Bilateralidad, financiación y lenguas en la negociación del Estatut

Permalink 11.01.06 @ 23:50:21. Archivado en Cataluña

Los cronistas y portavoces de la negociación del Estatuto de Cataluña dan tanta notoriedad a los avances más ínfimos que la situación recuerda alternativamente a los amores adolescentes, la guerra de trincheras y la evolución de los enfermos en coma. Posiblemente, al final, el bufido amenazador de la derecha en la nuca de los interlocutores les recuerde que, como insinuó Carod-Rovira en la Ser, el Estatut es ahora o nunca, y las dos partes terminen firmando un reparto de los puntos en litigio o una componenda cuantitativa, pero los enfoques se antojan cualitativamente tan irreconciliables que no hay posibilidad material de consenso, sino sólo de elección: el uno o el otro.

La delegación del Gobierno y la de la Generalitat están de acuerdo en un concepto, el de bilateralidad; sólo que aquél lo entiende en referencia a los asuntos catalanes y ésta aplicado a los españoles o estatales. Tanto en la cuestión financiera como en la lingüística, ambas partes aspiran a ganar yardas en el campo del otro reservando el propio para su exclusiva competencia. El Gobierno pretende mantener sus propios impuestos en todo el territorio nacional y plantea una doble agencia tributaria en Cataluña; la Generalitat, en cambio, quiere las riendas en su jurisdicción (a eso equivale una sola agencia con preponderancia de la administración autonómica) y además presencia y voz propia en los negocios internacionales de España. En cuanto a los idiomas, la Generalitat impone el monolingüismo en su territorio y reclama cuotas para el catalán en las televisiones estatales; en el resto de España, reivindicamos el bilingüismo en Cataluña y ni siquiera nos lo planteamos en Castilla o Andalucía. En los dos ámbitos de discusión, el Gobierno ha asegurado que todo quedará como está y la Generalitat que no cederá en sus posiciones, ya que son dos de los puntos cardinales del nuevo Estatut.

Ambas instancias son coherentes con sus presupuestos: para la inmensa mayoría de los españoles, la entidad natural y preexistente es España, y, como mucho, los círculos autodenominados progresistas se muestran comprensivos con su pluralidad e intentan darla cabida como un atributo, como un adjetivo aplicable a España; para los nacionalistas catalanes, en cambio, la realidad sustantiva es Cataluña, y a lo sumo están dispuestos a admitir, como una característica suya, que el devenir histórico la ha hecho parte de una entidad estatal con la que intentan establecer un contrato de igual a igual porque no queda otro remedio. La bilateralidad es, en ambos casos, un instrumento para adaptarse a un fenómeno, un medio para que el sustantivo subsuma el adjetivo que le ha tocado integrar. Y, naturalmente, se aplica en el campo del otro, en el del adjetivo que expresa la característica accidental, porque la entidad preexistente ha de permanecer incólume y única.

Desde este punto de vista, tenía razón la derecha cuando, al comienzo de la polémica estatutaria, alegaba que la raíz de todos los males era la definición de Cataluña como nación y el resto de la propuesta de la Generalitat su desarrollo lógico, y que por tanto corregirla a base de enmiendas sería imposible a menos que el borrador quedara completamente desnaturalizado. Pese a los buenos oficios de Rubalcaba, los socialistas españoles, que se han metido en esto llevados por el optimismo inconsciente de sus líderes, por los compromisos del pasado y porque los acontecimientos, por desgracia, suceden de uno en uno y desde el principio nunca se avista el desarrollo y el final de un proceso, se dan cuenta ahora de que el pacto no es posible si se parte de lógicas contrapuestas. No habrá consecuencias graves, porque a nadie le interesa que las haya, pero la salida será necesariamente un tanto forzada. Como en la vida misma, parece que aquí tampoco había plan B.

Lo que ocurre es que, como ya traté de exponer en "El PP, la Constitución y la nación", la enmienda a la totalidad que plantea la derecha tampoco se sostiene, porque España no es más (ni menos) nación que Cataluña. En la actualidad, España es más Estado; una naturaleza, por cierto, mucho más real y noble que la de nación, porque sirve para construir carreteras en vez de mitos y bagatelas, aunque Rajoy pretendiera ofender a los catalanistas reduciendo a eso competencias de la Generalitat, y éstos, efectivamente, lo tomaran como una ofensa. Pero no es más nación, y por tanto la perspectiva desde la que parte el Gobierno central y su concepto de la bilateralidad no están más autorizados que el enfoque con el que se sienta a negociar el tripartito catalán. Y, como digo, son irreconciliables. Así que, incluso en el improbable caso de que algún día ambas partes asuman mi tesis de que el concepto nación es una falacia que no se sostiene por ningún lado y debe quedar relegado al ámbito de las creencias privadas e irrelevantes, en asuntos tan reales como la financiación y la política lingüística habría que dar por bueno uno de los dos esquemas mentales y postergar el otro.

