¿Los nuevos emigrantes del SXXI serán catalanes?

En la década de los 60 y 70 del Siglo XX, cerca de un millón de andaluces emigraron a Cataluña al objeto de encontrar un empleo.

Tan relevante fue este movimiento migratorio interno en España, que a Cataluña se le llegó a denominar “la novena provincia de Andalucía”.

De hecho, aproximadamente el 60% de la población de Cataluña es fruto de los flujos migratorios que se produjeron en el siglo pasado.

A pesar de ello, y al no formar parte de nuestra cultura laboral, la movilidad geográfica no es un fenómeno tan arraigado en España como en otros países. Tales como, Estados Unidos.

Puesto que, en España la movilidad geográfica se origina en la mayor parte de los casos por obligación, más que en clave de oportunidad o de perspectivas de mejora laboral.

Sin embargo, gracias al independentismo catalán, los movimientos migratorios de carácter interregional podrían alcanzar en España un protagonismo creciente.

Perfil del nuevo emigrante interregional español

En tal caso, el perfil del nuevo emigrante español respondería al de un ciudadano catalán que se ha quedado en situación de desempleo.

Debido a la inseguridad jurídica, la falta de libertad económica, la inestabilidad política, etc., que ha provocado el separatismo catalán en esta autonomía.

Así, Cataluña cambiaría su rol tradicional, convirtiéndose de esta manera en la región desde la que partirían los nuevos emigrantes interregionales españoles del SXXI.

El destino de estos desempleados catalanes podría ser, por ejemplo, Alcobendas. Tanto es así, que la citada localidad, junto a otros empresarialmente pujantes municipios de Madrid, se está configurando como uno de los destinos preferidos de las empresas catalanas que han decidido establecerse fuera de Cataluña.

¿Deslocalización de fábricas y centros laborales?

Muchas de estas empresas catalanas están valorando trasladar sus principales centros de actividad laboral, fábricas, etc., a determinados municipios madrileños, dotados de una fiscalidad menos asfixiante, mayor seguridad jurídica, menor presión política, etc.

Y determinadas multinacionales están diseñando planes estratégicos que contemplan tales traslados en el medio plazo.

Pero no solo los trabajadores catalanes pertenecientes al sector privado podrían estar obligados en un futuro muy cercano a emigrar de Cataluña a otras regiones españolas. Todo ello, si las empresas catalanas huidas de esta autonomía decidieran finalmente trasladar sus centros operativos.

Jueces, médicos y profesores quieren marcharse

Sino que, del mismo modo, multitud de funcionarios, sobre todo, jueces, médicos y profesores, que desarrollan su trabajo en las distintas administraciones catalanas, podrían solicitar el traslado laboral a otras comunidades autónomas más libres.

Las razones por las cuales los funcionarios catalanes constitucionalistas, y por tanto, contrarios a la independencia, desean trabajar fuera de Cataluña están relacionadas con la conservación de la integridad física, psíquica y patrimonial tanto de ellos como de sus familias.

Del resultado de las elecciones autonómicas catalanas del 21-D, dependerá en gran medida que el fenómeno de la emigración interregional se reavive en España.

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¿Se podría convertir Cataluña en una de las regiones más pobres de España?

El secretario general del PSC, Miguel Iceta, ha solicitado al Gobierno la condonación de la deuda que Cataluña debe al Estado español. Fundamentando tal solicitud en que Cataluña ha realizado un gran esfuerzo para intentar cumplir su objetivo de déficit público.

El Consejo Regulador del Cava, gestionado por las bodegas catalanas del sector, ha propuesto al Ministerio de Agricultura restringir las nuevas plantaciones de cava en todas las regiones españolas, excepto en Cataluña. Es decir, vetar el cava no catalán en España.

El objetivo que persigue dicho consejo regulador es que las nuevas empresas pujantes del sector del cava, sobre todo las extremeñas, valencianas, castellano manchegas, etc., no puedan ganar más cuota de mercado.

La patronal catalana, Fomento del Trabajo, ha pedido al Gobierno incentivos económicos para Cataluña, al objeto que las empresas huidas puedan volver a esta región con plenas garantías de éxito.

El establishment se aferra a los privilegios

Estas tres propuestas, ideadas por un partido político que es independentista si conviene serlo y no lo es cuando no conviene, y de dos organizaciones de perfil pseudoempresarial, retratan fielmente al establishment de Cataluña.

En virtud de lo anterior, podemos deducir que la mayor parte de los anti líderes políticos y empresariales (y del mundo de los medios de comunicación) de Cataluña no están dispuestos a cambiar el modelo de gestión tradicional, basado en las subvenciones, los aranceles, etc.

Tanto en cuanto, sigue vigente la estrategia consistente en exigir dinero público o medidas empresarialmente anticompetitivas para beneficio exclusivo de Cataluña. Una estrategia, que mientras beneficia a esta comunidad autónoma, perjudica al resto de autonomías españolas.

Todo ello, a pesar de lo ocurrido durante el proceso separatista, culminado con la declaración de independencia y la aplicación del Art. 155 CE (si bien es cierto que la activación del mismo haya sido en versión extra light).

Un sistema medieval

Cuando un sistema se desmorona, salen a la luz las carencias de las que adolecía. Así, los injustos y antidemocráticos privilegios de los que ha disfrutado históricamente Cataluña (al igual que el País Vasco y Navarra) son los que han hecho grande a esta región.

Si no fuera por las concesiones políticas y económicas, producto del eterno chantaje al Estado por parte de los diferentes gobiernos independentistas, Cataluña nunca se hubiera posicionado como una de las regiones más ricas de España.

Sin embargo, es posible que a partir del 21-D, la concesión de más privilegios a Cataluña conlleve un coste electoral, que sufrirá el partido que ostente el gobierno de España.

Puesto que, el proceso separatista catalán ha provocado que muchos españoles se hayan percatado de que el Estado de las autonomías es, además de autodestructivo, un modelo territorial que potencia las desigualdades entre regiones.

En base a ello, la intención de voto, en clave nacional, podría decantarse a partir de ahora por aquellas formaciones que defiendan la igualdad entre todas las autonomías. Y, por ende, la igualdad entre todos los españoles.

El nuevo escenario político económico

Este novedoso escenario político, en el que se penalizaría electoralmente al partido del Gobierno que concediera privilegios a Cataluña, unido al deterioro económico que está causando el proceso independentista, cuyas consecuencias serán más evidentes a medida que pasen los meses e, incluso, los años, podría convertir a esta región en una de las más pobres de España.

Unas consecuencias económicas que ya se están dejando notar. De hecho, el Gobierno ha rebajado en tres décimas la estimación de crecimiento del PIB de Cataluña en relación al ejercicio 2018 (del 2,6% al 2,3%).

Del mismo modo, el ejecutivo ha incrementado en una décima su estimación para el próximo año respecto al déficit de Cataluña (del 2,2% al 2,3%).

La marca región

Al margen de la fiabilidad de estas estimaciones macroeconómicas del Gobierno, es indudable que las regiones, en este caso Cataluña, al igual que los países y las empresas, poseen activos intangibles difíciles de cuantificar, tanto si incrementan su valor como si los mismos se devalúan.

Debido al proceso independentista y sus derivados en forma de inseguridad jurídica, inexistente libertad económica, incertidumbre política, etc., Cataluña es una marca súper devaluada internacionalmente y a todos los niveles.

En este sentido, es complicado calcular los efectos que en el próximo lustro o década tendrá tal devaluación respecto al sector turístico, las inversiones extranjeras, la creación de nuevas empresas, el establecimiento de multinacionales, etc.

Empresa

Si regresan las empresas a Cataluña (vía incentivos económicos), el boicot se intensificará.

El negocio principal de muchas empresas catalanas ha consistido tradicionalmente en apoyar el movimiento independentista. Y, por ende, las exigencias soberanistas del gobierno autonómico de turno.

Este antiespañol posicionamiento político, adoptado por una gran parte del empresariado catalán, siempre ha estado ligado a un ulterior objetivo económico.

Este objetivo no es otro que lograr, a través del separatismo, que el Gobierno central conceda privilegios a Cataluña.

La tradicional estrategia de la burguesía catalana

No obstante, el proceso independentista ha puesto en jaque la histórica estrategia empleada por la burguesía catalana, que se ha basado en conseguir concesiones político económicas de Madrid a cambio de no separarse de España. Y mediante la cual se han enriquecido ilimitadamente tanto empresarios como políticos de Cataluña (y de Madrid).

Puesto que, debido al radicalismo de Puigdemont y sus socios separatistas, que proclamaron la independencia de Cataluña antes de la “pseudo aplicación” del Artículo 155 por parte de Gobierno, multitud de empresas y autónomos catalanes se han tenido que marchar de esta autonomía.

La patronal catalana exige incentivos económicos

Ante esta debacle empresarial, Fomento del Trabajo ha solicitado al presidente Rajoy la concesión de incentivos económicos para Cataluña.

Todo ello, al objeto que las empresas huidas de Cataluña retornen, estableciendo de nuevo sus sedes sociales en la comunidad autónoma catalana.

En virtud de lo anterior, es factible deducir que la subvencionada patronal catalana es una confederación empresarial visionaria.

Tanto, que esta organización es capaz de prever que tanto el Gobierno del PP como el PSOE podrían estar dispuestos a conceder una mejor financiación a Cataluña.

Sobre todo, si después del 21-D, el nuevo Govern lo conforman partidos de perfil independentista. O un tripartito de izquierdas protagonizado por el PSC e, igualmente, de corte proindependentista.

Incluso, la partidocracia también podría mostrarse partidaria a reformar la Constitución para contentar a los independentistas catalanes, concediéndoles de este modo más prebendas de tipo económico, fiscal, político, etc.

De llevarse a efecto tal reforma, solo se conseguiría aplazar la independencia real de Cataluña unos cuantos años más. Pero mientras tanto, se incrementaría más aún la actual desigualdad existente entre las diferentes CC.AA.

Los españoles reclaman igualdad entre las regiones

Los partidos políticos tradicionales no han descifrado todavía el mensaje que en la actualidad están transmitiendo la mayoría de los españoles, que no están dispuestos a seguir aceptando las desigualdades propias del Estado de las autonomías. Y mucho menos aún a tolerar un incremento de las mismas.

Al respecto, Ciudadanos se ha mostrado en contra del cupo vasco, un posicionamiento político que seguramente rentabilizará en clave electoral.

Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, y los españoles de bien, que son casi todos, independientemente de su ideología política, están a favor de la defensa de España y de la Constitución. En consecuencia, también defienden la igualdad de los españoles a todos los niveles, sin importar en la autonomía que residan.

Las empresas catalanas no deben equivocarse

Del mismo modo, las empresas, que caminan siempre varios pasos por delante en relación a todos los grupos de interés que conforman una sociedad, también han captado las demandas de los ciudadanos de todas las regiones de España.

De hecho, los directivos, empresarios, gerentes, etc., de las empresas catalanas saben que si las mismas vuelven a cambiar su domicilio social a Cataluña, debido a la concesión de incentivos económicos a Cataluña, el boicot contra sus productos en España se incrementará considerablemente.

Empresa

¿Quién se atreve a emprender en Cataluña? La región española menos recomendable para crear un negocio.

Cuantas más carencias tiene la democracia de un país, mayor y más peligrosa es la influencia que ejerce la política en la economía. Y menores, por tanto, son las posibilidades tanto de desarrollo empresarial como de crecimiento económico del mismo.

En España, la economía se encuentra totalmente intervenida por los intereses políticos del gobierno de turno.
La subvencionada partidocracia tiene al sector privado fiscalmente asfixiado. Todo ello, al objeto de sostener al económicamente inviable Estado de las Autonomías.

En este sentido, las pymes, los autónomos y la clase media, convertidos en auténticos esclavos fiscales y laborales, son los colectivos seleccionados por la partidocracia para que este parasitario sistema siga con vida.

El resultado de todo ello no es otro que el actual sobreendeudamiento y el insostenible déficit público que soporta España. De hecho, nuestro país estaría quebrado, sino fuera por la balsámica política expansiva ejecutada por el BCE.

Eterna crisis política en España

La crisis económica que ha asolado España, y de la que solo hemos salido en términos macroeconómicos, es una consecuencia directa de las deficiencias democráticas de nuestro sistema. Sobre todo, en forma de corrupción política y politización de los altos tribunales de justicia.

Porque si España dispusiera de un verdadero Estado de Derecho, dotado de una separación de poderes real, la crisis económica hace varios años que se hubiera superado.

La íntima relación entre la política y la economía, potenciada enormemente tras la implantación del Estado autonómico, ha conformado en España un círculo vicioso en el que nuestro país lleva dando vueltas sin parar durante casi cuatro décadas.

Un sistema “mata emprendedores”

En función de lo anterior, es factible afirmar que España no es un país idóneo para emprender. Tanto en cuanto, existen demasiados factores políticos que distorsionan la economía.

Inseguridad jurídica, escasa libertad económica, presión fiscal confiscatoria, falta de unidad de mercado, Administración politizada, etc., son términos tan característicos de nuestro sistema como incompatibles con el emprendimiento.

La aventura del emprendimiento en nuestro país es muchísimo más arriesgada todavía que en otros países de nuestro entorno, dotados de democracias más consolidadas.

Los emprendedores cambian Cataluña por Madrid

El proceso de independencia de Cataluña es otro hándicap de índole político que, además de haberse convertido en el paradigma del fracaso del Estado autonómico, está deteriorando profundamente la economía catalana. Y, por ende, también la española.

Recordemos que, tradicionalmente, Cataluña ha sido una de las comunidades autónomas dotadas de mayor potencial emprendedor.

Si bien es cierto, que las numerosas concesiones políticas, en clave de privilegios económicos que desde el Gobierno central se le han otorgado a esta región a lo largo de la historia, han influido mucho en la creación de un ecosistema favorable a los negocios.

Este entorno empresarial privilegiado de Cataluña lo ha destruido el independentismo. Tanto es así, que Cataluña es en la actualidad la región española menos recomendable para emprender un negocio.

De hecho, la creación de empresas en Cataluña bajó en octubre un 12%. En otras palabras, en la comunidad catalana se crearon 171 empresas menos que en octubre del año pasado. Se trata de un retroceso del emprendimiento, mucho más relevante que el registrado en cualquier otra autonomía.

Del mismo modo, se está produciendo un éxodo de emprendedores de esta región española. Puesto que, desde junio del presente año, la comunidad autónoma catalana ha perdido más de 4.000 autónomos. Muchos de ellos han decidido instalarse en Madrid.

No olvidemos que casi 2.500 empresas se han fugado de Cataluña desde el 1 de octubre (fecha en la que se celebró el referéndum ilegal), cambiando para ello el domicilio social a otras regiones españolas. Siendo Madrid el principal destino.

Aproximadamente, 1.000 de estas empresas también han cambiado el domicilio fiscal, en virtud de lo cual, las mismas pagarán sus impuestos fuera de Cataluña.

Los hoteles de Barcelona, la principal ciudad turística de Cataluña, facturan un 14% menos desde octubre, al caer la ocupación hotelera en dicha urbe en un 7,5%.

Incluso, la venta de automóviles también ha sufrido un gran frenazo en Cataluña. La matriculación de turismos ha crecido en esta autonomía un 1%, un crecimiento irrisorio si lo comparamos con la media de crecimiento del resto de regiones españolas, posicionada en el 11%.

Multinacionales que proyectan deslocalizaciones

Por si fuera poco, el desempleo podría crecer en Cataluña en el corto plazo. Todo ello, en el supuesto caso que las multinacionales decidieran trasladar sus unidades productivas (fábricas, centros de trabajo, oficinas principales, etc.) a otras regiones de España.

Determinadas multinacionales ya han planificado en sus estrategias empresariales y planes de negocio deslocalizaciones globales, que podrían poner en marcha si el independentismo siguiera adelante, tras las elecciones autonómicas catalanas del 21-D.

P.D. España y el modelo territorial autonómico no son compatibles. El Estado de las Autonomías no solo es el cáncer económico de España, sino que se trata de un modelo que está capacitado para destruir la integridad territorial de España. Cataluña solo es el principio…

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El doble efecto del boicot a los productos catalanes: perjudica a los proveedores españoles, pero beneficia a las empresas del resto de España.

Antes de la celebración del referéndum ilegal del 1-O, Cataluña era una de las regiones que más crecían económicamente de España.

En concreto, entre septiembre de 2016 y el mismo mes de 2017, el PIB catalán creció un 3,6%. Por encima de la media de España, que mantuvo en este periodo de tiempo un crecimiento del 3,1%. Y sólo superado por la Comunidad Valenciana, cuyo crecimiento fue del 3,8%.

El mercado laboral en Cataluña, antes del 1-O, también experimentó un mejor comportamiento que el del resto de regiones españolas.

El desempleo en Cataluña bajó interanualmente, es decir, desde octubre de 2016 a octubre de 2017, un 9,45%. Un descenso que superó a la media nacional, que lo hacía en un 8,34%.

En Cataluña se creaba más empleo que en el resto de España. Durante el mencionado periodo, la afiliación a la Seguridad Social creció un 3,76% en la región catalana. Mientras que en España, este crecimiento fue del 3,46%.

Del mismo modo y tomando como referencia los últimos años, Cataluña ha experimentado un crecimiento económico por encima de la media del resto de autonomías españolas.

De hecho, tras lo peor de la crisis la recuperación económica en la comunidad autónoma catalana se estaba desarrollando de manera más rápida que en otras regiones de España.

La debacle económica tras el órdago independentista

Sin embargo, el órdago independentista ha entorpecido el ritmo de la recuperación en Cataluña, al deteriorar gravemente el entorno económico en esta región (y en España). Porque, el impacto del secesionismo en la economía catalana está siendo terriblemente pernicioso.

Tanto es así, que el Banco de España ha alertado recientemente que el efecto económico del desafío independentista en el largo plazo será más nocivo en Cataluña que en las demás autonomías.

En este sentido, el BdE estima que Cataluña podría entrar en recesión, al menos, durante el próximo año. Y, en el caso que la incertidumbre política continuase, la economía catalana podría correr el riesgo de sufrir un serio estancamiento.

Uno de los datos que confirman que se está conformando un pernicioso escenario económico en Cataluña es el relativo al repunte del desempleo en esta región.

Puesto que, tal como se conoció el viernes pasado, el paro aumentó en 14.698 personas en la autonomía catalana, el mayor incremento en términos absolutos de todas las comunidades autónomas.

El indicador relativo a la confianza del consumidor también cayó en octubre un 3,6%. En función de todo ello, la desaceleración económica en Cataluña, originada por el desafío independentista, se puede considerar un hecho.

Así, las principales organizaciones de perfil económico financiero están modificando a la baja las previsiones de crecimiento para Cataluña.

Los centros laborales siguen en Cataluña

Pero, a pesar de todos estos condicionantes, el PIB catalán también podría tener la posibilidad de recuperarse el año próximo.

Sobre todo, si tras las próximas elecciones autonómicas del 21-D, los partidos constitucionalistas consiguen conformar una mayoría absoluta que consiga aportar seguridad jurídica y atraer inversión externa a Cataluña.

En un supuesto escenario político estable, protagonizado por un gobierno constitucionalista instalado en la Generalitat, un gran número de empresas que se han marchado de Cataluña podrían plantearse su vuelta a esta comunidad autónoma.

Recordemos que aunque muchas empresas hayan cambiado su domicilio social fuera de Cataluña (y algunas de ellas también el fiscal, tanto en cuanto a nivel legal no tienen que coincidir ambos domicilios), los centros de actividad laboral, las fábricas, etc., de las mismas todavía permanecen implantados en esta autonomía.

Por tanto, las empresas fugadas de Cataluña que quisieran volver a su región de origen, únicamente tendrían que cambiar de nuevo el domicilio social. Esta vez, a la inversa.

Daños colaterales del independentismo

No obstante e independientemente de cual sea el resultado de las elecciones autonómicas, el secesionismo ya ha causado graves daños colaterales a las empresas catalanas.

Tanto si las empresas catalanas han cambiado su domicilio social a otras regiones españolas como si no lo han hecho, las mismas están sufriendo, o podrían sufrir en el corto plazo, un boicot comercial en España.

Porque, los consumidores españoles consideran que determinados directivos, máximos accionistas y fundadores de muchas de estas empresas son parte del movimiento independentista catalán. Por acción en determinados casos. Y, en la mayoría de ellos, por omisión.

Proveedores españoles perjudicados

El boicot a los productos catalanes podría desencadenar un efecto dominó, que afectaría negativamente a la economía de otras regiones españolas.

Debido a que un gran porcentaje de las empresas catalanas se sirven de otras empresas y autónomos ubicados en distintas comunidades autónomas, que actúan en calidad de proveedores.

Madrid, Aragón, Andalucía, Valencia y Galicia son las 5 autonomías con mayor número de empresas y autónomos proveedores de las empresas catalanas.

Los sectores productivos más afectados podrían ser el comercio, la industria y la agricultura, al ser los más dependientes de las empresas catalanas.

Empresas del resto de España beneficiadas

Por el contrario, el citado boicot a los productos catalanes también podría incrementar los beneficios de multitud de empresas competidoras, originarias de otras regiones de España.

Tanto en cuanto, estas empresas fabrican productos y diseñan servicios dotados de la misma o mejor calidad que los ofertados por las empresas catalanas.

Se trata de empresas, cuyas marcas no gozan de un potente posicionamiento en el mercado a nivel nacional. Máxime, considerando que en determinados sectores, el liderazgo en el mercado español lo han ostentado de forma tradicional las empresas catalanas.

En consecuencia, la intención de compra de los consumidores españoles no se ha decantado, hasta la fecha, por los productos y servicios ofertados por estas empresas no catalanas.

De cualquier forma, estas empresas no catalanas se encuentran ante su gran oportunidad. Tanto para crear marca y, por ende, posicionarse en el mercado español, como para derribar el falso mito relativo a que Cataluña es la región empresarial por excelencia en España.

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Un 155 de 55 días contra 40 años de adoctrinamiento independentista

Los españoles desconocen realmente si se ha producido un supuesto pacto encubierto entre los separatistas catalanes y el Gobierno legítimo de España.

Un acuerdo que, supuestamente, habría culminado con la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña. E, igualmente, con la aplicación de un Artículo 155 a medida.

En definitiva, un pacto en el que habrían participado, de manera directa o indirecta, tanto los partidos constitucionalistas españoles como los secesionistas catalanes.

¿Un supuesto pacto antidemocrático?

Por tanto, si se ha llevado a efecto tal pacto, tanto PP, PSOE y Ciudadanos habrían traicionado a los españoles. Cada uno de ellos en mayor o menor grado. En tal caso, la partidocracia española también habría traicionado al Estado de Derecho.

No olvidemos que la Justicia en España padece un alto nivel de politización, que afecta a los altos tribunales. Todo ello, producto de la escasa separación de poderes que caracteriza a nuestro sistema.

En este sentido, los próximos acontecimientos judiciales constituirán la primera prueba, que demostrará si el referido pacto se ha efectuado o no.

Es decir, si la Justicia aplica a los políticos autores del golpe de Estado el Código Penal en toda su extensión. O, por el contrario, la Justicia se quita una vez más la venda para no tener que aplicar la ley, haciendo uso para ello de la denominada ingeniería político judicial.

La segunda prueba la aportará la fórmula que utilice la partidocracia, cuando acometa el proceso de reforma constitucional conducente a “encajar Cataluña en España”.

Una reforma que podría servir para privilegiar nuevamente a esta autonomía. Si se impusiera este enfoque reformista, tales privilegios ya estarían supuestamente acordados por los principales partidos políticos españoles.

De todas maneras, no sería la primera vez que un Gobierno español lleva a cabo un pacto antidemocrático de gran repercusión y magnitud política. Recordemos el supuesto pacto del Gobierno del PSOE de Zapatero con ETA.

