La COPE y el periodismo político

28.12.05 @ 17:25:50. Archivado en Periodismo

No me apetece sacralizar el principio tan políticamente correcto de la libertad de expresión. En sentido genérico, podría suscribir que la verdad está por encima, que a los periodistas no se les debe permitir cualquier cosa, que han de ser responsables de lo que dicen sin que la víctima de una calumnia tenga que tomarse la molestia de acudir a los tribunales y que el secreto profesional les proporciona una patente de corso que habría que atreverse a revisar en determinadas ocasiones. Pero el debate no se plantea en abstracto: la ampliación de competencias que la Ley catalana del Audiovisual ha concedido al famoso CAC y el proyecto de constituir un organismo análogo para toda España tienen una inspiración ad hoc y un referente muy concreto: la Cadena COPE.

Como sugería con su habitual destreza Juan Carlos Girauta en Libertad Digital, los cargos que se imputan a la COPE podrían haber llevado al banquillo con mayor motivo a otros medios de comunicación, así que la polémica obliga a centrarse en este caso particular. Y, en mi opinión, la persecución orquestada por la izquierda y el catalanismo es inconsistente en teoría, contraproducente en la práctica y, en el supuesto (improbable, por el momento) de que conllevara efectos legales y hasta el cierre de la cadena, desastrosa para la higiene intelectual de nuestro país.

El informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya contra la COPE se construye sobre dos piedras clave: que la emisora falta a la veracidad mezclando opiniones con hechos y que infringe los límites de la libertad de expresión atentando contra el honor de las personas. Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, las ponía en conexión en un solvente artículo publicado el día 25 en El Periódico de Catalunya, y en el que afirmaba que el Tribunal Constitucional prioriza la libertad de expresión frente al honor cuando las expresiones son proporcionadas a la necesidad de manifestar una opinión o cumplen con el objetivo de aportar una información veraz y de interés público; dos condiciones que supuestamente no cumplirían los mensajes de La mañana y La linterna analizados por el CAC.

Si uno se basa en premisas jurídicas, un planteamiento sin duda posible y respetable, posiblemente haya poco que añadir a los argumentos de García Arán, al margen de la interpretación que luego se haga del comportamiento de la COPE. Por mi parte, ni tengo conocimientos para seguir el mismo camino ni me parece que el Derecho, que en última instancia es una convención, posea autoridad suficiente para dilucidar los debates políticos o sociales. Nunca me he servido de la Constitución para deslegitimar a los nacionalismos ni tampoco lo haré ahora de su guardián judicial para condenar a la COPE, aunque no estaría mal que ambas partes decidieran de una vez si conceden prioridad a ese criterio y se rigen o no por él en todos los puntos de fricción y no sólo cuando les conviene.

Por lo que respecta a la veracidad, es obvio que ésta se puede exigir a los hechos, no a las opiniones. De ahí que el CAC acuse a la emisora de la Conferencia Episcopal de confundir unos con otras. El problema es que un discurso, escrito u oral pero especialmente en este último caso, siempre está confundiendo hechos y opiniones. Desde el mismo momento en que uno narra, enlaza unos hechos y no otros, de una manera y no de otras, sirviéndose de unos recursos lingüísticos y retóricos y no de otros, está haciendo opinión. Si nos pusiéramos a penalizar los presupuestos que subyacen a cada discurso, considerándolos como hechos que se intentan presentar como verdaderos ocultos en un ejercicio de opinión, el depósito documental del CAC acabaría pronto saturado de expedientes en los que las insinuaciones maliciosas convivirían con los errores, las interpretaciones y los recursos expresivos, y cualquier orador tendría que ralentizar su dicción para asegurarse de que no incurre en ninguno. Ejemplificando con una de las perlas radiofónicas que el CAC ha considerado digna de reprobación: "Montilla quiere fundar otra vez el GAL para matar periodistas incómodos", nadie duda de que este enunciado, entendido como formulación de un hecho, es falso. Pero, independientemente de la opinión que nos merezca como recurso dialéctico, lo que no se puede es sacarlo de contexto e ignorar su función de arenga proselitista, que en ningún momento aspira a expresar una verdad objetiva.

Sería ingenuo dudar siquiera de que las estrellas de la COPE abusan conscientemente de esa confusión, como demuestran una y otra vez las fabulosas teorías de la conspiración en torno al 11-M con las que enlazan los agujeros negros que los distintos periodistas de investigación de El Mundo se han limitado a señalar de forma puntual y aislada. Y muy optimista suponer que los oyentes de la COPE van a ser lo suficientemente críticos como para deslindar hechos y opiniones y no creerse a pies juntillas todo lo que sus héroes radiofónicos les insinúan y ellos mismos están deseando imaginarse. Pero, al margen de que, con algo más de sutileza, los medios de Prisa hacen muchas veces lo mismo, elaborar una invectiva basada en la distinción entre opiniones y hechos, como si el lenguaje pudiera ser alguna vez unívoco y neutral, es erróneo desde el punto de vista teórico y una pretensión que calificaría de absurda cualquier filósofo posterior al segundo Wittgenstein.

