El cine y la música en el mercado libre

Permalink 21.12.07 @ 11:28:47. Archivado en Cine, Economía

La Ley del Cine y la pervivencia del canon digital, a las que ayer dio su aprobación definitiva el Congreso de los Diputados, tienen un elemento común: la defensa de dos colectivos, los cineastas y los músicos, a quienes el libre mercado y la ley de la oferta y la demanda están poniendo en peligro. A los primeros, porque no pueden competir en taquilla con las producciones norteamericanas, y, a los segundos, porque su manera tradicional de vender discos no puede competir en rentabilidad para los usuarios con las descargas de canciones a través de internet. Esta práctica, aunque sea tildada de piratería, comporta una relación económica distinta, pero igual de válida, entre el internauta que paga su conexión, los proveedores de ésta y las webs que almacenan las canciones compartidas por otros usuarios, que a su vez se nutren de los ingresos que les reportan los banners publicitarios de otras marcas que ven rentable anunciarse en sitios de tan denso tráfico.

La primera cuestión es si los cineastas y los músicos tienen derecho a reclamar una protección legislativa, en forma de cuota de pantalla o de canon, para hacer frente a una evolución del mercado libre del que participan gustosamente porque les reporta pingües beneficios, cuando los profesionales de otros sectores, si los cambios les son adversos, se ven obligados a reconvertirse o perecer sin recibir ayuda del Estado. A este respecto, en principio yo estoy a favor de tener en cuenta eso que llaman la excepción cultural. Sólo los ultraliberales entienden los productos culturales como una mercancía más, susceptible de ser sometida al arbitrio de los agentes privados y la tiranía de la oferta y la demanda. Si no fuera por el mecenazgo de administraciones y bancos, pronto nos quedaríamos sin bibliotecas, museos, teatros, conciertos, investigaciones eruditas en el ámbito humanístico y, en cuanto la sociedad destierre sus prejuicios hacia la FP y los oficios manuales, posiblemente también sin colegios y universidades públicas que garantizaran una educación para todos.

Sin embargo, en primer lugar tendríamos que precisar en qué casos concretos hay una cultura en peligro, porque hay un buen número de productos cinematográficos y musicales, de espíritu eminentemente comercial a los que resulta muy clasificar en la categoría de obras de arte. No se trata de apuñalar a sus autores (aunque a veces uno se queda con ganas); ocupan un lugar legítimo en nuestra sociedad como creadores de objetos de consumo, pero esa condición no puede ser acreedora de privilegios de excepcionalidad cultural ni de subvenciones del Ministerio, sólo por el hecho de compartir soporte con otros que sí tienen una vocación artística. Meter todo en el mismo saco sería como organizar en un museo una exposición de los trabajos de un pintor de brocha gorda o hacer una retrospectiva de la obra de una máquina fotomatón. Y, en segundo lugar, en el caso de las películas o discos que sí merezcan una protección pública, hay que dictaminar sobre quién ha de recaer el coste de dicha protección.

Por lo que respecta a la ley del cine, para asegurarnos de que protege la cultura y no otra cosa sería necesario un método que garantizase que ni un euro del dinero recaudado por las cuotas de pantalla terminara sufragando el glamour, los efectos especiales o cualquier otro de los elementos espúreos que parasitan el séptimo arte. Y, por supuesto, excluir de la cuota de pantalla a las películas mediocres y/o comerciales, que las hay aquí igual que en EEUU. La calidad fílmica no se mide en función del número de espectadores que arrastra, y nuestro cine no tiene por qué demostrarla compitiendo libremente en taquilla con las poderosas majors de Hollywood, como sostienen algunos, pero tampoco es superior por el hecho de ser español. Igual que sucede en todos los países, el cine de aquí produce obras maestras y también colosales chorradas, aunque haya gente que idealice al gremio hasta el punto de llamar "intelectuales" a actores que, como su propio nombre indica, sólo actúan, no han escrito una línea en su vida, y cuyos tópicos simplones de corrección progre avergüenzan a cualquiera que haya razonado sus ideas de izquierda.

En cuanto a quién ha de cargar con el coste de la protección del cine, lo que no es de recibo es que sean las salas de exhibición, el agente privado que cubre la última fase de la cadena, sin recibir ayudas por ello ni deberse a una concesión pública como las televisiones, quien subvencione de forma indirecta al agente igualmente privado que se encarga de la primera; en todo caso, tendrá que financiarlo el Estado, compensándoles las pérdidas que les cause la cuota de pantalla. A mí, personalmente, si me ganara la vida con lo que lograse arrancarle a la taquilla, no me haría mucha gracia saber que, con la caja que me resta el espacio reservado a las películas españolas, estoy ayudando a pagar el caché de actores y directores que ganan una millonada más que yo.

