¿A cuántos empleados públicos enchufados acoge la Junta de Andalucía?

Tanto la casta política como la sindical, al objeto de no ser identificados como los principales culpables de la institucionalización de la corrupción en nuestra Administración, han intentado confundir de forma técnico lingüística, mediática y marketiniana a la sociedad española.

A tal efecto, una de las estrategias que han utilizado los partidos y los sindicatos ha consistido en difuminar las características propias e identificativas de cada uno de los diferentes colectivos laborales que componen la estructura organizativa de la Administración.

Debido a ello, los funcionarios de carrera han sido progresiva e injustamente desprestigiados. Tanto en cuanto, los funcionarios, que en virtud de una oposición legalmente ganada, en muchos casos a través de intensísimos años de estudio, desarrollan una imprescindible labor de asesoramiento procedimental, control, etc., en nuestra Administración.

Paralelamente y perjudicando a todos los niveles a los funcionarios, cientos de miles de empleados públicos han sido irregularmente contratados al amparo de un modelo político clientelar, que los ha ocultado tras unos camaleónicos perfiles laborales y entremezclado ambiguamente entre los verdaderos funcionarios.

Máxime, considerando que la mayoría de estos empleados públicos son prescindibles. De hecho, las carreras profesionales de los mismos están asociadas a la denominada “Administración paralela”, lo que significa que han sido enchufados por los partidos políticos y los sindicatos. Aunque muchos de ellos hayan sido “funcionarizados” mediante convocatorias de “oposiciones a medida” y, por tanto, ilegales.

Corrupción con efectos a largo plazo en forma de deuda y déficit.

Tanto es así, que nuestra Administración funcionaría de modo más eficiente si su plantilla contara aproximadamente con un millón de funcionarios, tal como sucedía hace varias décadas.

Recordemos que actualmente las administraciones públicas españolas pagan mensualmente alrededor de tres millones de nóminas, correspondientes tanto a los funcionarios como a los empleados públicos enchufados.

En base a lo anterior, podríamos calificar al “enchufismo en la Administración” como la “madre de todas las corrupciones” en España, porque se trata de un tipo de corrupción con efectos a largo plazo, ya que el gasto de la Administración destinado al pago de los sueldos de estos enchufados representa un permanente hándicap económico en forma de déficit y deuda.

La Junta de Andalucía paga a empleados que no trabajan.

En este sentido, el portavoz de la Junta de Andalucía, Administración líder en España en “colocaciones a dedo” y desgobernada por el PSOE con el apoyo cómplice de Ciudadanos, ha reconocido que actualmente dicha institución mantiene a 1.800 empleados en nómina pero sin asignación laboral, es decir, que no tienen trabajo que desarrollar, puesto que provienen del entramado empresarial público andaluz.

No olvidemos al respecto que en 2011, la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, conocida popularmente como la “Ley del Enchufismo”, permitió la incorporación a la Junta de Andalucía de más de 20.000 empleados (entre los que se encontraban multitud de familiares y allegados a altos cargos de la Junta) provenientes de empresas públicas y fundaciones andaluzas.

Pero no existe ninguna intención de corregir este corrupto desfase laboral, porque la Junta ha desoído el fallo que en 2015 emitió el TC declarando inconstitucionales varios preceptos incluidos en el decreto ley en el que se basó la redacción de la Ley del Enchufismo, teniendo en cuenta que el contenido de los mismos sigue vigente a través de la citada ley.

El enchufismo masivo en la Administración comenzó con las CC.AA.

Desgraciadamente, el caso de la Junta de Andalucía es extrapolable, en mayor o menor medida, a casi todas las Comunidades Autónomas españolas.

En consecuencia, si tenemos en cuenta que este despilfarro improductivo, deficitario y potenciador de la deuda se mantiene (descontando la ayuda del BCE) a través de los impuestos de los españoles que no están enchufados en la Administración, es ético que muchos ciudadanos productivos se lleven su dinero a paraísos fiscales huyendo de las garras impositivas de un Estado partitocrático, corrupto y dilapidador.

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Ciudadanos: un año silenciando la corrupción del PSOE andaluz.

El PSOE de Andalucía es la marca política corrupta por excelencia en España. Igualmente, la Junta de Andalucía es, con permiso de la Generalidad de Cataluña, la Administración pública más corrupta de nuestro país.

En realidad, el PSOE andaluz y la Junta de Andalucía son a nivel práctico y gerencial la misma institución, cuyo desgobierno durante más de tres décadas ha conducido a la región a ostentar el liderazgo en desempleo en Europa.

Tanto es así, que la Junta y el PSOE-A han configurado en comandita un régimen tan corrupto como bien estructurado y protegido. De hecho, Andalucía tiene el deshonor de contar cuantitativamente con el caso de corrupción más relevante de todo el continente europeo, como es el relativo a los ERE, sin que los máximos responsables políticos del mismo respondan por ello ante la justicia.

Prescripción masiva de delitos en el “Caso de los ERE”

En este sentido y desde que se apartó a la juez Alaya de la instrucción de los ERE y del resto de macro causas relacionadas, la magistrada Núñez Bolaños, sustituta de Alaya, se ha convertido en una súper especialista en materia de prescripción de delitos relacionados con la malversación, la prevaricación…, puesto que está procediendo al archivo de numerosísimas actuaciones penales.

