Las medallas de Garzón

22.10.08 @ 11:16:29. Archivado en Justicia, Guerra civil, franquismo y Transición

El único punto que Baltasar Garzón argumenta con consistencia en el polémico auto que emitió para arrogarse la autoridad de juzgar penalmente los crímenes del franquismo, a través de la exhumación de 19 fosas comunes, es, ya casi al final, cuando defiende, citando doctrina de Naciones Unidas, el derecho que tienen las víctimas a ser reparadas con "la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad", aun en el caso de que ya no se pueda proceder judicialmente contra los culpables. Pero no da la sensación de que el sumario aspire realmente a eso.

En el resto del auto, Garzón se afana en rastrear artificiosamente en el mar infinito de las justificaciones para concluir los dos requisitos que le son imprescindibles: que los delitos no han prescrito ni han sido amnistiados por la Ley de 1977 (una ley de punto final, sin duda, pero aprobada por el Parlamento) … y que le corresponde juzgarlos a él. El primero lo defiende con dos argumentos muy distintos, como reconociendo que ninguno tiene fuerza suficiente. Por un lado, apela a exóticas sentencias dictadas en Argentina, Perú, Sudáfrica y Sierra Leona, de dudosa vigencia en España más allá del mero desiderátum de la justicia universal , para dictaminar que los crímenes contra la Humanidad (ya de por sí anacrónicos cuando en 1936 todavía faltaba un decenio para que se tipificaran) no caducan ni se indultan.

Por otro, acuña la ridícula categoría de "delito permanente", al permitirse la arbitraria y casi macabra licencia de considerar los asesinatos franquistas como simples detenciones ilegales con ocultación del paradero de de las víctimas hasta nuestros días. No habiendo aún cadáveres, viene a decir, el delito contra los hipotéticos habitantes de las 19 fosas se sigue cometiendo, por lo que no ha prescrito ni quedó cancelado por la Ley de Amnistía. La coincidencia de que las casi tres docenas de denuncias de asociaciones de recuperación de la memoria histórica que justifican el auto sean por "detención ilegal", y no por asesinato, sugiere que el modo en que se cursaron estaba apalabrado de antemano con el juez, que necesitaba inventarse esa cínica pirueta del delito continuado para eludir su prescripción.

Para desgracia de Garzón, ni siquiera esta argucia le iba a ser suficiente, dado que los crímenes en cuestión, en tanto que delitos comunes, caerían bajo la jurisdicción del tribunal competente en el escenario de cada crimen. Así que, para atraerlos al radio de acción de la Audiencia Nacional (y de paso para no meterse en el espinoso jardín de Paracuellos, caso al que dedica unas líneas en el auto para excluirlo expresamente de sus diligencias), Garzón los asocia y supedita al golpe de Estado del 18 de julio contra la legalidad republicana, y también a un presunto plan premeditado de genocidio ideológico, tesis que fundamenta en entrevistas, arengas militares y síntesis de historiadores, que no se admitirían como pruebas en ningún juzgado.

Pero claro, sucede que la rebelión ha prescrito, así que el juez, sin que se le caiga la pluma de vergüenza por la contradicción, se aferra a ella y al genocidio para asumir la jurisdicción que no tiene sobre los crímenes por separado y, al mismo tiempo, se justifica en las desapariciones "permanentes" para que el delito siga punible. Podía haber hecho lo contrario: declarar prescritos todos los delitos porque el golpe de Estado que los aglutina ya prescribió y fue amnistiado, o bien declararse incompetente para resolver sobre este asunto porque se trata de desapariciones, no de un genocidio, y por tanto escapan a la jurisdicción de la Audiencia Nacional. Pero entonces no sería Baltasar Garzón, un juez que se muere de ganas de pasar a la Historia como el magistrado que se atrevió a sentar en el banquillo a los golpistas, declararlos culpables y luego, como ya aventura en el auto, eximirlos por fallecimiento.

Esto es lo único que le interesa. El tiempo transcurrido y la pérdida de pruebas y testimonios orales ("las dificultades técnicas de la investigación", aventura el auto) harán imposible elucidar cada caso individual, con lo que la verificación total y pública de los hechos para reparar a las víctimas se quedará en una obvia y genérica constatación de que la responsabilidad última de su muerte la tuvieron los líderes del Movimiento. Es decir, lo que ya sabe de sobra todo el mundo.

Con la exhumación de estos temas, en definitiva, no se está reescribiendo la Historia, como alertan de vez en cuando algunos que parecen ver en peligro su derecho de conquista y le echan en cara a Zapatero que quiera ganar la guerra que perdió su abuelo. La gente se la tiene bien aprendida después de 30 años de desnazificación en los que se le ha explicado a través de libros, películas, series de TV y conferencias quiénes fueron los malos, quiénes empezaron la guerra con su golpe de Estado contra un Gobierno legítimo y no más desestabilizado que, por ejemplo, el de Suárez en 1981. Y, pese a los temores sobreinterpretados de muchos, tampoco se va a dividir a los españoles ni a reabrir viejas heridas que ya casi nadie siente como propias; ni siquiera el PSOE ni el PP, que, aunque a veces crean que les conviene parecerlo, no son los respectivos herederos del socialismo revolucionario de los años 30 y el franquismo. El significado del eventual proceso por los crímenes franquistas, es, me temo, muchísimo más trivial: el juez Baltasar Garzón se muere de ganas de quitarles las medallas a los militares para colgárselas en su propia toga.

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