Archivo invertebrado

25.01.06 @ 23:53:29. Archivado en Nacionalismos, Guerra civil, franquismo y Transición

A los nacionalistas catalanes se les puede acusar, sin duda, de desvertebrar España. No de desmembrar, ni de balcanizar, como amenazan sin descanso esas voces ululantes que, cuando uno piensa que ya no les queda más remedio que aceptar que la realidad les ha desmentido, todavía son capaces de sacar de debajo de las piedras las maquinaciones más diabólicas y las perspectivas más sombrías. Pero sí de desvertebrar, de revolverse continuamente para boicotear cualquier posibilidad de armonía, equilibrio y sentimiento comunitario entre las regiones de España; de desempolvar viejas rencillas como la de los papeles de Salamanca, que, si no fuera porque ellos se empeñan en exhumarlas, no le importarían a nadie. Sí, los nacionalistas desvertebran España; les van en ello la vida, el sentido y el chiringuito. En cambio, lo que no amenazan de ninguna manera es la unidad, la funcionalidad o la vertebración del Archivo de la Guerra Civil.

Nadie duda de que la recurrente reivindicación de los documentos de Salamanca por parte del nacionalismo catalán ha sido siempre una iniciativa de carácter político. Una querella simbólica, que se ha venido nutriendo de victimismo y ultraje sobreinterpretados, y que se fundamenta en la caprichosa creencia de que la Guerra Civil española se dirimió entre la Castilla centralista y los nacionalismos periféricos. Ciertamente, los militares que se sublevaron en el 36 aplicaban a los catalanes el doble insulto de rojo-separatistas, y los aviones italianos dieron a veces la impresión de que el deseo de Queipo de Llano de convertir Barcelona en un inmenso solar era más que una simple bravuconada. Pero, por un lado, la política catalana la lideró durante toda la República ERC, haciendo de Cataluña el "baluarte de las izquierdas en España", que decía Azaña; habría sido distinto si el partido preponderante hubiera sido la Lliga Catalana, cuya base social terminó, como bien es sabido y como había hecho ya varias veces antes y después de Prat de la Riba, aceptando la dominación de la derecha madrileña como mal menor frente al nacionalismo revolucionario. Y, por otro lado, también dentro del bando republicano fueron constantes los enfrentamientos entre el Gobierno central y la Generalitat, a la que se acusaba de no contribuir lo suficiente al esfuerzo bélico y de incordiar con extemporáneos litigios sobre competencias que Negrín trató de neutralizar situando su capital en Barcelona.

Aunque hubiera sido cierto que el propósito fundamental de la Guerra Civil fue dar un escarmiento a los nacionalismos, hablar todavía a estas alturas de expolio y botín de guerra, plantear la devolución de los legajos de la Generalitat como una reparación histórica y seguir considerando a Salamanca como tierra enemiga, la sede del Cuartel General de Franco en la que la permanencia de los documentos era algo tan ofensivo que merecía la creación de una Comisión de la Dignidad, requiere necesariamente una voluntad de mantener viva la antagonía. Un intento expreso de no olvidar, bastante fácil de comprender si tenemos en cuenta que Ernest Renan, en su definición clásica de nación, mencionaba como rasgos carácterísticos tanto las cosas en común como el esfuerzo de todos sus miembros por olvidar las que no unieron sino que dividieron. Los nacionalistas catalanes, en ese sentido, estarían dispuestos a obviar que Cataluña no siempre ha sido una, pero les interesa mucho hacer eternamente presentes los momentos en que España no lo fue.

Nadie duda, pues, de que la reivindicación catalanista de los papeles de Salamanca ha tenido un cariz político. Igualmente, resulta poco verosímil que su satisfacción, 30 años después, se deba sólo a la honda sensibilidad del PSOE hacia la llamada memoria histórica y la injusticia retrospectiva de vencedores y vencidos. Hay que sospechar que, en gran parte, ha servido también de contrapartida prestada por el Gobierno a los que hasta ahora han sido sus socios parlamentarios; una expresión peyorativa, en todo caso, que nunca se aplicó a CiU y PNV en la primera legislatura del PP. La devolución de los papeles de Salamanca parece, en este sentido, una concesión mucho menos notoria que otros requerimientos de ERC que al final han quedado en nada, y desde luego es menos dañina que el traslado a Barcelona de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que afectó a trabajadores y familias concretos sacrificados al vago ideal de la pluralidad y que constituye la cacicada más imperdonable protagonizada por el Gobierno hasta la fecha.