Esta estrategia responde a la asunción por parte de la juez Núñez Bolaños de la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo posicionamiento en esta dirección podría servir para que la Audiencia de Sevilla favorezca la prescripción masiva de delitos en el “Caso de los ERE” y, por tanto, la absolución de los numerosísimos encausados.

Si bien es cierto que la prescripción pudo ser interrumpida por la juez Alaya en un momento procesal anterior. (Aunque la decisión referente a la citada “no interrupción” está exenta de intencionalidad).

No es menos cierto que la juez Alaya tuvo que hacer frente a diferentes hándicaps, tales como la escasez de medios para instruir la causa, la falta de colaboración a todos los niveles de la Junta de Andalucía, etc., en base a lo cual se encontró limitada para atender a todas las cuestiones procesales de modo perfecto.

No obstante y presuntamente, la acción conducente a la prescripción ha podido estar temporalmente manejada con fines políticos y al objeto de favorecer fundamentalmente al PSOE de Andalucía.

Pero sea como fuere y en función de lo establecido por el Código Penal, la pregunta que a tal efecto se están haciendo los españoles es la siguiente: ¿recuperará la Junta de Andalucía el dinero público concedido ilegalmente a todos los procesados y afines al PSOE, independientemente de la desimputación de los mismos y tanto en cuanto estos han sido beneficiarios a título lucrativo de los efectos de los delitos prescritos?

El silencio cómplice de Ciudadanos en Andalucía.

Ciudadanos ha mantenido durante aproximadamente un año un silencio tan cómplice como sepulcral sobre la corrupción del PSOE andaluz en general, y en relación al irregular desarrollo del Caso de los ERE en particular.

De igual forma y en los últimos doce meses, Ciudadanos ha apoyado sumisamente todas y cada una de las iniciativas instadas en el Parlamento andaluz por el Partido Socialista, desoyendo e incluso boicoteando cualquier aportación legislativa de valor procedente de la oposición.

Recordemos que Ciudadanos y el PSOE-A firmaron un pacto, tras las elecciones autonómicas y municipales andaluzas celebradas el 22 de marzo de 2015, con el objetivo que pudiera gobernar el partido socialista esta autonomía gracias a la mayoría absoluta impulsada por los votos naranjas.

Ciudadanos valida la corrupción del PSOE, mientras critica la del PP.

Este pacto regional se ha globalizado en clave nacional, propiciando el acuerdo que suscribieron el PSOE y Ciudadanos antes de la fallida investidura de Pedro Sánchez.

Consecuentemente, Ciudadanos se ha convertido, utilizando un término propio del derecho penal, en “cooperador necesario” respecto a la ocultación de la corrupción del PSOE en España, y no solo para tapar la institucionalización de la corrupción en la Junta de Andalucía.

Porque el partido naranja denuncia la corrupción del PP pero, contradictoriamente, acepta de modo natural la corrupción del PSOE. Tanto en cuanto, únicamente la cuantía defraudada en el Caso de los ERE de Andalucía por el socio de Ciudadanos, es decir, el PSOE, es superior a lo defraudado en todos los casos de corrupción que hayan podido afectar al PP juntos y a lo largo de su historia…

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El Gobierno de C-LM (PSOE-Podemos) ataca a la Iglesia Católica

Aunque es cierto que nuestro Estado de Derecho lleva deteriorándose progresivamente varias décadas, debido principalmente a que determinadas CCAA, por ejemplo, Cataluña, no respetan la Constitución.

No es menos cierto que este deterioro se ha incrementado considerablemente a partir de las pasadas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 y, consecuentemente, en virtud del pacto que suscribieron PSOE y Podemos al objeto de desgobernar varias autonomías y localidades.

En este sentido, y dado que nuestro Estado de Derecho podría derruirse completamente si la izquierda radical continúa desarrollando políticas de corte populista, a muchos españoles les gustaría formular tanto al PSOE como a Ciudadanos las siguientes preguntas:

¿El PSOE mantiene su pacto con Podemos, a través del cual desgobiernan determinados municipios y autonomías, para que el partido morado apoye finalmente un Gobierno nacional de Frente Popular?

¿Por qué Ciudadanos, antes de refrendar su reciente pacto con el PSOE, no obligó al Partido Socialista a anular los pactos de gobierno que mantiene con Podemos en varias autonomías y ayuntamientos españoles?

Políticas “guerracivilistas” para arrinconar a la Iglesia.

En relación con lo anterior, Castilla La Mancha, desgobernada por el PSOE con la ayuda de Podemos, es una de las autonomías que en mayor medida está sufriendo las malévolas consecuencias del referido pacto entre estos dos partidos.

Puesto que en la región castellano manchega, el Partido Socialista, a cambio del apoyo de Podemos para aprobar los presupuestos e, igualmente, continuar en el Gobierno, no ha tenido más remedio que aceptar las imposiciones presupuestarias y legislativas de la citada formación neocomunista y bolivariana.

