El PP, la Constitución y la nación

07.12.05 @ 02:25:51. Archivado en Nacionalismos, Partido Popular

Como si no tuviera a su disposición un amplio abanico de flancos por los que atacar, una variedad notable de coerciones que denunciar, una infinita colección de falacias grandilocuentes que ridiculizar, el Partido Popular prosigue su campaña contra el Estatuto de Cataluña aferrado a los dogmas de la Constitución y, sobre todo, España como nación única. Si la pomposamente bautizada como "Declaración de Sol" va a articular en lo sucesivo su discurso en el debate territorial, es que no ha cambiado nada. Sus propias premisas le incapacitan para ensamblar una crítica eficaz a los nacionalismos.

Creo que podemos partir sin remordimientos de que el acto de Madrid iba contra el Estatut más que en homenaje a la Constitución. No por llevar la contraria a la versión oficial de los promotores, ni por meterles el dedo en el ojo dando la razón a Josep Piqué, sino siguiendo a todo un Eduardo Zaplana, quien, pocas frases después de desvincular la convocatoria de la actualidad catalana, aventuraba: "Espero que este acto no se tenga que repetir el año que viene". Se me escapa el motivo de tanto eufemismo, regate y circunloquio, cuando un pronunciamiento en contra del Estatut es incomparablemente más necesario, interesante y acertado que uno a favor de la Constitución.

El elogio a la Carta Magna es siempre el mismo: a ella debemos el mayor período de paz, libertad y prosperidad que hemos disfrutado en nuestra Historia. Bueno. En primer lugar, el bando contrario niega categóricamente que la Constitución esté en peligro, con lo que insistir en esa línea pierde fuerza como argumento. Pero, aun suponiendo que el Gobierno nos mienta con alevosía y esté aguardando impaciente a nuestro primer descuido para derogarla, la Constitución sólo tendría el valor que se le atribuye como metonimia del sistema democrático, citando una parte por el todo; es decir, sugiriendo que todo lo antedicho se lo debemos a la democracia liberal.

Y ocurre que ninguna de las posibles modificaciones que se le presentan sería antidemocrática, de modo que, siquiera por ley de la probabilidad, hay que suponer que otros textos básicos no idénticos literalmente a la Carta Magna también permitirían la paz, la libertad y la prosperidad, de España o de sus partes disgregadas. Si ahora resulta que el crecimiento económico o el salto de calidad de la mujer se hallaban ya mágicamente prefigurados en un texto de apenas 70 páginas, sólo por el mero hecho de que coincidió con la inauguración de nuestro sistema democrático, yo propongo como hipótesis que el progreso y la concordia de que gozan los españoles tienen su origen en mi llegada a este mundo, que además se adelantó un año a la Constitución para irla preparando el camino.

Otras veces, el PP no sacraliza las bondades del texto, pero exige que cualquier reforma se lleve a cabo desde las condiciones y procedimientos que establece a tal efecto el propio articulado, y con un consenso equivalente al que concurrió en su aprobación. Sin embargo, muchos nacionalistas relativizan la validez de la Constitución alegando que en aquel momento la vigilancia de los franquistas no permitió hacer otra cosa, razón por la cual la consideran poco menos que una Carta Otorgada. Y, sobre todo, se acogen a un principio distinto al de legalidad: sostienen que la voluntad de la gente es la base del sistema democrático y que ninguna norma debe permanecer inmutable a contrapelo de la soberanía popular, aunque ésta se exprese por mayoría simple. Este planteamiento, al que no se puede acusar de asalto a la democracia porque el criterio en que se fundamenta es el de la democracia misma, desactiva virtualmente las tesis legalistas, y obliga por tanto a refutarlo de otra manera.

En realidad, ante esta antinomia irresoluble entre democracia y legalidad, lo más sensato es fiarse del criterio pragmático. Y sobre dicha cuestión sentó cátedra Carl Schmitt al afirmar que ni siquiera en el Estado de Derecho ostenta el poder la Constitución: el verdadero poder lo tiene quien se hace acreedor de la autoridad suficiente para imponer una nueva Constitución en los momentos de vacío legal. En otras palabras, el poder no emana de la Constitución, sino la Constitución del poder. Actualmente, la fuente de esa autoridad puede ser aún la fuerza militar, pero también la capacidad de movilización social y el favor de la opinión pública. Quien en ningún caso tendría la última palabra si un día estallara la crisis sería la Constitución.

