Kiko Rosique
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Los jueces en la política
31.01.07 @ 11:15:26. Archivado en Justicia, País Vasco
Los jueces tienen necesariamente que interferir en la política, porque la política es una de las dimensiones de la sociedad y, en nuestra concepción del Derecho, todo lo que sucede en la sociedad entra dentro de la jurisdicción de los jueces; por eso pueden llamar a declarar o imputar a cualquier político fuera de los actos para los que esté aforado. A su vez, la política está implícitamente presente en los jueces, porque son seres humanos y todos los seres humanos estamos ideologizados, sin que para ello haga falta que nos controlen los partidos ni que estemos a su servicio.
Ahora bien, de esta segunda evidencia se deduce el corolario de que la aplicación de las leyes no es objetiva, máxime cuando el enunciado de éstas, compuesto de letras y no de números, ni cubre todas las particularidades posibles ni determina de forma unívoca su interpretación. Y por tanto, los jueces deberían abandonar ese chantaje que consiste en considerar cualquier crítica a sus decisiones como presión o falta de respeto, y los partidos (y periodistas) abstenerse de su costumbre de hablar de "varapalo jurídico" al adversario cada vez que un tribunal le da la razón, porque nada excluye de antemano que el varapalo se lo esté pegando al magistrado la parte contra la que aquél sentenció. Por el momento no se nos ha ocurrido una manera mejor de organizarnos que presuponer que unos tipos disfrazados con togas son los mejores garantes de las leyes, pero eso no puede impedir que analicemos y critiquemos cada una de sus sentencias por separado. A mi juicio, todas las que han focalizado la polémica en la última semana (De Juana, Jarrai, citación de Otegi e Ibarretxe) tienen mucho que reprochar.
La decisión del pleno de la Audiencia Nacional de mantener en prisión a De Juana Chaos fue en sí misma acertada. No por el riesgo de fuga que temía Ángel Acebes, ni porque su salida pusiera en peligro la seguridad de los españoles, como decía Rajoy (ambas posibilidades un tanto difíciles cuando se cumple condena en casa con vigilancia policial), sino porque, de haber emitido la resolución contraria, los jueces habrían entronizado la fuerza de voluntad y la resistencia física para acometer una huelga de hambre como el criterio definitorio para decidir qué se hace con los presos. Y no es de recibo que una circunstancia tan ajena a la reinserción y las actividades o el buen comportamiento en la cárcel intervengan en el destino de los reclusos, postergando a los internos que, aunque merezcan más que nadie un beneficio penitenciario, no tengan arrestos para emprender esa medida de presión. Sin embargo, lo que ya no está tan claro es que este pronunciamiento haya tenido que llegar. Es decir, que De Juana Chaos tuviera que estar todavía en prisión.
Vaya por delante que a mí, como a María San Gil, me tiene sin cuidado lo que pase con De Juana, y que comparto con la mayor parte de la sociedad la repulsión instintiva a que el etarra saliera de la cárcel después de haber cumplido apenas nueve meses de condena por cada asesinato y de haber hablado con una crueldad tan alucinante de los hijos huérfamos del matrimonio Jiménez Becerril. Incluso me repatean las trampas que el diario Gara hace todos los días a sus lectores denunciando que De Juana se encuentre en presunto peligro de muerte y a la vez que se le esté alimentando por la fuerza. Pero nada de eso me impide observar que ni el sentido común al que apelaba Pedro J. Ramírez en su carta dominical, ni la alarma social, ni la falta de arrepentimiento del preso son motivos jurídicamente argumentables para enmendar de forma retroactiva y chapucera la blandura del Código Penal de 1973 y sus redenciones automáticas de penas.
Como todo el mundo sabe, De Juana Chaos sigue en prisión por el delito de "amenazas terroristas" en que supuestamente incurrió al escribir dos artículos, "El escudo" y "Gallizo", publicados en Gara en diciembre de 2004. Pues bien, solicito a los lectores que pinchen en los vínculos correspondientes, lean los dos textos y me indiquen dónde están las amenazas. En el primero de los artículos, De Juana se limita a repetir la retórica abertzale contra los sistemas político, judicial y carcelario españoles y a prevenir a sus camaradas contra "la interiorización del fracaso" en un momento en el que ya es evidente que ETA está perdiendo la partida, tratando de presentar su negativa a "resocializarse" (esto es, a arrepentirse y reinsertarse) como ejemplo de la actitud que, al menos en sus sueños, mantendría una gran parte de la sociedad vasca. ¿Eso son amenazas? En los entrecomillados de prensa con los que la mayor parte de los españoles se conformaron para concluir que la Audiencia hizo bien en volver a condenar a De Juana, solían aparecer las frases finales "Sacad vuestras sucias manos de Euskal Herria. Sí, sacadlas, porque otro camino sólo implica más sufrimiento. O el futuro terminará demostrando, sin duda, que os quedásteis sin ellas". Sin embargo, la primera de ellas se la escuchó a un "muy apreciado compañero", y en todo caso esta arenga no puede ser constitutiva del delito de amenazas terroristas por la sencilla razón de que no apunta a nadie en particular.