Y el resultado de este matrimonio político de conveniencia es la puesta en práctica de políticas de perfil ideológico, totalitario, sectario, adoctrinador…

Tanto es así, que en el nuevo presupuesto de esta autonomía se contemplan recortes progresivos a la financiación destinada a la educación concertada, todo ello al objeto de eliminar la formación basada en los valores cristianos.

C-LM no financiará los servicios religiosos en hospitales, escuelas y servicios sociales.

Además, no satisfechos con esta primera ofensiva, el PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha vuelven a atacar a la Iglesia Católica, tanto en cuanto el Gobierno de esta comunidad autónoma dejará de financiar los servicios religiosos en hospitales, centros escolares y servicios sociales.

El Pleno del Parlamento regional, a tal efecto y por mediación de la sesión plenaria que se celebrará el 31 de marzo del presente año, debatirá la correspondiente Proposición No de Ley.

El objetivo es suspender cualquier disposición derivada de los acuerdos y convenios internacionales que obliguen a las autonomías a financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión particular en el ámbito de los servicios públicos, tales como la Sanidad, la Educación y el Bienestar Social.

Comunismo en estado puro.

En realidad, Podemos quiere destruir tanto a la Iglesia Católica como a la familia, pero solamente en función de los valores que representan estas dos instituciones y porque ambas constituyen conjuntamente la identidad, la protección y, sobre todo, la salvación del ser humano.

No olvidemos que uno de los objetivos que persigue el comunismo es sustituir a la familia y a la Iglesia por el adoctrinamiento del Estado.

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17 veces no al pacto de izquierdas PSOE-Ciudadanos

¿Quién, supuestamente, engañó al Rey Felipe VI?
¿El Sr. Mariano Rajoy, que rechazó someterse en primera instancia al debate de investidura presidencial porque previamente fue rechazado en 17 ocasiones por parte de Pedro Sánchez y, por tanto, no tenía ninguna posibilidad de sumar apoyos a tal efecto?

¿El Sr. Pedro Sánchez, que traicionando a España, y al objeto de ser investido presidente a cualquier precio, intentó pactar con Podemos? Aunque Sánchez, chantajeado y humillado por esta formación bolivariana, neocomunista y financiada por Irán y Venezuela, finalmente ha girado su estrategia un poco menos hacia la izquierda para pactar con Albert Rivera, su socio natural.

¿Quiénes han incumplido, incluso antes de gobernar, sus promesas electorales?
¿El Sr. Rivera, que prometió que Ciudadanos solo apoyaría a la lista más votada e, igualmente, garantizó que no investiría, apoyándolos con los escaños de Ciudadanos, ni al Sr. Sánchez ni al Sr. Rajoy?

¿El Sr. Sánchez, que prometió que no pactaría con Ciudadanos, partido al que segmentó erróneamente en el espectro político de centro derecha, tanto en cuanto se trata de una formación de perfil socialista?

¿El Sr. Pablo Iglesias, que prometió que Podemos no pactaría con la casta? Aún así, Podemos ha intentado conformar con el PSOE un pacto de gobierno nacional, siguiendo la línea de acuerdos gubernamentales llevada a cabo por ambas formaciones e iniciada tras las pasadas elecciones autonómicas y municipales, que ha permitido a este partido enemigo de España gobernar en Madrid y Barcelona.

¿Quién ha traicionado a sus votantes en mayor medida desde el 20-D?
¿El Sr. Rivera, que pidió el voto para Ciudadanos a los electores dotados con un perfil de centro derecha en las pasadas elecciones nacionales para posteriormente apoyar un pacto de izquierdas junto al PSOE?

¿Quiénes engañarían a los españoles en el hipotético caso de gobernar nuestra gran nación?
¿El Sr. Sánchez y el Sr. Rivera, en el caso que el marketiniano, publicitario y preelectoral pacto que han firmado los dos partidos que anti lideran se consolidara? Máxime y teniendo en cuenta que los gobiernos precedentes y protagonizados por el PSOE han finalizado siempre en forma de corrupción política institucionalizada, quiebra económica, desempleo estructural…

Recordemos que Ciudadanos lleva sujetando, mediante su apoyo al PSOE de Andalucía y desde las últimas elecciones autonómicas, al régimen más corrupto de Europa, por tanto, ya existe un precedente respecto a esta coalición.

Y tampoco olvidemos que en el pacto de investidura que han firmado estos dos partidos no se hace referencia a la abolición de los acuerdos suscritos entre PSOE y Podemos, actualmente vigentes en determinados ayuntamientos y CC.AA.

En base a lo anterior, si el Sr. Rajoy decidiera delegar sus responsabilidades gerenciales en otro dirigente del PP, tal como demandan determinados medios de comunicación y parte de la sociedad española, también deberían dimitir de sus cargos tanto el Sr. Sánchez como el Sr. Rivera.

Ciertamente, casi ningún votante de centro derecha o la derecha española está conforme con el modelo de gestión que implementó el Gobierno del PP en la pasada legislatura y, por tanto, tampoco lo está con la estrategia política, social y económica adoptada por el ejecutivo del Sr. Rajoy.