Ese escenario de ruptura todavía no aparece en el horizonte, pero, ya que el PP piensa o dice pensar que sí lo está, podía irse preparando para el momento culmen intentando ganarse una autoridad ante el electorado catalán. Esto nos lleva al segundo y más importante dogma sobre el que estructura su discurso, porque el desprestigio de los populares en Cataluña no viene motivado por su denuncia de los atropellos lingüísticos y educativos y la indigencia intelectual que ha cobijado impunemente el nacionalismo catalán, sino porque se empeñan en encarnar el nacionalismo español. "No me cabe duda de que Cataluña es una nación", dicen los catalanistas, todo solemnes, como si hubiera pruebas físicas que lo demostraran. "No hay más nación que España", replicaba Rajoy el sábado, sin más amparo teórico que el que así lo estipule la Carta Magna. La pregunta subsiguiente se le vendría a la cabeza a cualquier escolar: ¿y qué es una nación? Para entablar un debate válido es imprescindible empezar por ahí, y, sin embargo, tanto los nacionalistas catalanes como los españoles prefieren dar por supuesto el concepto sobre el que cimentan su edificio ideológico. Será para que no se les caiga.

Sin embargo, mirando desde los supuestos intereses del PP, la única manera honesta, coherente y eficaz de desmontar los nacionalismos periféricos sería someter a crítica el concepto de nación, uno de los más clamorosos residuos de la metafísica que quedan en el mundo moderno, incordiando y distorsionando nuestra percepción de la realidad. Explicar serenamente a los ciudadanos que no hay ninguna identidad colectiva que vincule entre sí a los habitantes de un territorio, ni a éstos con los que vivieron allí años o siglos atrás. Sólo a través de una entelequia, de una construcción mental, es posible establecer una comunidad o continuidad espacial entre millones de ciudadanos, que en su inmensa mayoría no se conocen y tienen distintos niveles de renta, distintos intereses, distintas experiencias personales y distintas formas de ver la vida. Creo que fue Joan Puigcercós quien diagnosticó en el debate parlamentario de admisión a trámite del Estatut que Cataluña es una nación porque había conseguido articular una comunidad. ¿Quién demuestra eso? ¿Quién demuestra que otras autonomías no? ¿Una mayor conciencia colectiva, que es una diferencia cuantitativa, justifica la distinción cualitativa de que unas regiones sean naciones y otras no? ¿El que un esquizofrénico se crea Napoleón es una condición suficiente para que se acepte que lo es?

Igualmente, sólo a través del mito se puede concebir una fabulosa continuidad temporal que engarce el presente de una determinada nación a una supuesta Historia común que "ha hecho que seamos como somos". Sin ayuda de la imaginación, ¿podemos sostener en serio que le debemos nuestra forma de ser a los antepasados? ¿Qué individuo presente se lo debe a qué individuo pretérito? ¿Sólo estamos en deuda con los que vivían justamente aquí? ¿Con cuántos de ellos? Por otro lado, la Historia no justifica nada (¿por qué iba a hacerlo?), pero, en caso de que lo hiciera, las lecturas que se pueden sacar de ella son infinitas; todo depende de lo que uno quiera encontrar. Y es que el azar tiene un lado malo y otro bueno. El malo es que los hechos, siempre toscos e insensibles, no tienen por costumbre suceder para encajar armónicamente en nuestras hermosas construcciones poéticas, y por tanto para reinventar la trayectoria de una esencia nacional a través de los siglos hace falta limar muchos detalles inoportunos. Y el bueno, que, paralelamente, ofrece un montón de sucesos en origen aislados e independientes, pero casualmente propicios para que, en el futuro, el historiador que quiera justificar una nación sólo tenga que unirlos en la línea de puntos de la identidad como hacen los niños en la guardería. Es tal la riqueza del pasado que el mencionado ejercicio vale para cualquier nación o proyecto de nación, y por ello todas recurren a la misma práctica para aprobar el examen de legitimidad, que a fin de cuentas es el más fácil de todos. Porque la Historia es como una puta: siempre tiene un ratito para todo el mundo.