Sí lo hace el otro artículo, "Gallizo", donde De Juana relata su decepción ante los nombres que la nueva directora general de Instituciones Penitenciarias ha ido colocando al frente de varias prisiones, y que el etarra enumera junto a las torturas que (no sé si con razón o sin ella, porque yo nunca he estado allí) les atribuye. Por supuesto que, dadas las circunstancias, puede resultar aterrador el aparecer con nombre, apellidos y cargo en el diario que lee la base social de la que se nutre ETA, pero no hay ningún indicio objetivo, jurídicamente argumentable, de que el texto pretenda algo más que realizar una serie de denuncias personales como las que aparecen a diario en decenas de artículos de la prensa española. ¿Cómo podría reglamentarse en alguna norma legislativa que a las publicaciones abertzales, por ser vos quien sois, les está prohibido mencionar nombres concretos? Queramos o no, sólo tendría sentido hacerlo a posteriori, una vez que, en efecto, se confirmara que alguien los ha incluido a modo de diana en el visor de una escopeta. Y, al margen de que resulta un tanto absurdo que los políticos y periodistas que dan por hecho que Batasuna y ETA son lo mismo supongan que necesitan recurrir a tan alambicadas correas de transmisión, lo cierto es que ninguno de los directores de prisiones mencionados por De Juana Chaos en su artículo ha sido objeto de atentado en estos dos años. Por tanto, ni siquiera en "Gallizo" se podría hablar de amenazas terroristas.
No es de extrañar que, con una fundamentación tan endeble, la sentencia de la Audiencia Nacional tuviera que limitarse a imputar al etarra "amenazas veladas" para condenarle consecuentemente a doce años y siete meses, que es, en efecto, una pena susceptible de asignarse a tal delito, si bien la mayor de todas las que se han dictado para estas vulneraciones del Código Penal. A esto se referían con mucha razón el PNV y su periódico afín, el Deia, al quejarse de que el enfoque y la actitud que envolvieron a la Ley de Partidos habían permitido a los jueces ir más allá de los límites del Derecho y prescindir de las imputaciones individuales para criminalizar la pertenencia a un colectivo, ETA en el caso de De Juana y su entorno en el de Otegi, los miembros de Jarrai o los periodistas de Egunkaria. En realidad, más que de la Ley de Partidos, que ilegalizó Batasuna por no condenar el terrorismo (aunque a veces haya empleado el sinónimo, sincero o no, de que apuesta exclusivamente por las vías políticas), este planteamiento se deriva de su ilegalización judicial, convergente pero distinta, a manos del juez Garzón, que modificó la jurisprudencia existente para considerar que el brazo político era parte del entramado de ETA. Después lo fueron también sus periódicos afines, luego su entorno empresarial en el Proceso 18/98 y hace quince días sus juventudes.
Por lo que respecta a este último caso, el Tribunal Supremo condenó , por el momento en rebeldía en 19 de los casos, a 23 miembros de Jarrai-Haika-Segi sin que a ninguno se le pudiera acusar de participar en actos de kale borroka. No obstante, la caracterización de este colectivo cameleónico en cualquiera de sus sucesivas versiones como banda terrorista ha permitido imputarles y condenarles por pertenencia a ella. La historia no tiene más fondo que ése; se les podía haber considerado integrantes de banda ilegal, pero se les condenó como miembros de bandas terroristas. Se trata de una ampliación más del entramado que tiene su centro en ETA, se proyecta en sucesivos círculos concéntricos más o menos difusos y termina, ¿dónde?