En este sentido, el Partido Popular necesita desarrollar un proceso de renovación democrática a nivel interno y, paralelamente, redefinir corporativamente su base ideológica, social, etc. Y, evidentemente, el PP también debe regenerarse y reinventarse institucionalmente al objeto de eliminar todo vestigio de corrupción.

El gobierno de coalición debe protagonizarlo el partido ganador de las elecciones.
No obstante y deseando que se produzca esta reestructuración del PP a todos los niveles, los españoles de bien solicitamos al Sr. Rajoy que responda 17 veces no al Sr. Sánchez y al Sr. Rivera, cuando ambos soliciten la abstención (o el apoyo a modo de comparsa) del PP para que desgobierne España esta nueva izquierda formada por el PSOE y Ciutadans.

Porque considerando el antidemocrático espectáculo sociopolítico que está ofreciendo Podemos y sus filiales, y todo ello unido al dantesco acuerdo llevado a cabo por los socialistas Rivera & Sánchez, la mejor opción político-gerencial para España es la relativa a que el Gobierno de nuestro país lo protagonice el partido que ha ganado las elecciones.

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El Modelo de Educación de Podemos-PSOE arruinará a los colegios concertados.

Las empresas competitivas planifican y diseñan el presupuesto a modo de herramienta de gestión, y todo ello para intentar cumplir los objetivos de negocio.

Porque confeccionar un presupuesto empresarial es una labor harto complicada en la actualidad, debido a que el entorno es cambiante y, a tal efecto, es vital considerar variables, tales como los tipos de interés, la financiación, el precio del petróleo, las repercusiones de la globalización, etc. En este sentido y tal como recomienda Jaume LLopis, profesor del IESE, los presupuestos deben planificarse anualmente y revisarse trimestralmente (o, incluso, cada mes), al objeto de reajustar las cifras a los constantes cambios.

De igual modo, el presupuesto debe cumplir con una serie de parámetros, por ejemplo, enfocarse en el largo plazo, aportar flexibilidad, partir cada año de la “base cero”, es decir, renovarlo totalmente al objeto de reducir costes y eliminar partidas obsoletas, etc.

Tanto es así, que las compañías que no siguen estas pautas gerenciales corren el riego de que sus presupuestos se conviertan en simples documentos que solo sirven para paralizar el crecimiento, desvirtuar la estrategia, impedir la creación de valor y potenciar la burocracia.

El Presupuesto 2016 de Castilla-La Mancha arruinará a los colegios concertados.
Desgraciadamente, los presupuestos de las CC.AA., no suelen regirse por criterios empresariales ni tampoco de eficiencia económica sino que, por el contrario y en multitud de ocasiones, se guían por razones ideológicas, sectarias y adoctrinadoras. Este ha sido el caso del presupuesto autonómico de Castilla-La Mancha para 2016, recientemente aprobado por el ejecutivo regional del PSOE (que gobierna gracias al apoyo de Podemos).

Tanto en cuanto, el citado presupuesto castellano manchego contempla una reducción progresiva de la financiación destinada a la educación concertada. Y sin embargo, garantiza la disponibilidad de plazas en la educación pública.

En otras palabras, se trata de un presupuesto que asfixiará económicamente a los colegios concertados y católicos y, por ende, eliminará la educación basada en los valores cristianos. Y, además, este presupuesto lamina la libertad educativa, porque impone la educación pública a todos los padres, independientemente de las preferencias que estos tengan respecto al modo de educar a sus hijos.

No es un asunto baladí, sobre todo si analizamos la totalidad del referido presupuesto 2016 de C-LM, puesto que este recorte a la educación concertada contrasta con el incremento global del gasto respecto al presupuesto de 2015. En consecuencia, esta es la prueba que confirma las intenciones liberticidas en materia educativa de este gobierno autonómico.

Recordemos que el déficit de esta región se encuentra muy por encima del objetivo, y al respecto, la solución del gobierno socialista-podemita manchego ha sido subir los impuestos, manteniendo intacta la estructura político-administrativa y, contradictoriamente, masacrando a la educación concertada.

El “Modelo de Educación” de Podemos-PSOE: económicamente inviable, ilegal y antisocial.
Máxime, si tenemos en cuenta que los colegios concertados son más rentables para la Administración que los públicos y, consiguientemente, los mismos repercuten en un ahorro para las cuentas públicas. No olvidemos que una plaza educativa en la escuela pública le cuesta al Estado el doble que en un centro concertado (de iniciativa social).

También es relevante resaltar que la educación concertada es más demandada por la calidad de sus proyectos educativos, la formación integral de los alumnos, la menor tasa de abandono escolar y los mejores resultados académicos.

Y, legalmente, la decisión presupuestaria del Gobierno de C-LM de ahogar financieramente a los colegios concertados vulnera el Artículo 27 de nuestra Constitución, pues deja a los padres sin posibilidad de poder elegir para sus hijos el centro educativo que más se adapte a sus convicciones.

