¿Refundar el bipartidismo o el actual modelo tetrapartidista?

Cambiar el modelo de negocio supone uno de los retos más complicados a los que puede enfrentarse una empresa.

Pero cuando se pierde posicionamiento en el mercado, los clientes anteriormente fidelizados apuestan por otras marcas más competitivas, los beneficios se convierten en pérdidas, existe un desfase tecnológico, etc. Y el único responsable de todo ello es un modelo de negocio que se ha quedado obsoleto.
En este supuesto, cualquier empresa con vocación de supervivencia opta por realizar una operación de trasplante en el corazón de su negocio.

No obstante, las compañías que han conseguido tener éxito después de reinventar su tradicional modelo de negocio son escasísimas. Al respecto, puede servir de ejemplo excepcional el caso de IBM, una multinacional que en 2003 dejó de fabricar y vender ordenadores y hardware para comenzar a ofrecer servicios relacionados con la TIC, convirtiéndose así en líder global en algunas de las especialidades de su sector como el registro de patentes.

¿Cuál es el modelo de gestión política que necesita España?
La “empresa España” se enfrenta en la actualidad a una renovación o reinvención en su modelo de gestión política, puesto que del bipartidismo, un sistema político-gerencial que ha estado vigente más de tres décadas, se ha pasado al tetrapartidismo.

Y si bien es cierto que el bipartidismo es un sistema político que funciona perfectamente en USA o Inglaterra, no es menos cierto que en España ha degenerado hasta convertirse en un corrupto modelo partitocrático.

Igualmente, es factible afirmar que las mayorías absolutas en España han derivado hasta la fecha en Absolutismo, aunque también estamos comprobando que el “sistema de pactos entre partidos” no es la solución política que necesita nuestro país para ser mínimamente gobernable.

En este sentido y mientras la casta política no esté a la altura de las decisiones democráticas de los españoles, que en las últimas elecciones votaron en clave de acuerdos entre partidos, el modelo tetrapartidista constituirá un fracaso todavía mayor que el que ha supuesto el bipartidismo.

Ingobernabilidad.
De hecho, la ingobernabilidad de España está asegurada debido a que la conformación de un gobierno estable y duradero depende del desarrollo de las negociaciones de nuestros políticos.

Al respecto, cualquier pacto entre partidos que pudiera conformarse estaría abocado al fracaso, sobre todo, si se trata de un acuerdo multipartito protagonizado por la ultraizquierda.

Y, evidentemente, España no es un país que pueda permitirse repetir las elecciones cada vez que el resultado electoral no otorgue una mayoría absoluta a un determinado partido.

Además, hay que tener en cuenta que los partidos emergentes constituyen una grandísima decepción política, tanto en cuanto Podemos es una formación antidemocrática y neo comunista, y el proyecto nacional de Ciudadanos es una farsa marketiniana.

¿La única solución es refundar el bipartidismo?
En otras palabras, el PP y el PSOE tienen la obligación de modernizar nuestra democracia al estilo de las democracias occidentales más avanzadas. Para lo cual, y mucho antes de reformar la Constitución Española, ambos partidos deberían poner en marcha un proceso interno de regeneración democrática al objeto de representar respectivamente a un electorado de centro derecha liberal y a otro de perfil socialdemócrata.

La economía española se estancará con un sistema político que no garantice la estabilidad gubernamental a largo plazo.
Porque si España quiere implantar un modelo económico sostenible necesitará complementariamente un sistema político que garantice una estabilidad gubernamental a largo plazo.

Máxime, considerando los principales hándicaps que la economía española tiene actualmente, tales como un desempleo estructural, un déficit disparado, una deuda insostenible…

Y conociendo, de la misma manera, que tales problemas económicos solo son solucionables a través de la adopción de determinadas decisiones políticas en forma de reformas estructurales.

Pero para que estas decisiones tengan el efecto deseado, las mismas deben prolongarse en el tiempo y adoptarse de forma estratégica bajo el amparo de un bipartidismo moderno y con sentido de Estado.

Empresa

Votar al PP según la “doctrina del mal menor”

Según determinados especialistas en M&A (fusiones y adquisiciones), entre los que se encuentra Jaume Llopis, profesor de dirección estratégica del IESE, las fusiones empresariales prácticamente no existen.

Tanto es así, que cualquier fusión entre dos (o más) empresas es en realidad una operación de absorción, en la que una empresa, normalmente aquella que posee más recursos, suele absorber a la otra.

En este sentido, el término “fusión por absorción” es el más adecuado para denominar a la mayor parte de las fusiones empresariales.

Extrapolando esta acertada teoría al entorno actual de la política española y, en concreto, a uno de los resultados electorales que podría producirse tras el 20-D, obtendríamos las siguientes conclusiones:

Ciudadanos y PSOE tendrían la posibilidad de gobernar España, vía fusión de partidos, si entre ambas formaciones obtuvieran más escaños que el Partido Popular, aunque el PP fuera el partido más votado.