Además de la comunidad en el presente y de la justificación en el pasado, el otro elemento que se suele considerar definitorio de las identidades nacionales es la existencia de una lengua y una cultura propias. Pero esto no deja de ser una convención romántica. ¿Por qué estos rasgos van a justificar la existencia de una nación? En lo que respecta al idioma, lo contradicen, por ejemplo, todos los países de la Commonwealth, que hablan inglés, y las dos decenas de lenguas oficiales y muchas más no oficiales que se manejan sólo en la India, por poblaciones que ni siquiera conciben el término nación. Además, habría que recordar que en la fase romántica del catalanismo, la que cristalizó en la Renaixença, esa palabra tampoco se utilizaba, y que el primer político que lo adoptó, Enric Prat de la Riba, censuraba precisamente las apelaciones al pasado, a la lengua vernácula y a las glorias medievales, como un prurito exótico que dificultaba la construcción de la Cataluña moderna.

En cuanto a la cultura, todos los antropólogos definen este concepto, con escasos matices, como el conjunto de los elementos materiales, ideológicos y conductuales que caracterizan a un grupo humano. Si los nacionalistas de uno y otro lado se tomaran la molestia de demostrar sus presupuestos en vez de darlos por sentados, acabarían teniendo que reconocer que no existe la cultura catalana, ni la vasca, ni la española, ni prácticamente ninguna que se mueva en un ámbito urbano. Que reflexione un ciudadano medio de Barcelona, de Bilbao o de Madrid: ¿qué porcentaje de su mentalidad, de su comportamiento o de los utensilios que emplea a lo largo del día son auténticamente catalanes, vascos o españoles? Tenemos en común los coches, la televisión, los vaqueros, Internet; nuestro concepto del dinero, del éxito, del sexo, del individuo, de la razón; salimos por las noches, tenemos comidas de trabajo, vamos al fútbol y al cine, nos estresamos, viajamos haciendo turismo… En serio, ¿dónde están la cultura catalana, la vasca, la española? Que las señalen, rasgo por rasgo. Lo tendrán difícil, porque, por mucho que sobreinterpreten su propia idiosincrasia, la única identidad que existe aquí y ahora es la occidental. Y, es curioso, nadie va por la calle blandiendo banderitas de Occidente; debe de ser que los nacionalismos, si no pudieran marcar la frontera con otros-que-no-son, se quedarían dramáticamente sin contenido.

Nada de esto es retórica, utopía, abstracción ni internacionalismo adolescente al estilo de Zapatero cuando decía aquello de que su patria es la libertad. Simplemente es la exigencia racional de que los nacionalismos demuestren una por una las premisas de que parten, porque, si el concepto nación es una falacia vacía que no va más allá de la emoción privada, por mucho que la compartan cientos de miles de ciudadanos tendrá que quedarse en esa esfera, junto a la religión y los hobbies, y no marcar la agenda política. En ese caso, el debate del Estatut se limitaría a dilucidar las cuestiones económicas y administrativas entre Cataluña y el Estado, ya de por sí bastante peliagudas, y no dedicaría un minuto a debatir si lo que comparten los catalanes merece ser llamado identidad nacional, entelequia nacional, fetiche nacional, bagatela nacional o masturbación nacional, que para el caso es todo lo mismo.

El problema es que, para denostar el nacionalismo catalán, hace falta estar igualmente dispuesto a denostar el nacionalismo español. Hace falta reconocer que la idea de España, como la de Francia, Estados Unidos o cualquier otro país del mundo, no es una esencia, ni un proyecto común ni una unidad de destino en lo universal, sino una entelequia impuesta a un conjunto heterogéneo de habitantes de un territorio que, por azares de la Historia que podían haber sucedido perfectamente de cualquier otra manera y daría igual, ha llegado a convertirse en Estado. A partir de ahí, España ha tenido más facilidades que Cataluña para construir la ficción de una Historia y una identidad comunes, armar un ejército propio, compartir una lengua y una cultura y verse representada por una selección de fútbol y un cantante en Eurovisión, pero la única diferencia entre la nación española y la nación catalana es que la primera se ha visto favorecida por la fortuna y la segunda no. Por lo demás, son las dos igual de falaces e insignificantes, resulta tan mediocre y tan absurdo vanagloriarse de la limitación y la casualidad que supone haber nacido español como enorgullecerse de las de haber nacido catalán, y, sobre todo, no merece la pena discutir ni legislar sobre fantasías.