Vuelva a ir por delante que cualquier nacionalismo, catalán, vasco, español o extranjero, y más que ninguno el abertzale, me merece escaso respeto moral y absolutamente ninguno intelectual. Pero confieso que me resulta imposible imaginar un acervo cualquiera de pruebas e indicios que no pueda ser interpretado igualmente como: 1) demostración de que todo forma parte de una misma organización, en la que cada uno desempeña una función y habilita un frente estratégico, pero siempre bajo control y dirección de la parte militar; y 2) demostración de que existen varios colectivos que comparten ideología y objetivos, entre los cuales hay contacto humano, ayudas recíprocas, individuos que cambian de grupo y por supuesto canales privilegiados de comunicación, pero con cierta preeminencia de la parte militar porque ella fue la iniciadora, la que está envuelta con el aura del mito de los gudaris y, sobre todo, la que tiene las armas y puede liquidar a los heterodoxos. En el primero de los casos, todos serían terroristas; en el segundo, sólo los que empleen medios terroristas aunque compartan todo lo demás. Sin embargo, para formular una interpretación o la otra hace falta partir de una premisa, de un enfoque subjetivo y unilateral, porque lo que se vea dependerá siempre de la perspectiva que se adopte. Todos los jueces que procedieron contra Herri Batasuna antes de Baltasar Garzón emplearon una, éste empleó la otra y, desde entonces, los magistrados conservadores (no porque estén al servicio del PP, sino porque son en su mayoría más de derechas que gran parte de los populares) se han olvidado de los rencores personales para acogerse con entusiasmo a la nueva orientación, mientras, paradójicamente, ahora el pionero se retracta sirviéndose de unos argumentos a los que ya estoy sobrevalorando demasiado calificándolos de tales.
Por supuesto, ninguno de los opinadores que en los últimos meses se han rasgado las vestiduras por el daño que supuestamente ha ocasionado a la credibilidad del sistema judicial el cambio en la jurisprudencia antiterrorista promovido por el Fiscal General del Estado mostró la misma actitud cuando Garzón transformó radicalmente los enfoques de sus predecesores. Todos elogiaron la lucha contra ETA en todos los frentes, que sin duda se ha demostrado efectiva, pero a costa de vulnerar el derecho de muchos individuos a ser juzgados como tales, en vez de como peones de un organigrama fantasma. Porque, ¿todo el que mantiene algún tipo de relación con criminales se ve irremisiblemente contaminado por su naturaleza delictiva? ¿Incurriría en colaboración con banda armada la carnicería que abasteciera la mesa de una cúpula mafiosa? ¿Y el familiar "legal" que le hiciera los trámites burocráticos y bancarios a un asesino que no pudiera salir de prisión? ¿Cómo se puede asegurar que un periódico o una banda de jóvenes radicales son instrumentos necesarios y subordinados de la estrategia etarra, y no gente que está de acuerdo con ella pero realiza otras acciones que, o bien son perfectamente lícitas, o bien deben ser tipificadas de manera distinta a las propiamente terroristas? Y, sobre todo, aunque de verdad existiera tal connivencia, ¿cómo se puede argumentar jurídicamente sin dejar ningún resquicio de duda que tuviera que interpretarse a favor del reo? Rogaría a los políticos y periodistas de la derecha que me lo explicaran sin recurrir a alusiones sentimentales o viscerales a las víctimas del terrorismo, a atajos insolventes como el de que "es obvio" o "todo el mundo sabe" que ETA y Batasuna son lo mismo, ni a binomios tan forzados y sospechosos como ése tan de moda últimamente de "Batasuna-ETA".
Ahora bien, ni tan siquiera en el caso de que ETA y Batasuna fueran una misma cosa tiene sentido proceder judicialmente contra alguien que se siente a hablar con los representantes de la segunda. Como bien alega el Gobierno vasco, mucho más cuando ha habido delegados del Ejecutivo central reuniéndose con interlocutores de la banda armada, pero tampoco si esos contactos no se hubieran producido nunca. ¿Qué pasa, es que la criminalidad no sólo se contagia a quienes supuestamente desempeñan funciones colaterales de la estrategia terrorista sino también, por obra y gracia de algún virus de transmisión oral, a quienes hablan con ellos? Los editoriales de El País y El Mundo tenían razón al criticar la pancarta "En defensa de nuestras instituciones" con la que salió la manifestación en defensa del lehendakari. En efecto, tan institución vasca es el jefe de su Ejecutivo como su Tribunal Superior, por más que sus miembros hayan sido designados por el CGPJ (en realidad, a día de hoy también son instituciones vascas éste último, el Gobierno central, el Congreso de los Diputados, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional) y por supuesto que el lehendakari es "un ciudadano más" que no está libre de la competencia del poder judicial. El planteamiento de la protesta fue completamente obtuso e incorrecto, porque lo único que tenía que haber proclamado es que hablar no puede ser un delito. Sentarse con delegados de una organización ilegal es estrictamente eso, lo de "colaborar necesariamente" con su desobediencia u homologación conlleva una interpretación plausible pero arbitraria. ¿Ha sido realmente Ibarretxe quien ha otorgado carta de naturaleza a Batasuna o lo ha sido más bien su notable base social, cuya existencia es la que recomendó a Zapatero no limitarse a la acción policial? Finalmente, si dialogar con Otegi no sería un delito para ninguna persona, sostener que sí lo es en el caso de Ibarretxe en razón de su cargo implica una discriminación de sus derechos. Todo ello dejando al margen que, por supuesto, para el lehendakari se trata además de un deber, como también ha defendido el PNV, aunque sólo sea para conocer de primera mano cómo late y en qué posición se encuentra un mundo que congrega a más de cien mil de los ciudadanos que tiene a su cargo.