Por lo que respecta al tema económico, el Gobierno central tiene todas las de ganar. Zapatero, Solbes y Rubalcaba han reiterado repetidamente las líneas rojas por las que no van a pasar; los barones socialistas tampoco consentirían que se transgredieran y el tripartito no tiene argumentos para vender un supuesto federalismo igualitario cuando a la vez justifica su reforma estatutaria con el argumento de que el tiempo ha desvirtuado la distinción entre nacionalidades y regiones. Como resumió el 6 de noviembre Pedro J. Ramírez en una frase pletórica, "el día que Murcia sea una nación, Carod reclamará para Cataluña la condición de asteroide". Por todo ello, es probable que el esquema teórico que subyace al modelo de financiación se acabe manteniendo como está. Fue significativo el giro de 180º que dio Artur Mas en dos días consecutivos de diciembre. El 23 arguyó, con toda razón, que si los partidos catalanes habían redactado una propuesta de nuevo Estatuto era para cambiar el modelo, porque si aspiraran a una simple mejora en su balanza con el Estado, habrían negociado con cada nuevo Gobierno entrante por separado. Pero al día siguiente recapacitó y declaró que CiU aceptaría el mismo modelo siempre que conllevara una mejora sustancial del saldo para Cataluña. Aunque ahora parezca que esta formación dificulta el acuerdo, habrá que atribuirlo a la mecánica del pulso negociador, porque la única solución al embrollo es un arreglo cuantitativo.

Además, dentro de ese mismo modelo, hay reivindicaciones catalanas que suenan bastante justas, como por ejemplo la de que, para evitar susceptibilidades y tópicos injustos, se hagan públicas las balanzas fiscales, no sólo de las comunidades autónomas, sino también de las ciudades y de los barrios. La gente tiene que aceptar como algo normal que la renta se redistrisbuya en dirección a las zonas más necesitadas de infraestructuras, y punto. Más allá de la derecha y la izquierda, es puro sentido común que el hombre racional corrija las desigualdades que ha ido sembrando el azar, porque no tenemos ningún derecho especial a heredar la riqueza o la pobreza generada por ese azar ni por las personas que vivieron en el mismo territorio antes que nosotros.

Maragall saludó la aprobación del Estatut en el Parlamento de Cataluña proclamando que se había terminado la solidaridad catalana, como si tuviera derecho a disponer de ese legado, y acusando a otras regiones de tumbarse a la bartola esperando las subvenciones de la suya. Ni que los catalanes o los ciudadanos de las otras comunidades trabajaran coordinados por una sola voluntad, en vez de cada uno a su aire, obteniendo unos ingresos y cotizando individualmente en función a ellos, aunque luego gran parte de las inversiones sociales se realicen por territorios. Esto fue un disparate que habla bastante del nivel intelectual del personaje, pero quedó en el olvido, y otras reclamaciones de los nacionalistas como que las pensiones se adecúen al coste de la vida en cada comunidad, que la cuota de solidaridad de Cataluña se establezca sin que pierda posiciones en el ránking de las diecisiete o que el criterio básico de aportación al margen de esa cuota sea contribuir por renta y recibir por población son reclamaciones muy lógicas que podrían generalizarse al resto de regiones sin inclinar el modelo de financiación con un sesgo asimétrico. Mientras se establezca una cantidad (no fija, pero tampoco indefinida) que se transfiera de las autonomías más ricas a las más pobres, la renta de unas y otras tenderá a igualarse (pero no a invertirse) en términos absolutos, relativos y en referencia con los precios de cada una. Como sucedía con el reparto de los fondos europeos, aquí tampoco es verdad que las comunidades menos pudientes estén pagando los costes de la transformación. No lo es precisamente porque existe una cuota de solidaridad, y el que ésta disminuya no es injusto mientras el descenso sea correlativo a la convergencia interautonómica.