En definitiva, este modelo de educación, presupuestado ya en la autonomía de C-LM, es el que se impondrá en España en el caso que el PSOE, Podemos y determinadas formaciones separatistas (Frente Popular Independentista), consigan alcanzar un pacto para desgobernar nuestro país.

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El modelo sociopolítico y económico del Frente Popular Independentista

El vandálico modelo sociopolítico y económico que Podemos desea implantar en España no es original, ni tan siquiera lleva la marca podemita, porque el proyecto inicial fue diseñado por el PSOE de Zapatero el 11-M de 2004, justamente, el día de los atentados terroristas de Atocha.

En realidad, habría que retrotraerse a la Rusia de Stalin y, concretamente, a finales de la década de los 20 del siglo pasado para conocer el origen marxista-leninista del mismo. Aunque, también existe una versión actualizada, que no es otra que el “Socialismo del SXXI” instaurado en la Venezuela chavista.

No obstante, este desfasado arquetipo no hubiera podido asentarse en España sino fuera porque a tal efecto han confluido varios factores, tales como, la implementación de la LOGSE, el afín posicionamiento de determinados grupos de comunicación y la pusilanimidad del Partido Popular durante esta última legislatura.

De cualquier modo, se trata de un sistema abocado a la autodestrucción, puesto que el mismo engloba todas las contradicciones de la ultraizquierda, que solo responden a criterios ideológicos y cuyos protagonistas son el odio, la envidia y el rencor.

Pero sea como fuere, y en el supuesto caso que nuestro querido país sea finalmente desgobernado por una perdedora coalición de izquierdas, integrada por el PSOE, Podemos y determinadas formaciones separatistas (Frente Popular Independentista), retrocederemos en el tiempo para reencontrarnos con “una España en blanco y negro”.

Una España adoctrinada, liberticida, cruel, melancólica, mísera, zafia, analfabeta, sin valores, carente de principios…

Una España en la que vivirán mejor los vagos que los hacendosos, serán mejor tratados los etarras y delincuentes que las personas de bien y de orden, se promocionará a los adeptos a la causa comunista, a la vez que se marginará a la meritocracia…

Una España en la que la familia, la moral y la ética se sustituirán por la “ideología de género” y el Estado.

Una España en la que la mayoría de los ciudadanos únicamente tendrán la opción de la sanidad y la educación pública. Por el contrario, la casta podemita (y socialista) será atendida en las mejores clínicas privadas y matricularán a sus hijos en colegios privados de élite.

Una España en la que se perseguirá el cristianismo y, paralelamente, determinadas religiones extranjeras, contrarias a la democracia y los valores occidentales, serán promocionadas.

Una España en la que se subvencionará el aborto, que no es más que un asesinato legal de criaturas inocentes. Mientras que, contradictoriamente y con la falsa excusa de proteger la vida de los animales, se fomentarán políticas contrarias a la tauromaquia y la caza. Aún, conociendo que la extinción tanto del toro de lidia como de determinadas especies cinegéticas estaría garantizada si se legisla en contra de estas actividades potenciadoras de la economía rural y creadoras de cientos de miles de puestos de trabajo.

Una España en la que aumentará el nivel de politización de la justicia, de corrupción política, de intervencionismo estatal, de nepotismo y enchufismo en la Administración… Y en la que se pisoteará la libertad económica, la propiedad privada, la iniciativa empresarial…

Una España que subvencionará a sectores improductivos, para ello acribillará a impuestos a los autónomos y a las pymes, los verdaderos generadores de riqueza y empleo no subvencionado.

Una España que, independientemente de las directrices marcadas por Bruselas, no cumplirá los objetivos de déficit ni reducirá la deuda, puesto que la izquierda nunca ha gestionado responsablemente las finanzas públicas. Y tampoco continuará el ritmo actual de crecimiento de empleo, máxime y tanto en cuanto el Frente Popular tiene intención de abolir la reforma laboral.

Una España en la que aumentará la desigualdad, sin embargo, la nueva aristocracia podemita (financiada por Irán y Venezuela) se situará en lo más alto de la pirámide socioeconómica a través de la adquisición de unos privilegios que antes aborrecía.

Una España en la que nuestra económicamente insostenible Administración paralela engordará todavía más para acomodar a “la castuza del nuevo régimen”.

Una España en la que se harán concesiones a las formaciones independentistas para que puedan romper nuestro país por Cataluña, Vascongadas…

Una España en la que la libertad de prensa será una quimera y, por ende, los medios de comunicación contrarios al podemismo serán silenciados.

En definitiva, una España que volverá a dividirse nuevamente y de la que renacerán las cainitas “dos Españas”, gracias al resurgimiento de un sentimiento marcado por el enfrentamiento, que estaba prácticamente marchito pero que ha resucitado tras la reaparición de esta ultraizquierda resentida, revanchista, malévola, rabiosa…

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Mejorar nuestra democracia o hundirnos con la ultra izquierda

Determinados grupos de comunicación han intentado allanar el camino hacia el poder a Podemos, una formación neocomunista, antidemocrática y financiada por Irán y Venezuela, lanzando a los ciudadanos el mensaje relativo a que el sistema capitalista y un atroz liberalismo económico son los causantes tanto de la crisis como de la corrupción.