En definitiva, el problema de la confluencia de jueces y políticos en unos mismos asuntos no es que se trate de dos esferas diferenciadas que tienen que ejercer sobre ámbitos distintos, porque, si ocurre lo contrario, los jueces judicializan la política y los políticos politizan la justicia. El error, mucho más grave e irresponsable que el peligro de mancillar el aura de infalibilidad del estamento judicial, está en creernos demasiado la ficción de que las sentencias son más objetivas o autorizadas que los planteamientos políticos y, simétricamente, que éstos son más unilaterales o interesados que los primeros. En realidad, tanto unas como otros son obra de hombres parciales y vienen expresadas por asistemático lenguaje, y, a falta de posibilidad de verificación en laboratorio, sólo nos queda la posibilidad de discutir, sin que nadie se eche las manos a la cabeza por ello, su pertinencia o impertinencia en base a argumentaciones racionales sobre un fundamento real. Son las únicas premisas que todos compartimos.
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Comentario por Jaime 01.03.07 @ 22:45
Comentario por Ignacio 19.02.07 @ 18:54
Comentario por Jaime 13.02.07 @ 11:11
En las noticias de la SER de las 18h del 13 de marzo de 2004 , se dijo como noticia cierta que el CNI centraba sus investigaciones al 99% en el terrorismo islámico , abandonando así la autoría de ETA . Sólo al final de esas noticias se añadió que el propio CNI comunicaba que esa noticia no era cierta . La SER , sin embargo , en el Carrusel deportivo que se emitió a continuación , por boca de su presentador , insistió en la falsa noticia recién propalada , a pesar del clarísimo desmentido del CNI . Esa noticia falsa contribuyó a provocar los asaltos a las sedes del PP , el golpe de Estado mediático . Exigimos justicia para castigar esta innoble conducta de la SER .
Comentario por Iñigo 11.02.07 @ 07:33
Comentario por Ignacio 08.02.07 @ 19:40
Comentario por koldo 01.02.07 @ 23:59
el artazgo) por todos.
La institución de la Justicia está en
entredicho, en España por la perversión los Jueces y su corrupción; y necesita
un urgente cambio y saneamiento, en sus
estructuras y base.
El degradante espéctaculo dado por los
Jueces-estrella y Jueces-ávidos de Poder
que no han dudado ni lo más mínimo en
"vender" sus principios éticos, legales y morales al mejor postor(constructores terroristas,políticos, Bancos, etc, etc)
lo explica todo, y no necesita de más
análisis. Hasta que esto no desaparezca
la institución de la Justicia, seguirá
siendo, lo que es: un negocio político-social y,financiero.........., el mejor
refugio para los delincuentes, y la mayor causante de INJUSTICIAS en España.<...
Comentario por Rosa María(7DNI) Portavoz AXJ en España 01.02.07 @ 09:46
el artazgo) por todos.
La institución de la Justicia está en
entredicho, en España por la perversión los Jueces y su corrupción; y necesita
un urgente cambio y saneamiento, en sus
estructuras y base.
El degradante espéctaculo dado por los
Jueces-estrella y Jueces-ávidos de Poder
que no han dudado ni lo más mínimo en
"vender" sus principios eticos, legales y morales al mejor postor(constructores terroristas,políticos, Bancos, etc, etc)
lo explica todo, y no necesita de más
análisis. Hasta que esto no desaparezca
la institución de la Justicia, seguirá
siendo, lo que es: un negocio politico-social y,finaciero.
Rosa María(7DNI)Portavoz AXJ en España.
Comentario por Rosa María(7DNI) Portavoz AXJ en España 01.02.07 @ 09:31
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