Juan Francisco Martín Seco, una de las plumas más clarividentes y esclarecedoras de la prensa española, hacía en uno de sus últimos artículos en La Estrella Digital (18 de diciembre) una comparación mucho más aguda que ésta entre el debate presupuestario en Bruselas y Madrid. Lamentaba Martín Seco que la triste realidad de una Europa de los Estados en la que cada país vela por sus propios intereses y la unión queda establecida sólo por las relaciones mercantiles y no por una política social común, se estuviera trasladando a un Estado ya constituido como España. Y, encima, gracias a la iniciativa política de partidos que se dicen de izquierdas, en La Moncloa y en la Generalitat. Muchos autores han puesto ya de relieve esta sangrante contradicción, pero causa particular sonrojo oír una y otra vez a los portavoces de ERC y IU-ICV que la financiación (¡la financiación!) es el capítulo fundamental del Estatuto. Ahí sí que no hay ningún misterio: un Estado fuerte y con solvencia económica es un requisito previo e imprescindible para poner en práctica políticas sociales eficaces. Y es presumible que la actual Generalitat llevara también a cabo muchas iniciativas de éstas, pero naturalmente sin acometer las desigualdades territoriales. Por eso, debemos felicitarnos por las escasas posibilidades de que la negociación del Estatut termine modificando el modelo de financiación y vaciando de recursos económicos al Estado.

Sin embargo, se corre el peligro de que, como decía al principio, ante la imposibilidad de un consenso entre dos enfoques opuestos, el Gobierno y la Generalitat se repartan los puntos en litigio, y, en compensación por el desplante financiero, aquél renuncie a la bilateralidad en la regulación del espacio lingüístico catalán. El Mundo ya asegura que el PSOE ha entregado este punto, y Victoria Prego, que siempre se entera de todo, lo suscribe en su blog de la edición digital.

Sería un delito. Porque, si en el aspecto económico debe imponerse el planteamiento del Estado (bilateralidad sólo en Cataluña) por razones de solidaridad y servicio a los ciudadanos, da la casualidad (sólo la casualidad) de que también ha de hacerlo en el tema lingüístico. Igualmente, por el interés de los ciudadanos. Porque en Cataluña se hablan, de hecho, dos lenguas y en la mayor parte de España sólo el castellano. Por eso tiene sentido imponer la cooficialidad del castellano en Cataluña y no la del catalán en el conjunto de España. Mucho más grave que equiparar la jurisdicción del Estado a la de una comunidad autónoma, que la asimetría confederal o que la independencia de Cataluña, que sólo afectarían a entes políticos que ni sienten ni padecen, es la imposición de un idioma a unas personas que no quieren o a las que no les resulta natural hablarlo.

No voy a insistir en los calificativos de totalitario y fascista que le han llovido al nacionalismo catalán en los últimos meses, desde la derecha pero también desde labios tan poco sospechosos como los de Albert Boadella y Arcadi Espada. Yo lo apliqué en El Mundo de Castilla y León a comienzos de octubre, justo al aprobarse el Estatut en el Parlament, y desde entonces (no debido a mi proverbial influencia sobre la opinión pública, obviamente) se ha convertido en lugar común. No es extraño; la capacidad de torear con una bandera a todos los estratos de una sociedad teóricamente avanzada, ponerlos en fila haciéndolos olvidar clases sociales, niveles culturales y matices individuales, e insuflarles en su lugar la emoción de la pertenencia al organismo común es uno de los rasgos distintivos del fascismo.

Pero, fuera del momento crítico actual e incluso del caso específico de Cataluña, la concepción de las lenguas como un bien cultural y un fin en sí mismo digno de defenderse a toda costa es otra de las bagatelas que hay que extirpar cuanto antes del ideario colectivo. Una lengua no es un tesoro cultural más que desde un concepto tradicionalista y patrimonial de la cultura, el que entiende ésta como un inventario de viejos monumentos, un acervo folklórico que, efectivamente, comprendería por igual el catalán y las sevillanas. El idioma es un rasgo cultural como otro cualquiera de un grupo humano, pero su valor no es intrínseco; no está en su expresividad, en su dulzura, en su concisión, en su riqueza léxica ni en su musicalidad, que eran los elementos que los filólogos románticos de todos los países de Europa valoraban para concluir indefectiblemente que su lengua nacional era la más primorosa. Su riqueza consiste en la capacidad de servir de material para construir obras maestras de la literatura o el pensamiento, que transformen nuestra manera de entender las cosas y hagan que el mundo no gire igual a como giraba antes de ser publicadas.