No obstante, para que esta operación política pudiera tener éxito sería imprescindible, además, que Podemos se abstuviera (aunque se necesitaría también la abstención tanto de IU como del PNV), evitando así que Rajoy fuera investido presidente del gobierno de España en primera instancia. Y permitiendo de este modo que en virtud de una mayoría simple y en segunda votación fuera elegido en su lugar el líder de Ciudadanos o del PSOE.

En este caso, el PSOE absorbería a Ciudadanos y, consecuentemente, el Partido Socialista gobernaría España, independientemente de quien fuera investido presidente. Tanto en cuanto la estructura, la capacidad organizativa, la experiencia, el equipo de gestión, etc., del Partido Socialista es a todos los niveles incomparablemente superior.

Máxime, teniendo en consideración que detrás de Albert Rivera y su equipo solo hay marketing político y, quizás, socialismo maquillado. Y porque fuera de Cataluña, Ciudadanos es un “chiringuito político” construido en varios meses e integrado, con excepciones, por oportunistas y aspirantes a políticos profesionales.

¿Es el PP el mal menor para gobernar España? 

En función de lo anterior, se debe imponer entre los votantes de centro derecha y la derecha española la “doctrina del mal menor”, puesto que la aplicación de la misma, aún siendo considerada inmoral por determinados sectores sociales e incluso eclesiásticos, puede salvar a España de otro gobierno “zapaterista”.

Sobre todo, debido a que la economía española necesita estabilidad y certidumbre. Y, aunque es cierto que el Partido Popular ha cometido innumerables errores en su política económica (y en la social) durante la presente legislatura, no es menos cierto que la citada formación es la única que puede garantizar que España siga creciendo y creando empleo.

Porque, aunque los mercados y el BCE sean los principales causantes de que nuestra economía siga con oxigeno, ciertamente, si el PP continúa desarrollando en la próxima legislatura las reformas estructurales que todavía se encuentran en su fase inicial (y se atreve a acometer definitivamente la reforma de la Administración), la todavía casi imperceptible recuperación económica podría consolidarse en los años venideros.

Empresa

¿Podría reproducirse en España el pacto postelectoral acontecido en Portugal?

En Portugal, las últimas y recientemente celebradas elecciones generales las ganó la unión formada por los partidos PSD y CDS-PP, aglutinados en un bloque conservador.

No obstante, cuatro formaciones de izquierda (PS, PC, BE y Los Verdes) firmaron una rocambolesca alianza de gobierno, consiguiendo a través de ella la mayoría absoluta. Y las consecuencias de dicho pacto fueron la presentación, por parte de estos partidos de izquierda, de una moción que ha impedido gobernar a los conservadores y que, igualmente, posibilitará que esta coalición de izquierda (liderada por el partido socialista portugués) se alce con el poder.

En España y después de las próximas elecciones generales, es bastante improbable que el PSOE pueda repetir en clave nacional el pacto que a nivel autonómico y local ha desarrollado junto a Podemos, y cuyo resultado es la conversión de aquellas localidades y autonomías en las que gobiernan actualmente ambos partidos en mini repúblicas bolivarianas.

Y tampoco parece factible un pacto a tres bandas integrado por el PSOE, Podemos y Ciudadanos, aunque no es descartable ninguna coalición postelectoral.

Pero, ¿qué sucedería si entre Ciudadanos y el PSOE lograran en las elecciones del 20-D una mayoría suficiente para gobernar, aunque el PP fuera el partido más votado y, por tanto, ganara los comicios?
En este caso, podría reproducirse el pacto postelectoral acontecido en Portugal, aunque en versión española.

Máxime, tanto en cuanto Ciudadanos y PSOE tienen una experiencia conjunta de gobierno en Andalucía, producto del pacto que llevaron a cabo tras el resultado de las últimas elecciones autonómicas y municipales.

Al respecto, el problema es que si la gestión que el PSOE y Ciudadanos están realizando en Andalucía se extrapolara a España, nuestro país se volvería más corrupto aún de lo que ya es y, además, este entorno de inestabilidad política podría frenar a la todavía no consolidada recuperación económica de nuestro país.

Tanto es así, que Ciudadanos está apoyando sumisamente todas las iniciativas instadas en el Parlamento Andaluz por su socio, el PSOE, desoyendo e, incluso, boicoteando cualquier aportación legislativa de valor que proceda de la oposición. Por ejemplo, Ciudadanos y el PSOE han impedido que se tramite una proposición de Ley encaminada a eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Y, paralelamente, el partido naranja, liderado en Andalucía por el ex-socialista Juan Marín, también ha respaldado la estrategia del PSOE, consistente en entorpecer las investigaciones relativas a los “ERE fraudulentos tramitados por la Junta” (el caso de corrupción política más escandaloso de Europa, a nivel cualitativo y cuantitativo), los “Cursos irregulares de formación”, el “Caso Mercasevilla”, “los avales y prestamos concedidos por IDEA”, el “Caso Aznalcóllar”, etc.