Un 155 exprés

Pero, con independencia de la existencia o no del pacto aludido con anterioridad, 55 días de aplicación del Artículo 155 no serán suficientes para demoler el edificio independentista catalán construido firmemente en 40 años. Por mediación de políticas basadas en el adoctrinamiento educativo y mediático.

Máxime, tanto en cuanto, se trata de una versión descafeinada del Artículo 155. Sobre todo, debido a las condiciones impuestas por el PSOE para acordar, junto con el Gobierno y Ciudadanos, la aplicación del mismo.

Tales como, la renuncia a intervenir los medios de comunicación promotores del golpe de Estado. Entre los que podemos destacar a TV3.

Comunicación y educación, las políticas clave

Ciertamente, el centro neurálgico del separatismo catalán está ubicado en los medios de comunicación subvencionados por la Generalitat. Cuya principal misión es fomentar el odio a España para ganar adeptos a la causa.

La otra fuente de alimentación, que nutre al independentismo de nuevos catalanes separatistas, está conectada a la educación.

La Generalitat ha conseguido politizar al máximo la educación. La estrategia de politización educativa elegida por el independentismo catalán está basada en la inmersión lingüística y sus derivaciones, en forma de sectarismo, adoctrinamiento, tergiversación de la historia de España, etc.

Por consiguiente, mientras la competencia educativa no se devuelva al Estado, el separatismo catalán seguirá disponiendo de una gran masa de fieles.

El problema es que durante los 55 días que durará la aplicación del 155, no se conseguirá desmontar el antiespañol entramado educativo diseñado durante 4 décadas por la Generalitat.

Quizás podamos tener una respuesta a esta cuestión analizando las últimas declaraciones al respecto del Ministro de Educación, Cultura y Deporte (y Portavoz del Gobierno): “los casos referidos a la imposibilidad de escolarizar a los niños en español, adoctrinamiento en las aulas, etc., no constituyen ningún problema en Cataluña, porque son aislados…”

Después de las elecciones del 21-D

Después de las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, que se celebrarán el 21 de diciembre, el independentismo seguirá vivo. Y, por tanto, dispuesto a plantear otro órdago separatista en el futuro.

Incluso, aunque tras las elecciones catalanas, los partidos constitucionalistas fueran capaces de formar una mayoría parlamentaria.

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¿Paralizar el 155 a cambio de elecciones autonómicas catalanas? Cataluña debe ser intervenida hasta que se restablezca el orden constitucional.

Cataluña es en la actualidad una comunidad autónoma socialmente fracturada y dotada de un alto nivel de inseguridad jurídica.

En este sentido, la convocatoria de unas elecciones autonómicas anticipadas, provocaría que las mismas se celebrasen sin unas mínimas garantías democráticas.

Por ende, la celebración de unas elecciones autonómicas no serviría para reinstaurar el orden constitucional en Cataluña. Las mismas tampoco serían capaces de cerrar la fractura social que ha dividido esta región entre secesionistas y catalanistas españoles.

La partidocracia ha estigmatizado el 155

Aun así, el PSOE apuesta por paralizar el Artículo 155, es decir, no aplicar el mismo, en el hipotético caso que Puigdemont convocara unas elecciones autonómicas de modo anticipado.

El posicionamiento al respecto del PP y Ciudadanos se encuentra próximo al esgrimido por el PSOE. Si bien es cierto que existen ciertos matices diferenciales.

Para dejar inactivo el Artículo 155, el Gobierno y el partido de Albert Rivera exigirían al todavía presidente de la Generalitat, además de la convocatoria de unas elecciones autonómicas anticipadas, una vuelta a la legalidad democrática por parte del Govern.

Sin duda, al exhibir públicamente tales planteamientos políticos, la partidocracia constitucionalista se ha vuelto a retratar una vez más.

Porque, en virtud de lo anterior, es factible deducir que la opción que más satisfaría a los tres partidos denominados constitucionalistas sería la relativa a una convocatoria de elecciones autonómicas por parte de Puigdemont. Todo ello, al objeto que la aplicación del Artículo 155 pudiera paralizarse.

Unas elecciones no ocultarían el golpe de Estado

En otras palabras, la partidocracia entiende que una convocatoria de elecciones en Cataluña podría ocultar el golpe de Estado cometido por los separatistas catalanes.

Hasta el punto de identificar la proclamación de la independencia de Cataluña, declarada por Puigdemont el 10 de octubre en el Parlamento catalán, con una terrible pesadilla golpista, que nunca llegó a ocurrir en la realidad.

De todos modos, los cobardes posicionamientos de la partidocracia, en relación a la aplicación del Artículo 155, no pueden sorprender a estas alturas a la opinión pública.

Tan es así, que el Gobierno, tras conceder a Puigdemont varias oportunidades para volver a la legalidad, decidió iniciar la tramitación relativa a la aplicación del 155 cuando no le quedó más remedio, al coincidir tres factores fundamentales: el ya histórico y patriótico discurso del Rey, en el que Felipe VI abogó por la aplicación de la Constitución en Cataluña (“Vienen tiempos duros…”, dijo Su Majestad el Rey de España). La defensa del Artículo 155 por parte de la Comunidad Europea. Y el apoyo a la aplicación del mismo por parte de los otros dos partidos constitucionalistas: Ciudadanos y, sobre todo, el PSOE.

El PSOE ha mantenido permanentemente una posición contraria a la aplicación del Artículo 155. Solo ha accedido a apoyar al Gobierno, apostando por la aplicación de una versión edulcorada del citado artículo, cuando políticamente no tenía otra opción.

Y Ciudadanos, aunque al principio del órdago secesionista se mantuvo reacio a apoyar la aplicación del 155, una vez avanzado el proceso separatista ha sido el partido que más ha apostado por la ejecución del citado artículo. Sin embargo, el principal objetivo que ha perseguido Ciudadanos, desde el inicio del proceso de secesión, es la convocatoria de elecciones en Cataluña.

Puigdemont está acorralado

Puigdemont se encuentra en una encrucijada. De hecho, a CUP no le ha agradado la invitación que el Senado ha hecho llegar al presidente de la Generalitat para que este pueda presentar alegaciones en contra de la aplicación del Artículo 155.

Recordemos que el vicepresidente de la Cámara Alta, a través de la mencionada invitación, ha comentado de forma pública que sería un honor para esta institución que el sedicioso Puigdemont se dignara a comparecer en ella.

Por supuesto, CUP tampoco apoya la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Cataluña. En consecuencia, Puigdemont se quedaría políticamente aislado si convocara elecciones autonómicas. Por el contrario, si no las convocase, debería enfrentarse al Artículo 155 (y al Código Penal).

¿El modelo autonómico no se toca?

En realidad, lo que está en juego es la supervivencia de nuestro sistema político, tal y como lo conocemos. Puesto que, contradictoria y paradójicamente, una exitosa aplicación del Artículo 155 de la Constitución devolvería la legalidad a Cataluña, pero también representaría el gran fracaso del Estado de las autonomías.

Debido a que una correcta aplicación del Artículo 155 evaporaría la esencia del malvado Régimen del 78, un modelo gerencial de perfil partidocrático y basado en un sistema favorecedor de la corrupción. Tan beneficioso para la casta política como perjudicial para los ciudadanos.

Considerando la cobardía demostrada por la partidocracia, lo mejor que le puede suceder a España y a Cataluña es que Puigdemont no convoque elecciones anticipadas. De este modo, el Artículo 155 seguiría su curso legal.

Tanto en cuanto, un golpe de Estado se combate a través de la fuerza legal del propio Estado golpeado. De cualquier otra forma, los golpistas partirían con ventaja para salir vencedores de la contienda.

Cataluña debe ser intervenida por un plazo de tiempo indeterminado, que se debería agotar en el momento que la autonomía recuperase la seguridad jurídica perdida y se hermanara de nuevo la ciudadanía.

Por consiguiente, la aplicación del Artículo 155 debería perseguir, entre otros muchos, los siguientes objetivos:

Desmontar la corrupta y subvencionada red política clientelar creada por el independentismo catalán. Una red tejida por mediación de la elefantiásica y despilfarradora Administración paralela de Cataluña. La más insostenible, a nivel económico, junto con la de Andalucía, de todas las administraciones paralelas autonómicas.

Cerrar las 15 costosísimas embajadas catalanas, situadas en el exterior de España y financiadas con los impuestos de los españoles. Disolver la policía autonómica. Precintar TV3, Catalunya Radio, etc. Permitir la enseñanza en castellano. Etc.

El hándicap autonómico no termina en Cataluña.

Una vez desintoxicada Cataluña y a salvo de la amenaza independentista, la partidocracia debería abordar un asunto vital en aras de que España pudiera seguir siendo una nación indisoluble: la cuestión autonómica.

Para ello, nada mejor que celebrar un referéndum sobre el modelo territorial, en el que los españoles pudieran expresar si desean que el Estado autonómico siga vigente.

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¿Deberían ilegalizarse los partidos independentistas y golpistas?

La estrategia del diálogo, llevada a cabo fundamentalmente por la vicepresidenta del Gobierno, ha sido un colosal fracaso.

Tanto en cuanto, el Parlamento catalán aprobó, de forma reciente e ilegal, tanto la Ley del Referéndum del 1-O como la Ley de Transitoriedad Jurídica de Cataluña.

Realmente, el Gobierno sabía que la política relativa al diálogo fracasaría. Sin embargo, el ejecutivo de Rajoy ejecutó la misma para no contrariar al “consenso socialdemócrata”, impuesto por la progresista partitocracia española.

En función de los nefastos resultados cosechados, la mencionada estrategia no debería volver a ser puesta en práctica nunca más.

De igual manera, tampoco deberían repetirse los acuerdos realizados antes del comienzo de cada legislatura entre los partidos independentistas y el gobierno central de turno, y consistentes en la desaparición del Estado de Derecho en Cataluña a cambio del correspondiente apoyo electoral.

Ilegalizar partidos golpistas: ERC, Junts Pel Sí, CUP, etc.

Estas dos conclusiones debería tenerlas asimiladas el Gobierno del PP. Todo ello, al objeto de diseñar una estrategia global que pueda desactivar el independentismo en Cataluña de manera definitiva.

Es decir, ejecutar un plan que no solo sirva para anular el desafío secesionista actual, sino que pueda impedir además el resurgimiento futuro de un nuevo órdago independentista en Cataluña.

Por ende, el Gobierno, tanto si aplica el Artículo 155 como si opta por la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o por la vía penal, tiene obligación de adoptar de manera posterior otras medidas complementarias. Tales como:

Obligar a Cataluña a devolver al Estado determinadas competencias. Sobre todo, la de educación. No olvidemos que la Generalitat, en virtud de la Ley de Educación de Cataluña, una norma que ampara la inmersión lingüística, el adoctrinamiento y la tergiversación de la historia, lleva años desobedeciendo sentencias del TSJC, el TC y el TS.

Modificar la ley electoral, al objeto que determinados partidos minoritarios y de perfil secesionista no puedan seguir decidiendo el destino de España.

Impedir que los medios de comunicación autonómicos, financiados con los impuestos de todos los españoles, promocionen el independentismo catalán.

Ilegalizar aquellos partidos políticos, por ejemplo, ERC, Junts Pel Sí, CUP, etc., cuyos idearios están basados en destruir España, no someterse al Estado de Derecho, no respetar la Constitución Española, etc.

Al respecto, es relevante señalar que determinadas democracias occidentales, tales como EE.UU., Alemania, etc., mucho más avanzadas y consolidadas que la española, no admiten partidos políticos que tengan como objetivo destruir el Estado, desobedecer la Constitución, etc.

Principio de obediencia debida de los funcionarios

En este sentido, recordemos que ERC ha intentado engañar a los funcionarios catalanes (añadiendo con ello un episodio más a su terrorífica historia centrada en el odio a España), comunicándoles que el partido asumirá la responsabilidad de los “supuestos actos ilegales” que pudieran cometer al organizar el referéndum del 1-O.

Menos mal que aquellos funcionarios catalanes que hayan ganado las oposiciones legalmente, y por tanto no estén enchufados por los partidos independentistas catalanes, conocen el principio de obediencia debida.

El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en su artículo 54, hace referencia a un principio de conducta, en concreto el número 3, que se puede aplicar a este caso:

“Los funcionarios públicos obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes”.

Evidentemente, las sanciones, incluso de tipo penal, que la justicia debería imponer a los funcionarios que incumplieran este principio no las podría asumir ERC.

Artículo 410.1 Código Penal.

Tanto es así, que los funcionarios que se negarán a recibir órdenes legales de un superior, por ejemplo, en el caso que un mosso d´esquadra se negara a retirar una urna relacionada con el 1-O, incurriría en un delito de desobediencia. Este delito está recogido en el Código Penal, en el Artículo 410.1(Capítulo III: De la desobediencia y denegación de auxilio):

“Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

¿Antisolución política o contundencia legal?

El PSOE propone “reformar la CE para encajar Cataluña en España”. Una reforma constitucional que, proyectada al estilo del PSC, sin duda otorgaría más autogobierno y más competencias a la autonomía catalana y, en consecuencia, potenciaría el independentismo todavía más en el largo plazo.

No obstante, la mayoría de los españoles no está de acuerdo con el planteamiento de reforma de la CE propuesto por el PSOE-PSC.

Pero, por el contrario, si se mostraría a favor de una solución legal contundente para vencer al independentismo catalán de forma definitiva (además de anular el órdago secesionista actual).

Es por ello que aplicar el Estado de Derecho en toda su extensión podría favorecer al partido del Gobierno. Incluso en clave electoral.

El Gobierno del PP se encuentra ante una oportunidad histórica de erradicar, quizás para siempre, el independentismo en Cataluña.

Aunque para conseguir tal objetivo, sería necesario otorgar mucha más fuerza al Estado y, de forma paralela, mucho menos poder a Cataluña (en forma, entre otras fórmulas, de devolución de competencias).

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El órdago independentista catalán constata el gran fracaso que ha supuesto el Estado de las Autonomías.

El PSOE tiene previsto registrar en el Congreso, tras la aprobación ilegal de la Ley del Referéndum del 1-O en el Parlamento catalán, una iniciativa para crear una comisión en la que pueda debatirse la “reforma del modelo territorial” de España.

Todo ello, supuestamente, al objeto de solucionar el problema relativo al órdago secesionista planteado por los independentistas catalanes.

No olvidemos que Pedro Sánchez, el antilíder podemita del PSOE y creador de la innovadora teoría denominada “todas las naciones son España”, tenía previsto que su partido registrara en el Congreso la presentación de otra comisión, en este caso, para reformar la Constitución Española.

Sin duda, los socialistas saben muy bien que no hay mejor fórmula para no llegar a ninguna conclusión, desviar la atención, retrasar cualquier tipo de decisión, tergiversar la información, etc., que crear una comisión. O varias comisiones…

El modelo autonómico ha provocado el golpe de Estado en Cataluña

Al respecto, Sánchez ha declarado que el Estado de las Autonomías es el mejor modelo político territorial que puede tener España. En este sentido, es factible deducir que la citada comisión sobre el modelo territorial autonómico únicamente pretende “modernizar” el mismo.

Sin embargo, el modelo autonómico es el que ha provocado que España se encuentre en la actualidad ante el mayor desafío en 40 años de pseudodemocracia, que no es otro que la posibilidad de que nuestro país se fracture, vía golpe de Estado en Cataluña.

De hecho, aunque el independentismo catalán es anterior al Estado de las Autonomías, el modelo autonómico ha potenciado de manera extraordinaria el movimiento independentista en Cataluña.

En función de diversos factores, tales como: la desaparición del Estado de Derecho en Cataluña (que ha sido una contraprestación otorgada por los diferentes gobiernos nacionales, en virtud del tradicional apoyo electoral de los partidos independentistas), la cesión de competencias, por ejemplo, de educación, el manejo de los adoctrinadores medios de comunicación por parte de los independentistas, la desprotección de los catalanes españolistas por parte de Estado español, etc.

Países catalanes confederales

Recordemos, además, que el proyecto independentista catalán no solo engloba la constitución de una República Independiente de Cataluña, regida por una constitución catalana (Ley de Transitoriedad de Cataluña).

Sino que, también contempla anexionar a Cataluña las regiones de Aragón, Valencia y Baleares. Creando así los denominados “Países catalanes confederales”.

Por tanto, la independencia de Cataluña no solo implicaría la secesión de la región catalana, también provocaría la total demolición del Estado autonómico.

¿Una comisión sobre la abolición de las autonomías?

Teniendo en cuenta lo anterior, la comisión que el PSOE pretende desarrollar representa una auténtica contradicción. Puesto que, lo que realmente debería debatirse en ella es la abolición del Estado autonómico. Sobre todo, antes de que las autonomías destruyan España.
Aunque, la corrupta partitocracia española considera el debate sobre la conveniencia de mantener el Estado de las Autonomías como un “tema tabú”.

Tanto en cuanto, el estatus y los privilegios de la mayor parte de nuestra casta política depende de la perpetuación del modelo autonómico.
Debido a que el sistema político clientelar y parasitario implantado en todas y cada una de nuestras autonomías es la fuente de la que emana el omnipotente poder de los partidos políticos en España.

El problema es que se trata del mismo sistema que está destruyendo a la economía productiva y, por ende, a la clase media, a las pymes y a los autónomos, que tienen que soportar una confiscatoria presión fiscal para mantener económicamente el entramado político administrativo de las autonomías.

En definitiva, el debate de la comisión propuesta por el PSOE tendría que estar enfocado, al menos, en buscar una manera de eliminar las 17 administraciones paralelas autonómicas, integradas por más de 1.000 organismos públicos: sociedades mercantiles, entidades de derecho público, entes autónomos, fundaciones, consorcios, etc.

Todos ellos subvencionados y dotados de plantillas repletas de personal enchufado por los partidos políticos. No olvidemos que el coste relativo al mantenimiento de la Administración paralela en las autonomías está cifrado en varias decenas de miles de millones de euros al año.

Por si fuera poco, la deuda pública (y el déficit) que genera esta gigantesca Administración paralela supone una condena para las generaciones venideras. Y puede representar la quiebra de España, en el momento que el BCE abandone la actual política expansiva.

Cataluña tiene la mayor Administración paralela

Y como no podía ser de otra manera, Cataluña posee, con permiso de Andalucía, la mayor administración paralela de todas. Tanto es así, que los presupuestos del presente año destinan casi 12.000 millones de euros a las entidades autonómicas y empresas públicas catalanas. Casi todas en quiebra.

Eliminando la Administración paralela catalana, vinculando el FLA únicamente a gastos necesarios en Cataluña y, en consecuencia, no relacionados con el independentismo, aplicando el Estado de Derecho, etc., se solucionaría el problema independentista en tiempo récord…

El Estado de las Autonomías, junto con los independentistas catalanes y vascos, el yihadismo islámico y Podemos, se han convertido en los actuales enemigos de España.
Pero el PP, el PSOE y Ciudadanos no hacen nada para defender a los españoles.

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¿Por qué la Generalitat abrió las puertas de Cataluña a islamistas antes que a extranjeros que hablaran castellano?

España no tiene una democracia apoyada en un Estado de Derecho, cuyo funcionamiento esté regido por la separación de poderes. Es decir, por una justicia independiente.

Puesto que, el desafío secesionista de la Generalidad, que podría escenificarse el próximo 1 de octubre, vía referéndum, es una consecuencia del proceso degenerativo sufrido por nuestra pseudodemocracia durante más de tres décadas. Todo ello, por obra y gracia de nuestra corrupta partitocracia.

Tanto es así, que los partidos políticos que han desgobernado España, negociaron con las formaciones independentistas el reparto de poder y dinero antes del comienzo de cada legislatura.

Y una de las contraprestaciones que han exigido los partidos independentistas, a cambio del correspondiente apoyo electoral, ha sido la desaparición del Estado de Derecho. En este caso, en Cataluña.

Una Cataluña independiente no sobreviviría económicamente

A pesar de ello, Cataluña no se independizará. Sobre todo, debido a factores relacionados con la economía.

Tanto en cuanto, Cataluña no podría sobrevivir económicamente adoptando un estatus de país independiente y soberano. A tal efecto, recordemos, que el principal socio comercial de Cataluña es España.

Además, Cataluña tampoco está en disposición de poder pagar su deuda al Estado español. Aunque no tiene ninguna intención de pagarla, si atendemos a lo expuesto en la Ley de Transitoriedad Jurídica de Cataluña.

La independencia está asociada a la inseguridad

De todas formas, hemos podido comprobar recientemente la escasa seguridad que tendría una Cataluña independiente.

Solo los Cuerpos de Seguridad del Estado dieron credibilidad al aviso de la CIA, que alertó a los Mossos d´Esquadra en relación a la comisión de un posible atentado en las Ramblas.

El citado aviso fue recibido por los Mossos antes de producirse los atentados yihadistas del 17-A. Sin embargo, la policía autonómica de Cataluña no prestó atención al mismo.

Se trata de un hecho de suma gravedad, porque es posible que los atentados de Barcelona y Cambrils se hubieran podido evitar.

Pero todavía es más grave la política de inmigración de perfil independentista desarrollada por los distintos gobiernos de la Generalidad en las últimas décadas, consistente en atraer preferentemente musulmanes a Cataluña.

En virtud de lo cual, se ha formado una gran comunidad islamista en la comunidad autónoma catalana, que actualmente está integrada por más de 500.000 personas, entre las que se encuentran infiltrados multitud de yihadistas.

Paralelamente, esta antiespañolista política de inmigración ha cerrado las puertas de Cataluña a los extranjeros que hablaran castellano…

La Ley de Transitoriedad Jurídica es un golpe de Estado

Independientemente de lo anterior, el Gobierno debería responder duramente al anticonstitucional referéndum secesionista que, supuestamente, se celebrará el 1-O, abandonando la tradicional estrategia política fundamentada en “no hacer nada”.

Tanto por cuestiones políticas, legales, económicas, sociales, etc. Como por motivos de imagen gubernamental y relacionados con la marca país.

Máxime, después de conocerse el contenido de la antecitada Ley de Transitoriedad Jurídica de Cataluña, preparada para aplicarse mediante decreto en el caso de que la independencia gane el referéndum.

De hecho, esta ley es una fórmula jurídica transitoria que conduciría a la instauración de la República de Cataluña, regida por una Constitución catalana. En otras palabras, se trata de un golpe de Estado en toda regla.

En este sentido, existen al respecto varias alternativas. Entre las más relevantes, podrían destacarse la Ley de Seguridad Nacional y el Artículo 155 CE.

Ley de Seguridad Nacional: consensuada entre el PP y el PSOE

La Ley de Seguridad Nacional permite al Gobierno de España nombrar en Cataluña una autoridad en funciones. La citada autoridad podría tomar el poder, de manera temporal, en la autonomía catalana.

Tanto los funcionarios públicos como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre los que se encuentran los Mossos d´Esquadra, estarían gestionados por la autoridad.

De la misma manera, la autoridad tendría la capacidad de sustituir a los políticos golpistas por otros de perfil españolista.
La Ley de Seguridad Nacional fue aprobada por el PP y el PSOE a finales del año 2015.

Artículo 155 CE: contrario al consenso socialdemócrata

Por el contrario, el Artículo 155 de la Constitución Española permite al Gobierno suspender la autonomía catalana. O una parte de la misma. (Aunque algunos juristas discrepen de esta interpretación del artículo, basada en la intervención).

Con arreglo a la legalidad vigente, el Artículo 155 de la CE hace tiempo que debió aplicarse en Cataluña, al objeto de obligar a los políticos independentistas a cumplir las leyes.

Sin embargo, el mencionado artículo ha chocado frontalmente con la dictadura de lo políticamente correcto, basada en políticas buenistas y progres. Una dictadura instaurada en España por Zapatero y continuada después por Rajoy.

Por si fuera poco, el Artículo 155 CE también se enfrenta de manera radical al consenso socialdemócrata, aceptado por la partitocracia española y que supone imponer a la ciudadanía los dogmas de la izquierda.