No sólo eso; en realidad, las ayudas al cine deberían destinarse a las películas de calidad carentes de gancho comercial, pero también a las salas que se arriesgaran a proyectarlas. Por desgracia, no hay criterios tangibles para valorar el arte, sino una intuición subjetiva más o menos basada en los años de experiencia del espectador que no sirve para repartir presupuestos. Ahora bien, lo que es una contradicción sangrante es que Cultura pretenda compensar a los exhibidores restringiendo a las administraciones públicas la proyección gratuita de películas, cuando las que emiten las filmotecas suelen ser, precisamente, de las que merecen una subvención que enjuague su poca rentabilidad y las acerque a los ciudadanos sin distinguir niveles de renta.

El problema de los músicos es distinto, porque su querella no se dirige contra sus rivales anglosajones (en este caso, casi siempre de mayor calidad pero no tan aplastantemente superiores en recaudación), sino, curiosamente, contra los rivales de sus distribuidoras, las compañías discográficas. Unas empresas no muy dignas de tal intercesión, pues llevan años abusando de su monopolio en la distribución, teledirigiendo la demanda de los adolescentes a través de las emisoras de radiofórmula y clavándoles un pastón por una materia prima muy barata, un par de canciones pegadizas y ocho de relleno. Dado que la música se compone, se promociona y se compra pensando en singles, lo natural era que se ofreciera por singles, no por agrupaciones de éstos sin ningún vínculo entre sí, pero las discográficas podían hacerlo impunemente porque nadie les hacía la competencia. Ahora, las páginas de descarga gratuita de canciones individuales las están usurpando el nicho, pero el desplazamiento no es sino un subtipo concreto del fenómeno general de la eliminación de los intermediarios, la verdadera revolución que está operando internet sobre el sistema económico. La reducción de costes que facilita ha abaratado los precios de los billetes de avión, los libros y otros muchos productos; ya hay incluso agricultores que venden directamente su mercancía a los clientes a través de la red.

En este nuevo marco, la solución es bien sencilla, y será la que se imponga a medio plazo, acabando con un canon digital que, como denuncian repetidamente sus detractores, es una tasa preventiva e indiscriminada que afecta tanto a los usuarios que se descargan canciones de internet como a los que utilizan los CD, los DVD, los ordenadores, los teléfonos móviles y las impresoras para otros menesteres. Consistiría simplemente en que los músicos vendieran sus canciones a las propias páginas web, que les pagarían por ellas sabiendo que van a compensar los gastos con la inversión publicitaria de las empresas que vean rentable anunciarse en ellas, o bien crear sus propios portales y nutrirse a su vez de los banners. Haciéndolo, los derechos de autor, los creadores y la cultura quedarían perfectamente a salvo, y el pleito se reduciría a un duelo entre empresas discográficas y empresas de telecomunicaciones, que se disputarían el mercado por pura ley de la oferta y la demanda, de la misma forma que en su momento se lo disputaron los gremios artesanales y los primeros industriales capitalistas. El privilegio del monopolio de la producción que tenían los primeros es idéntico al del monopolio de la distribución que hasta ahora han disfrutado las discográficas, y la ventaja de calidad que presentan los discos frente al MP3 es equivalente a la que tenían los productos artesanales frente a los fabricados en serie, que, por el contrario, contaban con la ventaja de su menor precio.

Naturalmente, la revolución virtual del capitalismo obligará a reconvertirse o perecer a un buen número de empresarios (y trabajadores) del sector de la distribución de la música comercial. Pero con la revolución industrial también quedaron arrinconados los artesanos y nadie movió un dedo por defenderlos. Es lo que tiene la ley de la oferta y la demanda: te forras durante años gracias al nicho único que ocupas en el mercado y, de repente, a los consumidores les surge una opción más rentable y se pasan en masa a ella. Quizás un día la protección de los profesionales entre en el siempre caprichoso elenco de objetivos que se consideran suficientemente loables e irrenunciables como para merecer el coste de subvencionarlos. Pero de momento el capitalismo sólo ha consentido, a regañadientes, que en España escapen a su lógica implacable la educación, la sanidad, las pensiones y ahora la dependencia.

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