De hecho, el último y más lamentable episodio, respecto al cual el coordinador de Ciudadanos en Andalucía ni sabe ni contesta y que refleja la terrible politización que sufre la Justicia española, es el relacionado con la medida adoptada por el TSJA (y respaldada por el CGPJ) para apartar a la Juez Alaya de la instrucción de los ERE y del resto de “macrocausas” relacionadas.
Ciudadanos, en relación a la comisión de semejante latrocinio, ha decidido permanecer al lado del PSOE debido a que es consciente que esta decisión político judicial beneficia a su gran aliado andaluz.

Aunque la complicidad entre Ciudadanos y el PSOE de Andalucía no acaba aquí, tanto en cuanto el Gobierno andaluz aprobó el 13 de octubre del presente año la remisión al Parlamento regional del “Proyecto de Ley de Memoria Democrática” (una versión comunista, puesto que la iniciativa partió de IU, de la “Ley de Memoria Histórica de Zapatero)”, que obligará a los niños andaluces, mediante una asignatura obligatoria, a estudiar la historia de España de manera deformada.
En función de ello, Ciudadanos es cooperador necesario respecto al futuro adoctrinamiento al que serán sometidas las próximas generaciones de andaluces.

En este sentido, tampoco parece molestarle a Ciudadanos que Canal Sur, la televisión autonómica más sectaria de España (con permiso de TV3), siga ocultando a los andaluces las irregularidades y corruptelas cometidas por la Junta de Andalucía y el PSOE.

En definitiva, el acuerdo mediante el cual el PSOE está gobernando esta legislatura en Andalucía con el apoyo de Ciudadanos podríamos definirlo como “el pacto encubridor de la corrupción”.

Indudablemente, Ciudadanos ha desarrollado una grandísima labor en Cataluña, luchando contra el independentismo. Pero por el contrario, esta formación no es la alternativa política que actualmente necesita España, entre otros factores, debido a que el perfil de multitud de gobernantes de este partido a nivel autonómico y local se corresponde con oportunistas sin ningún bagaje gerencial y fracasados procedentes de otros partidos, aunque este es el precio que ha tenido que pagar Ciudadanos para transformarse en un partido nacional.

Empresa

Si el Gobierno aplica la ley en Cataluña, el PP subirá en intención de voto.

La gestión de los activos intangibles es una tarea harto complicada para cualquier empresa, puesto que la misma es prácticamente imposible de cuantificar económicamente en la cuenta de resultados.

No obstante, las empresas de alto potencial cada vez destinan mayores recursos al objeto de intentar rentabilizar la gestión de lo intangible y, debido a este motivo, esta área gerencial se encuentra actualmente altamente profesionalizada y especializada.

Porque, indudablemente, una óptima gestión de lo intangible potencia el valor de la marca de una compañía, haciéndola más competitiva.

En este sentido, la reputación corporativa es un intangible de alto valor, puesto que es la imagen que perciben los clientes, tanto reales como potenciales, de la empresa.

Y conseguir una buena reputación depende en gran medida de una eficaz política comunicativa. Tanto es así, que una empresa se gana su prestigio en el mercado “haciendo las cosas bien” y, de forma paralela, comunicando perfecta y coherentemente “aquellas cosas que hace bien”. (Productos o servicios para mejorar la vida de la personas).

En relación con lo anterior, el Gobierno tiene la última oportunidad para mejorar su reputación institucional ante los españoles en general y en relación a los votantes tradicionales del PP en particular.

Para ello y de forma definitiva, tendrá que aplicar íntegramente el “plan antiindependentista” que han diseñado de manera coordinada los distintos ministerios (Hacienda, Justicia, Economía, Interior, Presidencia…) al objeto de frenar la independencia de Cataluña. E, igualmente, deberá comunicar de forma magistral a los españoles las acciones que emprenda a tal efecto.

El citado plan consta de dos partes fundamentales. Una parte de índole legal, que consiste en utilizar medidas que van desde la presentación del preceptivo recurso de inconstitucionalidad ante el TC hasta la aplicación del Art. 155 de la Constitución (que acarrearía la suspensión de la autonomía), y pasando por la aplicación del Código Penal a los políticos secesionistas catalanes por parte de la Abogacía y la Fiscalía del Estado. Y la otra parte, relacionada con el aspecto económico financiero y fiscal, basada, entre otras relevantes medidas, en suprimir las nuevas remesas del Fondo de Liquidez.

Si el Gobierno muestra (y comunica) liderazgo, valentía y contundencia ante el desafío secesionista, y evita que Cataluña se convierta en una República independiente, recuperará a gran parte del electorado tradicional del PP y, además, un porcentaje elevado de indecisos se decantará por votar al Partido Popular en las próximas elecciones.

Es la última oportunidad del Gobierno del PP y, tal vez, también de España.

Empresa

PSOE y Ciudadanos, ¿futura alianza estratégica?