En este sentido y gracias al efecto “lobotomización” provocado por la televisión, millones de españoles han sido seducidos de manera utópica por la ultraizquierda. Puesto que en las últimas elecciones salieron triunfantes ideologías y posicionamientos económicos desfasados, que condujeron en el pasado a multitud de países a dictaduras proveedoras de miseria.

Por el contrario, las dos causas principales que han corrompido nuestra pseudodemocracia son el excesivo intervencionismo estatal, a todos los niveles administrativos, y la politización de la Justicia.

Tanto es así, que estas suelen ser las principales estrategias político- económicas, junto con el secuestro de los medios de comunicación, sobre las que se asienta cualquier régimen totalitario

Pero esta confusión mediática ha provocado que en España exista un problema conceptual, tanto en cuanto muchos ciudadanos se están equivocando de receta ideológico-económica para salir de esta crisis múltiple en la que nos encontramos.

No obstante, España nunca ha sido un país capitalista ni liberal. Porque, realmente, en nuestro país ha explotado el sistema que se implantó hace más de tres décadas, que no es otro que un Capitalismo de Estado, producto de la combinación de pseudocapitalismo e intervencionismo público y cuyo funcionamiento ha dependido de las conexiones políticas.

Máxime, considerando que el círculo vicioso creado por este “capitalismo de amiguetes” ha esclavizado al sector privado al objeto de mantener a nuestra innecesaria, costosísima y corrupta “Administración paralela”.

La prueba que confirma lo anteriormente expuesto la ha aportado recientemente Transparencia Internacional, mediante las conclusiones extraídas del “Índice de la Percepción de la Corrupción 2015”.

De hecho, el citado informe pone de manifiesto que la corrupción política en nuestro país está relacionada fundamentalmente con el urbanismo (en una etapa anterior) y con la contratación pública, es decir, aquella procedente sobre todo de organismos, entidades y empresas públicas.

Y si bien la corrupción en España todavía no es sistémica, es factible afirmar que la misma se encuentra generalizada al menos en las contrataciones públicas, que en multitud de ocasiones llevan aparejadas comisiones políticas o “mordidas”.

Sea como fuere y ciertamente, España tiene un problema relacionado con la corrupción política que puede ser letal para nuestro proyecto de democracia, por tanto, los partidos políticos nacionales deben centrarse de manera prioritaria en solucionarlo.

Para ello, deberían establecer un gran pacto de Estado al objeto de potenciar la libertad de prensa, la transparencia presupuestaria, la “selección por valores” de cargos públicos, la revalorización de la figura del funcionario en la Administración, la democratización interna de los partidos, la reforma de la ley electoral, etc. Aunque, sobre todo, para dotar de independencia a la Justicia.

Porque nuestro país se encuentra en un momento de inflexión económica, política, judicial, territorial, ética, religiosa, etc., y en base a lo cual los grandes partidos españoles tienen dos alternativas: dotar a nuestra democracia de un plus de valor cualitativo o dejar que la ultraizquierda convierta a España en una república bananera.

Renovar, democratizar y dotar de sentido de Estado al sistema bipartidista para que pueda alternar modernos gobiernos socialdemócratas con otros liberales podría constituir una fórmula político económica ganadora a largo plazo.

El PSOE tiene la última palabra…

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¿Refundar el bipartidismo o el actual modelo tetrapartidista?

Cambiar el modelo de negocio supone uno de los retos más complicados a los que puede enfrentarse una empresa.

Pero cuando se pierde posicionamiento en el mercado, los clientes anteriormente fidelizados apuestan por otras marcas más competitivas, los beneficios se convierten en pérdidas, existe un desfase tecnológico, etc. Y el único responsable de todo ello es un modelo de negocio que se ha quedado obsoleto.
En este supuesto, cualquier empresa con vocación de supervivencia opta por realizar una operación de trasplante en el corazón de su negocio.

No obstante, las compañías que han conseguido tener éxito después de reinventar su tradicional modelo de negocio son escasísimas. Al respecto, puede servir de ejemplo excepcional el caso de IBM, una multinacional que en 2003 dejó de fabricar y vender ordenadores y hardware para comenzar a ofrecer servicios relacionados con la TIC, convirtiéndose así en líder global en algunas de las especialidades de su sector como el registro de patentes.

¿Cuál es el modelo de gestión política que necesita España?
La “empresa España” se enfrenta en la actualidad a una renovación o reinvención en su modelo de gestión política, puesto que del bipartidismo, un sistema político-gerencial que ha estado vigente más de tres décadas, se ha pasado al tetrapartidismo.

Y si bien es cierto que el bipartidismo es un sistema político que funciona perfectamente en USA o Inglaterra, no es menos cierto que en España ha degenerado hasta convertirse en un corrupto modelo partitocrático.

Igualmente, es factible afirmar que las mayorías absolutas en España han derivado hasta la fecha en Absolutismo, aunque también estamos comprobando que el “sistema de pactos entre partidos” no es la solución política que necesita nuestro país para ser mínimamente gobernable.