Por impulso del Ejecutivo, se constituyó para dilucidar la polémica del Archivo un comité de expertos claramente favorable a las demandas catalanas, y éste legitimó la llamada Ley de Restitución, siendo tan protestado en Castilla y León como lo había sido en Cataluña el que reunió el Partido Popular en 2002. El Gobierno, obviamente, no ha sido neutral, como tampoco lo fue el anterior, y por eso tuvieron su parte de razón Rajoy y Acebes cuando calificaron la devolución de los documentos de "decisión política" y dijeron de Zapatero aquello de "fuerte con los débiles y débil con los fuertes", mientras el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, se preguntaba qué habría ocurrido en caso de que los documentos en litigio hubieran pertenecido a Castilla y León y se encontraran almacenados en un archivo ubicado en Barcelona.

Ahora bien, los catalanes nunca han ocultado que su demanda es política y que busca la devolución de un patrimonio documental muy caro al nacionalismo (incluye el original del Estatuto de Autonomía catalán de 1932) que le expropió el ejército de Franco. Somos los castellanos y leoneses, y los comentaristas de la derecha que se han puesto de nuestro parte, quienes nos hemos autoinvestido como paladines de la "razón científica" (palabras literales de Lanzarote este fin de semana) y hemos pretendido defender la unidad del archivo desde premisas exclusivamente técnicas y funcionales, carentes de apasionamiento político. Y esto es radicalmente falso. Limitándonos al análisis técnico y racional, que es el único que debe tenerse en cuenta, lo lógico es que los originales vuelvan a sus legítimos poseedores. No para reparar ningún agravio, ni porque sea indigno que estén en Salamanca, sino porque el Archivo de la Guerra Civil no queda en absoluto menoscabado por quedarse con copias digitales. Más bien todo lo contrario.

Cuando alguien proclama la necesidad de que se mantenga la unidad de un archivo histórico con fines científicos, se refiere obviamente a que los historiadores han de tener a su disposición todos los documentos en el mismo lugar para estudiarlos con máxima comodidad. En el caso de los legajos en litigio, son todos relativos a la Generalitat de Cataluña; durante mucho tiempo se incluyeron también documentos personales y hasta correspondencia privada que la Administración franquista utilizó para organizar la represión contra los antiguos republicanos, pero ahora parece que sólo se van a trasladar los de la institución autonómica. No hace falta ser un lince para deducir que la unidad que hay que preservar a toda costa, entonces, es la del contenido de esos documentos, y que esa unidad queda perfectamente a salvo en las copias. Resulta sospechoso que los líderes de la derecha se hayan atrevido siquiera a defender la unidad del Archivo de la Guerra Civil cuando ésta no ha corrido peligro en ningún momento, porque la Ley de Restitución prevé que se dejen en Salamanca copias de todos los documentos evacuados.

Pero no sólo eso. Cualquier historiador agradecería con lágrimas en los ojos que se le diese la oportunidad de realizar la aburridísima tarea del rastreo de las fuente primarias sobre copias digitales. Si, pongamos por caso, el investigador quiere realizar un trabajo sobre el conseller de Economía, Joan Comorera, una simple orden de búsqueda rápida de su nombre sobre las copias digitales le aliviará de días y días de escudriñamiento paciente de todos los textos que se puedan referir a él, muchas veces sobre papeles enmohecidos garrapateados con caligrafías ininteligibles. Para ahorrar, con un solo esfuerzo de edición, el que tendrían que realizar todos los historiadores que se acerquen en lo sucesivo a sus fuentes, es por lo que en la segunda legislatura del Partido Popular se emprendió el colosal proyecto de digitalización de todos los archivos históricos de titularidad estatal. Sorprende que ahora los populares hayan dejado de percibir las ventajas de las copias y aboguen por mantener los originales en Salamanca, o que el prolífico y polémico historiador César Vidal, que supongo que algo sabrá de estas cosas, haya porfiado desde los micrófonos de la COPE por poner la tarea mucho más difícil a sus colegas, e incluso a sí mismo si algún día trabaja sobre la Generalitat republicana. Por lo que a nosotros respecta, queridos paisanos de Castilla y León, hacedme caso: seríamos los más tontos del universo si, en plena eclosión de las nuevas tecnologías, optáramos por quedarnos con pergaminos sólo para hacerles la pascua a los catalanes.