Evidentemente, el Partido Popular no está dispuesto a cuestionar la nación española, y eso deslegitima sus críticas a los abusos cometidos en nombre de la catalana. Porque lo que no se puede es responder a los mitos de ésta última con el mismo grado de unilateralidad y capricho: "Vuestra nación no vale pero la nuestra sí". O, como dijo Rajoy en el debate de admisión a trámite del Estatut: "El Parlamento catalán no puede hablar de igual a igual al pueblo español", enunciado que, dado que los sustantivos Parlamento y pueblo eran arbitrarios, asimétricos e inútiles, equivalía a decir: "Cataluña no puede hablar de igual a igual a España porque Cataluña es una colonia de España". Sin duda, las palabras más apropiadas para encender la reacción de los aludidos e invitarles a replicar que serán solamente aquello que quieran ser.

Esgrimiendo alternativamente como bienes absolutos la Constitución y la unidad de la nación española, Rajoy puede obtener los aplausos de sus compañeros de partido, de los periódicos afines o de Francisco Umbral, pero es obvio que no está ofreciendo argumentos superiores a los de sus adversarios en defensa del Estatut o de la nación catalana. Su alegato en defensa de una nación de individuos como alternativa a la nación de naciones tampoco tiene mucha validez, porque tanto puede serlo España como Cataluña.

Por supuesto, el nacionalismo español tiene todo el derecho a movilizarse y a defender sus creencias, como hacen el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, y no porque Franco fuera un adalid del primero y un represor de los segundos van a ser sus manifestaciones más fascistas que una Diada o un Aberri Eguna, que se parecen muchísimo a las celebraciones del Consejo Nacional de Falange. Pero tampoco menos. La verdad es que la facilidad con la que logran hacer creer a los ciudadanos que hay algún contenido real en ser español, catalán o vasco; la soltura con la que les torean con sus respectivas banderas y se infiltran en sus inquietudes, sus frustraciones y sus alegrías personales, invitan a valorar que los tres nacionalismos andan a la par en fascismo. En fascismo y en algo todavía peor: en estupidez.

Hasta ahora había una diferencia importante: el nacionalismo español llevaba muchos años sin manifestarse explícitamente, porque Franco lo había patrimonializado de tal manera que, por repugnancia o reconversión oportunista, a la gente le daba cierto pudor imitarle. Gracias a esta apropiación, los españoles nos hemos evitado el ridículo patriótico que llevan dos décadas protagonizando vascos y catalanes. Ahora, sin embargo, Carod-Rovira, que decía seguramente con razón que Aznar había hecho más nacionalistas catalanes que ERC en toda la democracia, ha conseguido también él solito despertar una devoción españolista que permanecía latente, esperando una justificación para reivindicarse.

Quizás el PP aproveche esta fuerza desatada y gane las próximas elecciones, o intimide a los promotores del Estatut y los impulse a firmar un acuerdo debilitado. Pero ni siquiera en esos casos, que serían los más favorables para el partido, habría demostrado tener argumentos eficaces con los que combatir el nacionalismo. Las críticas acertadas que hacen en asuntos puntuales se ven deslegitimadas ante el electorado catalán porque parten de los dogmas enemigos y no aportan la única solución al problema, que sería hacer tabula rasa de los falsos mitos. De los dos, y no por consenso, neutralidad ni equidistancia, sino simplemente por racionalismo. De lo contrario, siempre que el debate se resuelva gritando "¡España!", se estará poniendo la semilla para que antes o después alguien lo retome respondiendo "¡Cataluña!", y así, una vez más, se habrá vuelto a perder la oportunidad de que pasemos para siempre de España y de Cataluña y nos dediquemos a ser, simplemente, individuos.

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