Una ración de seny

Permalink 19.06.06 @ 16:52:28. Archivado en Cataluña

Es lo que les han administrado los ciudadanos catalanes a sus políticos, tanto a los autonómicos como a los estatatales. Sometidos durante dos años y medio a un fuego cruzado de aspavientos histriónicos que, o bien les anunciaban con júbilo la llegada del Mesías estatutario, o bien les amedrentaban con la venida del Anticristo intervencionista, totalitario y separatista, al final hemos descubierto que más de la mitad de los electores asistían al sobreesfuerzo de sus representantes con esa distancia irónica y aristocrática que los inventores de las personalidades colectivas atribuyen a la catalana. Nos hemos enterado de que los catalanes no necesitaban un nuevo estatuto "para ser más felices", ni les iba la vida en independizarse de España, ni se sienten especialmente agobiados por el supuesto empeño de la Generalitat en reglamentarles la vida y la opción lingüística. Bien es cierto que ese seny, propio de quien se preocupa por objetivos nobles como ganar dinero y vivir con tranquilidad en vez de enfrascarse en pendencias patróticas, tampoco es exclusivo de los catalanes; el año pasado, 140.000 votantes del PNV, la cuarta parte de los de 2001, se quedaron en casa cuando Ibarretxe planteó las elecciones autonómicas como un referéndum histórico sobre su Plan y el futuro de Euskadi.

Soy consciente de que todos los opinadores corremos el riesgo de aplicar nuestro esquema mental previo sobre los acontecimientos y distorsionar así la realidad llevándola a nuestro propio terreno; sin ir más lejos, Llamazares ha interpretado que el mandato del pueblo catalán es que se recomponga la mayoría de izquierdas. Pero me ha dejado tan satisfecho el resultado de 51% para los indiferentes, 38% para los moderados y 11% para los salvapatrias de ambos lados que hoy no me siento obligado a cambiar el discurso. La victoria de los que ignoraron la apetecible oportunidad de salir de casa y pasar por el colegio electoral antes o después de dar una vuelta por las Ramblas, la Diagonal, el Paseo Marítimo o Montmeló en una soleada tarde de domingo, ha sido rotunda. Es cierto, como decía Josep Ramoneda en la SER, que la participación tampoco ha sido muy inferior a la de otras convocatorias electorales en Cataluña. Pero 13 puntos de ventaja (los que han sacado los indiferentes a los moderados) equivaldrían, en una convocatoria electoral, a una holgada mayoría absoluta; y, sobre todo, se supone que la de ayer era una "fecha histórica" y un "hito decisivo", según coloreaban las últimas invitaciones a participar que trasladaron Zapatero, Maragall y Artur Mas a los electores. Es más, hasta era imprescindible apoyar el Estatuto para que el PP no dispusiera de armas para emprender una brutal ofensiva contra Cataluña.

Parece que los catalanes no se han creído nada de eso. Ahora bien, entre los que han acudido a votar, han sido muchos más los que han dado luz verde a un texto bastante comedido que los que lo han rechazado por insuficientemente catalanista (¿qué cualidades concretas definirá este adjetivo, por cierto?) o por ser una supuesta aberración monstruosa y segregacionista, según lo calificaban sin descanso los portavoces políticos y mediáticos de la derecha, dentro de esa sorprendente estrategia que, como intenté describir en el artículo anterior, consiste en dibujar el abismo que el Gobierno sólo tendrá que esquivar para dejar a los agoreros en ridículo y los interlocutores de éste ni siquiera se atreverán a pedirle para evitar darle votos al PP.

