Kiko Rosique
autor
Contacto
Batasuna y la instrumentalización de la Ley
30.01.08 @ 10:54:00. Archivado en Justicia, País Vasco
Después de las últimas revelaciones de El Mundo, no creo que pueda caber ninguna duda, ni siquiera a los que dudamos de ello en un principio, de que el PCTV y ANV no son simplemente unos partidos afines que, pese a ciertas divergencias ideológicas, se prestaron a llevar la voz de la izquierda abertzale a las instituciones ante la imposibilidad de que lo hiciera la Batasuna ilegalizada, sino los testaferros puntuales y obedientes de ésta. Y tampoco de que el Gobierno pudo haber promovido mucho antes la ilegalización de ambos y, si no lo hizo, fue por la conveniencia política del momento, que era llevar a buen puerto las negociaciones para lograr la disolución de ETA. Ahora bien, la ecuación que sigue indemostrada y es, a fin de cuentas, la que justifica todas las demás proscripciones, es que Batasuna sea, en términos jurídicos estrictos, lo mismo que la banda terrorista a la que justifica. Y el establecimiento de dicha identidad también fue, no lo olvidemos, una instrumentalización de la ley al servicio de consideraciones extralegales.
Se ha repetido muchas veces, ante todo por parte de sus propios promotores y firmantes en el PP y el PSOE, que la ilegalización de Batasuna y la persecución de sus juventudes y empresas y periódicos afines ha sido uno de los instrumentos más eficaces para ahogar a ETA. Sin duda lo ha sido, por el enmudecimiento de la voz institucional de la izquierda abertzale y la desestabilización de su entorno social, dos medidas de presión que completaban el acoso de la policía y dejaban al mundo radical sin ninguna salida y al borde del ninguneo ante el propio electorado nacionalista en un momento en que el PNV de Ibarretxe se aprestaba a pescar en su caladero. Pero eficacia operativa no significa legitimidad jurídica.
A la vez que populares y socialistas pergeñaban la Ley de Partidos, el juez Baltasar Garzón alumbró la ecuación Batasuna=ETA, con la que un día decidió unilateralmente dejar de pensar la realidad objetiva de la izquierda abertzale como un conglomerado de colectivos que comparten ideología y objetivos, entre los cuales hay contacto humano, ayudas recíprocas, individuos que cambian de grupo y por supuesto canales privilegiados de comunicación, con cierta preeminencia de la parte militar porque ella fue la iniciadora, la que encarnael mito de los gudaris y, sobre todo, la que tiene las armas y puede liquidar a los heterodoxos. Pasó a interpretar los mismos datos como prueba de que todo forma parte de una sola organización, en la que cada uno desempeña una función y habilita un frente estratégico, pero siempre bajo control y dirección de la parte militar.
La diferencia es fundamental. En este último caso, todos serían terroristas; en el primero, sólo los que empleen medios terroristas aunque compartan todo lo demás. Sin embargo, sean cuales fueren los datos objetivos, para formular una interpretación o la otra hace falta partir de una premisa, de un enfoque subjetivo y unilateral, porque lo que se vea dependerá siempre de la perspectiva que se adopte. ¿Qué indicio puede demostrar a ciencia cierta que una serie de colectivos no son hermanos sino partes inseparables de la misma organización? ¿Dónde está el límite entre una cosa y otra? Y, aun aceptando que todas ellas fueran la misma organización, ¿da derecho eso a encarcelar a todos o una buena parte de sus integrantes por el simple hecho de que ocupen un nicho del organigrama, aunque hayan desempeñado tareas no delictivas? ¿Se puede juzgar a un individuo por su pertenencia a un grupo y no por sus acciones personales?
El propio Garzón ha demostrado posteriormente con sus oscilaciones en la forma de tratar a los partidos abertzales que considera que la Ley no es una autoridad suprema sino un instrumento supeditado a la obtención de unos fines. Pero los políticos, jueces y periodistas que le critican cuando esos fines han aconsejado cierta lenidad son los mismos que aplaudieron fervorosamente el cambio de jurisprudencia que ejecutó Garzón con el argumento, de dudosa validez legal, de que a ETA hay que combatirla por todos los medios. Y, mientras que la flexibilidad puede tolerarse apelando el principio de in dubio pro reo, consentir la instrumentalización de las leyes para acabar con una banda terrorista aun a riesgo de conculcar en el envite los derechos individuales de muchos abertzales inocentes resulta inaceptable desde cualquier lógica jurídica.
La pregunta crucial, el fondo del asunto, es si la Ley ha de ser la autoridad suprema. Pero, en este punto, es imposible llegar a una conclusión a través del razonamiento lineal. Hay que elegir. O sí o no. O bien un Gobierno tiene la obligación de cumplir a toda costa la Ley que ha jurado respetar y no separarse un ápice de ella (en último caso, derogando en el Parlamento las normas que no le convengan antes que incumplirlas), o bien ha de ser flexible si piensa que la mano izquierda y la vista gorda (y la propia espada de Damocles de la Ley de Partidos, manteniéndola en vigor y haciéndola pender sobre los negociadores de la otra parte) pueden deparar un beneficio para la sociedad a la que también tiene el deber de defender. En el tema de la negociación con ETA, es obvio que el fin del terrorismo y la limitación de la actividad abertzale a los cauces democráticos habría sido un beneficio objetivo para la sociedad española. Podemos reprochar a Zapatero que, en el caso de ANV, el proceso de paz ya estaba sentenciado y no tenía sentido regalarle presencia municipal a cambio de nada, pero la concesión sí estaba justificada en el del PCTV y también como principio general de actuación. Como ya he precisado en otras ocasiones, el fin último de la lucha antiterrorista no es expulsar a los radicales vascos de las instituciones sino obligarles a no hacer nada fuera de ellas.
Yo, que no soy ningún idólatra del Derecho porque me parece una simple convención difusa, que no es matemática sino lenguaje y por tanto no agota toda la casuística posible y siempre está sujeta a la interpretación, me decantaría por la segunda opción. Las divisiones entre jueces de distinta ideología a la hora de entender y aplicar las leyes, de las que deberían ser ejecutores mecánicos, dan fuerza a esta concepción del Derecho. Más aún, la mayor parte de la legislación obedece a contingencias concretas, acaecidas en un momento dado. Las alarmas sociales que generaban los accidentes de tráfico y la violencia de género fueron los factores desencadenantes que llevaron a promulgar las leyes que, con mayor o menor fortuna , intentan enfrentarse a unos y otra, igual que la Ley de Partidos (que, como ya expliqué un día, no estipula en ningún momento que las formaciones políticas tengan que condenar explícitamente la violencia para ser legales) se aprobó expresamente para poner coto a las actividades de Batasuna. Por ello, no me parece que se deba considerar ningún texto legal como una verdad suprema que haya que anteponer a los intereses de los legislados. Naturalmente, esto es opinable, pero, si se me permite acudir por una vez a un argumento ad autoritas, mucho antes que yo dicen que dijo algo parecido un tipo muy querido para la derecha, cuando sentenció: "El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado".
Dirección para hacer trackback a este post:
http://blogs.periodistadigital.com/btbf/trackback.php/141222
Comparte esta información
Comentarios, Trackbacks, Pingbacks:
Aún no hay Comentarios/Trackbacks/Pingbacks para este post...
Se muestran únicamente los últimos 40 comentarios de cada post.
