La lógica de los repartos

21.12.05 @ 23:51:44. Archivado en Unión Europea

Los repartos de dinero nunca tienen lógica. La distribución de fondos no es la consecuencia a la que se llega como resultado único de un razonamiento lineal. Cualquier solución que se adopte será siempre arbitraria, producto de un acuerdo que objetivamente no tenía más razones para fructificar que otros muchos. Más allá de la base genérica, desde luego más socialdemócrata que liberal, de que la renta se ha de redistribuir de los más ricos hacia los menos ricos, es imposible dictaminar cuál habría sido el reparto más justo o equitativo.

En estas circunstancias, uno puede sin duda opinar que una estrategia de negociación más agresiva o inflexible por parte de Zapatero en Bruselas habría precipitado un acuerdo más favorable a los intereses de España, y censurarle por no haberla puesto en práctica. Yo prefiero no aventurar si el presidente del Gobierno negoció bien o mal, básicamente porque no estuve allí oyendo las conversaciones, y también porque, al no estar gobernados los repartos por una lógica objetiva, tampoco hay un punto de referencia respecto al cual deducir que el montante final se quedó por encima o por debajo. Pero esa crítica es admisible. Sin embargo, lo que no se puede desde ningún punto de vista es denunciar, como ha hecho Rajoy en el Congreso, que España va a pagar el 25% de la ampliación al Este a pesar de que sólo representa el 8% de la renta europea, y que a países más ricos como Alemania, Gran Bretaña o Francia la expansión les sale más barata.

Esto es una salvajada lógica y argumental. Uno podría apelar a la menor renta de España y hablar de injusticia si nuestro país pagara de su propio bolsillo el 25% de los gastos de la ampliación, pero lo que no puede hacer es calcular ese porcentaje a partir de lo que España va a dejar de percibir, como si fuera ya suyo. Sí se podría decir que, a efectos prácticos, España se está quedando sin ese dinero que le iba a revertir, pero ahí ya no cabe utilizar el argumento de nuestra inferior riqueza. Precisamente porque España, al margen del efecto estadístico que ha provocado la entrada de los nuevos Estados miembros, tiene una renta menor que la media de la UE-15, ha podido negociar un saldo positivo hasta 2013, y son Gran Bretaña, Francia, Alemania y el resto de los contribuyentes netos los que, como su propio apelativo indica, van a cargar con la mayor parte de los costes de la ampliación. Decir que España es la pagana de ésta por lo que deja de percibir, y a continuación alegar que no debería serlo porque nuestra renta es menor que la de otros países, es lo mismo que si un individuo cuyo enriquecimiento en un año le ha hecho pasar de cotizar a Hacienda del 20 al 25% de sus ingresos dijera que no hay derecho a que él pague más impuestos que el millonario que ha pasado de un tipo fiscal del 35% a uno del 36%.

Por cierto, que, siguiendo con las prosopopeyas, nunca se ha visto que los individuos cuyos ingresos anuales han pasado la frontera de los 21.000 euros, y por tanto tienen que empezar a hacer obligatoriamente la declaración de la renta, disfuten de unos años de preparación gradual. Debemos ser conscientes de que, para España, la prórroga como beneficiaria del Fondo de Cohesión supone una propina excepcional, que será atribuible o no a la pericia de Zapatero, pero con la que desde luego no contaba el mismísimo Aznar. Es verdad que hemos tenido la mala suerte de que la UE ha dado la bienvenida a diez países cuando aún no habíamos culminado nuestra convergencia al 90% de la renta media de la UE-15, pero tampoco tienen la culpa los contribuyentes netos, y, siendo honestos, lo propio en la UE actual, la única que cuenta, era que perdiéramos, no el 85% de los fondos que recibíamos en el sexenio anterior, sino la totalidad de ellos. Mucho más cuando España lleva ya unos cuantos años presentando unas cifras económicas mejores que las de las potencias europeas, un agravio que llevó hace meses a Jack Straw a señalar agriamente que nuestro país aún no había contribuido con un solo céntimo a la construcción de la UE.