En mi lectura del texto definitivo del proyecto de reforma del Estatuto, que realicé provisto de gafas 3-D para protegerme de los sobresaltos terroríficos que me anunciaban quienes me habían instado a sumergirme en él frente a la estrategia de desinformación de sus promotores, encontré un montón de referencias al ordenamiento constitucional, a las leyes orgánicas y a los órganos estatales correspondientes (también en el muy comentado aspecto judicial), ninguna puerta entreabierta hacia la independencia, una nítida cláusula de solidaridad interterritorial pendiente de la regulación a nivel nacional y sólo matizada por la justa condición de que su aportación no haga a Cataluña perder posiciones en el ránking de renta per cápita de las comunidades, unas competencias exclusivas que se limitan a los aspectos de organización y administración interna, una bilateralidad restringida a los asuntos que afectan a Cataluña (nada de una España dual a lo austrohúngaro con una Generalitat hablando de igual a igual con el Estado, como les espantaba a algunos), un capítulo de derechos que posiblemente no pasen de brindis al sol, como en todos los textos de esta índole, y una financiación especial para los próximos siete años que no llega ni a la mitad de lo que ha costado la ampliación del Aeropuerto de Barajas.

Únicamente me pareció censurable la preponderancia artificiosa del catalán sobre el castellano y su consideración de opción por defecto, así como el que la obligación de ser capaz de atender al catalanoparlante (pero no al castellanófono, ¿por qué?) se extrapole del sector público a los comercios privados, que no tienen el deber de salvaguardar ningún derecho y que siempre estarán sometidos a la libre competencia. Sin embargo, como he dicho otras veces, los lodos relativos al integrismo lingüístico vienen de polvos anteriores, era imposible que los nacionalistas pactaran un Estatuto que cediera terreno sobre lo ya conseguido ahí y, en cualquier caso, lo problemático del "deber de conocer el catalán" no es la ley, sino el reglamento. La Constitución también recoge el deber de conocer el castellano, sin que a nadie se le haya ocurrido expedientar a un inmigrante chino o rumano por incumplir tal precepto, y, por otro lado, la Ley catalana que permitía las inspecciones de la pureza lingüística en las tiendas, los etiquetados, los hospitales y los centros educativos estaba en vigor desde la última legislatura de CiU, pero ha sido el desempeño por una consejera de ERC de la cartera correspondiente lo que ha convertido la ya de por sí reaccionaria imposición de una lengua sobre las personas en una demencia inquisitorial.

Desde que Zapatero y Mas acordaron el Estatuto en Madrid (probablemente como culminación de un acercamiento que ya habían diseñado para librarse de ERC cuando posibilitaron que el texto se aprobara en Cataluña el 30 de septiembre), socialistas y convergentes han lanzado bastantes pistas de que su principal propósito va a ser reconstruir los puentes entre la sociedad catalana y el resto de España, después de que ERC se pasara media legislatura dinamitándolos con chiquilladas guerrilleras propias del partido minoritario que siempre fue y no ha sabido dejar de ser cuando ha podido acercarse al poder. Gane quien gane en las próximas elecciones catalanas, sean Maragall o Montilla el candidato del PSC, gobierne éste o CiU, con o sin ERC, se recurra o no a la coalición ya llamada sociovergencia, nadie va a repetir un bienio tan improductivo y tan nefasto para la imagen de los catalanes en todo el país, según se encargan de proclamar Mas y Duran i Lleida. Por efecto pendular, vamos a asistir a una debilitación del factor nacionalista en la agenda política catalana, y, por supuesto, también de las inspecciones lingüísticas. En compensación, habrá previsiblemente una mayor participación de CiU en el Gobierno de España, que favorecerá la cohesión nacional y una toma de conciencia de que los nacionalismos pueden entenderse como activos de un proyecto común.