En este sentido y mientras la casta política no esté a la altura de las decisiones democráticas de los españoles, que en las últimas elecciones votaron en clave de acuerdos entre partidos, el modelo tetrapartidista constituirá un fracaso todavía mayor que el que ha supuesto el bipartidismo.

Ingobernabilidad.
De hecho, la ingobernabilidad de España está asegurada debido a que la conformación de un gobierno estable y duradero depende del desarrollo de las negociaciones de nuestros políticos.

Al respecto, cualquier pacto entre partidos que pudiera conformarse estaría abocado al fracaso, sobre todo, si se trata de un acuerdo multipartito protagonizado por la ultraizquierda.

Y, evidentemente, España no es un país que pueda permitirse repetir las elecciones cada vez que el resultado electoral no otorgue una mayoría absoluta a un determinado partido.

Además, hay que tener en cuenta que los partidos emergentes constituyen una grandísima decepción política, tanto en cuanto Podemos es una formación antidemocrática y neo comunista, y el proyecto nacional de Ciudadanos es una farsa marketiniana.

¿La única solución es refundar el bipartidismo?
En otras palabras, el PP y el PSOE tienen la obligación de modernizar nuestra democracia al estilo de las democracias occidentales más avanzadas. Para lo cual, y mucho antes de reformar la Constitución Española, ambos partidos deberían poner en marcha un proceso interno de regeneración democrática al objeto de representar respectivamente a un electorado de centro derecha liberal y a otro de perfil socialdemócrata.

La economía española se estancará con un sistema político que no garantice la estabilidad gubernamental a largo plazo.
Porque si España quiere implantar un modelo económico sostenible necesitará complementariamente un sistema político que garantice una estabilidad gubernamental a largo plazo.

Máxime, considerando los principales hándicaps que la economía española tiene actualmente, tales como un desempleo estructural, un déficit disparado, una deuda insostenible…

Y conociendo, de la misma manera, que tales problemas económicos solo son solucionables a través de la adopción de determinadas decisiones políticas en forma de reformas estructurales.

Pero para que estas decisiones tengan el efecto deseado, las mismas deben prolongarse en el tiempo y adoptarse de forma estratégica bajo el amparo de un bipartidismo moderno y con sentido de Estado.

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Votar al PP según la “doctrina del mal menor”

Según determinados especialistas en M&A (fusiones y adquisiciones), entre los que se encuentra Jaume Llopis, profesor de dirección estratégica del IESE, las fusiones empresariales prácticamente no existen.

Tanto es así, que cualquier fusión entre dos (o más) empresas es en realidad una operación de absorción, en la que una empresa, normalmente aquella que posee más recursos, suele absorber a la otra.

En este sentido, el término “fusión por absorción” es el más adecuado para denominar a la mayor parte de las fusiones empresariales.

Extrapolando esta acertada teoría al entorno actual de la política española y, en concreto, a uno de los resultados electorales que podría producirse tras el 20-D, obtendríamos las siguientes conclusiones:

Ciudadanos y PSOE tendrían la posibilidad de gobernar España, vía fusión de partidos, si entre ambas formaciones obtuvieran más escaños que el Partido Popular, aunque el PP fuera el partido más votado.

No obstante, para que esta operación política pudiera tener éxito sería imprescindible, además, que Podemos se abstuviera (aunque se necesitaría también la abstención tanto de IU como del PNV), evitando así que Rajoy fuera investido presidente del gobierno de España en primera instancia. Y permitiendo de este modo que en virtud de una mayoría simple y en segunda votación fuera elegido en su lugar el líder de Ciudadanos o del PSOE.

En este caso, el PSOE absorbería a Ciudadanos y, consecuentemente, el Partido Socialista gobernaría España, independientemente de quien fuera investido presidente. Tanto en cuanto la estructura, la capacidad organizativa, la experiencia, el equipo de gestión, etc., del Partido Socialista es a todos los niveles incomparablemente superior.

Máxime, teniendo en consideración que detrás de Albert Rivera y su equipo solo hay marketing político y, quizás, socialismo maquillado. Y porque fuera de Cataluña, Ciudadanos es un “chiringuito político” construido en varios meses e integrado, con excepciones, por oportunistas y aspirantes a políticos profesionales.

¿Es el PP el mal menor para gobernar España? 

En función de lo anterior, se debe imponer entre los votantes de centro derecha y la derecha española la “doctrina del mal menor”, puesto que la aplicación de la misma, aún siendo considerada inmoral por determinados sectores sociales e incluso eclesiásticos, puede salvar a España de otro gobierno “zapaterista”.

Sobre todo, debido a que la economía española necesita estabilidad y certidumbre. Y, aunque es cierto que el Partido Popular ha cometido innumerables errores en su política económica (y en la social) durante la presente legislatura, no es menos cierto que la citada formación es la única que puede garantizar que España siga creciendo y creando empleo.

Porque, aunque los mercados y el BCE sean los principales causantes de que nuestra economía siga con oxigeno, ciertamente, si el PP continúa desarrollando en la próxima legislatura las reformas estructurales que todavía se encuentran en su fase inicial (y se atreve a acometer definitivamente la reforma de la Administración), la todavía casi imperceptible recuperación económica podría consolidarse en los años venideros.