En consecuencia, el Gobierno aplicará la ley más laxa que tenga a su disposición. Todo ello, en el supuesto caso que el referéndum secesionista se lleve a cabo de forma definitiva.

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¿A cuántos empleados públicos enchufados acoge la Junta de Andalucía?

Tanto la casta política como la sindical, al objeto de no ser identificados como los principales culpables de la institucionalización de la corrupción en nuestra Administración, han intentado confundir de forma técnico lingüística, mediática y marketiniana a la sociedad española.

A tal efecto, una de las estrategias que han utilizado los partidos y los sindicatos ha consistido en difuminar las características propias e identificativas de cada uno de los diferentes colectivos laborales que componen la estructura organizativa de la Administración.

Debido a ello, los funcionarios de carrera han sido progresiva e injustamente desprestigiados. Tanto en cuanto, los funcionarios, que en virtud de una oposición legalmente ganada, en muchos casos a través de intensísimos años de estudio, desarrollan una imprescindible labor de asesoramiento procedimental, control, etc., en nuestra Administración.

Paralelamente y perjudicando a todos los niveles a los funcionarios, cientos de miles de empleados públicos han sido irregularmente contratados al amparo de un modelo político clientelar, que los ha ocultado tras unos camaleónicos perfiles laborales y entremezclado ambiguamente entre los verdaderos funcionarios.

Máxime, considerando que la mayoría de estos empleados públicos son prescindibles. De hecho, las carreras profesionales de los mismos están asociadas a la denominada “Administración paralela”, lo que significa que han sido enchufados por los partidos políticos y los sindicatos. Aunque muchos de ellos hayan sido “funcionarizados” mediante convocatorias de “oposiciones a medida” y, por tanto, ilegales.

Corrupción con efectos a largo plazo en forma de deuda y déficit.

Tanto es así, que nuestra Administración funcionaría de modo más eficiente si su plantilla contara aproximadamente con un millón de funcionarios, tal como sucedía hace varias décadas.

Recordemos que actualmente las administraciones públicas españolas pagan mensualmente alrededor de tres millones de nóminas, correspondientes tanto a los funcionarios como a los empleados públicos enchufados.

En base a lo anterior, podríamos calificar al “enchufismo en la Administración” como la “madre de todas las corrupciones” en España, porque se trata de un tipo de corrupción con efectos a largo plazo, ya que el gasto de la Administración destinado al pago de los sueldos de estos enchufados representa un permanente hándicap económico en forma de déficit y deuda.

La Junta de Andalucía paga a empleados que no trabajan.

En este sentido, el portavoz de la Junta de Andalucía, Administración líder en España en “colocaciones a dedo” y desgobernada por el PSOE con el apoyo cómplice de Ciudadanos, ha reconocido que actualmente dicha institución mantiene a 1.800 empleados en nómina pero sin asignación laboral, es decir, que no tienen trabajo que desarrollar, puesto que provienen del entramado empresarial público andaluz.

No olvidemos al respecto que en 2011, la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, conocida popularmente como la “Ley del Enchufismo”, permitió la incorporación a la Junta de Andalucía de más de 20.000 empleados (entre los que se encontraban multitud de familiares y allegados a altos cargos de la Junta) provenientes de empresas públicas y fundaciones andaluzas.

Pero no existe ninguna intención de corregir este corrupto desfase laboral, porque la Junta ha desoído el fallo que en 2015 emitió el TC declarando inconstitucionales varios preceptos incluidos en el decreto ley en el que se basó la redacción de la Ley del Enchufismo, teniendo en cuenta que el contenido de los mismos sigue vigente a través de la citada ley.

El enchufismo masivo en la Administración comenzó con las CC.AA.

Desgraciadamente, el caso de la Junta de Andalucía es extrapolable, en mayor o menor medida, a casi todas las Comunidades Autónomas españolas.

En consecuencia, si tenemos en cuenta que este despilfarro improductivo, deficitario y potenciador de la deuda se mantiene (descontando la ayuda del BCE) a través de los impuestos de los españoles que no están enchufados en la Administración, es ético que muchos ciudadanos productivos se lleven su dinero a paraísos fiscales huyendo de las garras impositivas de un Estado partitocrático, corrupto y dilapidador.

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Ciudadanos: un año silenciando la corrupción del PSOE andaluz.

El PSOE de Andalucía es la marca política corrupta por excelencia en España. Igualmente, la Junta de Andalucía es, con permiso de la Generalidad de Cataluña, la Administración pública más corrupta de nuestro país.

En realidad, el PSOE andaluz y la Junta de Andalucía son a nivel práctico y gerencial la misma institución, cuyo desgobierno durante más de tres décadas ha conducido a la región a ostentar el liderazgo en desempleo en Europa.

Tanto es así, que la Junta y el PSOE-A han configurado en comandita un régimen tan corrupto como bien estructurado y protegido. De hecho, Andalucía tiene el deshonor de contar cuantitativamente con el caso de corrupción más relevante de todo el continente europeo, como es el relativo a los ERE, sin que los máximos responsables políticos del mismo respondan por ello ante la justicia.

Prescripción masiva de delitos en el “Caso de los ERE”

En este sentido y desde que se apartó a la juez Alaya de la instrucción de los ERE y del resto de macro causas relacionadas, la magistrada Núñez Bolaños, sustituta de Alaya, se ha convertido en una súper especialista en materia de prescripción de delitos relacionados con la malversación, la prevaricación…, puesto que está procediendo al archivo de numerosísimas actuaciones penales.

Esta estrategia responde a la asunción por parte de la juez Núñez Bolaños de la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo posicionamiento en esta dirección podría servir para que la Audiencia de Sevilla favorezca la prescripción masiva de delitos en el “Caso de los ERE” y, por tanto, la absolución de los numerosísimos encausados.

Si bien es cierto que la prescripción pudo ser interrumpida por la juez Alaya en un momento procesal anterior. (Aunque la decisión referente a la citada “no interrupción” está exenta de intencionalidad).

No es menos cierto que la juez Alaya tuvo que hacer frente a diferentes hándicaps, tales como la escasez de medios para instruir la causa, la falta de colaboración a todos los niveles de la Junta de Andalucía, etc., en base a lo cual se encontró limitada para atender a todas las cuestiones procesales de modo perfecto.

No obstante y presuntamente, la acción conducente a la prescripción ha podido estar temporalmente manejada con fines políticos y al objeto de favorecer fundamentalmente al PSOE de Andalucía.

Pero sea como fuere y en función de lo establecido por el Código Penal, la pregunta que a tal efecto se están haciendo los españoles es la siguiente: ¿recuperará la Junta de Andalucía el dinero público concedido ilegalmente a todos los procesados y afines al PSOE, independientemente de la desimputación de los mismos y tanto en cuanto estos han sido beneficiarios a título lucrativo de los efectos de los delitos prescritos?

El silencio cómplice de Ciudadanos en Andalucía.

Ciudadanos ha mantenido durante aproximadamente un año un silencio tan cómplice como sepulcral sobre la corrupción del PSOE andaluz en general, y en relación al irregular desarrollo del Caso de los ERE en particular.

De igual forma y en los últimos doce meses, Ciudadanos ha apoyado sumisamente todas y cada una de las iniciativas instadas en el Parlamento andaluz por el Partido Socialista, desoyendo e incluso boicoteando cualquier aportación legislativa de valor procedente de la oposición.

Recordemos que Ciudadanos y el PSOE-A firmaron un pacto, tras las elecciones autonómicas y municipales andaluzas celebradas el 22 de marzo de 2015, con el objetivo que pudiera gobernar el partido socialista esta autonomía gracias a la mayoría absoluta impulsada por los votos naranjas.

Ciudadanos valida la corrupción del PSOE, mientras critica la del PP.

Este pacto regional se ha globalizado en clave nacional, propiciando el acuerdo que suscribieron el PSOE y Ciudadanos antes de la fallida investidura de Pedro Sánchez.

Consecuentemente, Ciudadanos se ha convertido, utilizando un término propio del derecho penal, en “cooperador necesario” respecto a la ocultación de la corrupción del PSOE en España, y no solo para tapar la institucionalización de la corrupción en la Junta de Andalucía.

Porque el partido naranja denuncia la corrupción del PP pero, contradictoriamente, acepta de modo natural la corrupción del PSOE. Tanto en cuanto, únicamente la cuantía defraudada en el Caso de los ERE de Andalucía por el socio de Ciudadanos, es decir, el PSOE, es superior a lo defraudado en todos los casos de corrupción que hayan podido afectar al PP juntos y a lo largo de su historia…

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El Gobierno de C-LM (PSOE-Podemos) ataca a la Iglesia Católica

Aunque es cierto que nuestro Estado de Derecho lleva deteriorándose progresivamente varias décadas, debido principalmente a que determinadas CCAA, por ejemplo, Cataluña, no respetan la Constitución.

No es menos cierto que este deterioro se ha incrementado considerablemente a partir de las pasadas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 y, consecuentemente, en virtud del pacto que suscribieron PSOE y Podemos al objeto de desgobernar varias autonomías y localidades.

En este sentido, y dado que nuestro Estado de Derecho podría derruirse completamente si la izquierda radical continúa desarrollando políticas de corte populista, a muchos españoles les gustaría formular tanto al PSOE como a Ciudadanos las siguientes preguntas:

¿El PSOE mantiene su pacto con Podemos, a través del cual desgobiernan determinados municipios y autonomías, para que el partido morado apoye finalmente un Gobierno nacional de Frente Popular?

¿Por qué Ciudadanos, antes de refrendar su reciente pacto con el PSOE, no obligó al Partido Socialista a anular los pactos de gobierno que mantiene con Podemos en varias autonomías y ayuntamientos españoles?

Políticas “guerracivilistas” para arrinconar a la Iglesia.

En relación con lo anterior, Castilla La Mancha, desgobernada por el PSOE con la ayuda de Podemos, es una de las autonomías que en mayor medida está sufriendo las malévolas consecuencias del referido pacto entre estos dos partidos.

Puesto que en la región castellano manchega, el Partido Socialista, a cambio del apoyo de Podemos para aprobar los presupuestos e, igualmente, continuar en el Gobierno, no ha tenido más remedio que aceptar las imposiciones presupuestarias y legislativas de la citada formación neocomunista y bolivariana.

Y el resultado de este matrimonio político de conveniencia es la puesta en práctica de políticas de perfil ideológico, totalitario, sectario, adoctrinador…

Tanto es así, que en el nuevo presupuesto de esta autonomía se contemplan recortes progresivos a la financiación destinada a la educación concertada, todo ello al objeto de eliminar la formación basada en los valores cristianos.

C-LM no financiará los servicios religiosos en hospitales, escuelas y servicios sociales.

Además, no satisfechos con esta primera ofensiva, el PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha vuelven a atacar a la Iglesia Católica, tanto en cuanto el Gobierno de esta comunidad autónoma dejará de financiar los servicios religiosos en hospitales, centros escolares y servicios sociales.

El Pleno del Parlamento regional, a tal efecto y por mediación de la sesión plenaria que se celebrará el 31 de marzo del presente año, debatirá la correspondiente Proposición No de Ley.

El objetivo es suspender cualquier disposición derivada de los acuerdos y convenios internacionales que obliguen a las autonomías a financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión particular en el ámbito de los servicios públicos, tales como la Sanidad, la Educación y el Bienestar Social.

Comunismo en estado puro.

En realidad, Podemos quiere destruir tanto a la Iglesia Católica como a la familia, pero solamente en función de los valores que representan estas dos instituciones y porque ambas constituyen conjuntamente la identidad, la protección y, sobre todo, la salvación del ser humano.

No olvidemos que uno de los objetivos que persigue el comunismo es sustituir a la familia y a la Iglesia por el adoctrinamiento del Estado.

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17 veces no al pacto de izquierdas PSOE-Ciudadanos

¿Quién, supuestamente, engañó al Rey Felipe VI?
¿El Sr. Mariano Rajoy, que rechazó someterse en primera instancia al debate de investidura presidencial porque previamente fue rechazado en 17 ocasiones por parte de Pedro Sánchez y, por tanto, no tenía ninguna posibilidad de sumar apoyos a tal efecto?

¿El Sr. Pedro Sánchez, que traicionando a España, y al objeto de ser investido presidente a cualquier precio, intentó pactar con Podemos? Aunque Sánchez, chantajeado y humillado por esta formación bolivariana, neocomunista y financiada por Irán y Venezuela, finalmente ha girado su estrategia un poco menos hacia la izquierda para pactar con Albert Rivera, su socio natural.

¿Quiénes han incumplido, incluso antes de gobernar, sus promesas electorales?
¿El Sr. Rivera, que prometió que Ciudadanos solo apoyaría a la lista más votada e, igualmente, garantizó que no investiría, apoyándolos con los escaños de Ciudadanos, ni al Sr. Sánchez ni al Sr. Rajoy?

¿El Sr. Sánchez, que prometió que no pactaría con Ciudadanos, partido al que segmentó erróneamente en el espectro político de centro derecha, tanto en cuanto se trata de una formación de perfil socialista?

¿El Sr. Pablo Iglesias, que prometió que Podemos no pactaría con la casta? Aún así, Podemos ha intentado conformar con el PSOE un pacto de gobierno nacional, siguiendo la línea de acuerdos gubernamentales llevada a cabo por ambas formaciones e iniciada tras las pasadas elecciones autonómicas y municipales, que ha permitido a este partido enemigo de España gobernar en Madrid y Barcelona.

¿Quién ha traicionado a sus votantes en mayor medida desde el 20-D?
¿El Sr. Rivera, que pidió el voto para Ciudadanos a los electores dotados con un perfil de centro derecha en las pasadas elecciones nacionales para posteriormente apoyar un pacto de izquierdas junto al PSOE?

¿Quiénes engañarían a los españoles en el hipotético caso de gobernar nuestra gran nación?
¿El Sr. Sánchez y el Sr. Rivera, en el caso que el marketiniano, publicitario y preelectoral pacto que han firmado los dos partidos que anti lideran se consolidara? Máxime y teniendo en cuenta que los gobiernos precedentes y protagonizados por el PSOE han finalizado siempre en forma de corrupción política institucionalizada, quiebra económica, desempleo estructural…

Recordemos que Ciudadanos lleva sujetando, mediante su apoyo al PSOE de Andalucía y desde las últimas elecciones autonómicas, al régimen más corrupto de Europa, por tanto, ya existe un precedente respecto a esta coalición.

Y tampoco olvidemos que en el pacto de investidura que han firmado estos dos partidos no se hace referencia a la abolición de los acuerdos suscritos entre PSOE y Podemos, actualmente vigentes en determinados ayuntamientos y CC.AA.

En base a lo anterior, si el Sr. Rajoy decidiera delegar sus responsabilidades gerenciales en otro dirigente del PP, tal como demandan determinados medios de comunicación y parte de la sociedad española, también deberían dimitir de sus cargos tanto el Sr. Sánchez como el Sr. Rivera.

Ciertamente, casi ningún votante de centro derecha o la derecha española está conforme con el modelo de gestión que implementó el Gobierno del PP en la pasada legislatura y, por tanto, tampoco lo está con la estrategia política, social y económica adoptada por el ejecutivo del Sr. Rajoy.

En este sentido, el Partido Popular necesita desarrollar un proceso de renovación democrática a nivel interno y, paralelamente, redefinir corporativamente su base ideológica, social, etc. Y, evidentemente, el PP también debe regenerarse y reinventarse institucionalmente al objeto de eliminar todo vestigio de corrupción.

El gobierno de coalición debe protagonizarlo el partido ganador de las elecciones.
No obstante y deseando que se produzca esta reestructuración del PP a todos los niveles, los españoles de bien solicitamos al Sr. Rajoy que responda 17 veces no al Sr. Sánchez y al Sr. Rivera, cuando ambos soliciten la abstención (o el apoyo a modo de comparsa) del PP para que desgobierne España esta nueva izquierda formada por el PSOE y Ciutadans.

Porque considerando el antidemocrático espectáculo sociopolítico que está ofreciendo Podemos y sus filiales, y todo ello unido al dantesco acuerdo llevado a cabo por los socialistas Rivera & Sánchez, la mejor opción político-gerencial para España es la relativa a que el Gobierno de nuestro país lo protagonice el partido que ha ganado las elecciones.

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El Modelo de Educación de Podemos-PSOE arruinará a los colegios concertados.

Las empresas competitivas planifican y diseñan el presupuesto a modo de herramienta de gestión, y todo ello para intentar cumplir los objetivos de negocio.

Porque confeccionar un presupuesto empresarial es una labor harto complicada en la actualidad, debido a que el entorno es cambiante y, a tal efecto, es vital considerar variables, tales como los tipos de interés, la financiación, el precio del petróleo, las repercusiones de la globalización, etc. En este sentido y tal como recomienda Jaume LLopis, profesor del IESE, los presupuestos deben planificarse anualmente y revisarse trimestralmente (o, incluso, cada mes), al objeto de reajustar las cifras a los constantes cambios.

De igual modo, el presupuesto debe cumplir con una serie de parámetros, por ejemplo, enfocarse en el largo plazo, aportar flexibilidad, partir cada año de la “base cero”, es decir, renovarlo totalmente al objeto de reducir costes y eliminar partidas obsoletas, etc.

Tanto es así, que las compañías que no siguen estas pautas gerenciales corren el riego de que sus presupuestos se conviertan en simples documentos que solo sirven para paralizar el crecimiento, desvirtuar la estrategia, impedir la creación de valor y potenciar la burocracia.

El Presupuesto 2016 de Castilla-La Mancha arruinará a los colegios concertados.
Desgraciadamente, los presupuestos de las CC.AA., no suelen regirse por criterios empresariales ni tampoco de eficiencia económica sino que, por el contrario y en multitud de ocasiones, se guían por razones ideológicas, sectarias y adoctrinadoras. Este ha sido el caso del presupuesto autonómico de Castilla-La Mancha para 2016, recientemente aprobado por el ejecutivo regional del PSOE (que gobierna gracias al apoyo de Podemos).

Tanto en cuanto, el citado presupuesto castellano manchego contempla una reducción progresiva de la financiación destinada a la educación concertada. Y sin embargo, garantiza la disponibilidad de plazas en la educación pública.

En otras palabras, se trata de un presupuesto que asfixiará económicamente a los colegios concertados y católicos y, por ende, eliminará la educación basada en los valores cristianos. Y, además, este presupuesto lamina la libertad educativa, porque impone la educación pública a todos los padres, independientemente de las preferencias que estos tengan respecto al modo de educar a sus hijos.

No es un asunto baladí, sobre todo si analizamos la totalidad del referido presupuesto 2016 de C-LM, puesto que este recorte a la educación concertada contrasta con el incremento global del gasto respecto al presupuesto de 2015. En consecuencia, esta es la prueba que confirma las intenciones liberticidas en materia educativa de este gobierno autonómico.

Recordemos que el déficit de esta región se encuentra muy por encima del objetivo, y al respecto, la solución del gobierno socialista-podemita manchego ha sido subir los impuestos, manteniendo intacta la estructura político-administrativa y, contradictoriamente, masacrando a la educación concertada.

El “Modelo de Educación” de Podemos-PSOE: económicamente inviable, ilegal y antisocial.
Máxime, si tenemos en cuenta que los colegios concertados son más rentables para la Administración que los públicos y, consiguientemente, los mismos repercuten en un ahorro para las cuentas públicas. No olvidemos que una plaza educativa en la escuela pública le cuesta al Estado el doble que en un centro concertado (de iniciativa social).

También es relevante resaltar que la educación concertada es más demandada por la calidad de sus proyectos educativos, la formación integral de los alumnos, la menor tasa de abandono escolar y los mejores resultados académicos.

Y, legalmente, la decisión presupuestaria del Gobierno de C-LM de ahogar financieramente a los colegios concertados vulnera el Artículo 27 de nuestra Constitución, pues deja a los padres sin posibilidad de poder elegir para sus hijos el centro educativo que más se adapte a sus convicciones.

En definitiva, este modelo de educación, presupuestado ya en la autonomía de C-LM, es el que se impondrá en España en el caso que el PSOE, Podemos y determinadas formaciones separatistas (Frente Popular Independentista), consigan alcanzar un pacto para desgobernar nuestro país.

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El modelo sociopolítico y económico del Frente Popular Independentista

El vandálico modelo sociopolítico y económico que Podemos desea implantar en España no es original, ni tan siquiera lleva la marca podemita, porque el proyecto inicial fue diseñado por el PSOE de Zapatero el 11-M de 2004, justamente, el día de los atentados terroristas de Atocha.

En realidad, habría que retrotraerse a la Rusia de Stalin y, concretamente, a finales de la década de los 20 del siglo pasado para conocer el origen marxista-leninista del mismo. Aunque, también existe una versión actualizada, que no es otra que el “Socialismo del SXXI” instaurado en la Venezuela chavista.

No obstante, este desfasado arquetipo no hubiera podido asentarse en España sino fuera porque a tal efecto han confluido varios factores, tales como, la implementación de la LOGSE, el afín posicionamiento de determinados grupos de comunicación y la pusilanimidad del Partido Popular durante esta última legislatura.

De cualquier modo, se trata de un sistema abocado a la autodestrucción, puesto que el mismo engloba todas las contradicciones de la ultraizquierda, que solo responden a criterios ideológicos y cuyos protagonistas son el odio, la envidia y el rencor.

Pero sea como fuere, y en el supuesto caso que nuestro querido país sea finalmente desgobernado por una perdedora coalición de izquierdas, integrada por el PSOE, Podemos y determinadas formaciones separatistas (Frente Popular Independentista), retrocederemos en el tiempo para reencontrarnos con “una España en blanco y negro”.

Una España adoctrinada, liberticida, cruel, melancólica, mísera, zafia, analfabeta, sin valores, carente de principios…

Una España en la que vivirán mejor los vagos que los hacendosos, serán mejor tratados los etarras y delincuentes que las personas de bien y de orden, se promocionará a los adeptos a la causa comunista, a la vez que se marginará a la meritocracia…

Una España en la que la familia, la moral y la ética se sustituirán por la “ideología de género” y el Estado.

Una España en la que la mayoría de los ciudadanos únicamente tendrán la opción de la sanidad y la educación pública. Por el contrario, la casta podemita (y socialista) será atendida en las mejores clínicas privadas y matricularán a sus hijos en colegios privados de élite.

Una España en la que se perseguirá el cristianismo y, paralelamente, determinadas religiones extranjeras, contrarias a la democracia y los valores occidentales, serán promocionadas.

Una España en la que se subvencionará el aborto, que no es más que un asesinato legal de criaturas inocentes. Mientras que, contradictoriamente y con la falsa excusa de proteger la vida de los animales, se fomentarán políticas contrarias a la tauromaquia y la caza. Aún, conociendo que la extinción tanto del toro de lidia como de determinadas especies cinegéticas estaría garantizada si se legisla en contra de estas actividades potenciadoras de la economía rural y creadoras de cientos de miles de puestos de trabajo.

Una España en la que aumentará el nivel de politización de la justicia, de corrupción política, de intervencionismo estatal, de nepotismo y enchufismo en la Administración… Y en la que se pisoteará la libertad económica, la propiedad privada, la iniciativa empresarial…

Una España que subvencionará a sectores improductivos, para ello acribillará a impuestos a los autónomos y a las pymes, los verdaderos generadores de riqueza y empleo no subvencionado.

Una España que, independientemente de las directrices marcadas por Bruselas, no cumplirá los objetivos de déficit ni reducirá la deuda, puesto que la izquierda nunca ha gestionado responsablemente las finanzas públicas. Y tampoco continuará el ritmo actual de crecimiento de empleo, máxime y tanto en cuanto el Frente Popular tiene intención de abolir la reforma laboral.

Una España en la que aumentará la desigualdad, sin embargo, la nueva aristocracia podemita (financiada por Irán y Venezuela) se situará en lo más alto de la pirámide socioeconómica a través de la adquisición de unos privilegios que antes aborrecía.