Repetir una y otra vez que España es la gran perdedora de la negociación es capcioso y distorsiona la percepción de la gente que oye acríticamente estos mensajes. España no pierde en términos absolutos nada (a eso es a lo que le da derecho su nivel inferior de renta); sólo lo pierde en términos relativos (como es lógico, dado que vamos convergiendo y no divergiendo), y bastante tenemos con que se hayan acuñado nuevas partidas para financiar las políticas de inmigración o la convergencia tecnológica que antes la UE no concebía. No pierde nada porque el parámetro con el que se ha de comparar el saldo español con la UE durante el periodo 2007-2013 no es el del sexenio anterior, ni el que nos ofreció la presidencia luxemburguesa (Zapatero lo rechazó porque el Reino Unido la iba a vetar de todas formas, con la intención, finalmente inútil, de negociar la siguiente oferta sin haberse marcado un tope), ni siquiera esa supuesta reducción que la prensa de derecha dice que se daba por supuesta pero que, aunque nunca la cuantificó, ahora resulta que era muy inferior a la que finalmente se ha sufrido. El parámetro con el que se ha de medir el dividendo español es cero. Cualquier saldo positivo para España ha de considerarse a mayores.

No obstante, incluso dejando aparte el sofisma de que pagamos más aunque tenemos menos, limitándonos a contabilizar la diferencia entre lo que nos cayó en suerte en el sexenio pasado y lo que percibiremos éste, resulta paradójico el catastrofismo de los mismos economistas liberales que siempre relativizan el poder de todas las subvenciones. Respecto a las de la UE, que en su momento álgido sólo llegaron a constituir el 1% de nuestro PIB, estos autores rechazaban con razón cualquier intento de desprestigiar el éxito macroeconómico de los gobiernos del PP atribuyéndolo a las ayudas europeas. Ahora, en cambio, hacen flotar la sensación de que, como el grifo se ha cerrado, el Estado o hasta las familias madrileñas (de las que Esperanza Aguirre dijo que se habían dejado cada una 1.500 euros en la cumbre de Bruselas) van a tener irremisiblemente que poner de su bolsillo el dinero europeo que sirvió para asfaltar cuatro de cada diez kilómetros de nuestras carreteras. Cualquiera diría que la necesidad de seguir destinando dinero a la convergencia en infraestructuras se va a prolongar hasta la eternidad, o que los fondos de la UE cayeron en un saco roto y todavía está todo por hacer.

Por lo que respecta a la agricultura, ni la derecha ni la izquierda disponen en su ideario de ningún argumento para defender las subvenciones. La primera porque distorsionan el libre mercado y la segunda porque impiden el desarrollo de los países exportadores de materias primas. De todas formas, si, además de fiarnos del Tony Blair acorralado por los tories que alegó en su defensa que España era la gran perdedora del acuerdo presupuestario, concediéramos una atención proporcional a sus adversarios en la polémica, descubriríamos que en el Reino Unido están que trinan porque Blair ha recortado el cheque británico a cambio de una vaga promesa de revisar la PAC en 2008-2009: una laxitud que favorece sobre todo a Francia, pero también a España, hasta que la OMC dé la estocada final a las ayudas al campo.

Si el razonamiento no puede revelarnos cuál era la solución ecuánime al presupuesto europeo y por tanto quién ganó la negociación de Bruselas porque consiguió una prorrata superior a lo que le habría correspondido, al menos nos sirve para detectar que en la UE conviven dos lógicas heterogéneas y a medio plazo incompatibles entre sí: la de las instituciones europeas y la de la Europa de los Estados, la del Parlamento y la Comisión y la del Consejo Europeo. Ése es el verdadero debate, la crisis esencial a la que se enfrenta la UE. Puede matar el tiempo revotando y rebotando Constituciones, o confiándose a la madrugada para salir del paso en las sucesivas cumbres, pero tarde o temprano tendrá que decantarse por el horizonte de la unión política o por el pragmatismo del Mercado Común. Son dos opciones perfectamente legítimas, una más romántica y ambiciosa pero las dos igual de válidas. Eso sí, hay que decidir. Hasta entonces, en las citas europeas seguirá chirriando la discontinuidad entre las recaudaciones estatales y el gasto comunitario, entre los sumandos y la suma, entre el imperativo moral y el principio de realidad, entre la lógica del proyecto común y la lógica de los repartos.

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