En el entorno empresarial, el término “Joint venture” se identifica con una alianza estratégica que adoptan dos o más compañías al objeto de retroalimentarse a través de una mutua aportación de valor. Y todo ello, con el objetivo de alcanzar conjuntamente mejores resultados de negocio, reposicionarse en el mercado, reducir costes, aumentar su valor de capitalización bursátil, blindarse ante posibles absorciones, etc.

Y en el mundo de la política, también se producen alianzas estratégicas entre distintas formaciones políticas. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, estas coaliciones entre partidos persiguen lograr el mejor resultado electoral posible para alcanzar el poder, independientemente que puedan existir también aspectos comunes de tipo ideológico, conceptuales, etc.

Tanto es así, que en el supuesto caso que Podemos siga bajando en intención de voto, el PSOE podría alejarse de esta formación ultraizquierdista y antisistema y, consecuentemente, desintegrar el Frente Popular.

En este sentido y de forma alternativa, el partido socialista podría apoyarse electoralmente en Ciudadanos al objeto de intentar formar un gobierno conjuntamente tras las próximas elecciones generales.

Máxime, considerando que el PSOE y Ciudadanos tienen más semejanzas que diferencias, de hecho y en virtud del factor ideológico, ambas formaciones estarían supuestamente posicionadas en el espectro político de centro izquierda.

Aunque el partido socialista haya sido capaz de radicalizarse hasta el extremo y, por tanto, “podemizarse” para asaltar el poder en numerosos municipios y autonomías.

Y Ciudadanos haya pactado a tal efecto tanto con el PSOE en Andalucía (convirtiéndose en cómplice del partido socialista para mantener el régimen de la corrupción institucionalizada en la Junta de Andalucía otra legislatura más) como con el PP en Madrid. De todas formas y ciertamente, el partido de Albert Rivera se autoproclama “de izquierdas” en su web corporativa, a pesar de que estratégica y contradictoriamente siga sin encuadrar su discurso en ningún espectro político.

Además, estos dos partidos poseen un potente nexo de unión, y este no es otro que el “similar enfoque” que mantienen ambos respecto a la necesidad de reformar la Constitución y en relación al concepto de Estado Federal.

Tanto en cuanto, en la actualidad se trata de dos asuntos transcendentales e interrelacionados. Sobre todo, teniendo en cuenta que el mayor error de la Constitución del 78 fue la configuración del Estado de las autonomías. Y en relación a ello, la reforma constitucional que estas dos formaciones proclaman estaría encaminada a modificar el actual diseño de nuestro modelo territorial de Estado.

De tal modo que el PSOE aboga por un “Estado federal asimétrico”, un supuesto modelo estatal que carece de planificación y diseño, debido a que ni siquiera los propios dirigentes del partido socialista conocen el significado de este concepto. Y Ciudadanos defiende un “Estado federal menos irregular”, si bien y abundando en su permanente indefinición, esta formación no concreta las claves en relación a su particular concepto de federalismo.

Pero considerando que las autonomías, en función de la descentralización administrativa y la progresiva cesión de competencias, se han convertido en verdaderas taifas, prácticamente independientes en muchas áreas gerenciales, ¿cuál es la verdadera razón que impulsa a estas dos formaciones políticas para defender un modelo de Estado federal?

Porque a largo plazo y conociendo la incompetencia y el escaso sentido de Estado de la casta política española, el modelo federal podría convertir a las autonomías en 17 Estados completamente independientes y, en consecuencia, este arquetipo territorial supondría la autodestrucción de España como nación.

¿Queremos modificar la Carta Magna para arreglar sus deficiencias o con el objetivo de destruir España?
¿Y los españoles que defienden un Estado unitario (y la devolución de las competencias para evitar el despilfarro autonómico y la corrupción política institucionalizada en las autonomías), no tienen voz ni voto?

Defender un Estado federal, sea este asimétrico o regular, no es defender la unidad de España.

Empresa

El PP (y España) necesita un “Rey Patriota”

Henry Saint John Bolingbroke, político y escritor inglés de finales del SXVII y mediados del SXVIII, a través de su obra “Idea de un Rey Patriota”, culpó a los partidos políticos, que en aquella época comenzaban a aglutinar más poder que la monarquía, de corromper la vida pública en Inglaterra.

Bolingbroke, que se caracterizaba por defender los privilegios de la monarquía, argumentaba que únicamente un rey que, a la vez, presentara un perfil de servidor público, podría gobernar Inglaterra de forma independiente y honrada. Igualmente, este escritor consideraba que la corrupción de los partidos políticos solo podría eliminarse si los mismos permanecieran bajo el control de un monarca gobernante.

A este heroico rey, que supuestamente debía cumplir la misión de regenerar el corrupto sistema político inglés de entonces, Bolingbroke le denominó “El Rey Patriota”.

En España y actualmente, el PP necesita un rey patriota que emerja desde dentro del propio partido o proceda de otro entorno diferente. Evidentemente, este “salvador”, cuya función debe consistir en reconstruir el PP, no tiene que poseer sangre azul pero es vital que pueda estar dotado de un liderazgo transformacional y, por tanto, capacitado para reorientar estratégicamente el partido o reinventarlo globalmente.

