en el sentimentalismo que reprocha a Exteriores cuando se queja de que la reivindicación autonomista en Cataluña “nunca obtuvo una respuesta leal”, sino que “se trató más bien como si fuera una molestia o una anomalía que debía resolverse por pragmatismo, pero no por convicción”. ¡Hombre, claro! ¿Es que tratan los nacionalistas de otra forma la existencia del Estado español? Y, además, da por sentados un par de presupuestos que distan mucho de ser indiscutibles.

El primero es que la Generalitat es anterior a la Constitución, por lo cual su legitimidad no deriva de ésta, y que Suárez “nunca podría haber llevado a cabo” la Transición sin la ayuda del catalanismo. Ciertamente, la Generalitat se restablece en 1977, un año antes, pero es el poder central el que accede a restablecerla. Es mucho suponer que la fuerza social del catalanismo, que había permanecido 40 años sojuzgada por un poder central que contaba con la aquiescencia y la colaboración de buena parte de la sociedad catalana, se hubiera hecho tan grande como para imponer sus reivindicaciones si el Gobierno central las hubiera ignorado o castigado.

Lo mismo ocurriría si Cataluña se declarara ahora independiente: los nacionalistas pueden confiar en que España no se atreverá a ejecutar una represión nada fotogénica a los ojos del mundo, pero la última palabra la tendrá el Gobierno español, su habilidad para ordenar detenciones puntuales que no solivianten al conjunto de la ciudadanía y, en último extremo, la disposición de la base social nacionalista a prestarse a una resistencia activa jugándose su futuro o hasta la vida. Ese problema no lo han tenido los partidarios de conculcar la legalidad ucraniana en Crimea, que tienen el poder militar ruso con ellos. En Cataluña, la fuerza social tendría que ser suficientemente grande, movilizada y dispuesta al sacrificio como para no dejarse arredrar por la posible represión judicial o policial. Y no está nada claro que a tanta gente le importe tanto el asunto como para ofrecerse a ello.

El segundo presupuesto, a mi juicio el fundamental, es el que el propio texto 'Estrechar lazos en libertad' define como “la cuestión”: “¿El pueblo de Cataluña es un sujeto político legitimado para tomar una decisión colectiva como tal sujeto?”. Unas páginas más adelante da la respuesta: “Negar la condición de sujeto político a los catalanes y a sus instituciones y representantes legítimos no tiene hoy justificación alguna”. Y la justifica: “Ser una nación significa, por razones obvias, asumirse colectivamente como un sujeto político”. Así es como la Generalitat contesta la pretensión constitucional de que la soberanía nacional recae en el conjunto de los españoles: dando por hecho que existe “otro sujeto político de carácter nacional en el seno del Estado”. Pero eso hay que demostrarlo.

EL SUJETO DE DECISIÓN

Si los nacionalistas consideran que Cataluña es un sujeto político con derecho a decidir, no es porque defiendan una resolución democrática del litigio, sino que primero delimitan un conjunto de personas que creen que forman una nación, un “pueblo catalán”, un cuerpo electoral homogéneo que, por tanto, puede decidir su futuro según lo que dictamine una mayoría de sus miembros. Pero la democracia no es el fundamento último; primero se define arbitrariamente al sujeto y luego se alega que la mayoría de sus miembros quiere independizarse o autodeterminarse. Si el sujeto incluyera a más, menos u otros individuos, tal vez su mayoría democrática reivindicaría lo contrario. La fuerza social depende, pues, de cómo se delimite el sujeto político.

El documento de la Generalitat presume de que los catalanes se sienten una nación y han votado siempre en consecuencia, dando la mayoría parlamentaria a partidos nacionalistas. Pero no todos lo sienten así: si son nación quienes lo sienten, habría que distinguir al menos dos grupos nacionales en Cataluña, y por tanto dos sujetos políticos con derecho a organizar sendas consultas de autodeterminación, con sus integrantes mezclados en cada municipio, cada barrio y hasta en una misma familia. En Crimea no ocurre esto, puesto que casi el 100% de sus habitantes son partidarios de integrarse en Rusia, pero en Cataluña sí. ¿Y por qué un número de catalanes ha de someterse a la voluntad de la mayoría de sus convecinos, en mayor medida que los nacionalistas han de someterse a la voluntad de la mayoría de los españoles?

La única forma de resolver este embrollo es salir de la lógica de los nacionalismos, tanto el catalán como el español. No se puede convencer a los nacionalistas catalanes de que comparten muchas cosas con los españoles, como se empeña en perorar el Gobierno central, pero sí se puede argumentar convincentemente que unos catalanes tienen tan poco que ver con otros catalanes como con el resto de españoles o como los españoles entre sí. Paradójicamente, para demostrar que Cataluña no es una nación y por tanto no es un sujeto político con derecho a autodeterminarse, no hay que sostener que la única nación es España. La única forma es razonar que, como ya han insinuado unos cuantos estudiosos del tema, las naciones no existen. Pero claro, eso no puede defenderlo el Gobierno español.

El desarrollo de este planteamiento se encuentra en:

El cuento de las naciones. Tabla rasa del gran debate español

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Entrevista en 'Periodista Digital'


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