¿A cuántos empleados públicos enchufados acoge la Junta de Andalucía?

Tanto la casta política como la sindical, al objeto de no ser identificados como los principales culpables de la institucionalización de la corrupción en nuestra Administración, han intentado confundir de forma técnico lingüística, mediática y marketiniana a la sociedad española.

A tal efecto, una de las estrategias que han utilizado los partidos y los sindicatos ha consistido en difuminar las características propias e identificativas de cada uno de los diferentes colectivos laborales que componen la estructura organizativa de la Administración.

Debido a ello, los funcionarios de carrera han sido progresiva e injustamente desprestigiados. Tanto en cuanto, los funcionarios, que en virtud de una oposición legalmente ganada, en muchos casos a través de intensísimos años de estudio, desarrollan una imprescindible labor de asesoramiento procedimental, control, etc., en nuestra Administración.

Paralelamente y perjudicando a todos los niveles a los funcionarios, cientos de miles de empleados públicos han sido irregularmente contratados al amparo de un modelo político clientelar, que los ha ocultado tras unos camaleónicos perfiles laborales y entremezclado ambiguamente entre los verdaderos funcionarios.

Máxime, considerando que la mayoría de estos empleados públicos son prescindibles. De hecho, las carreras profesionales de los mismos están asociadas a la denominada “Administración paralela”, lo que significa que han sido enchufados por los partidos políticos y los sindicatos. Aunque muchos de ellos hayan sido “funcionarizados” mediante convocatorias de “oposiciones a medida” y, por tanto, ilegales.

Corrupción con efectos a largo plazo en forma de deuda y déficit.

Tanto es así, que nuestra Administración funcionaría de modo más eficiente si su plantilla contara aproximadamente con un millón de funcionarios, tal como sucedía hace varias décadas.

Recordemos que actualmente las administraciones públicas españolas pagan mensualmente alrededor de tres millones de nóminas, correspondientes tanto a los funcionarios como a los empleados públicos enchufados.

En base a lo anterior, podríamos calificar al “enchufismo en la Administración” como la “madre de todas las corrupciones” en España, porque se trata de un tipo de corrupción con efectos a largo plazo, ya que el gasto de la Administración destinado al pago de los sueldos de estos enchufados representa un permanente hándicap económico en forma de déficit y deuda.

La Junta de Andalucía paga a empleados que no trabajan.

En este sentido, el portavoz de la Junta de Andalucía, Administración líder en España en “colocaciones a dedo” y desgobernada por el PSOE con el apoyo cómplice de Ciudadanos, ha reconocido que actualmente dicha institución mantiene a 1.800 empleados en nómina pero sin asignación laboral, es decir, que no tienen trabajo que desarrollar, puesto que provienen del entramado empresarial público andaluz.

No olvidemos al respecto que en 2011, la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, conocida popularmente como la “Ley del Enchufismo”, permitió la incorporación a la Junta de Andalucía de más de 20.000 empleados (entre los que se encontraban multitud de familiares y allegados a altos cargos de la Junta) provenientes de empresas públicas y fundaciones andaluzas.

Pero no existe ninguna intención de corregir este corrupto desfase laboral, porque la Junta ha desoído el fallo que en 2015 emitió el TC declarando inconstitucionales varios preceptos incluidos en el decreto ley en el que se basó la redacción de la Ley del Enchufismo, teniendo en cuenta que el contenido de los mismos sigue vigente a través de la citada ley.

El enchufismo masivo en la Administración comenzó con las CC.AA.

Desgraciadamente, el caso de la Junta de Andalucía es extrapolable, en mayor o menor medida, a casi todas las Comunidades Autónomas españolas.

En consecuencia, si tenemos en cuenta que este despilfarro improductivo, deficitario y potenciador de la deuda se mantiene (descontando la ayuda del BCE) a través de los impuestos de los españoles que no están enchufados en la Administración, es ético que muchos ciudadanos productivos se lleven su dinero a paraísos fiscales huyendo de las garras impositivas de un Estado partitocrático, corrupto y dilapidador.

Empresa

6 comentarios


  1. María del Carmen

    Este es el primer y más grave problema de España. Cualquier análisis económico lleva siempre al mismo final, la descomunal nómina de empleados públicos llevará sin remisión al país a la ruina definitiva.

    [Por cierto, Don Lucio, no son 3 sino 4 millones si computamos todos los organismos, patronatos y entes diversos donde las administraciones esconden más enganchados a los presupuestos públicos].

    En 1978, con 39 millones de habitantes, había en España 750.000 empleados públicos. En 2016, con 46 millones de habitantes, hay 4 millones de empleados públicos.

    Sólo hay una solución: O acabamos con los empleados públicos o los empleados públicos acabarán con nosotros.

  2. Tomás

    Esto es má s grave d e l o que se piensa, y como será d e grave que lo ha reconocido hasta el portavoz o la portavoz de la junta de andalucía.

  3. ARANTXA M.S.

    LAS AUTONOMÍAS SE NIEGAN A HACER RECORTES Y CUMPLIR CON EL DÉFICIT…

  4. Vania

    Este es el gran problema

  5. ANRO

    EL MUNDO AL REVÉS : EL SECTOR PUBLICO IMPRODUCTIVO AVASALLA Y EXTORSIONA AL SECTOR PRIVADO PRODUCTIVO.