Una España en la que nuestra económicamente insostenible Administración paralela engordará todavía más para acomodar a “la castuza del nuevo régimen”.

Una España en la que se harán concesiones a las formaciones independentistas para que puedan romper nuestro país por Cataluña, Vascongadas…

Una España en la que la libertad de prensa será una quimera y, por ende, los medios de comunicación contrarios al podemismo serán silenciados.

En definitiva, una España que volverá a dividirse nuevamente y de la que renacerán las cainitas “dos Españas”, gracias al resurgimiento de un sentimiento marcado por el enfrentamiento, que estaba prácticamente marchito pero que ha resucitado tras la reaparición de esta ultraizquierda resentida, revanchista, malévola, rabiosa…

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Mejorar nuestra democracia o hundirnos con la ultra izquierda

Determinados grupos de comunicación han intentado allanar el camino hacia el poder a Podemos, una formación neocomunista, antidemocrática y financiada por Irán y Venezuela, lanzando a los ciudadanos el mensaje relativo a que el sistema capitalista y un atroz liberalismo económico son los causantes tanto de la crisis como de la corrupción.

En este sentido y gracias al efecto “lobotomización” provocado por la televisión, millones de españoles han sido seducidos de manera utópica por la ultraizquierda. Puesto que en las últimas elecciones salieron triunfantes ideologías y posicionamientos económicos desfasados, que condujeron en el pasado a multitud de países a dictaduras proveedoras de miseria.

Por el contrario, las dos causas principales que han corrompido nuestra pseudodemocracia son el excesivo intervencionismo estatal, a todos los niveles administrativos, y la politización de la Justicia.

Tanto es así, que estas suelen ser las principales estrategias político- económicas, junto con el secuestro de los medios de comunicación, sobre las que se asienta cualquier régimen totalitario

Pero esta confusión mediática ha provocado que en España exista un problema conceptual, tanto en cuanto muchos ciudadanos se están equivocando de receta ideológico-económica para salir de esta crisis múltiple en la que nos encontramos.

No obstante, España nunca ha sido un país capitalista ni liberal. Porque, realmente, en nuestro país ha explotado el sistema que se implantó hace más de tres décadas, que no es otro que un Capitalismo de Estado, producto de la combinación de pseudocapitalismo e intervencionismo público y cuyo funcionamiento ha dependido de las conexiones políticas.

Máxime, considerando que el círculo vicioso creado por este “capitalismo de amiguetes” ha esclavizado al sector privado al objeto de mantener a nuestra innecesaria, costosísima y corrupta “Administración paralela”.

La prueba que confirma lo anteriormente expuesto la ha aportado recientemente Transparencia Internacional, mediante las conclusiones extraídas del “Índice de la Percepción de la Corrupción 2015”.

De hecho, el citado informe pone de manifiesto que la corrupción política en nuestro país está relacionada fundamentalmente con el urbanismo (en una etapa anterior) y con la contratación pública, es decir, aquella procedente sobre todo de organismos, entidades y empresas públicas.

Y si bien la corrupción en España todavía no es sistémica, es factible afirmar que la misma se encuentra generalizada al menos en las contrataciones públicas, que en multitud de ocasiones llevan aparejadas comisiones políticas o “mordidas”.

Sea como fuere y ciertamente, España tiene un problema relacionado con la corrupción política que puede ser letal para nuestro proyecto de democracia, por tanto, los partidos políticos nacionales deben centrarse de manera prioritaria en solucionarlo.

Para ello, deberían establecer un gran pacto de Estado al objeto de potenciar la libertad de prensa, la transparencia presupuestaria, la “selección por valores” de cargos públicos, la revalorización de la figura del funcionario en la Administración, la democratización interna de los partidos, la reforma de la ley electoral, etc. Aunque, sobre todo, para dotar de independencia a la Justicia.

Porque nuestro país se encuentra en un momento de inflexión económica, política, judicial, territorial, ética, religiosa, etc., y en base a lo cual los grandes partidos españoles tienen dos alternativas: dotar a nuestra democracia de un plus de valor cualitativo o dejar que la ultraizquierda convierta a España en una república bananera.

Renovar, democratizar y dotar de sentido de Estado al sistema bipartidista para que pueda alternar modernos gobiernos socialdemócratas con otros liberales podría constituir una fórmula político económica ganadora a largo plazo.

El PSOE tiene la última palabra…

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¿Refundar el bipartidismo o el actual modelo tetrapartidista?

Cambiar el modelo de negocio supone uno de los retos más complicados a los que puede enfrentarse una empresa.

Pero cuando se pierde posicionamiento en el mercado, los clientes anteriormente fidelizados apuestan por otras marcas más competitivas, los beneficios se convierten en pérdidas, existe un desfase tecnológico, etc. Y el único responsable de todo ello es un modelo de negocio que se ha quedado obsoleto.
En este supuesto, cualquier empresa con vocación de supervivencia opta por realizar una operación de trasplante en el corazón de su negocio.

No obstante, las compañías que han conseguido tener éxito después de reinventar su tradicional modelo de negocio son escasísimas. Al respecto, puede servir de ejemplo excepcional el caso de IBM, una multinacional que en 2003 dejó de fabricar y vender ordenadores y hardware para comenzar a ofrecer servicios relacionados con la TIC, convirtiéndose así en líder global en algunas de las especialidades de su sector como el registro de patentes.

¿Cuál es el modelo de gestión política que necesita España?
La “empresa España” se enfrenta en la actualidad a una renovación o reinvención en su modelo de gestión política, puesto que del bipartidismo, un sistema político-gerencial que ha estado vigente más de tres décadas, se ha pasado al tetrapartidismo.

Y si bien es cierto que el bipartidismo es un sistema político que funciona perfectamente en USA o Inglaterra, no es menos cierto que en España ha degenerado hasta convertirse en un corrupto modelo partitocrático.

Igualmente, es factible afirmar que las mayorías absolutas en España han derivado hasta la fecha en Absolutismo, aunque también estamos comprobando que el “sistema de pactos entre partidos” no es la solución política que necesita nuestro país para ser mínimamente gobernable.

En este sentido y mientras la casta política no esté a la altura de las decisiones democráticas de los españoles, que en las últimas elecciones votaron en clave de acuerdos entre partidos, el modelo tetrapartidista constituirá un fracaso todavía mayor que el que ha supuesto el bipartidismo.

Ingobernabilidad.
De hecho, la ingobernabilidad de España está asegurada debido a que la conformación de un gobierno estable y duradero depende del desarrollo de las negociaciones de nuestros políticos.

Al respecto, cualquier pacto entre partidos que pudiera conformarse estaría abocado al fracaso, sobre todo, si se trata de un acuerdo multipartito protagonizado por la ultraizquierda.

Y, evidentemente, España no es un país que pueda permitirse repetir las elecciones cada vez que el resultado electoral no otorgue una mayoría absoluta a un determinado partido.

Además, hay que tener en cuenta que los partidos emergentes constituyen una grandísima decepción política, tanto en cuanto Podemos es una formación antidemocrática y neo comunista, y el proyecto nacional de Ciudadanos es una farsa marketiniana.

¿La única solución es refundar el bipartidismo?
En otras palabras, el PP y el PSOE tienen la obligación de modernizar nuestra democracia al estilo de las democracias occidentales más avanzadas. Para lo cual, y mucho antes de reformar la Constitución Española, ambos partidos deberían poner en marcha un proceso interno de regeneración democrática al objeto de representar respectivamente a un electorado de centro derecha liberal y a otro de perfil socialdemócrata.

La economía española se estancará con un sistema político que no garantice la estabilidad gubernamental a largo plazo.
Porque si España quiere implantar un modelo económico sostenible necesitará complementariamente un sistema político que garantice una estabilidad gubernamental a largo plazo.

Máxime, considerando los principales hándicaps que la economía española tiene actualmente, tales como un desempleo estructural, un déficit disparado, una deuda insostenible…

Y conociendo, de la misma manera, que tales problemas económicos solo son solucionables a través de la adopción de determinadas decisiones políticas en forma de reformas estructurales.

Pero para que estas decisiones tengan el efecto deseado, las mismas deben prolongarse en el tiempo y adoptarse de forma estratégica bajo el amparo de un bipartidismo moderno y con sentido de Estado.

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Votar al PP según la “doctrina del mal menor”

Según determinados especialistas en M&A (fusiones y adquisiciones), entre los que se encuentra Jaume Llopis, profesor de dirección estratégica del IESE, las fusiones empresariales prácticamente no existen.

Tanto es así, que cualquier fusión entre dos (o más) empresas es en realidad una operación de absorción, en la que una empresa, normalmente aquella que posee más recursos, suele absorber a la otra.

En este sentido, el término “fusión por absorción” es el más adecuado para denominar a la mayor parte de las fusiones empresariales.

Extrapolando esta acertada teoría al entorno actual de la política española y, en concreto, a uno de los resultados electorales que podría producirse tras el 20-D, obtendríamos las siguientes conclusiones:

Ciudadanos y PSOE tendrían la posibilidad de gobernar España, vía fusión de partidos, si entre ambas formaciones obtuvieran más escaños que el Partido Popular, aunque el PP fuera el partido más votado.

No obstante, para que esta operación política pudiera tener éxito sería imprescindible, además, que Podemos se abstuviera (aunque se necesitaría también la abstención tanto de IU como del PNV), evitando así que Rajoy fuera investido presidente del gobierno de España en primera instancia. Y permitiendo de este modo que en virtud de una mayoría simple y en segunda votación fuera elegido en su lugar el líder de Ciudadanos o del PSOE.

En este caso, el PSOE absorbería a Ciudadanos y, consecuentemente, el Partido Socialista gobernaría España, independientemente de quien fuera investido presidente. Tanto en cuanto la estructura, la capacidad organizativa, la experiencia, el equipo de gestión, etc., del Partido Socialista es a todos los niveles incomparablemente superior.

Máxime, teniendo en consideración que detrás de Albert Rivera y su equipo solo hay marketing político y, quizás, socialismo maquillado. Y porque fuera de Cataluña, Ciudadanos es un “chiringuito político” construido en varios meses e integrado, con excepciones, por oportunistas y aspirantes a políticos profesionales.

¿Es el PP el mal menor para gobernar España? 

En función de lo anterior, se debe imponer entre los votantes de centro derecha y la derecha española la “doctrina del mal menor”, puesto que la aplicación de la misma, aún siendo considerada inmoral por determinados sectores sociales e incluso eclesiásticos, puede salvar a España de otro gobierno “zapaterista”.

Sobre todo, debido a que la economía española necesita estabilidad y certidumbre. Y, aunque es cierto que el Partido Popular ha cometido innumerables errores en su política económica (y en la social) durante la presente legislatura, no es menos cierto que la citada formación es la única que puede garantizar que España siga creciendo y creando empleo.

Porque, aunque los mercados y el BCE sean los principales causantes de que nuestra economía siga con oxigeno, ciertamente, si el PP continúa desarrollando en la próxima legislatura las reformas estructurales que todavía se encuentran en su fase inicial (y se atreve a acometer definitivamente la reforma de la Administración), la todavía casi imperceptible recuperación económica podría consolidarse en los años venideros.

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¿Podría reproducirse en España el pacto postelectoral acontecido en Portugal?

En Portugal, las últimas y recientemente celebradas elecciones generales las ganó la unión formada por los partidos PSD y CDS-PP, aglutinados en un bloque conservador.

No obstante, cuatro formaciones de izquierda (PS, PC, BE y Los Verdes) firmaron una rocambolesca alianza de gobierno, consiguiendo a través de ella la mayoría absoluta. Y las consecuencias de dicho pacto fueron la presentación, por parte de estos partidos de izquierda, de una moción que ha impedido gobernar a los conservadores y que, igualmente, posibilitará que esta coalición de izquierda (liderada por el partido socialista portugués) se alce con el poder.

En España y después de las próximas elecciones generales, es bastante improbable que el PSOE pueda repetir en clave nacional el pacto que a nivel autonómico y local ha desarrollado junto a Podemos, y cuyo resultado es la conversión de aquellas localidades y autonomías en las que gobiernan actualmente ambos partidos en mini repúblicas bolivarianas.

Y tampoco parece factible un pacto a tres bandas integrado por el PSOE, Podemos y Ciudadanos, aunque no es descartable ninguna coalición postelectoral.

Pero, ¿qué sucedería si entre Ciudadanos y el PSOE lograran en las elecciones del 20-D una mayoría suficiente para gobernar, aunque el PP fuera el partido más votado y, por tanto, ganara los comicios?
En este caso, podría reproducirse el pacto postelectoral acontecido en Portugal, aunque en versión española.

Máxime, tanto en cuanto Ciudadanos y PSOE tienen una experiencia conjunta de gobierno en Andalucía, producto del pacto que llevaron a cabo tras el resultado de las últimas elecciones autonómicas y municipales.

Al respecto, el problema es que si la gestión que el PSOE y Ciudadanos están realizando en Andalucía se extrapolara a España, nuestro país se volvería más corrupto aún de lo que ya es y, además, este entorno de inestabilidad política podría frenar a la todavía no consolidada recuperación económica de nuestro país.

Tanto es así, que Ciudadanos está apoyando sumisamente todas las iniciativas instadas en el Parlamento Andaluz por su socio, el PSOE, desoyendo e, incluso, boicoteando cualquier aportación legislativa de valor que proceda de la oposición. Por ejemplo, Ciudadanos y el PSOE han impedido que se tramite una proposición de Ley encaminada a eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Y, paralelamente, el partido naranja, liderado en Andalucía por el ex-socialista Juan Marín, también ha respaldado la estrategia del PSOE, consistente en entorpecer las investigaciones relativas a los “ERE fraudulentos tramitados por la Junta” (el caso de corrupción política más escandaloso de Europa, a nivel cualitativo y cuantitativo), los “Cursos irregulares de formación”, el “Caso Mercasevilla”, “los avales y prestamos concedidos por IDEA”, el “Caso Aznalcóllar”, etc.

De hecho, el último y más lamentable episodio, respecto al cual el coordinador de Ciudadanos en Andalucía ni sabe ni contesta y que refleja la terrible politización que sufre la Justicia española, es el relacionado con la medida adoptada por el TSJA (y respaldada por el CGPJ) para apartar a la Juez Alaya de la instrucción de los ERE y del resto de “macrocausas” relacionadas.
Ciudadanos, en relación a la comisión de semejante latrocinio, ha decidido permanecer al lado del PSOE debido a que es consciente que esta decisión político judicial beneficia a su gran aliado andaluz.

Aunque la complicidad entre Ciudadanos y el PSOE de Andalucía no acaba aquí, tanto en cuanto el Gobierno andaluz aprobó el 13 de octubre del presente año la remisión al Parlamento regional del “Proyecto de Ley de Memoria Democrática” (una versión comunista, puesto que la iniciativa partió de IU, de la “Ley de Memoria Histórica de Zapatero)”, que obligará a los niños andaluces, mediante una asignatura obligatoria, a estudiar la historia de España de manera deformada.
En función de ello, Ciudadanos es cooperador necesario respecto al futuro adoctrinamiento al que serán sometidas las próximas generaciones de andaluces.

En este sentido, tampoco parece molestarle a Ciudadanos que Canal Sur, la televisión autonómica más sectaria de España (con permiso de TV3), siga ocultando a los andaluces las irregularidades y corruptelas cometidas por la Junta de Andalucía y el PSOE.

En definitiva, el acuerdo mediante el cual el PSOE está gobernando esta legislatura en Andalucía con el apoyo de Ciudadanos podríamos definirlo como “el pacto encubridor de la corrupción”.

Indudablemente, Ciudadanos ha desarrollado una grandísima labor en Cataluña, luchando contra el independentismo. Pero por el contrario, esta formación no es la alternativa política que actualmente necesita España, entre otros factores, debido a que el perfil de multitud de gobernantes de este partido a nivel autonómico y local se corresponde con oportunistas sin ningún bagaje gerencial y fracasados procedentes de otros partidos, aunque este es el precio que ha tenido que pagar Ciudadanos para transformarse en un partido nacional.

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Si el Gobierno aplica la ley en Cataluña, el PP subirá en intención de voto.

La gestión de los activos intangibles es una tarea harto complicada para cualquier empresa, puesto que la misma es prácticamente imposible de cuantificar económicamente en la cuenta de resultados.

No obstante, las empresas de alto potencial cada vez destinan mayores recursos al objeto de intentar rentabilizar la gestión de lo intangible y, debido a este motivo, esta área gerencial se encuentra actualmente altamente profesionalizada y especializada.

Porque, indudablemente, una óptima gestión de lo intangible potencia el valor de la marca de una compañía, haciéndola más competitiva.

En este sentido, la reputación corporativa es un intangible de alto valor, puesto que es la imagen que perciben los clientes, tanto reales como potenciales, de la empresa.

Y conseguir una buena reputación depende en gran medida de una eficaz política comunicativa. Tanto es así, que una empresa se gana su prestigio en el mercado “haciendo las cosas bien” y, de forma paralela, comunicando perfecta y coherentemente “aquellas cosas que hace bien”. (Productos o servicios para mejorar la vida de la personas).

En relación con lo anterior, el Gobierno tiene la última oportunidad para mejorar su reputación institucional ante los españoles en general y en relación a los votantes tradicionales del PP en particular.

Para ello y de forma definitiva, tendrá que aplicar íntegramente el “plan antiindependentista” que han diseñado de manera coordinada los distintos ministerios (Hacienda, Justicia, Economía, Interior, Presidencia…) al objeto de frenar la independencia de Cataluña. E, igualmente, deberá comunicar de forma magistral a los españoles las acciones que emprenda a tal efecto.

El citado plan consta de dos partes fundamentales. Una parte de índole legal, que consiste en utilizar medidas que van desde la presentación del preceptivo recurso de inconstitucionalidad ante el TC hasta la aplicación del Art. 155 de la Constitución (que acarrearía la suspensión de la autonomía), y pasando por la aplicación del Código Penal a los políticos secesionistas catalanes por parte de la Abogacía y la Fiscalía del Estado. Y la otra parte, relacionada con el aspecto económico financiero y fiscal, basada, entre otras relevantes medidas, en suprimir las nuevas remesas del Fondo de Liquidez.

Si el Gobierno muestra (y comunica) liderazgo, valentía y contundencia ante el desafío secesionista, y evita que Cataluña se convierta en una República independiente, recuperará a gran parte del electorado tradicional del PP y, además, un porcentaje elevado de indecisos se decantará por votar al Partido Popular en las próximas elecciones.

Es la última oportunidad del Gobierno del PP y, tal vez, también de España.

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PSOE y Ciudadanos, ¿futura alianza estratégica?

En el entorno empresarial, el término “Joint venture” se identifica con una alianza estratégica que adoptan dos o más compañías al objeto de retroalimentarse a través de una mutua aportación de valor. Y todo ello, con el objetivo de alcanzar conjuntamente mejores resultados de negocio, reposicionarse en el mercado, reducir costes, aumentar su valor de capitalización bursátil, blindarse ante posibles absorciones, etc.

Y en el mundo de la política, también se producen alianzas estratégicas entre distintas formaciones políticas. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, estas coaliciones entre partidos persiguen lograr el mejor resultado electoral posible para alcanzar el poder, independientemente que puedan existir también aspectos comunes de tipo ideológico, conceptuales, etc.

Tanto es así, que en el supuesto caso que Podemos siga bajando en intención de voto, el PSOE podría alejarse de esta formación ultraizquierdista y antisistema y, consecuentemente, desintegrar el Frente Popular.

En este sentido y de forma alternativa, el partido socialista podría apoyarse electoralmente en Ciudadanos al objeto de intentar formar un gobierno conjuntamente tras las próximas elecciones generales.

Máxime, considerando que el PSOE y Ciudadanos tienen más semejanzas que diferencias, de hecho y en virtud del factor ideológico, ambas formaciones estarían supuestamente posicionadas en el espectro político de centro izquierda.

Aunque el partido socialista haya sido capaz de radicalizarse hasta el extremo y, por tanto, “podemizarse” para asaltar el poder en numerosos municipios y autonomías.

Y Ciudadanos haya pactado a tal efecto tanto con el PSOE en Andalucía (convirtiéndose en cómplice del partido socialista para mantener el régimen de la corrupción institucionalizada en la Junta de Andalucía otra legislatura más) como con el PP en Madrid. De todas formas y ciertamente, el partido de Albert Rivera se autoproclama “de izquierdas” en su web corporativa, a pesar de que estratégica y contradictoriamente siga sin encuadrar su discurso en ningún espectro político.

Además, estos dos partidos poseen un potente nexo de unión, y este no es otro que el “similar enfoque” que mantienen ambos respecto a la necesidad de reformar la Constitución y en relación al concepto de Estado Federal.

Tanto en cuanto, en la actualidad se trata de dos asuntos transcendentales e interrelacionados. Sobre todo, teniendo en cuenta que el mayor error de la Constitución del 78 fue la configuración del Estado de las autonomías. Y en relación a ello, la reforma constitucional que estas dos formaciones proclaman estaría encaminada a modificar el actual diseño de nuestro modelo territorial de Estado.

De tal modo que el PSOE aboga por un “Estado federal asimétrico”, un supuesto modelo estatal que carece de planificación y diseño, debido a que ni siquiera los propios dirigentes del partido socialista conocen el significado de este concepto. Y Ciudadanos defiende un “Estado federal menos irregular”, si bien y abundando en su permanente indefinición, esta formación no concreta las claves en relación a su particular concepto de federalismo.

Pero considerando que las autonomías, en función de la descentralización administrativa y la progresiva cesión de competencias, se han convertido en verdaderas taifas, prácticamente independientes en muchas áreas gerenciales, ¿cuál es la verdadera razón que impulsa a estas dos formaciones políticas para defender un modelo de Estado federal?

Porque a largo plazo y conociendo la incompetencia y el escaso sentido de Estado de la casta política española, el modelo federal podría convertir a las autonomías en 17 Estados completamente independientes y, en consecuencia, este arquetipo territorial supondría la autodestrucción de España como nación.

¿Queremos modificar la Carta Magna para arreglar sus deficiencias o con el objetivo de destruir España?
¿Y los españoles que defienden un Estado unitario (y la devolución de las competencias para evitar el despilfarro autonómico y la corrupción política institucionalizada en las autonomías), no tienen voz ni voto?

Defender un Estado federal, sea este asimétrico o regular, no es defender la unidad de España.

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El PP (y España) necesita un “Rey Patriota”

Henry Saint John Bolingbroke, político y escritor inglés de finales del SXVII y mediados del SXVIII, a través de su obra “Idea de un Rey Patriota”, culpó a los partidos políticos, que en aquella época comenzaban a aglutinar más poder que la monarquía, de corromper la vida pública en Inglaterra.

Bolingbroke, que se caracterizaba por defender los privilegios de la monarquía, argumentaba que únicamente un rey que, a la vez, presentara un perfil de servidor público, podría gobernar Inglaterra de forma independiente y honrada. Igualmente, este escritor consideraba que la corrupción de los partidos políticos solo podría eliminarse si los mismos permanecieran bajo el control de un monarca gobernante.

A este heroico rey, que supuestamente debía cumplir la misión de regenerar el corrupto sistema político inglés de entonces, Bolingbroke le denominó “El Rey Patriota”.

En España y actualmente, el PP necesita un rey patriota que emerja desde dentro del propio partido o proceda de otro entorno diferente. Evidentemente, este “salvador”, cuya función debe consistir en reconstruir el PP, no tiene que poseer sangre azul pero es vital que pueda estar dotado de un liderazgo transformacional y, por tanto, capacitado para reorientar estratégicamente el partido o reinventarlo globalmente.

Todo ello, al objeto de volver a defender los valores y principios que tradicionalmente han identificado a este partido político y, de esta manera, poder conectar de nuevo con sus fieles votantes.

No obstante, este protocolo de sucesión, que debería ir acompañado tanto por un plan de gestión corporativo como por un nuevo código ético, ideológico y democrático, únicamente podría ejecutarse eficazmente a largo plazo.