Más aún; es un error también desde una perspectiva práctica, porque abrir un expediente contra una emisora de radio con tan débiles argumentos jamás concluirá con una resolución convincente que se imponga por sí misma ante un tribunal o ante la opinión pública, y los encausados siempre podrán oponer otras razones igualmente válidas y presentarse como víctimas de la censura, perseguidos porque los quieren acallar y mártires de la libertad de expresión. En tal tesitura, sólo podríamos dar la razón a una de las partes contendientes si fuéramos capaces de demostrar las intenciones de ambas y éstas resultaran ser nítidas y no una amalgama de astucia y autosugestión, como casi todo en el ser humano. Incluso dejando de lado el hecho siniestro de que el órgano ejecutor sea nombrado por políticos (en todos los países del mundo son los políticos mismos los que controlan las licencias del espacio audiovisual), resulta infinitamente más útil saltar a la arena del debate público y refutar las opiniones del otro que perseguir a un tipo de personas que, desde luego, tienen mucho más arraigado el narcisismo que la propensión a amedrentarse.

Más útil, y, sobre todo, mucho más interesante para el nivel intelectual de España.

Al contrario de lo que parece lamentar todo el mundo, yo no creo que sea ninguna catástrofe que los medios de comunicación estén politizados y en ocasiones se mimeticen con los partidos. En primer lugar, la palabra política no tiene por qué relacionarse con éstos últimos, sino con la actitud natural de quien vive en una polis y no pertenece al orden de los protozoos, así que politizados estamos todos: los moderados de uno y otro bando, los radicales y los independientes. Independiente es, de hecho, el ideal máximo al que debe aspirar el periodista; la objetividad y la neutralidad constituyen unas quimeras comparables a la de pretender que lo sea el lenguaje del que se vale como instrumento. Pero es que, además, no es cierto que los medios de comunicación de izquierdas o de derechas hagan seguidismo de los partidos; en realidad, salvo muy contados casos en que podamos sospechar que los líderes de opinión aspiran a prebendas o privilegios cuando su partido llegue al poder, ejercen cada vez más como su vanguardia, la que les marca el camino a seguir y en ocasiones hasta les escribe el guión.

A mí el fenómeno se me antoja muy natural, dado que nuestra clase política es intelectualmente bastante limitadita. Exceptuando a Alfredo Pérez Rubalcaba, no hay en todo el arco parlamentario nadie que pueda competir con los mejores tertulianos (con los malos sí, claro) de la Cadena SER o la COPE. La comparación entre los debates en el Congreso y las discusiones en los programas matinales de las cadenas de radio resulta casi siempre bastante dolorosa para nuestros políticos, y el que Rajoy parezca a veces Demóstenes cuando discute con Zapatero no puede ocultar que se queda en simple medianía sin cintura ni capacidad de respuesta. Por tanto, es muy de agradecer que tipos inteligentes y con vocación ideológica se batan en duelo para dirimir los temas cruciales de la actualidad, y que lo hagan directamente, quitándose poco a poco de encima sus tradicionales escrúpulos a mencionar a la competencia y su empeño en atribuir al partido político correspondiente el mensaje que éste sólo ha adoptado haciéndose eco de los editoriales de la prensa de su bando.

El punto de inflexión lo marcaron las supuestas 72 horas de agit-prop, según la ya célebre definición aplicada por Víctor de la Serna, que la derecha cree o dice creer que desencadenaron el vuelco electoral del 14-M. En realidad, si hubo manipulación en que la SER dijera que el atentado no debía influir en nuestro voto cuando se pensaba que la autora había sido ETA, y luego recordara insistentemente su vinculación con la Guerra de Irak, la COPE incurrió en algo parecido cuando pasó de aventurar que gracias a Carod-Rovira el atentado había sido en Madrid y no en Barcelona a afirmar que todos los terrorismos había que combatirlos con la misma firmeza (la del PP, se entiende). Por lo demás, es raro que el error de los suicidas fuera voluntario cuando la SER también cometió el de las fotos de los etarras sospechosos, y la famosa alusión al estado de excepción fue claramente una broma fanfarrona y no una denuncia en serio. En cualquier caso, desde entonces la COPE ha asumido que la guerra es la guerra, ha elevado la intensidad de su acción política, y, últimamente, la izquierda mediática empieza a contraatacar, sobre todo en Cataluña. Sin embargo, insisto, lo único que hay de malo en todo ello es que muchos radioyentes, en vez de alternar ambas emisoras, se empeñan en hacerse forofos de una sola, como si escuchar la otra les fuera a pervertir. Naturalmente, también es una lástima que en muchos temas no haya una tercera, una cuarta y una quinta opiniones, pero el problema no es la polarización ni la crispación. Ni siquiera los presuntos desacatos al honor.