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¿Podría reproducirse en España el pacto postelectoral acontecido en Portugal?

En Portugal, las últimas y recientemente celebradas elecciones generales las ganó la unión formada por los partidos PSD y CDS-PP, aglutinados en un bloque conservador.

No obstante, cuatro formaciones de izquierda (PS, PC, BE y Los Verdes) firmaron una rocambolesca alianza de gobierno, consiguiendo a través de ella la mayoría absoluta. Y las consecuencias de dicho pacto fueron la presentación, por parte de estos partidos de izquierda, de una moción que ha impedido gobernar a los conservadores y que, igualmente, posibilitará que esta coalición de izquierda (liderada por el partido socialista portugués) se alce con el poder.

En España y después de las próximas elecciones generales, es bastante improbable que el PSOE pueda repetir en clave nacional el pacto que a nivel autonómico y local ha desarrollado junto a Podemos, y cuyo resultado es la conversión de aquellas localidades y autonomías en las que gobiernan actualmente ambos partidos en mini repúblicas bolivarianas.

Y tampoco parece factible un pacto a tres bandas integrado por el PSOE, Podemos y Ciudadanos, aunque no es descartable ninguna coalición postelectoral.

Pero, ¿qué sucedería si entre Ciudadanos y el PSOE lograran en las elecciones del 20-D una mayoría suficiente para gobernar, aunque el PP fuera el partido más votado y, por tanto, ganara los comicios?
En este caso, podría reproducirse el pacto postelectoral acontecido en Portugal, aunque en versión española.

Máxime, tanto en cuanto Ciudadanos y PSOE tienen una experiencia conjunta de gobierno en Andalucía, producto del pacto que llevaron a cabo tras el resultado de las últimas elecciones autonómicas y municipales.

Al respecto, el problema es que si la gestión que el PSOE y Ciudadanos están realizando en Andalucía se extrapolara a España, nuestro país se volvería más corrupto aún de lo que ya es y, además, este entorno de inestabilidad política podría frenar a la todavía no consolidada recuperación económica de nuestro país.

Tanto es así, que Ciudadanos está apoyando sumisamente todas las iniciativas instadas en el Parlamento Andaluz por su socio, el PSOE, desoyendo e, incluso, boicoteando cualquier aportación legislativa de valor que proceda de la oposición. Por ejemplo, Ciudadanos y el PSOE han impedido que se tramite una proposición de Ley encaminada a eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Y, paralelamente, el partido naranja, liderado en Andalucía por el ex-socialista Juan Marín, también ha respaldado la estrategia del PSOE, consistente en entorpecer las investigaciones relativas a los “ERE fraudulentos tramitados por la Junta” (el caso de corrupción política más escandaloso de Europa, a nivel cualitativo y cuantitativo), los “Cursos irregulares de formación”, el “Caso Mercasevilla”, “los avales y prestamos concedidos por IDEA”, el “Caso Aznalcóllar”, etc.

De hecho, el último y más lamentable episodio, respecto al cual el coordinador de Ciudadanos en Andalucía ni sabe ni contesta y que refleja la terrible politización que sufre la Justicia española, es el relacionado con la medida adoptada por el TSJA (y respaldada por el CGPJ) para apartar a la Juez Alaya de la instrucción de los ERE y del resto de “macrocausas” relacionadas.
Ciudadanos, en relación a la comisión de semejante latrocinio, ha decidido permanecer al lado del PSOE debido a que es consciente que esta decisión político judicial beneficia a su gran aliado andaluz.

Aunque la complicidad entre Ciudadanos y el PSOE de Andalucía no acaba aquí, tanto en cuanto el Gobierno andaluz aprobó el 13 de octubre del presente año la remisión al Parlamento regional del “Proyecto de Ley de Memoria Democrática” (una versión comunista, puesto que la iniciativa partió de IU, de la “Ley de Memoria Histórica de Zapatero)”, que obligará a los niños andaluces, mediante una asignatura obligatoria, a estudiar la historia de España de manera deformada.
En función de ello, Ciudadanos es cooperador necesario respecto al futuro adoctrinamiento al que serán sometidas las próximas generaciones de andaluces.

En este sentido, tampoco parece molestarle a Ciudadanos que Canal Sur, la televisión autonómica más sectaria de España (con permiso de TV3), siga ocultando a los andaluces las irregularidades y corruptelas cometidas por la Junta de Andalucía y el PSOE.

En definitiva, el acuerdo mediante el cual el PSOE está gobernando esta legislatura en Andalucía con el apoyo de Ciudadanos podríamos definirlo como “el pacto encubridor de la corrupción”.

Indudablemente, Ciudadanos ha desarrollado una grandísima labor en Cataluña, luchando contra el independentismo. Pero por el contrario, esta formación no es la alternativa política que actualmente necesita España, entre otros factores, debido a que el perfil de multitud de gobernantes de este partido a nivel autonómico y local se corresponde con oportunistas sin ningún bagaje gerencial y fracasados procedentes de otros partidos, aunque este es el precio que ha tenido que pagar Ciudadanos para transformarse en un partido nacional.

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