Por el contrario y a corto plazo, es decir, durante los casi tres meses que faltan para que se celebren las elecciones nacionales, el Partido Popular todavía tiene la posibilidad de redefinir su mensaje institucional y, en la medida de lo posible y de forma humilde, tratar de ilusionar a sus potenciales votantes.

Porque fundamentar la estrategia electoral únicamente en el voto del miedo es una apuesta bastante arriesgada (además de un chantaje a sus votantes). Máxime, tanto en cuanto, pueden producirse todavía pactos o coaliciones políticas inesperadas que desdibujen el diseño de la citada estrategia, por ejemplo, que el PSOE se desmarque del Frente Popular, alejándose de un cada vez más desinflado Podemos, y se alíe con Ciudadanos.

En este sentido y gracias al efecto contrario, es decir, en virtud del voto del miedo al PP (o, más bien, el odio de la izquierda al Partido Popular, potenciado hasta el infinito durante las tres últimas legislaturas), el Frente Popular, conformado por PSOE, Podemos y otras formaciones minoritarias de ultra izquierda (alianza a la que se sumarían los partidos independentistas), podría ganar las elecciones.

De igual modo y proyectando otro escenario político, confiar en un pacto entre PP y Ciudadanos, en el caso que la formación naranja se convierta en llave de gobierno de la nación y considerando la ambigua y contradictoria política de pactos de este partido, es jugar a la ruleta rusa.

Consecuentemente, tan importante es que el PP cambie de rumbo, aunque sea en el último tramo del camino, que con el actual discurso político el Partido Popular solo ha utilizado la marcha atrás…

Tanto es así, que el Partido Popular se ha convertido en una formación casi residual en Cataluña, País Vasco y Navarra, y este retroceso entorpece gravemente la configuración de cualquier proyecto de partido a nivel nacional.
Además, en otras comunidades autónomas y ciudades relevantes en las que el PP gozaba de un óptimo posicionamiento no ha podido gobernar, aún ganando las elecciones autonómicas y locales.

Pese a todo, existen millones de españoles que estando profundamente decepcionados e, incluso, económicamente arruinados a causa de la deficiente gestión del PP (y de otra gestión muchísimo más deficiente y desarrollada por el PSOE de ZP), siguen considerando a este partido como el “mal menor” para gobernar España en la actualidad.

Aunque el público objetivo del PP necesitaría un gesto institucional (real y sin marketing) por parte del partido que indicara que en la próxima legislatura estará amparado por un PP auténtico, que sustituya al acomplejado, progre y desvirtuado PP actual.

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¿Votar Ciudadanos es arriesgarse a votar PSOE?

Los sofistas de la antigua Grecia eran especialistas en vulgarizar la sabiduría debido a que no poseían un gran nivel intelectual. Aunque de forma engañosa y con el objetivo de lucrarse aparentaban ser sabios, vendiendo para ello sus deficientes conocimientos a jóvenes adinerados de Atenas y otras ciudades griegas.

Tomando como referencia lo anterior, podríamos denominar a gran parte de los dirigentes de Ciudadanos como los nuevos “Sofistas del SXXI”, sobre todo, a aquellos que han logrado un cargo público tras las últimas elecciones municipales y autonómicas.

Porque estos aspirantes a profesionales de la política han intentado construir una marca corporativa (y personal) asociada a la renovación democrática, comunicando a la sociedad un mensaje institucional basado en la lucha contra la corrupción del bipartidismo.

No obstante, esta imagen democráticamente regeneradora que han intentando transmitir a la opinión pública se está difuminando progresivamente, tanto en cuanto multitud de representantes de este partido se han vendido al mejor postor en determinadas autonomías, ayuntamientos y diputaciones, replicando de esta manera las malas artes de la corrupta y vieja política española.

Y si bien es cierto que votar a Ciudadanos en las elecciones autonómicas catalanas del 27-S podría constituir un “mal menor”, puesto que esta formación intentará frenar en la medida de lo posible al movimiento secesionista.

No es menos cierto que otorgar el voto al partido de Albert Rivera en las próximas elecciones nacionales significa arriesgarse a votar al PSOE (en el supuesto caso que el partido socialista se aleje de Podemos y se acerque, vía alianza política, a Ciudadanos). O, peor aún, apoyar a Ciudadanos en las nacionales también podría equivaler, si pactaran Ciudadanos y PSOE, a votar al Frente Popular (integrado por el PSOE, Podemos y determinados partidos minoritarios de ultraizquierda).

Máxime, conociendo el escaso sentido estratégico y la ambigüedad de Ciudadanos en relación a su política de pactos. En este sentido, hemos podido comprobar como este partido no ha tenido reparos en pactar con el PSOE de Andalucía al objeto de prolongar el régimen más corrupto de Europa otra legislatura más. O con el PSOE e IU-Podemos en la Diputación de Toledo para expulsar al PP del poder, siendo esta la candidatura más votada.

Por tanto y teniendo en consideración los antecedentes, una no tan improbable alianza postelectoral de Ciudadanos con el PSOE, en clave de binómio político, o de Ciudadanos con el PSOE, a modo de Frente Popular (a la que podrían unirse posteriormente los partidos independentistas), arrastraría a España hacia un precipicio económico, político, moral y territorial.

Tanto es así, que no es seguro que Ciudadanos pacte con el PP después de las elecciones nacionales. Al respecto y continuando su contradictoria política de pactos, esta oportunista formación se aliará con el partido o la coalición política que más le interese.

No olvidemos que si el Gobierno del PP se decidiera por fin a aplicar la ley, incluso aunque en las autonómicas catalanas del 27-S la coalición Juntos por el Sí y sus socios de CUP lograsen una hipotética mayoría absoluta, Arturo Más solo se atrevería a declarar la independencia (tal como hizo Ezquerra en 1934) pero nunca lograría romper España. Todo ello, si finalmente Mas consiguiera ser investido como presidente de la Generalitat catalana.

Por el contrario, si el Frente Popular se alza con el poder en las elecciones nacionales, la independencia de Cataluña podría convertirse en una fatal realidad.

En definitiva y ante la encrucijada a todos los niveles en la que se encuentra España, el objetivo primordial de los votantes de centro derecha y la derecha española y, en general, de todos los españoles de bien debe consistir en impedir que el radicalizado, liberticida y antiespañol Frente Popular gane las elecciones nacionales.

Y votar a Ciudadanos es abrir la puerta a la incertidumbre…

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¿Cuánto cuestan los “cementerios laborales” de los políticos?

“Lean manufacturing” (sistema de producción sin desperdicio) es un modelo de gestión enfocado paralelamente tanto en la maximización del valor aportado al cliente como en la rentabilidad respecto al aprovechamiento de los recursos disponibles. Este optimizador sistema suele diseñarse e implementarse de forma específica en empresas de perfil industrial.

A grosso modo, se trata de una fórmula de gestión cuyo objetivo principal es ajustar al máximo los recursos para evitar cualquier tipo de despilfarro productivo. Para ello, este arquetipo gerencial elimina los distintos tipos de desperdicios en los productos manufacturados, logrando de esta manera una mejora continua en la calidad de los mismos y una reducción tanto de los costes como del tiempo de producción.

Evidentemente, España no es una empresa en la que podamos implantar el modelo de gestión citado anteriormente, no obstante, nuestro país necesita imperiosamente adoptar un eficiente sistema gerencial político-económico que no provoque déficits continuados ni tenga que recurrir a un endeudamiento público insostenible e impagable.

Pero proyectar y adaptar en España un modelo de gestión de estas características solo sería posible si reducimos radicalmente el volumen de nuestra economía subvencionada y, además, eliminamos el despilfarro (y la corrupción) que desprende el incontrolado gasto público-político.

Máxime, tanto en cuanto el caso del default griego debería ser una referencia y, sobre todo, un aviso para España, puesto que tanto Grecia como nuestro país tienen el mismo handicap económico, derivado también en ambos casos de un problema de índole político. Y este no es otro que la carga que soportan estos dos países al tener que sostener, vía deuda pública e impuestos confiscatorios, un macro Estado inviable política y económicamente.

Por tanto y antes de definir el modelo productivo que precisa España (basado hasta la fecha en el sol & playa, y anteriormente también en la construcción), es vital clarificar las claves de la gestión político-económica que deben aplicarse.

Porque ningún modelo productivo será eficiente si se sigue despilfarrando el dinero público a través de una gestión política basada en la corrupción, el mantenimiento de los privilegios de la casta, el gasto clientelar autonómico y local, etc.

Costosísimos “cementerios laborales” para la casta, financiados con los confiscatorios impuestos de los españoles y la deuda pública.

En este sentido, Cristina Cifuentes tiene intención de suprimir el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, un organismo que, a modo de cementerio político y como tantas otras entidades autonómicas subvencionadas, únicamente sirve para “colocar laboralmente” (y regalar un sueldo a cargo de los impuestos de los ciudadanos) a determinados ex-cargos públicos de la partitocracia.

Aunque la ETT, especializada en perfiles políticos, más deficitaria e inútil de España se encuentra en la Calle Bailén de Madrid. Tanto es así, que el Senado es la meta en la que termina el subvencionado circuito laboral de los políticos perdedores, incómodos, amortizados…

Y no se trata de un asunto baladí, al contrario, porque la economía productiva española se encuentra atorada en virtud de la existencia de un entramado político-administrativo, sobre todo, de ámbito autonómico y local, que ha convertido a las familias, las pymes y los autónomos en esclavos fiscales, y a España en un país sobre endeudado y deficitario.

Consecuentemente, si las comunidades autónomas españolas no quieren convertirse, en un futuro no tan lejano, en “17 Grecias” deberían seguir cuanto antes el camino emprendido por Cifuentes en Madrid.

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La gran decepción de Ciudadanos a nivel nacional

¿A qué partido deberían votar los españoles liberales e ideológicamente próximos al centro derecha y la derecha en las próximas elecciones?

¿Ponerse una pinza en la nariz, traicionarse a sí mismos y votar al inmovilismo y a la corrupción institucionalizada del PP?
¿Apostar por aquellos que han permitido que el régimen más corrupto de Europa (Andalucía) pueda seguir instaurado una legislatura más, es decir, Ciudadanos y su equipo de socialistas disfrazados de centristas?
¿Votar a VOX, que probablemente no logre posicionarse ante el electorado como una alternativa de gobierno?

Otra opción consiste en abstenerse y permitir, de esta manera, que el nuevo Frente Popular del SXXI (integrado posiblemente por el PSOE, Podemos y determinadas formaciones separatistas) “asalte el poder”. En este caso, en España gobernaría Podemos, tanto si el Presidente del Gobierno fuera Sánchez como si este cargo lo ocupara Iglesias. Y nuestro país correría el riesgo de sufrir un “griegicidio” o podría convertirse en la Venezuela europea.

Indudablemente, los españoles de bien se encuentran ante un auténtico dilema político, “democrático” y, sobre todo, moral. Al respecto, los sabios griegos (evidentemente, no me refiero a los populistas de Syriza sino a los clásicos) decían que la auténtica sabiduría consiste en analizar la naturaleza de un problema y elegir la opción menos nociva…

Si bien es cierto, y en relación a lo anterior, que muchos españoles que apoyaron a Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, creyendo que esta marca política se identificaba con la regeneración y al objeto de posicionar a la misma como una alternativa al bipartidismo corrupto del PP-PSOE, se sienten actualmente decepcionados.

Ciudadanos y su decepcionante proyecto nacional.

Tanto es así, que el proyecto nacional de Ciudadanos está fracasando y, por tanto, este partido únicamente sigue teniendo credibilidad en Cataluña.

Y una de las principales causas de ello radica en el erróneo diseño de la estructura político-organizacional de esta formación y, por ende, en su defectuosa estrategia de detección, captación y selección del talento, puesto que si exceptuamos al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y a otros destacados miembros (entre los que se encuentran, por ejemplo, Inés Arrimadas), el perfil de la mayoría de los nuevos cargos públicos del partido se corresponde con oportunistas y aspirantes a políticos profesionales.

Porque una organización que aspire al liderazgo en su sector debe seleccionar a los mejores, pero por el contrario, Ciudadanos ha hecho caso omiso a esta regla empresarial aplicable igualmente al ámbito de la política. No obstante, es justo resaltar que, al menos, este partido emergente atesora un capital humano dotado de mejor calidad que la mostrada por el equipo de Podemos, cuyos dirigentes se fotografían orinando en la calle, asaltan capillas, ejercen el antisemitismo vía Twitter, cobran suculentas minutas por asesorar al narco-Estado asesino de Maduro, etc.

Además, otro fallo estratégico de Ciudadanos está relacionado con su incoherente política de pactos postelectorales, tanto en cuanto esta formación ha exigido a Cifuentes en Madrid cumplir un código ético mientras que, paralelamente, concedía un cheque en blanco a Susana Díaz en Andalucía. Del mismo modo, la formación de Albert Rivera en Castilla La Mancha no ha tenido reparos en pactar con Podemos-IU (y el PSOE) para echar al PP del poder en la Diputación de Toledo, siendo esta lista la más votada.

Los nuevos cargos públicos de Ciudadanos no han interpretado correctamente el mensaje regenerador de los españoles.

Aunque la prueba que certifica el fracaso (hasta la fecha) del proyecto nacional de Ciudadanos está basada en el escasamente ejemplar comportamiento, a nivel municipal y autonómico, de los nuevos cargos públicos de Ciudadanos, aceptando íntegramente cada uno de los privilegios de la casta e, incluso, permitiéndose la licencia de exigir (concretamente, en el caso del grupo municipal de este partido en el Ayuntamiento de Madrid) la contratación de más asesores. ¿Esta es la regeneración de la vida pública que nos vendió Ciudadanos?

En definitiva, la conclusión que extraen muchos españoles es que Ciudadanos, de momento, no ha interpretado realmente el mensaje regenerador que los ciudadanos están tratando de comunicar a los partidos políticos.

Tanto en cuanto, el gran problema económico de España es de origen político (el mismo que ha conducido a Grecia al default), y este no es otro que el parasitismo de una casta político-sindical extractiva, que expolia fiscalmente a los ciudadanos al objeto de mantener un macro Estado políticamente inviable y económicamente insostenible.

Puesto que la dictadura público-política autonómica y administrativa implementada en nuestro país por la partitocracia, y con el objetivo de mantener los inmorales e inmerecidos privilegios de la casta, ha convertido a los españoles en esclavos fiscales y laborales.

Y si los nuevos cargos públicos de Ciudadanos no son capaces de predicar con el ejemplo, renunciando a determinados privilegios y haciendo de este modo un guiño a los españoles, este hecho significa que no tienen ninguna intención de abanderar la regeneración democrática en España.

Ciudadanos ha desarrollado una grandísima labor en Cataluña, pero el proyecto de este partido en clave nacional está mal planificado desde el inicio.

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El vergonzoso pacto entre Ciudadanos, PSOE y Podemos para desalojar al PP de la Diputación de Toledo.

La Diputación de Toledo será gobernada por el PSOE en virtud de un pacto postelectoral entre partidos, cuyos protagonistas han sido el propio partido socialista, Ganemos (una de las filiales de Podemos) y Ciudadanos.

Y la concurrencia de Ciudadanos al objeto de alcanzar el citado acuerdo a tres bandas ha sido vital, puesto que sin la participación en el mismo de la formación presidida por Albert Rivera no hubiera sido posible desalojar al PP del gobierno de la Diputación de Toledo.

Tanto es así, que en esta Diputación el PP fue la lista más votada, obteniendo en las pasadas elecciones del 24 de mayo 12 diputados provinciales. Por su parte, el PSOE consiguió 11 diputados. Ganemos-IU obtuvo 1. Y Ciudadanos también logró 1. Recordemos a tal efecto que la mayoría absoluta la conforman 13 diputados.

Igualmente, no olvidemos tampoco que el Partido Popular ha gobernando la mencionada institución toledana durante la última legislatura.

En base a lo anterior, el decisivo diputado de Ciudadanos romperá el empate entre los 12 diputados del PP y los 12 diputados de la coalición PSOE-Ganemos-IU a favor de esta última opción.

Consiguientemente, Ciudadanos decidirá el gobierno en la Diputación de Toledo, otorgando su apoyo al PSOE (junto a Ganemos-IU) en la correspondiente sesión constitutiva que se celebrará el 25 de junio.

¿ Por qué Ciudadanos se ha alíado con el Frente Popular (PSOE y Podemos) para desalojar de la Diputación de Toledo al PP, siendo esta la lista más votada?

En este sentido, las incoherentes y, por tanto, escasamente convincentes explicaciones que al respecto han esgrimido los dirigentes de Ciudadanos en Castilla La Mancha se han basado fundamentalmente en la supuesta confianza a nivel personal que tienen los mismos en el futuro Presidente de la Diputación de Toledo, es decir, en el candidato propuesto por el PSOE.

Pero la decisión de apoyar al PSOE, con la inestimable ayuda de Ganemos-IU, responde a los intereses sectarios y espurios que, de modo conjunto, tienen tanto Ciudadanos como el PSOE y Ganemos-IU para echar del gobierno de la Diputación de Toledo al PP.

¿Algún español conoce verdaderamente la estrategia que está siguiendo Ciudadanos en su política de pactos postelectorales?

Indudablemente, la decisión de Ciudadanos C-LM, refrendada institucionalmente por Ciudadanos a nivel nacional, de no apoyar la lista más votada en la Diputación de Toledo es contradictoria, tanto en cuanto la política de pactos que esta formación ha desarrollado en otras diputaciones, ayuntamientos e, incluso, comunidades autónomas es completamente opuesta.

Aunque, independientemente del acuerdo relativo a la Diputación de Toledo, la política de pactos que Ciudadanos ha puesto en marcha no es, de ningún modo, estratégica puesto que las pautas y directrices no son siempre las mismas y, por tanto, varían en función del partido con el que pacte.

Porque para llegar a esta conclusión, únicamente es necesario analizar las numerosísimas condiciones que Ciudadanos ha exigido al PP en la Comunidad de Madrid para que pueda gobernar Cristina Cifuentes.

Y, por el contrario, Ciudadanos ha actuado de manera diferente en Andalucía, de hecho, en lugar de intentar regenerar la comunidad andaluza, este partido ha permitido mediante un pacto con el PSOE andaluz, sin ninguna concreción en materia de anticorrupción, que el partido socialista pueda mantener un sistema caciquil, parasitario, clientelar, subvencionado, comisionista y, por ende, absolutamente corrupto durante una legislatura más.

Muchos españoles hemos intentado ayudar a Ciudadanos a posicionarse en materia de regeneración democrática, puesto que confiábamos tanto en los principios democráticos como en el código ético que la formación proyectaba institucionalmente.

No obstante, algunos de los pactos postelectorales que este partido ha refrendado van en dirección contraria a los postulados regeneracionistas que propone a nivel corporativo.

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¿Retrocede el PSOE al radicalismo de 1934?

El escritor e historiador Pío Moa, a través de su libro, titulado “1934: Comienza la Guerra Civil. El PSOE y Ezquerra emprenden la contienda”, culpa a estos dos partidos de comenzar la Guerra Civil española.

Y la tesis en la que se basa tal acusación la fundamenta el autor en virtud del contenido de los archivos de Largo Caballero, que se encuentran en la Fundación Pablo Iglesias.

En este sentido, Moa aporta pruebas tanto gráficas como documentales en esta obra y las mismas certifican el papel desestabilizador, subversivo, revolucionario y contrario a la democracia que desempeñó el PSOE desde 1933 hasta 1936.

Concretamente, la facción más relevante y radical del PSOE (en contra de la opinión de Besteiro) trazó en 1933 un “plan guerracivilista”, al objeto de intentar instaurar una “dictadura del proletariado” en España, todo ello, por mediación de una revolución al estilo soviético.

Tanto es así, que este proyecto totalitario comenzó en octubre de 1934 con una insurrección armada, a modo de huelga general revolucionaria de los trabajadores, denominada “Revolución de Asturias”. (Aunque el objetivo, que estuvo enfocado en reproducir este movimiento obrero y belicista en todas las regiones de España, no se cumplió porque el mismo solo tuvo arraigo en Asturias).

Y la parte complementaria y sincrónica del mencionado complot fraticida consistió en el intento de fragmentar España, segregando Cataluña. Recordemos al respecto que el 6 de octubre de 1934, Lluís Companys (líder de Ezquerra Republicana de Cataluña y Presidente de la Generalidad en la Segunda República) proclamó en Barcelona, aunque de forma fallida, el Estado Catalán.

En definitiva y según el referido libro (cuyo prólogo, firmado por el prestigioso historiador Stanley G. Payne, ratifica lo expuesto en el mismo), el PSOE y Ezquerra planificaron y organizaron la Guerra Civil española en virtud de estos dos acontecimientos iniciales.

Podemos-PSOE, el nuevo Frente Popular del SXXI

Actualmente, el PSOE no desea hacer un examen de conciencia y, por consiguiente, prefiere continuar siendo fiel a su radical historia, tanto en cuanto en pleno Siglo XXI este partido ha vuelto a su versión más sectaria y extremista, asociándose con Podemos y sus filiales para gobernar conjuntamente importantísimas autonomías y ayuntamientos (Madrid, Barcelona y Valencia entre ellos).

Si bien es cierto, y también es de justicia resaltar tal extremo, que existen contradictorios posicionamientos internos en el PSOE, de hecho, una corriente relevante del partido socialista no es favorable a constituir un nuevo frente popular en comandita con Podemos.

No obstante, la realidad se impone y el proyecto de Podemos (de perfil tiránico y neo comunista, y además financiado por el narco-estado asesino de Maduro) ya está en funcionamiento a nivel gubernamental e institucional. Por obra y gracia del PSOE.

Y no olvidemos que el mismo está configurado fundamentalmente en función de tres áreas clave: la primera está relacionada con el aspecto económico, que girará en torno a la creación de una ruinosa banca pública (aunque esta medida está aparcada, al menos, en Madrid) para poder “financiar” al partido y a sus dirigentes, con el peligro de reproducir el “modelo político de anti gestión” de las antiguas y quebradas cajas de ahorros. Mientras, paralelamente, freirán a impuestos a los ciudadanos.

La segunda consiste en controlar segmentadamente, y vía censura, a los medios de comunicación (y al entorno de las redes sociales) con el fin de adoctrinar a la población en la medida de lo posible.

Y la tercera se basa en utilizar, ideológicamente y con maestría, la mentira, que según Lenin, uno de los referentes de los podemitas, es el instrumento político más efectivo tanto para asaltar como para conservar el poder.

Por tanto, la sociedad civil española debe despertar de una vez de su letargo y estar más alerta que nunca al objeto de luchar contra este maquiavélico plan de Podemos, cuyo principal propósito es perpetuar un régimen comunista (en el supuesto caso que el poder económico les deje).

¿Y mientras tanto, qué estrategia adopta el centro-derecha y la derecha española?

Igualmente, los millones de españoles decentes que conforman el centro-derecha y la derecha española, huérfanos de representación política en la actualidad y a los que la corrupción del PP de Rajoy (convertido en una burda copia del PSOE de Zapatero) ha dejado noqueados, deben presionar para que el Partido Popular se refunde y vuelva a defender sus valores tradicionales o, por el contrario, tendrán que refugiarse al amparo de otras siglas.

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El terrorífico guión (de política ficción) de Arriola se está convirtiendo en realidad. Y España, involucionando…

Finalmente, el guión de política ficción que escribió Arriola coincide casi en su totalidad con la película que estamos viendo los españoles actualmente, y a la que podríamos encuadrar dentro del género de terror político económico.

España se encuentra en una encrucijada política, económica, laboral, social,
territorial, educativa, moral, de identidad nacional… Pero también de índole “guerracivilista” o, al menos, de crispación generalizada.