Todo ello, al objeto de volver a defender los valores y principios que tradicionalmente han identificado a este partido político y, de esta manera, poder conectar de nuevo con sus fieles votantes.

No obstante, este protocolo de sucesión, que debería ir acompañado tanto por un plan de gestión corporativo como por un nuevo código ético, ideológico y democrático, únicamente podría ejecutarse eficazmente a largo plazo.

Por el contrario y a corto plazo, es decir, durante los casi tres meses que faltan para que se celebren las elecciones nacionales, el Partido Popular todavía tiene la posibilidad de redefinir su mensaje institucional y, en la medida de lo posible y de forma humilde, tratar de ilusionar a sus potenciales votantes.

Porque fundamentar la estrategia electoral únicamente en el voto del miedo es una apuesta bastante arriesgada (además de un chantaje a sus votantes). Máxime, tanto en cuanto, pueden producirse todavía pactos o coaliciones políticas inesperadas que desdibujen el diseño de la citada estrategia, por ejemplo, que el PSOE se desmarque del Frente Popular, alejándose de un cada vez más desinflado Podemos, y se alíe con Ciudadanos.

En este sentido y gracias al efecto contrario, es decir, en virtud del voto del miedo al PP (o, más bien, el odio de la izquierda al Partido Popular, potenciado hasta el infinito durante las tres últimas legislaturas), el Frente Popular, conformado por PSOE, Podemos y otras formaciones minoritarias de ultra izquierda (alianza a la que se sumarían los partidos independentistas), podría ganar las elecciones.

De igual modo y proyectando otro escenario político, confiar en un pacto entre PP y Ciudadanos, en el caso que la formación naranja se convierta en llave de gobierno de la nación y considerando la ambigua y contradictoria política de pactos de este partido, es jugar a la ruleta rusa.

Consecuentemente, tan importante es que el PP cambie de rumbo, aunque sea en el último tramo del camino, que con el actual discurso político el Partido Popular solo ha utilizado la marcha atrás…

Tanto es así, que el Partido Popular se ha convertido en una formación casi residual en Cataluña, País Vasco y Navarra, y este retroceso entorpece gravemente la configuración de cualquier proyecto de partido a nivel nacional.
Además, en otras comunidades autónomas y ciudades relevantes en las que el PP gozaba de un óptimo posicionamiento no ha podido gobernar, aún ganando las elecciones autonómicas y locales.

Pese a todo, existen millones de españoles que estando profundamente decepcionados e, incluso, económicamente arruinados a causa de la deficiente gestión del PP (y de otra gestión muchísimo más deficiente y desarrollada por el PSOE de ZP), siguen considerando a este partido como el “mal menor” para gobernar España en la actualidad.

Aunque el público objetivo del PP necesitaría un gesto institucional (real y sin marketing) por parte del partido que indicara que en la próxima legislatura estará amparado por un PP auténtico, que sustituya al acomplejado, progre y desvirtuado PP actual.

Empresa

¿Votar Ciudadanos es arriesgarse a votar PSOE?

Los sofistas de la antigua Grecia eran especialistas en vulgarizar la sabiduría debido a que no poseían un gran nivel intelectual. Aunque de forma engañosa y con el objetivo de lucrarse aparentaban ser sabios, vendiendo para ello sus deficientes conocimientos a jóvenes adinerados de Atenas y otras ciudades griegas.

Tomando como referencia lo anterior, podríamos denominar a gran parte de los dirigentes de Ciudadanos como los nuevos “Sofistas del SXXI”, sobre todo, a aquellos que han logrado un cargo público tras las últimas elecciones municipales y autonómicas.

Porque estos aspirantes a profesionales de la política han intentado construir una marca corporativa (y personal) asociada a la renovación democrática, comunicando a la sociedad un mensaje institucional basado en la lucha contra la corrupción del bipartidismo.

No obstante, esta imagen democráticamente regeneradora que han intentando transmitir a la opinión pública se está difuminando progresivamente, tanto en cuanto multitud de representantes de este partido se han vendido al mejor postor en determinadas autonomías, ayuntamientos y diputaciones, replicando de esta manera las malas artes de la corrupta y vieja política española.

Y si bien es cierto que votar a Ciudadanos en las elecciones autonómicas catalanas del 27-S podría constituir un “mal menor”, puesto que esta formación intentará frenar en la medida de lo posible al movimiento secesionista.

No es menos cierto que otorgar el voto al partido de Albert Rivera en las próximas elecciones nacionales significa arriesgarse a votar al PSOE (en el supuesto caso que el partido socialista se aleje de Podemos y se acerque, vía alianza política, a Ciudadanos). O, peor aún, apoyar a Ciudadanos en las nacionales también podría equivaler, si pactaran Ciudadanos y PSOE, a votar al Frente Popular (integrado por el PSOE, Podemos y determinados partidos minoritarios de ultraizquierda).