    Sin dudas, los partidos y sindicatos han conseguido difuminar, incluso confundir, engañar y estafar, a todos los ciudadanos, de la realidad existente en cuanto al número de funcionarios con oposición y enchufados en las distintas administraciones públicas, en sus distintas variantes y características, para dilucidar e identificar los diferentes grupos y colectivos que trabajan en las administraciones públicas del Estado en toda su dimensión. Según los últimos datos que se dispone, en España, existen más de 1.725,000 millones de funcionarios aproximadamente con oposición “legalmente ganada” en las distintas administraciones. Sin embargo no se tienen datos, fidedignos, ciertos y veraces en materias de profesionalización, cualificación, clasificación, y especialización de los cerca de 2.000.000 millones de empleados contratados, fijos, discontinuos, eventuales, enchufados, etc. etc, por los políticos que a la postre vienen generando, deudas, déficit público y lo que es más grave, falsificación para realizar labores y actividades que no se corresponden con ninguna cualificación profesional, más que las simpatías, adhesiones y sumisiones al partido gobernante de turno.

    Todo un atentado a los valores de sacrificios y esfuerzos, méritos, e igualdad de oportunidades y con ellos, despilfarros en los gastos públicos superfluos, desidias, nula conciencia del dinero de todos los contribuyentes y ciudadanos y lo que es más deleznable, las vergonzosas actitudes individuales y colectivas de un sector de la administración, que se recochinea, del sector privado productivo sustentador y mantenedor del sector público, con graves carencias del sentido ético educacional y profesional para ser servidores públicos, demostrando comportamientos ufanos, mastuerzos, leguleyos y chulerías propias de individuos y energúmenos, sin sentido de la eficacia, el buen hacer, y la mejor predisposición de servicio, con nobles y voluntariosas actitudes /aptitudes para su desempeño, emponzoñando lo que debe ser un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.

    La Junta de Andalucía, del corrupto y perverso Psoe, es uno de los gobiernos Autonómicos, donde más, ha venido proliferando, y promoviendo el denominado : “modelo político clientelar”, extensibles igualmente a los Ayuntamientos, Diputaciones y otros organismos del Estado y empresas publicas colaterales. Sin olvidar las maquiavélicas corrupciones que durante décadas han venido sucediendo, desde que el Psoe se hizo con el poder del gobierno central y la Junta de Andalucía durante los últimos 37 años.

    El sector privado productivo, no está en contra de los derechos conseguidos y conquistados, ni contra el Estado de bienestar y social. De lo que verdaderamente está en contra, es de la infame y canallesca desigualdad que mantienen ambos sectores, en cuanto a obligaciones, derechos y deberes, competitividad leal o deslealtad, afán de superación, contribución por igual al Estado de bienestar, reparto equitativo a las cargas del Estado, responsabilidad para asumirlo, proporcionalidad en materia de remuneraciones, salarios, pensiones y fiscalidades y lo que debe ser más importante, las voluntades y espíritus por igual para seguir avanzando, conformando y constituyendo el auténtico Estado de Derecho de todos, que No para un solo sector.

    Desde el análisis crítico objetivo al mismo tiempo que desde el análisis holístico, de ninguna manera ni en el modo alguno, se puede seguir consintiendo ni permitiendo, los abismales desfases desajustes y desniveles que vienen separando al sector privado del sector público, lo cual pone de manifiesto, no solo las grietas profundas de las desigualdades, sino los gravísimos problemas subyacente para el emprendimiento, la creación de riquezas y la fuerza motivadora, en pos por conseguir más igualdad, mejor justicia social redistributiva, mayores cotas de democracia y libertad y en definitiva la cimentación de un futuro más realistas para nuestro país y las generaciones que nos preceden.

    Un saludo cordial a todos.

  6. ANRO

    Lo terrible no es que cada día nos levantemos con una nueva noticia sobre corrupción, lo verdaderamente terrible es que los ciudadanos sigan votando a los mismos políticos o siglas donde anidan tantos perversos.

    Vivimos tiempos nubosos, de carencias y ausencias de líderes capaces de entusiasmar a las masas, de transmitir y conculcar ilusión y esperanza. Hay un refrán que dice, “robar no es malo, lo malo es que te pillen”. Pareciera que nuestros dirigentes de todo tipo incluida la casta política, se hubieran aplicado el mismo refranero. Mientras millones de familia no llegan ni siquiera a la subsistencia…. Pero, eso si… nuestros dirigentes se les llenan la boca cuando pronuncian que vivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho.

    ¿ Cual …? ¿ el de ellos …? .

    ¿ Los que viven del erario publico, los que tienen todos los derechos laborales, sociales, sindicales y otros privilegios, habidos y por haber ?

    ¿Esta es la democracia…esto es libertad, igualdad, solidaridad, fraternidad ?

    ¿ Que puede importar si la Junta de Andalucía, pueda tener o acoger a mas empleados públicos enchufados del que pueda pagar con nuestros impuestos ?

    ¿ Acaso existen politicos, sean andaluces o de otras autonomías que puedan emitir certificados de honestidad y ecuanimidad con su ejemplo personal ?.

    No… no existen, lo que existe, estimado bloger y estimados tertulianos, son ciudadanos sin criterios, borregos de siglas, y esclavos de sus propias debilidades, materialistas y otras frivolidades.

    Un saludo