Debido a ello, muchos españoles se encuentran al borde del colapso en todos los órdenes de sus vidas, puesto que Podemos, junto con su socio el PSOE y a modo de nuevo frente popular del SXXI, convertirá a las, ya de por si deficitarias, endeudadas y económicamente insostenibles, autonomías (y municipios) en las que gobiernen en repúblicas bolivarianas.

Máxime, tanto en cuanto el citado partido neocomunista y bolivariano amenaza con desgobernar España.

Recordemos que desde que se implantó nuestro proyecto de pseudo democracia nunca había acumulado tanto poder autonómico y municipal la izquierda más a la izquierda de la ultraizquierda. En este sentido, y tratándose de la izquierda más radicalizada de Europa, la involución de España a todos los niveles está garantizada.

Y venciendo a los ahijados de Maduro en las elecciones de noviembre de 2015, e interpretando el papel estelar de salvador de España, aparece en la última escena de este “arriolesco” film, titulado “El PP o el caos”, el protagonista del mismo, es decir, el Sr. Rajoy. (Un final feliz que podría no serlo si el público abstencionista de las pasadas elecciones autonómicas y municipales decide abstenerse nuevamente).

¿No hubiera sido más fácil escribir otro guión totalmente diferente y basado en el cumplimiento íntegro del programa por parte del PP?
De esta manera, uno de los actores secundarios del citado largometraje, el Sr. Iglesias, nunca habría podido pasar el casting político nacional y, por ende, hubiera tenido que conformarse con seguir rodando sus bolcheviques clases en la Complutense.

Sea como fuere, las miserias que tiene el PP actualmente no desaparecerán con un hipotético triunfo de Rajoy en las próximas elecciones generales, ni tampoco en el caso que el actual presidente del Gobierno decidiera no volver a presentarse como candidato a las mismas.

Porque en cualquiera de los dos casos, la corriente “arriolesca & rajoyana” ya ha creado escuela en el PP y, por consiguiente, este partido está podridamente conformado por multitud de “arriolitos” y “rajoyitos”.

Y mientras tanto, los españoles tendremos que vivir realmente el macabro guión de Arriola… Una neo anarquista se convertirá en la próxima alcaldesa de Madrid, una “okupa” ocupará la alcaldía de Barcelona, un etarra profanará el Consistorio de Pamplona, etc.

Pero como siempre, la realidad supera a la ficción, en este caso política, y el parasitismo político-clientelar podría llegar, sobre todo, si gobierna Podemos-PSOE (pero también con el PP de Rajoy e, incluso, con Ciudadanos) a un nivel ruinoso para los bolsillos de los ciudadanos.

Tanto es así, que ningún partido con posibilidades de ganar las elecciones generales está proponiendo soluciones a los verdaderos problemas económicos de España, que no son otros que la deuda pública, el déficit y el desempleo. (Provocados por la anti gestión público-política, sobre todo autonómica y local, y sus derivados: corrupción política institucionalizada, malversación de caudales públicos, despilfarro y politización de la justicia).

Alemania, que es el motor económico de Europa, goza de unas cuentas públicas saneadas, roza el pleno empleo, crece de manera sostenida, tiene un potente superávit comercial, reduce progresivamente su deuda pública… Aún así y al objeto de arreglar problemas de financiación entre regiones e, igualmente, reducir costes político-administrativos, el Gobierno alemán se está planteando reestructurar la configuración federal y, por tanto, reducir los 16 Länder actuales a 6.

El camino que quiere emprender Alemania (Francia e Italia también) es el mismo que debería seguir España… Porque esta es la solución política que necesita la economía española.

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El frente popular, Podemos-PSOE, convertirá a las autonomías (y municipios) en repúblicas bolivarianas.

Ya están aquí los hijos políticos e ideológicos de Zapatero. Los mismos a quienes Rajoy, creyendo que se dejarían apadrinar por él, maleducó por mediación de unas leyes creadas por su antecesor en el Gobierno y que asumió como propias el PP.

Ya están aquí los comunistas bolivarianos de Podemos, Ganemos, Ahora Madridemos, Barcelona en Comúnemos, “arruinemos”…

Pero la culpa de que hayan llegado tan pronto, si bien llevan anunciando su llegada desde hace tiempo, es del PP de Rajoy, Arriola & Compañía, que les ha tendido una alfombra “roja” para que puedan avanzar, si no lo remedian los españoles en las próximas elecciones generales, hacia el palacio de La Moncloa.

Y, por supuesto, en este disparatado proyecto neo comunista no podía faltar el PSOE, el partido que dejó a España en la quiebra económica, política, ética, etc., y que se puede reenganchar nuevamente al poder, convirtiéndose en el socio de gobierno de Podemos (y sus filiales) en muchas de nuestras ruinosas y deficitarias autonomías, así como en numerosos ayuntamientos y diputaciones.

¿Podremos denominar a los cargos públicos y representantes de Podemos, en cuanto terminen de configurarse los nuevos acuerdos de poder en las distintas regiones y municipios españoles, con el término de “nueva castuza del PSOE-Podemos”?
¿Tras el refrendo de los citados pactos, descubriremos verdaderamente que Podemos solo renegaba de la casta del PP?

Aunque, en realidad, se trata del nuevo frente popular del SXXI y como no podía ser de otra manera también formará parte del mismo IU, no de forma institucional, puesto que Podemos ha reducido, vía fusión por absorción, a esta formación política a la práctica irrelevancia. Pero si de manera representativa, debido a que muchos ex-militantes de este tradicional partido español de ultra izquierda se convertirán en nuevos cargos públicos representando a la marca Podemos.

Y centrándonos en la nueva república municipal y bolivariana de Madrid, la señora Carmena, representante de Ahora Madrid y con casi total seguridad nueva alcaldesa de la capital, ha transmitido a los medios de comunicación algunas perlas relativas a su plan antieconómico, y entre las mismas destaca su intención de crear un banco público municipal-regional.

¿Quiénes “gestionarán” este utópico y económicamente inviable banco público, la castuza de Podemos?

¿Los economistas que mal diseñaron el programa económico de Ahora Madrid no le han explicado a la señora Carmena el “caso de las antiguas cajas de ahorros de España” (rescate financiero, erradicación del modelo social de las cajas, enriquecimiento de la casta & asociados, impuestos confiscatorios, ruina de los ciudadanos…)?

¿No es consciente la futura alcaldesa de Madrid, máxime y tanto en cuanto ha ejercido como vocal del CGPJ, que al objeto de no saturar las cárceles españolas con los “anti gestores” de las extintas cajas de ahorros (en su mayor parte, políticos y sindicalistas autonómicos-municipales), el Gobierno tuvo que reforzar el vendaje que lleva en sus ojos “La Dama de la Justicia”?

¿La castuza de Podemos-PSOE ha olvidado los recientes errores de la casta del PP-PSOE o ya están planificando llenarse los bolsillos a través de la implantación de un “nuevo capitalismo de amiguetes neo comunista”?

El PSOE mató económicamente a España. Y el PP la ha rematado. Pero quien piense que el nuevo frente popular de SXXI, representado por el binomio Podemos-PSOE, es la solución es un ciudadano desesperado o un aspirante a formar parte interesadamente (para lucrarse) del nuevo sistema.

Tanto es así, que las ya de por sí económicamente insostenibles autonomías españolas (y también los municipios), que tengan la desgracia de ser desgobernadas por el PSOE-Podemos, se convertirán en las nuevas repúblicas bolivarianas de España…, más endeudadas, más deficitarias, más corruptas, más parasitarias, más antiespañolas…

Porque para llegar a esta conclusión únicamente es necesario analizar las propuestas económicas (y de toda índole) que están formulando aquellos que serán los nuevos dictadores de estas mini repúblicas bolivarianas.

Y nos quejábamos de que a nuestro querido país lo pudieran gobernar desde Bruselas. ¿Acaso es mejor que nos desgobiernen desde el narco-estado de Venezuela?

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En España, las mayorías absolutas degeneran en absolutismo.

Los objetivos de la casta política & asociados y los intereses de los españoles no coinciden. Esta regla general apenas tiene excepciones y cada vez un mayor número de ciudadanos es consciente de ello.

Porque nuestro sistema político-económico parasitario, clientelar, comisionista, subvencionado, desigual y, en definitiva, corrupto está antidemocráticamente diseñado para generar políticas beneficiosas para el entorno de la casta y, paralelamente, perjudiciales para los españoles.

Y en este sentido, podemos llegar a la conclusión relativa a que la supuesta “ingobernabilidad e inestabilidad” de España, a la que temen determinados pseudo líderes bipartidistas y que podría consumarse tras las elecciones (después de los posibles pactos post electorales entre partidos), podría ser sumamente beneficiosa para los ciudadanos.

En virtud de lo anterior, hay que tener en cuenta que a cualquier país democrático, dotado de separación de poderes y, por tanto, gobernado por una clase política sometida a la ley, no le conviene tener un gobierno formado por pactos de poder entre varias formaciones políticas. Puesto que la mejor fórmula de gestión gubernamental para una democracia consolidada es la mayoría absoluta del partido más votado.

Pero por el contrario y en el caso de España, cuya Administración Pública está podrida debido al parasitismo de nuestra corrupta partitocracia, es más ventajoso que los gobiernos tanto en clave nacional como a nivel autonómico y local se determinen en función de pactos entre partidos.

Y la prueba más evidente de todo ello la tenemos en Andalucía, una autonomía actualmente ingobernable debido a la imposibilidad de formar un gobierno estable. Pero que en función de esta ingobernabilidad se está poniendo en jaque (al menos de modo temporal) la continuidad de un régimen político-económico basado en la corrupción institucionalizada, y que ha arruinado a los andaluces y, a la vez, enriquecido a la casta político-sindical regional y a sus redes clientelares.

¿Qué significa “estabilidad o gobernabilidad”, es decir, mayoría absoluta, en el idioma bipartidista?

¿Privilegios, aforamientos, enchufismos y enriquecimiento masivo para la casta política? ¿Subvenciones para los partidos, los sindicatos y la patronal? ¿“Capitalismo de amiguetes”, vía conexión corrupta entre la economía y la partitocracia? ¿Politización de la Justicia para tapar en la medida de lo posible la corrupción política? ¿Políticas favorables a los oligopolios y los dos grandes lobbies del IBEX-35?

El presidente Rajoy, más conocido como el clon de ZP, ha solicitado a los votantes tradicionales del PP (a los mismos que ha traicionado y arruinado) el “voto útil” al objeto que su partido obtenga mayoría absoluta, tanto en las elecciones autonómicas y municipales como en las nacionales, y de esta manera poder formar un futuro gobierno estable y dotar a España de la necesaria gobernabilidad.

¿Para el Sr. Rajoy, mayoría absoluta es sinónimo de subir abusivamente los impuestos, recortar prestaciones públicas a los ciudadanos, hundir a las pymes y a los autónomos, empobrecer a la clase media, etc., mientras se salva a las antiguas cajas de ahorros saqueadas por los políticos?

¿Mayoría absoluta significa para el Sr. Rajoy endeudar a España y a las futuras generaciones de españoles, mientras se financia, vía deuda pública e impuestos confiscatorios, la corrupción y el despilfarro de la casta en las deficitarias y ruinosas comunidades autónomas?

¿Necesita el Sr. Rajoy otra mayoría absoluta para continuar y, por tanto, bendecir definitivamente las políticas antisociales (y en contra de la familia), pro etarras y a favor de la independencia de Cataluña del socialista Zapatero?

Antes de votar en las próximas elecciones, a modo de reflexión, y en virtud del desastroso bagaje de los gobiernos que han mal gestionado España con mayoría absoluta, los españoles deberíamos hacernos la siguiente pregunta:
¿Es más difícil robar la cartera a los ciudadanos disponiendo de una cómoda mayoría absoluta o teniendo que establecer acuerdos entre varios partidos políticos?

Esperemos, por el bien de los españoles y para desgracia de la casta, que no puedan conformarse mayorías absolutas en España hasta que no se regenere nuestro corrupto sistema político-económico.

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El penúltimo engaño del PP: comparar a Rajoy (el clon de ZP) con Cameron.

La reciente victoria electoral por mayoría absoluta del partido Tory y su líder conservador, David Cameron, en Reino Unido ha sido celebrada por el Partido Popular español en clave de “premonición comparativa”. Y en función de ello, el PP se ha atrevido a lanzar otra de sus falsas y ambiguas estrategias electorales.

En este sentido, el PP está tratando de proyectar un paralelismo político-marketiniano entre la gestión de Cameron y la de Rajoy, y este mensaje lo está dirigiendo al “electorado indeciso” de nuestro país, sobre todo, a través de los medios de comunicación afines.

En otras palabras, el ejecutivo de Rajoy cree que puede engañar a los españoles comparando el éxito gerencial de Cameron en Reino Unido con la nefasta anti gestión del PP en España.

Porque la única coincidencia existente entre estos dos partidos radica en el contenido del discurso desarrollado por ambos en sus respectivas campañas electorales, puesto que tanto los conservadores británicos como los “prozapateristas del PP” españoles han basado el mismo en la recuperación económica y en la desastrosa herencia recibida por los anteriores gobiernos. (Laboristas en UK y socialistas en España).

Tanto es así, que las diferencias respecto a las cuentas de resultados que dejan estas dos formaciones políticas en sus respectivos países son abismales.

Puesto que el partido conservador británico ha terminado la legislatura con pleno empleo en Inglaterra (4,2%), y rozando el pleno empleo en Reino Unido (5,6%). Además, el crecimiento del PIB británico en 2014 estuvo cercano al 3%. Y, por supuesto, el gobierno de Cameron ha reducido en más de la mitad el ruinoso déficit que dejó el partido laborista, (del 11,5 al 5,4% del PIB).

Pero, sobre todo, Reino Unido se ha convertido, bajo el mandato de Cameron, en el motor de creación de empleo de la UE.
Y estos objetivos los ha podido cumplir Cameron gracias al desarrollo de una política económica que ha concedido el protagonismo de la economía al sector privado, reduciendo el intervencionismo estatal y la presión fiscal.

Por el contrario, el nivel de desempleo en España está actualmente en niveles similares a noviembre de 2011 (cuando el PP accedió al poder), y aunque la tendencia es progresivamente a la baja, el nuevo empleo creado por el PP es, en su mayor parte, “seiscientoseurista”, precario, temporal y turístico.

Debido a que el actual modelo de mercado laboral español no permite la creación de un empleo de calidad en el sector privado. Todo ello es a causa tanto del “capitalismo de amiguetes” como del parasitismo que ejerce la casta político-sindical, y todas sus macro redes clientelares, sobre la economía productiva.

Igualmente, mientras los abusivos y confiscatorios impuestos de los españoles, además de nuestra impagable deuda pública (que sigue creciendo tan peligrosa como imparablemente), vayan destinados en primer término a sostener las estructuras político-administrativas de nuestra económicamente insostenible Administración, no se creará empleo privado de calidad en España.

Aunque la principal herencia que dejará el PP, heredada a su vez del PSOE, a los españoles será un modelo político-económico y social injusto y desigual, en el conviven dos diferenciadas clases de ciudadanos:
Los privilegiados que se encuentran bajo la mafiosa protección de los dos principales partidos políticos, los dos sindicatos de clase y el corrupto círculo del poder económico (conexión economía-partitocracia).
Y los “nuevos pobres”, es decir, el resto de españoles, que cada vez se sentirán más excluidos al haberse mal posicionado en la cara oscura del sistema.

Y es que las políticas del PP de Rajoy, al igual que las del PSOE de Zapatero, han servido para beneficiar económicamente a la banca, a los oligopolios y monopolios de la energía, el petróleo y el gas, a los dos grandes lobbies del IBEX-35 y a la casta político-sindical.

Y al mismo tiempo, las mismas han provocado la práctica aniquilación de las pymes, los autónomos y la clase media española, potenciando con ello la tercermundista desigualdad existente actualmente en nuestro país.

Por no hablar de la corrupción institucionalizada del PP-PSOE, en sobres y en diferido o a golpe de ERE´s y cursos de formación, dos partidos podridos que dejan a España en una profunda crisis política, económica, laboral, social, moral…

Antes de las elecciones en Reino Unido, las encuestas no mostraban un triunfo claro de Cameron, no obstante y finalmente, muchos electores indecisos se han decantado por el voto conservador. Y este es el “clavo ardiendo” al que se quiere agarrar el PP de Rajoy.

Pero el PP no puede considerarnos tan ignorantes a los españoles como para tratar de engañarnos, insinuándonos que la gestión de Cameron es similar a la de Rajoy.

Muchos ciudadanos británicos han votado a Cameron en función de sus exitosos resultados económicos. Pero a Rajoy lo votarán únicamente los españoles que tienen “algo que ganar” bajo la sombra del PP y aquellos que tienen miedo de que venga otro partido todavía mas destructivo. Sin duda, una diferencia relevante.

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¿Se equivoca Ciudadanos con su estrategia de “candidatos exprés”?

Muchos españoles llevamos defendiendo hace tiempo la necesidad imperiosa que tiene la sociedad de nuestro país de apostar por la denominada “tercera vía” política al objeto de noquear al antidemocrático bipartidismo.

En relación con lo anterior, VOX, Ciudadanos y UPyD, los tres partidos llamados, en principio, a regenerar la política en España, tienen la responsabilidad y, a la vez, la obligación de representar una alternativa democrática a la corrupción de la rancia y anquilosada partitocracia.

Y, de entre los citados partidos, las encuestas muestran que únicamente Ciudadanos está consiguiendo posicionarse en relación a la intención de voto de los españoles.

En este sentido y en virtud de este posicionamiento, Ciudadanos se ha transformado en un partido ambicioso que actualmente aspira, sino a gobernar España, que podría ser factible también, al menos a configurarse como un socio necesario para formar gobierno, tanto a nivel municipal y regional como en clave nacional.

Tanto es así, que el apoyo de la ciudadanía se trasladó de las encuestas a la realidad electoral en las pasadas elecciones andaluzas y, en virtud de ello, Ciudadanos logró en las mismas un resultado espectacular.

No obstante, la estrategia corporativa que ha puesto en funcionamiento Ciudadanos al objeto de concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas es completamente desacertada. Pero, sobre todo, la esencia de la misma contradice el mensaje relativo a la regeneración democrática que predica institucionalmente este partido.

La referida estrategia electoral persigue un objetivo fundamental, y este no es otro que presentarse al mayor número posible de municipios y prácticamente a todas las comunidades autónomas. Y para lograr tal fin, Ciudadanos ha confeccionado numerosísimas listas electorales integradas por “candidatos exprés”.

Al respecto, el problema más importante radica en que Ciudadanos, debido tanto a la escasez de tiempo como a la ausencia de infraestructura, no ha colocado ningún filtro ni desarrollado “proceso de selección” alguno para proceder a la confección de las citadas listas. (Multitud de primarias se han realizado entre estos candidatos exprés).

Y, en consecuencia, un altísimo porcentaje de los candidatos que este partido presentará en las elecciones municipales y autonómicas poseen un perfil bajísimo, tanto en relación a la cualificación y experiencia profesional-gerencial como en lo relativo al aspecto formativo.

Por no hablar de los políticos procedentes de la casta bipartidista que están “recolocándose” (o ya se han recolocado) en Ciudadanos.

Pero, sin duda, esta estrategia que está llevando a cabo Ciudadanos repercutirá negativamente tanto en la calidad democrática como en los servicios y prestaciones que recibirán los ciudadanos en el caso que los mencionados candidatos exprés consigan el poder en los municipios y regiones en los que se presentan.

Porque no debemos olvidar que uno de los fundamentos de la regeneración democrática, y evidentemente también de la lucha contra la corrupción, se basa en la calidad a todos los niveles que deben atesorar los ciudadanos que accedan a la política, debido a que los mismos pueden convertirse en futuros gestores del dinero público.

Sin embargo, Ciudadanos, en aras de conseguir el poder cuanto antes, y supuestamente respaldado por las encuestas favorables, ha escogido la peor de las opciones.

Puesto que las estrategias diseñadas para conseguir objetivos a corto plazo son siempre muy peligrosas. Y, si este partido consiguiera el próximo 24 de mayo una importante cuota de poder, contradictoriamente, dispondrá de escasos equipos de gestión competentes para gobernar con garantías los municipios y las regiones españolas en las que consigan representación. (Con la excepción de Cataluña, autonomía en la que Ciudadanos lleva trabajando más de 10 años y en la que esta formación ha acreditado una relevante solvencia).

Desgraciadamente, Ciudadanos ha desechado la otra posibilidad, que consistía en esperar tranquilamente el desmoronamiento, vía corrupción institucionalizada, del PP y el PSOE. (Estos dos partidos, que están podridos por la corrupción, deberían refundarse, y expulsar a todas las generaciones de políticos corruptos y herederos de la Transición, o desparecer).

Conociendo, además, que los expropiadores neocomunistas de Podemos, la filial político-financiera de Maduro en España, están bajando progresivamente en intención de voto.

Y, mientras sus enemigos políticos fueran cayendo, sin prisa pero sin pausa, el partido naranja habría podido captar capital humano de alto valor para, de esta forma, poder conformar equipos gestores de primer nivel que pudieran gobernar, exitosamente y en un futuro, municipios, autonomías e, incluso, España.

Sin duda, esta otra estrategia, que no ha valorado Ciudadanos, requiere grandes dosis de paciencia y tiene un desarrollo a más largo plazo, pero es la que necesita España y los españoles.

Los partidos políticos se han convertido en la agencia de colocación de lo “peor de la sociedad” (con honrosas excepciones), y Ciudadanos no puede contribuir a deteriorar más aún esta tendencia político-económica y laboral y, por consiguiente, debería haber intentado revertir esta situación.

Apoyar a los partidos regeneradores, en este caso, a Ciudadanos, conlleva también denunciar determinadas estrategias o actuaciones, más propias de la vieja política que de una política nueva y regeneradora.

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¿A quiénes ha beneficiado realmente el “no rescate de España”?

En España, un país en el que nuestra corrupta y mediocre partitocracia enterró tanto a la meritocracia como a Montesquieu hace más de tres décadas, la casta bipartidista puede llevar a cabo cualquier atrocidad político-económica, y edulcorar la misma mediante mentiras, sin tener que responder por ello política y judicialmente ante los ciudadanos.

El caso del “no rescate global del Reino de España” (debemos diferenciarlo del bochornoso y corrupto rescate financiero), como tantos otros casos, es paradigmático, tanto en cuanto el Gobierno ha convertido el mismo en una de sus principales bazas electorales para tratar de convencer a los españoles de los beneficios que le ha supuesto a España no ser rescatada.

Para ello y evidentemente, el PP está constantemente lanzando un eslogan mediático y político-electoral basado en que España evitó el rescate gracias a las políticas económicas del Gobierno y a la confianza que las mismas aportaron en su momento a los mercados.

Y como no podía ser de otra manera, el Gobierno no ha contado la verdad al respecto y, por supuesto, tampoco se le han exigido responsabilidades de ninguna índole por ello. Al igual que al Gobierno anterior de ZP, que fue el que dejó a España en quiebra.

En relación con lo anterior, la primera mentira del Gobierno de Rajoy es atribuirse la autoría de salvar a España de ser rescatada. Puesto que realmente quien evitó el rescate fue el presidente del BCE, Mario Draghi, adoptando a tal efecto las denominadas “políticas expansivas de barra libre”, cuyas consecuencias, entre otros factores, han llevado a nuestro país a lograr el actual récord de deuda pública, y que tendrán que pagar (o no, por ser impagable), las nuevas generaciones.

Pero de todos modos, España no podía ser rescatada fundamentalmente debido a que asumir un rescate global de nuestro país por parte de la troika no era sostenible en términos económicos.

Y el segundo engaño por parte del Gobierno del PP consiste en poner en funcionamiento una política de comunicación institucional dirigida a los españoles y basada en el siguiente mensaje: “El rescate de nuestro país hubiera supuesto un empobrecimiento masivo de todos los ciudadanos”.