El otro argumento que se ha empleado para oponerse a la pretensión catalana de recuperar los documentos originales es la comparación entre los archivos históricos y los museos: si devolviéramos cada pieza a su legítimo propietario, habría que desmantelar todos los museos del mundo. He leído esa tesis en muchos editoriales, columnas de opinión, en algún otro blog de Periodista Digital y lo llevó Alfonso Ussía a su discurso en la manifestación del 11 de junio en Salamanca, pero creo honestamente que no se sostiene. En el mundo del arte no sólo se valora el contenido de las obras, que es lo que se podría copiar sin pérdida, sino también la forma, la factura y el hecho de que nos encontremos ante el original auténtico y no ante una reproducción. Podemos discutir si procede o no esta obsesión, que no se da en las obras literarias, musicales o cinematográficas aunque podía hacerlo igual, pero el hecho es que la hay, y que el valor de la obra original centuplica al de la copia más virtuosa. En el caso de los documentos históricos, muchos de los cuales son simplemente impresos administrativos o burocráticos, lo único que importa son los datos que pueden aportar a nuestro estudio, no si los extraemos del original o de una copia.

Técnicamente, Salamanca no perdería nada si los legajos de su Archivo de la Guerra Civil se devuelven a sus propietarios, ya sean éstos comunidades autónomas, instituciones o particulares, siempre que se garantice que se dejará en aquél una copia de calidad. De hecho, si la evacuación de originales se compensa, como prometió Carmen Calvo, introduciendo nuevos fondos documentales de archivos militares o cualquier otra procedencia (a ser posible, en copia digital, al menos), la ciudad del Tormes podría llegar a alojar, efectivamente, un centro de investigación moderno y especializado en la Guerra Civil al que se acercarían historiadores de todo el mundo.

Por desgracia, me temo que las motivaciones que han impulsado la campaña contra la demanda de la Generalitat y la Ley de Restitución promovida por el Gobierno no tienen nada que ver con cuestiones técnicas ni racionales. No las espolea el deseo de defender la unidad ni la vertebración del Archivo, sino las de España, y también cierto poso de envidia que siempre hemos tenido por Cataluña. Para comprobarlo, sólo tenemos que echar un vistazo a las pancartas y proclamas viscerales que puntearon la citada manifestación "por la unidad del Archivo" del 11 de junio: "España y Archivo: unidad", "Por lo nuestro", "Antes quemado que entregado", "Carod al paredón" y hasta una contraposición maniquea entre la Cadena COPE y la SER. O recordar el ridículo que ha protagonizado este fin de semana el alcalde Julián Lanzarote, enfrentando a la Policía Municipal contra la Nacional, hablando de expolio y humillación a Salamanca y los salmantinos, fijándose en tonterías sin importancia como si la extracción de los documentos se produjo con "nocturnidad" e interponiendo un recurso in extremis ante la Audiencia Nacional para, a lo sumo, demorar unos días el traslado. Pero seamos sensatos. ¿Qué nos jugamos los salmantinos o los castellanos en el embrollo del Archivo? ¿Qué nos duele tanto? ¿Acaso nos están arrebatando algo? ¿Lo está haciendo algún enemigo mortal? Todo es tan pueril como la exposición triunfal que la Generalitat ha montado para dar la bienvenida al regreso de sus documentos fetiche.

Por ambas partes, este forcejeo es absurdo. Si yo fuera el alcalde de Salamanca o el presidente de Castilla y León, habría bastado con que desde la Generalitat me hicieran saber que el original del Estatuto de Autonomía de 1932 se encontraba en un archivo bajo mi custodia, y que les haría ilusión recuperarlo, para que comprendiera el valor sentimental del documento y se lo devolviera de inmediato. Como mucho, habría aprovechado mi posición para tratar de intercambiarlo por ciertos murales, relieves y retablos de iglesias castellanas que se encuentran en el Museo Marés de Barcelona, el Episcopal de Vic y el Museo de Arte de Cataluña, y que, por cierto, no son susceptibles de digitalizar. Pero claro, para gestionar una solución así de amigable, hoy o hace 20 años, no sólo habría hecho falta que los catalanes se abstuvieran de exigir reparaciones y desagravios, sino también que los castellanos no interpretaran que los catalanes quieren llevárselo todo y dinamitar España. No sólo los barceloneses habrían tenido que dejar de sentir Salamanca como una ciudad ajena y enemiga que es indigna de alojar los documentos de la Generalitat, sino que los salmantinos no deberían haberse tomado su traslado a Barcelona como si se estuvieran llevando al extranjero. A estas alturas del desencuentro, es imposible acotar qué parte de responsabilidad corresponde a la deslealtad catalana y cuál al anticatalanismo castellano, quién echó al otro o quién se desligó por su propia voluntad. El pleito ya ha echado raíces demasiado profundas como para averiguar quién golpeó primero, pero está claro que nadie hablaría de un archivo invertebrado, nadie atacaría por ahí y a nadie le dolería que el otro lo hiciera, si ambos interlocutores no lo tomaran en el fondo como metonimia perfecta de la propia España.

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