Máxime, conociendo el escaso sentido estratégico y la ambigüedad de Ciudadanos en relación a su política de pactos. En este sentido, hemos podido comprobar como este partido no ha tenido reparos en pactar con el PSOE de Andalucía al objeto de prolongar el régimen más corrupto de Europa otra legislatura más. O con el PSOE e IU-Podemos en la Diputación de Toledo para expulsar al PP del poder, siendo esta la candidatura más votada.

Por tanto y teniendo en consideración los antecedentes, una no tan improbable alianza postelectoral de Ciudadanos con el PSOE, en clave de binómio político, o de Ciudadanos con el PSOE, a modo de Frente Popular (a la que podrían unirse posteriormente los partidos independentistas), arrastraría a España hacia un precipicio económico, político, moral y territorial.

Tanto es así, que no es seguro que Ciudadanos pacte con el PP después de las elecciones nacionales. Al respecto y continuando su contradictoria política de pactos, esta oportunista formación se aliará con el partido o la coalición política que más le interese.

No olvidemos que si el Gobierno del PP se decidiera por fin a aplicar la ley, incluso aunque en las autonómicas catalanas del 27-S la coalición Juntos por el Sí y sus socios de CUP lograsen una hipotética mayoría absoluta, Arturo Más solo se atrevería a declarar la independencia (tal como hizo Ezquerra en 1934) pero nunca lograría romper España. Todo ello, si finalmente Mas consiguiera ser investido como presidente de la Generalitat catalana.

Por el contrario, si el Frente Popular se alza con el poder en las elecciones nacionales, la independencia de Cataluña podría convertirse en una fatal realidad.

En definitiva y ante la encrucijada a todos los niveles en la que se encuentra España, el objetivo primordial de los votantes de centro derecha y la derecha española y, en general, de todos los españoles de bien debe consistir en impedir que el radicalizado, liberticida y antiespañol Frente Popular gane las elecciones nacionales.

Y votar a Ciudadanos es abrir la puerta a la incertidumbre…

Empresa

¿Cuánto cuestan los “cementerios laborales” de los políticos?

“Lean manufacturing” (sistema de producción sin desperdicio) es un modelo de gestión enfocado paralelamente tanto en la maximización del valor aportado al cliente como en la rentabilidad respecto al aprovechamiento de los recursos disponibles. Este optimizador sistema suele diseñarse e implementarse de forma específica en empresas de perfil industrial.

A grosso modo, se trata de una fórmula de gestión cuyo objetivo principal es ajustar al máximo los recursos para evitar cualquier tipo de despilfarro productivo. Para ello, este arquetipo gerencial elimina los distintos tipos de desperdicios en los productos manufacturados, logrando de esta manera una mejora continua en la calidad de los mismos y una reducción tanto de los costes como del tiempo de producción.

Evidentemente, España no es una empresa en la que podamos implantar el modelo de gestión citado anteriormente, no obstante, nuestro país necesita imperiosamente adoptar un eficiente sistema gerencial político-económico que no provoque déficits continuados ni tenga que recurrir a un endeudamiento público insostenible e impagable.

Pero proyectar y adaptar en España un modelo de gestión de estas características solo sería posible si reducimos radicalmente el volumen de nuestra economía subvencionada y, además, eliminamos el despilfarro (y la corrupción) que desprende el incontrolado gasto público-político.

Máxime, tanto en cuanto el caso del default griego debería ser una referencia y, sobre todo, un aviso para España, puesto que tanto Grecia como nuestro país tienen el mismo handicap económico, derivado también en ambos casos de un problema de índole político. Y este no es otro que la carga que soportan estos dos países al tener que sostener, vía deuda pública e impuestos confiscatorios, un macro Estado inviable política y económicamente.

Por tanto y antes de definir el modelo productivo que precisa España (basado hasta la fecha en el sol & playa, y anteriormente también en la construcción), es vital clarificar las claves de la gestión político-económica que deben aplicarse.

Porque ningún modelo productivo será eficiente si se sigue despilfarrando el dinero público a través de una gestión política basada en la corrupción, el mantenimiento de los privilegios de la casta, el gasto clientelar autonómico y local, etc.

Costosísimos “cementerios laborales” para la casta, financiados con los confiscatorios impuestos de los españoles y la deuda pública.

En este sentido, Cristina Cifuentes tiene intención de suprimir el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, un organismo que, a modo de cementerio político y como tantas otras entidades autonómicas subvencionadas, únicamente sirve para “colocar laboralmente” (y regalar un sueldo a cargo de los impuestos de los ciudadanos) a determinados ex-cargos públicos de la partitocracia.

Aunque la ETT, especializada en perfiles políticos, más deficitaria e inútil de España se encuentra en la Calle Bailén de Madrid. Tanto es así, que el Senado es la meta en la que termina el subvencionado circuito laboral de los políticos perdedores, incómodos, amortizados…

Y no se trata de un asunto baladí, al contrario, porque la economía productiva española se encuentra atorada en virtud de la existencia de un entramado político-administrativo, sobre todo, de ámbito autonómico y local, que ha convertido a las familias, las pymes y los autónomos en esclavos fiscales, y a España en un país sobre endeudado y deficitario.