Sin embargo, yo creo que, de los datos de ayer, el Gobierno puede extraer una lección que le permitiría emprender iniciativas más audaces contra la gran iniquidad del nuevo Estatut, ésta del tema lingüístico. Igual que el año pasado en el País Vasco, ha quedado claro que para los catalanes el tema nacionalista no es tan sensible como nos creemos el resto de los españoles, siempre aterrorizados ante todo lo que nos huele a deslealtad. Y, explicando con claridad y honestidad que en ningún caso se va a perjudicar el catalán ni a Cataluña (esa entidad prosopopéyica igual de fantasmal que España, pero tan implantada en el imaginario colectivo y fácil de esgrimir por el victimismo de los partidos nacionalistas), creo que la sociedad catalana, como la vasca, no tendría ningún problema en admitir que la discriminación contra el castellano en su comunidad es una injusticia que perjudica a muchos ciudadanos sin beneficiar a nadie. Incluso pese a la previsible oposición de las élites nacionalistas. Con un presidente como Zapatero, que despierta tanta confianza en ambas, podría haber llegado el momento de rectificar uno de las consecuencias más nefastas del proceso autonómico y de la mezcla de mala conciencia e ingenuidad que ha padecido la izquierda española en su relación con los nacionalismos periféricos después de 40 años de ostracismo centralista.

Lo único que tiene que hacer el PSOE (y espero que, como ya expuse más detenidamente en un artículo precedente, Ciutadans de Catalunya saque la misma lección, en vez de combatir el nacionalismo catalán con nacionalismo español) es mantenerse bien alejado de ese PP que, tras el resultado del referéndum, sigue llamando a detener un supuesto proceso de "liquidación de la nación española", ya sólo argumentable en base al famoso preámbulo del Estatut. Es decir, ignorando la nítida diferencia que hay entre una definición descriptiva y otra ontológica y, en cambio, sobredimensionando la que existe entre la nación del Estatuto y la nacionalidad de la Constitución. En la COPE, últimamente, he oído perlas como que, si Carod-Rovira ha reconocido que la participación en el referéndum no ha sido validada en Montenegro, es porque el sentido de aquél era el mismo que en la nueva república balcánica (este Carod, aunque le hayan dejado sin vela en el entierro, es que se entera de todo), o que Imaz es la última demostración de la contumacia con la que la izquierda española se empeña en localizar a "alguien bueno" en el PNV (será, deduzco, que los cientos de miles de nacionalistas periféricos son todos malos, malísimos, sin excepción). La derecha española no aprende.

No aprende que los ciudadanos catalanes y vascos únicamente se han rebelado contra ataques frontales del nacionalismo español como los que desencadenó Aznar en su segunda legislatura, satanizándolos indiscriminadamente. Esa política deparó la victoria electoral de Ibarretxe sobre Mayor Oreja y Redondo Terreros en 2001 y la eclosión de ERC en los comicios catalanes de 2003. Contra Zapatero, que tampoco parece mucho más dispuesto a saltarse los límites constitucionales pero sí exhibe respeto hacia las particularidades de ambas comunidades, no hubo zafarrancho de combate de la base social del PNV, y ayer los catalanes demostraron que, como por otra parte es lógico, tampoco tienen un gran apego a movilizarse por cuestiones autonómicas, siempre que no se les toque demasiado los collons.

Quizá el de ayer no fue el resultado que apadrinaba el presidente del Gobierno, pero indirectamente éste va a salir ganando de nuevo. Su popularidad se verá acrecentada en Cataluña y el nacionalismo va a entrar en una fase de distensión en esa comunidad, un elemento nada desdeñable para un gobernante español. En cambio, el PP, que podía haberse limitado a criticar la escasa demanda social que tenía el proceso estatutario, su nimiedad de fondo, la entelequia de la idea de nación, sus contradicciones y sus servidumbres (y sin duda habría rentabilizado dicha postura ayer), prefirió y sigue prefiriendo aventar fantasmas, complejos y conspiraciones inexistentes. El resultado de su torpeza es que, con toda probabilidad, bastantes de los votos positivos del referéndum lo fueron en realidad en su contra; y, en cambio, por mucho que se las atribuya, no se hiciron en su nombre ninguna de las abstenciones mediante las que los catalanes demostraron ayer que, con seny pero seguramente también si no lo tuvieran, les importan las mismas cosas que a todo el mundo.

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