Eso es entender la cultura como algo vivo, activo y renovador, y no como un mero muestrario de antigüedades que nos unan a los antepasados y nos faciliten la invención de la nación. Las lenguas podrían formar parte constituyente de nuestra cultura y nuestro volksgeist si, aprovechando que tienen la facultad de configurar y delimitar nuestros pensamientos, el castellano prefigurara unos determinados horizontes estéticos y epistemológicos y el catalán otros distintos. Sin embargo, dado su tremendo parecido, es difícil que las lenguas romances llegaran algún día a diverger de forma sustancial dando lugar a dos culturas distintas, y mucho menos en la época que vivimos.

En estas circunstancias, y aunque quizá suene a sacrilegio, no es ningún drama que unas lenguas desaparezcan, porque el idioma en el que se manejen de forma natural los hablantes seguirá produciendo bienes culturales. Los españoles, por ejemplo, habríamos ganado bastante si nos hubieran educado a todos a la vez en inglés, o a lo sumo en bilingüe para entendernos también con nuestros abuelos. Los más dotados de nosotros habrían producido bienes culturales en esa lengua, sin echar de menos nada, y los menos nos habríamos tenido que conformar con utilizarlo para hablar con los amigos o sermonear a los lectores de Periodista Digital, pero nos sería muy fácil movernos por el mundo y disfrutar del idioma que más obras interesantes produce o traduce en la actualidad, en vez de consolarnos cantando con fervor patriótico a las glorias de nuestro Siglo de Oro.

Dejémonos de tópicos. Las lenguas son una catástrofe para la adquisición de conocimientos y cultura, además de para el intercambio y la comodidad de la comunicación meramente funcional. Aprender una no reporta a quien la llega a dominar más riqueza cultural que la que le ha sustraído la propia existencia de esa lengua, y su conocimiento sólo supone acceder al umbral de otros muchos conocimientos y placeres que nos resultarían más asequibles si estuvieran en nuestro idioma. Muchos siglos antes de que se inventara la corrección política, los autores del relato bíblico concibieron el plurilingüismo como un castigo divino por la insolencia de la torre de Babel. Pues bien, la Generalitat lleva dos décadas castigando a los ciudadanos a los que supuestamente debe proteger, creando un problema donde no existía porque, aunque fuera por obra y gracia de una represión dictatorial igual de inhumana y fundamentalista, la gente se entendía perfectamente en castellano. ¿Qué coños es el catalán para que merezca semejante sacrificio de personas reales y concretas?

Me resulta mucho más comprensible que la Generalitat quiera instaurar el inglés como segunda lengua después del catalán a que anteponga éste al castellano. Y eso que la situación para el catalán ha mejorado desde la discusión del Estatuto de 1932, cuando Unamuno criticó la cooficialidad lingüística haciendo una malintencionada comparación con el moderno máuser de repetición y la vieja espingarda: ésta (el catalán) habría que mantenerla expuesta en un lugar preferencial de la casa, pero a la guerra era más útil ir armado con el máuser. Porque, en realidad, si la situación del catalán ha mejorado ha sido a costa de obligar a una generación de jóvenes catalanes a aprender una lengua que objetivamente les va a ser menos útil que el castellano (sin que esto suponga el menor desdoro para Cataluña, como no lo supone la escasa expansión del sueco para uno de los países punteros de la civilización occidental), de discriminar a la población que no la domina, de establecer unas barreras a la contratación de otros españoles que deberían haberse llevado a los tribunales y, últimamente, de instalarse en la absoluta demencia inquisitorial.

A estas alturas ya empieza a estar justificado exigir el catalán a los funcionarios, porque para gran parte de la población ha vuelto a ser su primer idioma. Y, en un futuro, cuando todo el mundo lo domine, también lo estará estipular en el Estatuto que su conocimiento es un deber para todos los ciudadanos; entonces, la separación lingüística total con España justificará la independencia de Cataluña, que es, después de todo, el objetivo último de la política de ERC en favor del catalán. Pero ni el primer requisito servía hasta ahora el interés de los ciudadanos ni el segundo les favorece ni representa en el momento actual. Con la excusa de la nación oprimida, como si las naciones tuvieran realmente la capacidad de sufrir, lo único que se ha hecho y se sigue haciendo es conculcar el bienestar, la libertad y las oportunidades culturales de muchos ciudadanos de Cataluña que sí que sufren realmente, sacrificados al mito absurdo de que una lengua propia legitima y glorifica a la nación catalana.

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