En este sentido y para desmontar tal argumento, es vital diferenciar a los españoles que les ha favorecido que España se librase del rescate y, por el contrario, a los que les ha perjudicado el no rescate de nuestro país.

BENEFICIARIOS DEL NO RESCATE DE ESPAÑA

Teniendo en cuenta que el principal objetivo que la Troika exigió a España fue transformar nuestro déficit en superávit (de tipo primario, es decir, sin contar los intereses de la deuda), podemos deducir que si el FMI, el BCE y la CE nos hubieran rescatado, habría sido a costa de reducir el tamaño del Estado y, por ende, eliminando el improductivo y corrupto gasto público-político.

Tanto es así, que un rescate de España hubiera supuesto despedir a cientos de miles de parásitos sociales que viven plácida y corruptamente en la Administración, gracias a la deuda pública y a los impuestos del resto de los españoles, y entre los que se encuentran políticos con puestos duplicados e innecesarios, asesores (familiares y amigos de la casta) que no asesoran, liberadísimos sindicales, empleados públicos sin oposición y enchufados por los partidos políticos (o con una oposición corruptamente diseñada a medida), etc.

Porque en general, el rescate de España hubiera significado liquidar o, al menos, reducir ostensiblemente las subvencionadas estructuras político-administrativas y clientelares de la “Administración paralela” de cada una de nuestras autonomías y ayuntamientos.

Debido a estos motivos, el rescate de España suponía atentar contra la corrupta partitocracia y todas sus redes clientelares, que son la base sobre la que se sustenta el verdadero poder de los dos principales partidos políticos españoles.

ESPAÑOLES A LOS QUE LES HA PERJUDICADO QUE ESPAÑA NO FUERA RESCATADA

Consecuentemente, y una vez desenmascarados a los beneficiarios del no rescate de España, los auténticos damnificados de que España no fuera rescatada son los parados, los pensionistas, las pymes, los autónomos en todas sus modalidades, los empleados del sector privado y, también, aquellos funcionarios con oposición legalmente ganada que han sufrido los recortes y la reducción de las prestaciones públicas promovidas por los dos últimos gobiernos.

Si España hubiera sido rescatada, estos últimos colectivos probablemente habrían sufrido las mismas calamidades socioeconómicas a corto plazo y en función de los super recortes que la Troika hubiera puesto en marcha. No obstante, a largo plazo y a consecuencia de la reducción drástica de la Administración, provocada por el supuesto rescate, hubieran disfrutado de una menor carga fiscal y, por supuesto, de un nivel adquisitivo y de calidad de vida mucho más alto.

Además, el rescate de España habría reducido tanto nuestro déficit como nuestra deuda y, todo ello, habría acelerado la creación de empleo productivo por parte, sobre todo, de pymes y autónomos.

En definitiva, Rajoy y su gobierno prefirieron endeudar a los españoles de por vida y, paralelamente, adoptar una política fiscal abusiva y confiscatoria, antes que pinchar la búrbuja político-administrativa y clientelar que está arruinando a España a marchas forzadas.

Si verdaderamente el Gobierno de Rajoy evitó el rescate de España, en realidad, a quienes salvó fundamentalmente fue a la casta & asociados. Pero, sin embargo, a millones de españoles los ha hundido en la miseria.

ZP y Rajoy han convertido a España en un país todavía más parasitario de lo que ya era antes de los desgobiernos de estos dos nefastos presidentes (los peores de la historia de nuestra pseudo democracia), en el que el sector público-político parasita al privado.

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Los políticos, “nuevos ricos” en la España de la desigualdad.

Es probable que las principales economías del mundo tengan que soportar un “estancamiento secular”, es decir, un prolongado periodo de tiempo acompañado de bajas tasas de crecimiento económico.

Puesto que los efectos de la última crisis económico-financiera internacional han sido más dañinos que los producidos por otras crisis anteriores, y todo ello ha podido provocar una ralentización del ritmo de crecimiento económico “post crisis”.

Por tanto, la expansión de la economía a nivel mundial, una vez que definitiva y realmente demos por finalizada esta devastadora crisis, podría producirse de forma mucho más desacelerada.

Y la economía española no permanecerá ajena a este fenómeno. Máxime, tanto en cuanto la “particular” crisis que ha asolado a España ha sido más nociva que la sufrida por determinados países de nuestro entorno. Y, además, la crisis española se produjo de forma diferente y debido a una combinación de causas.

Porque para explicar el origen de la crisis en nuestro país es necesario centrarse tanto en las causas exógenas e internacionales de tipo económico-financiero como en la conjunción de tres factores endógenos: corrupción política-judicial, malversación de caudales públicos y despilfarro del dinero de todos los españoles por parte de la casta política.

En relación con lo anterior, España actualmente tiene un doble handicap, puesto que este probable y duradero estancamiento económico puede constituir un problema que impida reducir nuestra económicamente insostenible e impagable deuda pública.

Y a ello hay que añadirle que la casta no tiene ninguna intención de reducir el gasto público-político, sobre todo, en las autonomías, aunque el mismo esté aumentando incontrolablemente la deuda y dilapidando los impuestos. (Cataluña es el ejemplo más flagrante).

En este sentido, nuestro país únicamente podría salir de este atolladero reformando estructural y globalmente nuestro sistema político-económico, que en la actualidad posee un perfil parasitario, subvencionado, clientelar, comisionista, socialmente desigual y, en definitiva, corrupto.

LAS INVERSIONES PÚBLICAS QUE DEBERÍAN DESTINARSE AL “SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL” SE CONVIERTEN EN GASTO POLÍTICO.

Tanto es así que si no se hiciera tal reforma, la desigualdad en España seguiría creciendo imparablemente, sobre todo, teniendo en cuenta que nuestro Estado del bienestar cada vez se encuentra más deteriorado, en base a que la prioridad de los dos últimos gobiernos ha consistido en detraer recursos públicos del sistema de protección social para destinarlos a costear el mantenimiento de la corrupta partitocracia.

Y aunque es cierto que la reforma laboral del Gobierno del PP está permitiendo la creación de empleo, incluso con un crecimiento económico ínfimo, no es menos cierto que este “nuevo empleo” potencia aún más la desigualdad, en función de que el mismo es precario, salarialmente bajo (seiscientoseurista), temporal, sin valor añadido y, por ende, tercermundista.

Además, existen otros dos factores adicionales que, igualmente, están incrementando la desigualdad en España. Y son los siguientes:

Los abusivos y confiscatorios impuestos, que por una parte sostienen al Estado clientelar y a la casta pero por otra empobrecen o arruinan a las familias, las pymes y los autónomos.

Y la corrupta política de subvenciones, utilizada por la partitocracia como instrumento de redistribución de la pobreza o, mejor dicho, de concentración de la riqueza en unas pocas manos (las de los políticos y sus allegados), y como herramienta para comprar votos clientelares.

Por si esto fuera poco, la hucha de las pensiones cada vez tiene menor peso y, por consiguiente, el cobro de las mismas por parte de las próximas generaciones de pensionistas no está garantizado. Debido a este motivo, el efecto de la desigualdad también puede llegar en la vejez.

EL CÍRCULO VICIOSO DE LA DESIGUALDAD EN NUESTRO PAÍS.

Consecuentemente, estas causas, entre otras, están creando un “círculo vicioso de desigualdad” en España y, por consiguiente, nuestra pirámide social se está reconfigurando, dando lugar fundamentalmente a dos estratos sociales super diferenciados.

En el vértice, se han situado los “nuevos ricos”, que son los políticos, y los mega ricos, es decir, los financieros asociados al gobierno de turno.

Y en la base, se han posicionado los parados, los autónomos en sus diferentes modalidades y, en general, millones de españoles, cuyos salarios descienden progresivamente.

LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA LA HA PROVOCADO EL “CAPITALISMO DE AMIGUETES” PRACTICADO POR LA PARTITOCRACIA.

La desigualdad en España no la ha producido el capitalismo, tal como determinados grupos de interés proclaman torciceramente, sino que por el contrario la ha creado el super intervencionismo estatal y el “capitalismo de amiguetes” instaurado por la casta político-sindical y sus socios, los lobbys del IBEX-35. (Algunos de ellos, representantes de los oligopolios y monopolios energéticos, petroleros y gasísticos, y guardianes de las denominadas “puertas giratorias”).

Si no cambiamos radicalmente nuestro corrupto sistema político-económico, los españoles cada vez estaremos más alejados los unos de los otros a nivel económico, social, educativo, etc., pudiendo llegar a conformar una sociedad al estilo sudamericano…

 

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Ciudadanos debe aprender del fracasado modelo de liderazgo de UPyD

Ciudadanos y UPyD son dos partidos políticos que poseen más similitudes que diferencias.

Porque si desarrolláramos un “Análisis DAFO” centrado en estas dos formaciones políticas, comprobaríamos que las mismas (representantes ambas, y junto a VOX, de la regeneración democrática en España), presentan relevantes avales ante los ciudadanos y a los que podríamos denominar “fortalezas”.

Puesto que UPyD se ha posicionado como el partido que ha abanderado la lucha contra la corrupción política en nuestro país, denunciando importantes casos de corrupción en diversas autonomías y ayuntamientos e, incluso, afrontando institucionalmente los costes de los procedimientos judiciales que a tal efecto han instado.
Y Ciudadanos es el único partido que en Cataluña ha defendido la unidad de España.

Igualmente, las “debilidades” que tienen tanto UPyD como Ciudadanos, también tienen un denominador común y este no es otro que el liderazgo casi hegemónico que ejercen los máximos responsables de ambos partidos, que contrasta enormemente con el perfil bajo que mantienen, con honrosas excepciones, el resto de dirigentes (y candidatos).

Tanto es así que actualmente y debido, entre otros factores, al ejercicio de un liderazgo erróneamente proyectado, UPyD está en pleno proceso de reestructuración o, en el peor de los casos, de desintegración.

En virtud de lo cual, Ciudadanos debería aprender esta lección de anti liderazgo, magistralmente impartida por UPyD, al objeto de no reproducir el mismo error en el futuro.

Porque, contradictoriamente, y aunque la complicada situación por la que atraviesa UPyD pueda beneficiar en el corto plazo a Ciudadanos, puesto que una cantidad considerable de potenciales votantes magentas podrían apostar al color naranja, el partido de Albert Rivera también está infectado por un virus tan mortífero como el que ha provocado el cáncer a UPyD.

Si bien es cierto que Ciudadanos tiene controlado el tumor, no obstante, el mismo puede desarrollarse malignamente en cualquier momento. En este caso no tanto a causa del ejercicio de un férreo liderazgo sino en mayor medida debido a que este partido es personalista y está identificado por los ciudadanos únicamente con Albert Rivera. ¿Alguien se imagina a Ciudadanos sin Albert Rivera?

En relación a lo anterior, los partidos políticos deberían tener en consideración que uno de los deberes que debe auto imponerse cualquier organización que desee alcanzar el éxito es el relativo a planificar estratégicamente, y por mediación de un determinado código o protocolo, la concepción, el desarrollo y la ejecución tanto del liderazgo como del estilo de dirección.

En este sentido, mantener el liderazgo únicamente en la cúpula de la dirección o reservar esta competencia, de forma exclusiva y omnipotente, solo para el dirigente de mayor responsabilidad es un error que, además, favorece la aparición del “contralider”. Y este falso líder, aunque en un principio pudiera ejercer el liderazgo de forma eficaz, también podría a largo plazo sembrar el caos en la organización y, por supuesto, destruirla.

En el PSOE o en el PP existen claros ejemplos que confirman que la implantación de esta versión del liderazgo conduce directamente hacia la eliminación de la democracia interna en los partidos.

Por este motivo, las formaciones políticas de última generación deben diferenciarse y adoptar modelos de liderazgo (y de gestión) más modernos y democráticos, para ello, no pueden reproducir la obsoleta forma de dirigir que hasta la fecha han fomentado los partidos tradicionales.

Un arquetipo de liderazgo, que se ha implementado exitosamente en multitud de compañías top, y que podrían adaptar los partidos políticos democráticamente regeneradores es el “Modelo de Liderazgo Corporativo”.

Se trata de un modelo de liderazgo enfocado en los valores y alineado a la misión y a los objetivos de la empresa, que traspasa la faceta personal para transformarse en una competencia global de la organización, implementando del mismo modo y en todos los niveles estructurales de la misma una definida conducta y una ética del liderazgo.

El objetivo de este tipo de liderazgo es diseñar una pirámide organizacional, en la que el orden jerárquico sea compatible con el ejercicio de un múltiple liderazgo, es decir, que el líder corporativo pueda ejercer el liderazgo por mediación de otros líderes.

La nueva política debe ser innovadora y, en virtud de ello, necesita apoyarse en nuevos modelos de liderazgo. Y de gerencia.

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Pactos en Andalucía: la vieja y la nueva política.

Multitud de compañías, sobre todo aquellas que son empresarialmente relevantes en los sectores en los que operan, planifican de modo estratégico la denominada “arquitectura de marca global”.

Para ello, estas empresas intentan proyectar sus valores corporativos por mediación de un determinado código ético, previamente estructurado en virtud de los mismos.

Del mismo modo, suelen diseñar una política de comunicación, publicidad y marketing reputacional tendente a resaltar emocional y mediáticamente un concreto lema institucional, dirigido tanto al cliente interno (el empleado) como al externo, y enfocado en los citados valores. Éstos, además, también se verán reflejados a través del logo corporativo, que se diseñará para conseguir tal objetivo.

Y, finalmente, el proceso de construcción de una potente marca finaliza cuando estas compañías se comprometen, ante todos sus grupos de interés, con la responsabilidad social.

No obstante, el valor y la reputación de una marca, que tanto cuesta posicionar, se devalúa por completo si los empleados o los clientes descubren que la declaración de principios que vende la compañía al mercado no se corresponde con la práctica empresarial.

En España, Banco Madrid constituye el penúltimo ejemplo en relación a lo expuesto anteriormente, puesto que esta entidad, filial de Banca Privada de Andorra y actualmente en concurso, vía intervención del BdE, se presentaba corporativamente como “la mejor entidad de gestión de patrimonios de España”, sin embargo y según el Departamento del Tesoro de USA, la misma era especialista en blanqueo de capitales.

Desgraciadamente para los españoles y a diferencia de lo que sucede en el entorno empresarial, las marcas de nuestros dos partidos políticos tradicionales, aún estando desprestigiadas y representando ambas a la corrupción, han conducido al PSOE y al PP hasta la victoria electoral en múltiples ocasiones. Todo ello, independientemente de las contradicciones en las que han incurrido estas formaciones durante décadas, y que básicamente han consistido en ejecutar políticas contrarias a las plasmadas en sus programas.

En la actualidad, el PP y el PSOE están intentando disimular sus constantes corruptelas y engaños a los ciudadanos, puesto que perciben que la sociedad española está demandando cambios democráticamente regeneradores y debido, igualmente, a que las marcas de estos dos partidos ya no venden como antes y, por ende, tienen miedo a perder las próximas elecciones.

Pero aún así y debido a que verdaderamente no apuestan por la regeneración democrática, estos dos partidos quedan retratados una y otra vez. Los acuerdos que se están negociando en Andalucía son prueba de ello.

¿Pacto de poder, que respaldaría la corrupción institucionalizada en la Junta de Andalucía, entre el PP y el PSOE?

En principio, el PP de Andalucía podría haber propuesto al PSOE andaluz el apoyo a la investidura, como presidenta de la Junta, de Susana Díaz a cambio de acordar por escrito que ambos partidos respetarán la lista más votada en los ayuntamientos y diputaciones, evidentemente, en relación a las próximas elecciones municipales (y autonómicas, excepto en Andalucía).

Este supuesto pacto, de llegar a producirse, supondría, por parte del PP, apoyar la corrupción del PSOE en Andalucía a cambio de conservar el poder en determinadas ciudades y diputaciones andaluzas (suponiendo que el PP ganara las elecciones municipales), salvaguardándose de esta manera de posibles alianzas entre PSOE y Podemos.

Incluso, cabe la posibilidad que el referido pacto pueda proyectarse a nivel nacional y, en este caso y, evidentemente, si el resultado de las elecciones generales fuese el previsto por ambos partidos, el PSOE gobernaría en Andalucía y el PP en España.

¿Pacto anticorrupción y a favor de la democracia propuesto por Ciudadanos?

Por el contrario, Ciudadanos podría estar planteándose la posibilidad de supeditar un posible apoyo a la investidura de Susana Díaz a la expulsión del PSOE de Chavéz y Griñán, previa dimisión y abandono de sus respectivos escaños en las Cortes Generales. Pero aún así, ¿sería ético pactar con la heredera del régimen de la corrupción institucionalizada que el PSOE ha instaurado en Andalucía?

¿Pacto para intentar mantener la “dictadura de la corrupción” entre el PSOE y Podemos?

Por último, Podemos, el tercer negociador que podría entrar en liza, posiblemente se abstendrá, apoyando así la investidura de Susana Díaz y mostrando de esta forma su verdadera cara.

Y aunque las verdaderas condiciones de este acuerdo (de llevarse a cabo de modo definitivo) serían secretas, las mismas estararían encaminadas, incluso de manera más radicalizada, a continuar con la políticas que han llevado a Andalucía al liderazgo europeo en materia de desempleo y corrupción política.

Sin duda, el enfoque del pacto que podrían refrendar el PP y el PSOE define la corrupta y vieja política española. En cambio, el “planteamiento”del pacto supuestamente instado por Ciudadanos podría significar la aparición de una nueva política. Y en cuanto al posicionamiento de Podemos, la marca de este partido representa a la corrupción antes de llegar al poder, por tanto, no podemos esperar ningún tipo de regeneración en Andalucía con esta formación influyendo en las decisiones del nuevo gobierno andalúz.

De cualquier forma y en el caso que finalmente Ciudadanos tenga la llave de la gobernabilidad en Andalucía, esta formación debería aprovechar dicha oportunidad para obligar al PSOE andaluz a desmontar su corrupto e improductivo régimen clientelar, basado en la subvención y en la compra de votos. Este es el camino para potenciar la marca política de Ciudadanos y la única esperanza que tiene actualmente Andalucía.

 

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Debemos desmantelar el Estado del bienestar de los políticos

El término “socialismo productivo” ha sido utilizado recientemente por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, para definir al modelo económico-político y social instaurado en este país actualmente. Y que impulsó primeramente su antecesor en el cargo, Hugo Chávez.

El citado concepto se encuentra perfectamente identificado en el plan estratégico-político ideado y diseñado por el propio Chávez (con la ayuda de sus “asesores” nacionales e internacionales) antes de fallecer y denominado “Proyecto Nacional Simón Bolívar 2013-2019”.

Y las líneas ideológicas que han dado forma al referido proyecto están relacionadas con la nueva ética socialista. La suprema felicidad social. La protagónica y nueva democracia socialista. El modelo económico-productivo socialista. Y el liderazgo energético de Venezuela a nivel mundial. (No olvidemos al respecto que Venezuela es el país con mayores “reservas probadas” de petróleo del mundo).

Igualmente, el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2013-2019 también contempla implantar “nuevos conceptos de propiedad” en Venezuela. Todo ello, con el objetivo de conformar un “gobierno bolivariano posrentista” capaz de garantizar la paz, el bienestar social y el desarrollo económico.

En función de lo anterior, es factible comprobar que el ideario del “nuevo socialismo del S XXI” venezolano se ha confeccionado ensalzando determinados y loables principios, envueltos en una atractiva terminología.

No obstante, la ideología que se esconde detrás de este envoltorio terminológico e intencionadamente ambiguo está entroncada con el socialismo bananero, y fundamentada en la represión y el adoctrinamiento.

Tanto es así, que Venezuela, el paraíso y, a la vez, la fuente de financiación de los dirigentes de Podemos, se encuentra en la actualidad al borde de un enfrentamiento civil debido a que la economía venezolana está hundida, puesto que la población civil no dispone ni de los alimentos más básicos. Y a nivel político, Maduro está encarcelando y asesinando a los opositores de su dictatorial y deshumanizado régimen.

Consecuentemente, Venezuela no es la excepción a la regla general que afirma que el socialismo ha fracasado, permanentemente y a lo largo de la historia, en todos los países que han tenido la desgracia de sufrirlo. Porque los teóricos y engatusadores ideales socialistas siempre se transforman en la práctica en miseria para la ciudadanía y opulencia para las oligarquías gobernantes.

¿Por qué, contradictoriamente, muchos españoles están girando radicalmente hacia la izquierda? En España, no aprendemos.
En nuestro país, la prueba que evidencia el fracaso del socialismo la tenemos en la anti gestión del PSOE en Andalucía, que ha convertido a esta autonomía, desgobernada mediante un corrupto sistema basado en el clientelismo político-sindical y sostenido por las subvenciones, en la región líder en Europa en número de parados.

A pesar de ello, muchos españoles están girando a la izquierda y reclaman un mayor intervencionismo estatal, así como un incremento del gasto público. Ignorando que tales demandas equivalen a un aumento del nivel de corrupción política, de malversación de caudales públicos, de despilfarro, de deuda, de déficit y de impuestos. Justamente, las principales causas que han provocado la crisis político-económica que ha dejado a España al borde de la quiebra.

Porque como consecuencia de las mencionadas peticiones, que de forma contradictoria e incompresiblemente solicitan gran parte de los ciudadanos, y al objeto de conectar con sus potenciales votantes, la mayoría de los partidos políticos españoles que se presentan a las próximas elecciones presentan un acentuado “perfil de izquierdas”.

De hecho, exceptuando a VOX, partido de derechas y liberal, y al PP de Madrid, que intenta ser liberal aunque para ello tenga que enfrentarse a la dirección nacional. El resto de partidos se sitúan en una horquilla ideológica que comienza en el marxismo-leninismo de Podemos y el comunismo rancio de IU. Pasa tanto por el desfasado socialismo del PSOE como por el socialismo oportunista del PP (“capitalismo de amiguetes” del PP-PSOE). Hasta llegar a la socialdemocracia tradicional de UPyD. Y a la todavía inconcreta “socialdemocracia de libre mercado” de Ciudadanos, formación en la que los españoles están depositando muchas esperanzas pero que está cometiendo las primeras contradicciones, tales como anunciar que subirá el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el IBI en Madrid, tanto en cuanto, el programa económico de Garicano circula en dirección contraria.

Por consiguiente, la concurrencia a las elecciones del presente año de una amplísima mayoría de partidos de izquierda (y centro izquierda) muestra que España está más cerca de Venezuela que de las modernas democracias occidentales. Y, de la misma manera, pronostica que millones de españoles están dispuestos a votar a formaciones políticas de izquierda.

Sin embargo, el objetivo fundamental de los españoles debería ser el relativo a desmontar el Estado del bienestar de la casta político-sindical y de sus socios, los lobbys financieros procedentes del Ibex-35 (el principal problema de nuestro país). Y, en consecuencia, reducir la deuda pública y el déficit.

Pero en España, no aprendemos, puesto que votar a la izquierda significa mantener los privilegios de la casta y de sus clientes. Y continuar con el proceso de extinción de la clase media, vía subida de impuestos y recortes de los servicios públicos.

La explicación a este despropósito socio-político y económico radica en que muchísimos españoles desean convertirse en parásitos sociales y, por tanto, en clientes de la casta, y de esta manera poder vivir de las subvenciones, contratos públicos a dedo o concedidos en virtud de la afinidad política, enchufes laborales en la Administración…, es decir, a costa del Estado.

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¿Por qué hay que eliminar las autonomías? El caso IKEA.

No es la primera vez que sucede en España. Y, desgraciadamente para nuestra economía, tampoco será la última.

Ikea ha paralizado su plan de inversiones corporativo en nuestro país. La citada multinacional sueca, especializada en la venta de muebles “low cost exclusivos”, tenía previsto desarrollar un proceso de expansión en España consistente en abrir 14 tiendas y 8 centros comerciales. Por mediación del citado proyecto, esta compañía preveía invertir 2.500 millones de euros y crear 18.000 empleos tanto directos como indirectos en varias de nuestras comunidades autónomas.