Consecuentemente, si las comunidades autónomas españolas no quieren convertirse, en un futuro no tan lejano, en “17 Grecias” deberían seguir cuanto antes el camino emprendido por Cifuentes en Madrid.

Empresa

La gran decepción de Ciudadanos a nivel nacional

¿A qué partido deberían votar los españoles liberales e ideológicamente próximos al centro derecha y la derecha en las próximas elecciones?

¿Ponerse una pinza en la nariz, traicionarse a sí mismos y votar al inmovilismo y a la corrupción institucionalizada del PP?
¿Apostar por aquellos que han permitido que el régimen más corrupto de Europa (Andalucía) pueda seguir instaurado una legislatura más, es decir, Ciudadanos y su equipo de socialistas disfrazados de centristas?
¿Votar a VOX, que probablemente no logre posicionarse ante el electorado como una alternativa de gobierno?

Otra opción consiste en abstenerse y permitir, de esta manera, que el nuevo Frente Popular del SXXI (integrado posiblemente por el PSOE, Podemos y determinadas formaciones separatistas) “asalte el poder”. En este caso, en España gobernaría Podemos, tanto si el Presidente del Gobierno fuera Sánchez como si este cargo lo ocupara Iglesias. Y nuestro país correría el riesgo de sufrir un “griegicidio” o podría convertirse en la Venezuela europea.

Indudablemente, los españoles de bien se encuentran ante un auténtico dilema político, “democrático” y, sobre todo, moral. Al respecto, los sabios griegos (evidentemente, no me refiero a los populistas de Syriza sino a los clásicos) decían que la auténtica sabiduría consiste en analizar la naturaleza de un problema y elegir la opción menos nociva…

Si bien es cierto, y en relación a lo anterior, que muchos españoles que apoyaron a Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, creyendo que esta marca política se identificaba con la regeneración y al objeto de posicionar a la misma como una alternativa al bipartidismo corrupto del PP-PSOE, se sienten actualmente decepcionados.

Ciudadanos y su decepcionante proyecto nacional.

Tanto es así, que el proyecto nacional de Ciudadanos está fracasando y, por tanto, este partido únicamente sigue teniendo credibilidad en Cataluña.

Y una de las principales causas de ello radica en el erróneo diseño de la estructura político-organizacional de esta formación y, por ende, en su defectuosa estrategia de detección, captación y selección del talento, puesto que si exceptuamos al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y a otros destacados miembros (entre los que se encuentran, por ejemplo, Inés Arrimadas), el perfil de la mayoría de los nuevos cargos públicos del partido se corresponde con oportunistas y aspirantes a políticos profesionales.

Porque una organización que aspire al liderazgo en su sector debe seleccionar a los mejores, pero por el contrario, Ciudadanos ha hecho caso omiso a esta regla empresarial aplicable igualmente al ámbito de la política. No obstante, es justo resaltar que, al menos, este partido emergente atesora un capital humano dotado de mejor calidad que la mostrada por el equipo de Podemos, cuyos dirigentes se fotografían orinando en la calle, asaltan capillas, ejercen el antisemitismo vía Twitter, cobran suculentas minutas por asesorar al narco-Estado asesino de Maduro, etc.

Además, otro fallo estratégico de Ciudadanos está relacionado con su incoherente política de pactos postelectorales, tanto en cuanto esta formación ha exigido a Cifuentes en Madrid cumplir un código ético mientras que, paralelamente, concedía un cheque en blanco a Susana Díaz en Andalucía. Del mismo modo, la formación de Albert Rivera en Castilla La Mancha no ha tenido reparos en pactar con Podemos-IU (y el PSOE) para echar al PP del poder en la Diputación de Toledo, siendo esta lista la más votada.

Los nuevos cargos públicos de Ciudadanos no han interpretado correctamente el mensaje regenerador de los españoles.

Aunque la prueba que certifica el fracaso (hasta la fecha) del proyecto nacional de Ciudadanos está basada en el escasamente ejemplar comportamiento, a nivel municipal y autonómico, de los nuevos cargos públicos de Ciudadanos, aceptando íntegramente cada uno de los privilegios de la casta e, incluso, permitiéndose la licencia de exigir (concretamente, en el caso del grupo municipal de este partido en el Ayuntamiento de Madrid) la contratación de más asesores. ¿Esta es la regeneración de la vida pública que nos vendió Ciudadanos?

En definitiva, la conclusión que extraen muchos españoles es que Ciudadanos, de momento, no ha interpretado realmente el mensaje regenerador que los ciudadanos están tratando de comunicar a los partidos políticos.

Tanto en cuanto, el gran problema económico de España es de origen político (el mismo que ha conducido a Grecia al default), y este no es otro que el parasitismo de una casta político-sindical extractiva, que expolia fiscalmente a los ciudadanos al objeto de mantener un macro Estado políticamente inviable y económicamente insostenible.