La frontera entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor es el otro caballo de batalla del expediente del CAC contra la COPE, y en su informe recoge insultos proferidos desde los micrófonos de La mañana y La linterna como "matón de la clase", "analfabeto funcional", "inquisidor", "fascista" o "idiota", amén de otras muchas expresiones supuestamente denigrantes para las instituciones y los partidos catalanes. A mí me parece que va siendo hora de relativizar la gravedad de las ofensas verbales, porque ya somos mayorcitos para rasgarnos las vestiduras ante estas cosas. Por mucho que sobreinterpretemos victimismo, las palabras no duelen. Dolor es lo que provocan los puñales clavados en la espalda o la pérdida de un familiar. Los insultos y descalificaciones no afectan al honor ni el prestigio de quien los recibe, sino en todo caso a los de quien los pronuncia, y tampoco deciden los debates ante la opinión pública. Pero cualquier cambio de tono o palabra inesperada puede constituir un recurso retórico, un arma en el esgrima de la dialéctica capaz de producir en los oyentes el "extrañamiento" que las teorías formalistas consideran el rasgo definitorio de la figura literaria. Dicho de forma rotunda, y aunque no estoy seguro de si muchos lectores compartirán este aserto, creo sinceramente que en la discusión vale todo.

Me son indiferentes el tono o los exabruptos que emplee Federico Jiménez Losantos, de quien, tanto oralmente como por escrito, admiro su brillantez comunicativa y su ingenio, en las comparaciones y en la creación de compuestos afilados como Prisoe o Roviretxe que luego los borregos de sus seguidores reproducen sin el menor rubor hasta el infinito. Lo que se puede y se debe reprochar a la COPE son sus argumentos, algunos de los cuales no tienen literalmente ni media hostia. Para empezar, por la incongruencia de los principios que sostienen de manera simultánea. No se puede ser a la vez liberal y conservador, porque los esquemas mentales que gobiernan cada una de esas opciones son opuestos e incompatibles. Resulta sonrojante el ridículo en el que caen los locutores de la COPE cuando se presentan como los paladines que quieren liberar al individuo de las inercias acríticas de la ideología de izquierdas (una revisión muy loable y necesaria) y le imponen a cambio los dogmas tradicionales y rancios de la religión y la patria española.

Su recurrente defensa del beneficio que habría tenido para la libertad del hombre occidental la influencia de una institución que propugna su total sometimiento a un presunto mandato divino es particularmente significativa de sus contradicciones. Por lo que respecta al debate territorial, ya intenté exponer en "El PP, la Constitución y la nación" que la ideología de la derecha española (a la que con sus enmiendas al Estatut se suma ahora el PSOE, después de unos inicios esperanzadores en los que se atrevía a relativizar la bagatela del concepto nación) es incapaz por definición de desactivar los nacionalismos periféricos. El fanatismo y la simpleza del mensaje de la COPE llega al extremo de que, en la reciente encuesta cerrada a cuatro respuestas que invitaba a los oyentes a valorar el doctorado honoris causa de Carrillo, el 90%, en vez de decantarse por la opción de que no lo merecía (algo que yo mismo habría suscrito), votó por la de "Es otra prueba más de lo que queda de España con Zapatero". ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra?

Sin embargo, si los argumentos de la COPE son refutables, la estrategia correcta para contradecirlos es el debate público, no las multas, las amenazas ni mucho menos el cierre. Porque, además, a pesar de las objeciones que le acabo de hacer, la emisora señera de la derecha española es necesaria para sacar a colación los temas que la SER silencia o, cuando son imposibles de ignorar, supedita a reflexiones inofensivas sobre la inmigración o a cargantes exhumaciones del Prestige y la Guerra de Irak. Y lo es especialmente en esta legislatura en la que el nacionalismo ha reemplazado a la Iglesia como principal enemigo de la racionalidad, la naturalidad y el progreso en nuestro país. Mientras el PP y el PSOE no firmen el único pacto de Estado que realmente nos hace falta, uno contra la metafísica y la estupidez, la libre confrontación dialéctica entre las mejores cabezas de la derecha y la izquierda (que son las que piensan en los medios de comunicación) aparece como la forma más plausible de que los ciudadanos de a pie se formen una opinión contrastada y razonada respecto a las polémicas de la actualidad política.

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