Puesto que la dictadura público-política autonómica y administrativa implementada en nuestro país por la partitocracia, y con el objetivo de mantener los inmorales e inmerecidos privilegios de la casta, ha convertido a los españoles en esclavos fiscales y laborales.

Y si los nuevos cargos públicos de Ciudadanos no son capaces de predicar con el ejemplo, renunciando a determinados privilegios y haciendo de este modo un guiño a los españoles, este hecho significa que no tienen ninguna intención de abanderar la regeneración democrática en España.

Ciudadanos ha desarrollado una grandísima labor en Cataluña, pero el proyecto de este partido en clave nacional está mal planificado desde el inicio.

Empresa

El vergonzoso pacto entre Ciudadanos, PSOE y Podemos para desalojar al PP de la Diputación de Toledo.

La Diputación de Toledo será gobernada por el PSOE en virtud de un pacto postelectoral entre partidos, cuyos protagonistas han sido el propio partido socialista, Ganemos (una de las filiales de Podemos) y Ciudadanos.

Y la concurrencia de Ciudadanos al objeto de alcanzar el citado acuerdo a tres bandas ha sido vital, puesto que sin la participación en el mismo de la formación presidida por Albert Rivera no hubiera sido posible desalojar al PP del gobierno de la Diputación de Toledo.

Tanto es así, que en esta Diputación el PP fue la lista más votada, obteniendo en las pasadas elecciones del 24 de mayo 12 diputados provinciales. Por su parte, el PSOE consiguió 11 diputados. Ganemos-IU obtuvo 1. Y Ciudadanos también logró 1. Recordemos a tal efecto que la mayoría absoluta la conforman 13 diputados.

Igualmente, no olvidemos tampoco que el Partido Popular ha gobernando la mencionada institución toledana durante la última legislatura.

En base a lo anterior, el decisivo diputado de Ciudadanos romperá el empate entre los 12 diputados del PP y los 12 diputados de la coalición PSOE-Ganemos-IU a favor de esta última opción.

Consiguientemente, Ciudadanos decidirá el gobierno en la Diputación de Toledo, otorgando su apoyo al PSOE (junto a Ganemos-IU) en la correspondiente sesión constitutiva que se celebrará el 25 de junio.

¿ Por qué Ciudadanos se ha alíado con el Frente Popular (PSOE y Podemos) para desalojar de la Diputación de Toledo al PP, siendo esta la lista más votada?

En este sentido, las incoherentes y, por tanto, escasamente convincentes explicaciones que al respecto han esgrimido los dirigentes de Ciudadanos en Castilla La Mancha se han basado fundamentalmente en la supuesta confianza a nivel personal que tienen los mismos en el futuro Presidente de la Diputación de Toledo, es decir, en el candidato propuesto por el PSOE.

Pero la decisión de apoyar al PSOE, con la inestimable ayuda de Ganemos-IU, responde a los intereses sectarios y espurios que, de modo conjunto, tienen tanto Ciudadanos como el PSOE y Ganemos-IU para echar del gobierno de la Diputación de Toledo al PP.

¿Algún español conoce verdaderamente la estrategia que está siguiendo Ciudadanos en su política de pactos postelectorales?

Indudablemente, la decisión de Ciudadanos C-LM, refrendada institucionalmente por Ciudadanos a nivel nacional, de no apoyar la lista más votada en la Diputación de Toledo es contradictoria, tanto en cuanto la política de pactos que esta formación ha desarrollado en otras diputaciones, ayuntamientos e, incluso, comunidades autónomas es completamente opuesta.

Aunque, independientemente del acuerdo relativo a la Diputación de Toledo, la política de pactos que Ciudadanos ha puesto en marcha no es, de ningún modo, estratégica puesto que las pautas y directrices no son siempre las mismas y, por tanto, varían en función del partido con el que pacte.

Porque para llegar a esta conclusión, únicamente es necesario analizar las numerosísimas condiciones que Ciudadanos ha exigido al PP en la Comunidad de Madrid para que pueda gobernar Cristina Cifuentes.

Y, por el contrario, Ciudadanos ha actuado de manera diferente en Andalucía, de hecho, en lugar de intentar regenerar la comunidad andaluza, este partido ha permitido mediante un pacto con el PSOE andaluz, sin ninguna concreción en materia de anticorrupción, que el partido socialista pueda mantener un sistema caciquil, parasitario, clientelar, subvencionado, comisionista y, por ende, absolutamente corrupto durante una legislatura más.

Muchos españoles hemos intentado ayudar a Ciudadanos a posicionarse en materia de regeneración democrática, puesto que confiábamos tanto en los principios democráticos como en el código ético que la formación proyectaba institucionalmente.

No obstante, algunos de los pactos postelectorales que este partido ha refrendado van en dirección contraria a los postulados regeneracionistas que propone a nivel corporativo.

Empresa