Desde el departamento de comunicación de la compañía, los directivos responsables del negocio en España han explicado que la renuncia a ejecutar el citado plan de inversiones se debe, fundamentalmente, a que en nuestro país existen multitud de infranqueables barreras regulatorias. Y complicadísimas trabas burocráticas. Tanto en cuanto, muchas normas jurídicas están fragmentadas y son incompatibles, puesto que proceden de 17 autonomías que legislan de modo diferente.

Indudablemente, Ikea es una empresa valiente, porque se ha atrevido a denunciar que la nula unidad de mercado, el déficit de libertad económica, la asfixiante y confiscatoria presión fiscal, el parasitismo público-político, etc., impiden que España se convierta en un país atractivo para las inversiones empresariales procedentes del exterior. Todo ello, producto de la corrupción política institucionalizada y derivada de nuestro económicamente insostenible modelo de Estado autonómico.

Esperemos que ningún presidente de comunidad autónoma haya solicitado una “comisión” a Ikea, al mafioso estilo de Jordi Puyol, por el mero hecho de establecerse a nivel regional.
Y del mismo modo, confiemos en que, a cambio de “mordidas”, los dirigentes de los gobiernos autonómicos no le ofrezcan en el futuro subvenciones públicas a esta compañía al objeto que reconsidere su postura y siga invirtiendo en las diversas regiones españolas.
Puesto que estas son las fórmulas tradicionalmente utilizadas por la partitocracia autonómica para “hacer negocios” en España y tejer redes político-clientelares.

Al margen de lo anterior, es preciso considerar que Ikea puede reactivar más adelante el citado plan de expansión. Incluso, podría rediseñar el modelo de negocio por medio de la creación de un nuevo “concepto de tienda”. O reinventar la estrategia, es decir, reduciendo las inversiones, vía oferta multicanal, por ejemplo, apostando por tiendas más pequeñas y céntricas y, de modo paralelo, potenciando la venta a través de Internet.

Y tener en cuenta, además, que las multinacionales, dado el poder de negociación que tienen respecto a los Estados y al objeto de presionar a las Administraciones, suelen adoptar múltiples y estudiadas estrategias político-económicas con el fin de mejorar las condiciones de implantación y posterior desarrollo de sus negocios.

Pero a pesar e independientemente de estas circunstancias, las razones que ha esgrimido esta empresa para frenar sus inversiones en España son perfectamente lógicas y creíbles desde una perspectiva meramente empresarial.

El caso de Ikea refleja claramente la anti competitiva dependencia que tiene la economía española respecto de la política. E, igualmente, el mismo constata el fracaso económico que le ha supuesto a España la implementación del Estado de las autonomías.

En este sentido, el crecimiento económico de España y, por ende, del empleo estará continuamente lastrado por el pernicioso efecto de las “autonomías & asociados”.

Cientos de miles de parásitos sociales, entre los que se encuentran políticos, asesores, sindicalistas liberados, empleados públicos enchufados por los partidos políticos y sin oposición (o amparados por una oposición ilegal), etc.

Junto a las redes clientelares, tejidas a través de pseudo empresarios y particulares, todos ellos amigos de la subvención, de los contratos públicos concedidos en virtud de la afinidad política y, en definitiva, del poder.

Han convertido a las pymes, los autónomos y, en general, a los empleados del sector privado en esclavos fiscales y laborales que, en muchos casos de forma “seiscientoseurista” y precaria, mantienen a flote la macro estructura político-administrativa autonómica y local en la que parasitan tales especímenes.

Recordemos, porque nunca está de más hacerlo, que la causa del saqueo del que han sido objeto los españoles para rescatar a la mitad del sistema financiero español, integrado por las antiguas cajas de ahorros, ha sido la corrupción de los políticos autonómicos y locales.

La mejor propuesta electoral que un partido político español puede incluir en su programa consiste en eliminar las autonomías o, en su defecto, retirar las principales competencias a las comunidades autónomas.

El único partido que ha propuesto simplificar nuestro inviable modelo autonómico (retirando a las autonomías las competencias de sanidad, educación y Justicia) o eliminar directamente el Estado de las autonomías es VOX.

Esta es la mejor propuesta político-económica que un partido español puede incluir en su programa electoral, y la única capaz de reactivar la economía española en el caso de llevarse a cabo la misma. Puesto que significaría reducir el nivel de corrupción política, de malversación de caudales públicos y de despilfarro enormemente. Y ahorrar varias decenas de miles de millones de euros anuales. Y, evidentemente, todo ello, supondría una reducción de nuestra deuda y del déficit y un grandísimo impulso del empleo.

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Podemos quiere expropiar fincas en Andalucía. Y el populista PP andaluz apuesta por un macro PER.

Una de las capacidades más valoradas que debe poseer un líder es la relativa a reconocer e identificar un problema, y una vez determinado, adoptar las medidas oportunas con suficiente antelación para que el mismo no se convierta en una emergencia. Esta competencia, inherente al verdadero liderazgo, es igualmente determinante tanto en el exigente entorno empresarial como en el ámbito de la política.

En relación con lo anterior y desgraciadamente, el proceso de arrinconamiento tanto de los valores tradicionales del centro-derecha como de la política económica de perfil liberal por parte del PP se encuentra en una fase demasiado avanzada. Y, por consiguiente, las consecuencias derivadas de ello son imprevisibles. En este caso, no se trata de una emergencia. Puesto que el problema ya no tiene solución.

Arriola, el oráculo del PP. Y Rajoy, el pseudo líder que desgobierna actualmente nuestro país. No son capaces de visualizar el terremoto político que puede producirse en España. De hecho, ni siquiera proponen soluciones al respecto. Sabiendo que los primeros temblores se han producido como consecuencia del “capitalismo de amiguetes” que el PP ha desarrollado hasta la fecha. Consistente en mal gobernar en clave de estrategias, encuestas y clientelismo. Y en función de los intereses de la casta político-sindical, los monopolios energético-gasísticos y los lobbys financieros procedentes del IBEX 35. Recortando, paralelamente, prestaciones sociales a los españoles.

Tanto es así, que la última y sorprendente estrategia electoral puesta en práctica por el PP en Andalucía ha sido disfrazarse de PSOE. En otras palabras, en lugar de abogar por la reestructuración, vía eficiencia, productividad y rentabilidad, del sector agrario andaluz. Empobrecido por el “régimen de la subvención” instaurado por el PSOE. El PP andaluz ha prometido, si gana las elecciones autonómicas, reducir todavía más el número de peonadas necesarias para percibir el PER.

¿Cree el PP de Andalucía que siendo más populista que el PSOE ganará votos?  ¿En el supuesto caso de ganar las elecciones en Andalucía, el PP no cumplirá tal promesa? No olvidemos que uno de los “anti principios” que identifican al PP actual está basado en no cumplir su programa electoral.

O por el contrario. ¿Cree el PP que no es posible la victoria en Andalucía y, en este sentido, cualquier estrategia electoral es válida?

Sea como fuere, el PP está intentando engañar a los andaluces, tal como lleva haciendo el PSOE durante más de tres décadas. Debido a que el PER es sinónimo de corrupción, clientelismo político-económico, fomento de la economía sumergida… Y, por ende, de subdesarrollo económico y desempleo.

Se equivoca, una vez más, Arriola. Porque aunque gran parte de los andaluces (y de los españoles) sean amantes de la “mamandurria”. Y, por consiguiente, deseen que perdure la improductiva y clientelar dictadura de la subvención, instalada en Andalucía y basada en la compra de votos. El PP no conseguirá pescar votos en este caladero.

En vez de prometer la creación de un macro PER en Andalucía. El PP andaluz podría haber apostado por las inversiones industriales, formativas, en I+D+I+D, enfocadas en la internacionalización, etc. Que necesita el sector agrario andaluz en particular. Y el español en general. Incluyendo en el mismo a la producción alimentaria-vitivinícola. Agropecuaria. Piscícola. Cinegética y forestal (subsector). “Turismo rural”. Etc.

Igualmente, el PP también debería abogar por la despolitización del sector agrario y la reducción de la burocratización que ha invadido al campo andaluz y al del resto de las CC.AA. Puesto que los ganaderos y agricultores andaluces, y de todas las autonomías, pasan más tiempo visitando las oficinas de la Administración, al objeto de cumplir con los prescindibles, engorrosos y numerosísimos trámites administrativos, que desarrollando sus labores diarias. (Justificar la existencia político-clientelar de multitud de puestos laborales del sector público está mermando la competitividad, en este caso, de nuestro sector agrario).

Recordemos que los corruptos políticos españoles han permitido que el campo andaluz, y español, subsista económicamente, vía precios y salarios bajísimos. Por mediación exclusivamente de las subvenciones (instrumento que regula las cuotas de producción y excedentarias). Y, por supuesto, sin actuar contra los lobbys que representan a los intermediarios. El resultado de todo ello es el déficit de competitividad que lastra a nuestro sector agrario en la actualidad. En base a lo cual, cada vez que Bruselas anuncia una reducción de fondos comunitarios procedentes de la PAC y destinados a España, nuestro sector agrario tiembla de miedo.

Sin duda, es el momento de luchar contra la corrupción (propiciada por el PSOE y los sindicatos de clase UGT y CC.OO.) de los ERE´s y de los cursos de formación en Andalucía. Pero el PP ha preferido guardar silencio. Y, además, sumarse a los partidarios del fraude del PER. ¿Qué tipo de acuerdos corruptos habrán “firmado” el PP y el PSOE en Andalucía, y en el resto de España?

El PER, que se ha quedado obsoleto y no cumple con la función inicial para la que se diseñó, es solo una pieza del corrupto sistema político-económico y clientelar tejido en Andalucía en torno a las subvenciones públicas. Que el PP andaluz quiera sostener este entramado constituye otra prueba más que certifica las similitudes entre el PP y el PSOE. Al menos, en Andalucía.

Por último y respecto al PER, es relevante resaltar que Podemos tiene intención de reformar el desfasado “Plan de Fomento del Empleo Agrario”. ¿Concederá un PER básico a todos los andaluces, similar a la renta básica que proponía hace meses?

¿Podemos expropiará fincas en Andalucía si llega al poder? Sin embargo, el programa de Podemos en Andalucía incluye una propuesta más peligrosa aún, consistente en la expropiación de fincas privadas.

Los andaluces tienen complicado elegir a sus “no representantes” el próximo 22 de marzo. Y aunque disponen de otras alternativas políticas, las encuestas muestran que los tres partidos más votados serán, por este orden, PSOE, PP y Podemos. El PSOE, si no obtiene mayoría absoluta, podría recurrir a un pacto de poder con Podemos, IU, etc. Y al PP solo le queda encomendarse al “voto del miedo”. Cualquiera que sea el resultado final, lo siento por los andaluces honrados y trabajadores.

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Los sindicatos de clase (CC.OO.-UGT), enemigos de los trabajadores: CaixaBank-Barclays.

En España, tarde o temprano tenía que ocurrir. Y ha ocurrido. Los antiguos trabajadores de Barclays han intentado desenmascarar a su mayor enemigo, que no es otro que los sindicatos de clase, es decir, UGT y CC.OO.

Se trata del caso “CaixaBank-Barclays”. El ERE diseñado por CaixaBank al objeto de aplicarlo en Barclays ha provocado un gran conflicto laboral sin apenas precedentes en el sector bancario español. Y, probablemente, tampoco habrá muchos antecedentes similares en nuestro mercado laboral a nivel global.

Porque, desde que se anunció el ERE, la plantilla de la antigua Barclays Bank SAU (la entidad absorbida por CaixaBank), no está conforme con la labor de su comité de empresa, integrado y representado por UGT y CC.OO. Tanto es así, que algunos ex-trabajadores de Barclays propusieron confiar la representación laboral, al objeto de desarrollar las negociaciones del citado ERE, a un asesor externo. Al objeto de defender sus derechos con muchas más garantías.

La razón de estas continuas discrepancias radica en la no coincidencia entre los oscuros intereses de los sindicatos y las demandas de los ex-trabajadores de Barclays. En otras palabras, el comité de empresa, tradicionalmente, ha priorizado el mantenimiento del estatus, la posición, los privilegios, etc., de sus propios miembros. Además de velar en primer lugar por los intereses corporativos y de índole económica de los sindicatos UGT y CC.OO. Olvidándose, continuamente, de las reivindicaciones de los trabajadores de Barclays.

No es sorprendente, tanto en cuanto los comités de empresa suelen defenderse a sí mismos en las negociaciones de los ERE´s. Y blindar ventajosamente a sus integrantes. Por el contrario, los trabajadores se convierten en nuevos parados y se marchan se la empresa en condiciones menos ventajosas.

Esta situación es bien conocida por multitud de compañías, de todos los sectores productivos, que han pasado por la dificultad de llevar a cabo un ERE en España. Sin embargo, pocas plantillas tienen la valentía de hacer frente a estos mafiosos sindicalistas de clase, amparados por una empresarialmente anticompetitiva legislación laboral, unas millonarias e indignantes subvenciones públicas y los diferentes y cobardes gobiernos españoles. Pero, excepcionalmente, los ex-empleados de Barclays están luchando contra estos parásitos sociales y laborales.

Recordemos que, actualmente, Barclays se ha convertido en una filial de CaixaBank. Puesto que en septiembre de 2014, el banco español compró al banco británico su negocio en España y relativo a la banca minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa-privada. Todo ello, ha supuesto la absorción de 550.000 clientes, una red de 270 oficinas y cerca de 2.400 empleados. El ERE mencionado es fruto de esta absorción, y el mismo pretende prescindir, en principio, de aproximadamente 1.120 trabajadores.

Y no olvidemos que las circunstancias de este último ERE son peores respecto a otros dos ERE´s anteriormente sufridos por Barclays, cuyas condiciones fueron aceptadas sin reparos por el comité de empresa actual.

Además, en este nuevo ERE existen muchas sombras económico-laborales, puesto que CaixaBank ha aplicado sus criterios contables a Barclays, que ha registrado, en virtud de ello, pérdidas. ¿Podría tratarse de una operación de ingeniería contable al objeto de justificar un ERE por causas económicas? ¿Qué posición adoptará esta vez el comité de empresa?

Al margen de lo anterior, cada vez más españoles piensan que UGT y CC.OO., son parte fundamental y representan fielmente a nuestro sistema corrupto, parasitario, comisionista, clientelar y, por supuesto, subvencionado, que ha hundido a la economía productiva para mantener a la España subvencionada.

Los sindicatos de clase son, junto al funcionamiento antidemocrático de los dos principales partidos políticos, la malévola ley electoral, la politización de la Administración, la Justicia al servicio de la partitocracia, la corrupción política institucionalizada, etc., el principal problema de nuestro sistema político-económico.

Si los asesores políticos retratan al parasitismo que impregna a nuestra casta política corrupta, los liberados sindicales representan la corrupción sobre la que gravitan los sindicatos de clase españoles.

Las subvenciones públicas, provenientes de los impuestos de los españoles, que sirven para mantener tanto a los políticos como a los sindicalistas, son una de las fuentes de las que bebe la corrupción político-sindical en España.

Los sindicatos de clase solo persiguen el objetivo de lucrarse. Y son capaces de cobrar porcentajes económicos sobre cada despido. Aliarse con la empresa si ello les produce beneficios, aún perjudicando de esta manera a sus representados, es decir, los trabajadores. Negociar las condiciones de un ERE únicamente en función de sus espurios intereses. Etc.

¿Cuántas empresas han cerrado por culpa de los sindicatos de clase?

Tanto la corrupción de los ERE´s andaluces. Como el fraude de los cursos de formación en Andalucía. Y las tarjetas Black de Bankia. Son las señas de identidad de los sindicatos de clase en la actualidad.

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Grecia (y España) debe renunciar al estatismo económico-político y clientelar.

Si el Eurogrupo no quiere perder la escasísima credibilidad que aún conserva, únicamente debería acceder a flexibilizar los plazos, respecto al pago de los vencimientos de la deuda griega, determinados en el primer rescate diseñado por la troika. Cualquier cesión adicional que traspase el referido límite, podría representar un peligrosísimo antecedente y acicate para el resto de países dependientes de la troika. Pero, sobre todo, para los partidos populistas europeriféricos.

Grecia ha actuado con una contradictoria prepotencia, proponiendo incontrolables exigencias. Por el contrario y si fuera un país serio, en lugar de exigir, tendría que haber proyectado previamente un nuevo y riguroso programa económico al objeto de cumplir los objetivos de déficit.

Sea como fuere y en el caso que finalmente se prolongue el rescate, una condición que debería imponer la troika a Grecia antes de firmar un nuevo acuerdo-memorandum, además de la reforma fiscal, es la relativa a reducir el peso del Estado griego, vía reducción, entre otros, del gasto público-político de la Administración.

Siempre que se centre en la eliminación del gasto político improductivo y clientelar, esta imprescindible reforma administrativa sería celebrada por la mayoría del pueblo griego. Verdaderamente, es vital despolitizar, eliminar cargos públicos, reestructurar salarialmente y, en definitiva, reformar de manera radical la Administración griega. (Al igual que la española).

El complicado y doble objetivo de Syriza: contentar tanto a la troika como a sus electores.
Indudablemente, Syriza podría presentar el referido convenio (si definitivamente se refrenda el mismo) ante los ciudadanos griegos como un triunfo del nuevo gobierno ante Merkel y las malvadas políticas de austeridad ejecutadas desde Alemania y, con ello, no se deterioraría su imagen ante los griegos que lo han votado. Aunque tergiversando la realidad. De hecho, si no fuera por la troika, Grecia ni siquiera podría pagar la luz de sus Administraciones Públicas.

La gran mentira de la austeridad.
Porque la mentira de la austeridad es el caballo de Troya, tanto de los corruptos gobiernos de la periferia europea como de los nuevos partidos populistas, que la han utilizado como una estrategia político-electoral.

Debido a que han sido los gobiernos periféricos corruptos, entre ellos el español, quienes han transformado las políticas de austeridad, deficientemente diseñadas por la troika, en programas económicos “austericidas” o, mejor dicho, “ciudadanicidas”. Que han empobrecido a los ciudadanos, vía impuestos abusivos, recortes salariales y reducción de las prestaciones públicas. A la vez que han sostenido el Estado del bienestar de la casta político-sindical, los monopolios energético-gasísticos y a la élite financiera. (Esta es la realidad económica española).

Igualmente, los políticos corruptos periféricos son los que se han encargado de culpar del citado “austericidio” o “ciudadanicidio” a Merkel y a la troika. Si bien es cierto que la troika merkeliana es co-responsable del mismo. Puesto que antes de desarrollar políticas económicas dirigidas a la periferia europea, es vital exigir a los gobiernos corruptos periféricos (y a los políticos que representan a los mismos) concretas condiciones políticas para evitar la corrupción, la malversación de caudales públicos, el despilfarro… Y controlar rigurosamente que estos requisitos se cumplan.

En cualquier caso, las políticas de austeridad europeriféricas no han sido comunicadas ni aplicadas correctamente. Y las mismas se han convertido en un “austericidio” o “ciudadanicidio”.

Independientemente de lo anterior y volviendo al posible concierto económico que pueden firmar Bruselas y Grecia, Syriza acertará plenamente si consigue llevar a cabo una reforma de la Administración griega conducente a dotar de eficiencia a la misma. Y a eliminar la corrupción política institucionalizada, las subvenciones improductivas, el clientelismo, el nepotismo, etc.

No olvidemos que el principal handicap que tiene la economía griega (y la española) es el sistema político corrupto, clientelar, subvencionado, parasitario y comisionista que ha llevado al país heleno a la quiebra. En este sentido, reducir el tamaño del Estado es el primer paso en la dirección económica correcta.

En función de ello y en el caso que Grecia redujera su sector público, ¿seguirá siendo Syriza la referencia conómico-política europea de Podemos? Recordemos que reducir el económicamente insostenible peso del macro Estado autonómico y local español no es una de las propuestas de Podemos. Más bien todo lo contrario.

De todas formas, tampoco el PP-PSOE tiene interés en reducir el tamaño de nuestra Administración Pública. Al revés, uno de los objetivos prioritarios de estos dos partidos es seguir manteniendo las redes político-clientelares corruptas y tejidas en todas las autonomías, ayuntamientos, consorcios, entidades, organismos, empresas públicas, etc., que constituyen la base de su poder. Y, del mismo modo, son la causa de la ruina de los ciudadanos.

España no dispone de ninguna solución política a corto plazo.
Tanto si gana el PP. El PSOE. O Podemos. Como si pactan el PP y el PSOE. O Podemos y el PSOE. Los ciudadanos seguiremos siendo esclavos fiscales y laborales de un Estado expoliador, que está al servicio de la casta político-sindical y el IBEX-35.

Intentemos que, al menos, ningún partido obtenga mayoría absoluta. Robar en solitario es más fácil que hacerlo conjuntamente mediante pactos de poder entre diferentes partidos.

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Ningún español honrado debe votar a Podemos o al PP-PSOE

El “asesor político, cargo de confianza o cargo de libre designación”, cuyo perfil estándar responde a un enchufado del PP-PSOE, dotado de escasa o nula cualificación, sin experiencia laboral privada y perceptor de un salario ofensivo, que como mínimo multiplica por 10 el sueldo “seiscientoseurista” de muchos ingenieros españoles.

Y el “liberado sindical”, más liberado que sindical, que únicamente defiende los inmorales privilegios de su colectivo en detrimento de los derechos de los trabajadores. Cuyo mantenimiento supone a las empresas (y a la Administración) un coste insostenible, en términos económicos y de competitividad.

Son dos figuras creadas a imagen y semejanza de nuestra pseudo democracia, que ni asesoran políticamente ni defienden a los trabajadores, pero que representan fielmente a nuestro actual sistema político corrupto, subvencionado, parasitario, clientelar y comisionista. Un perverso modelo en el que una numerosísima casta político-sindical, en su mayor parte innecesaria e inútil, parasita a los ciudadanos, convertidos a tal efecto en esclavos fiscales y laborales.

¿Un Gobierno de Podemos? “Prisioneros políticos”. Expropiación de medios de comunicación desobedientes. Y miseria.

No obstante, un Gobierno de Podemos traería consigo una plaga que aumentaría enormemente el número de estos dañinos parásitos. Puesto que este partido ultra izquierdista apuesta, entre otras barbaridades económicas, por aumentar el empleo público improductivo. Y con ello, la deuda pública y el déficit, dos males que han puesto en jaque a nuestra economía.

Pero, además, si Podemos llegara a gobernar, recrearía una especie que en España se extinguió hace muchísimo tiempo y no es otra que la relativa a los “prisioneros políticos”. Igualmente, los nuevos marxistas españoles podemitas cerrarían cualquier medio de comunicación que no prestara sumisión publicitaria al nuevo régimen inquisidor. Y por supuesto, España seguiría el camino económico-político de Venezuela y Grecia.

Venezuela, referencia económico-política de Podemos, está al borde del colapso económico y social. Debido a que la población no dispone de alimentos básicos y el índice de criminalidad es de los más altos del mundo. Esta situación de emergencia nacional provocada por la caída del precio del petróleo, el insostenible peso del Estado venezolano sobre la cada vez más deteriorada economía productiva, la inflación, etc. También se ha producido gracias a la acción de un gobierno corrupto, dictador y liberticida, que ha atentado contra los derechos humanos, secuestrando al poder judicial, corrompiendo a las instituciones…

Para ello, Maduro ha encarcelado en prisiones militares a los venezolanos opositores o críticos con el gobierno e, incluso, a aquellos ciudadanos que han osado denunciar cualquier injusticia gubernamental. Igualmente, los medios de comunicación independientes han sido expropiados o empujados por el propio Gobierno a la quiebra económica.

Y Syriza, los primos hermanos griegos de Podemos, tendrá que tomar una decisión salomónica. Cumplir el programa electoral y, por ende, no hacer frente al pago de la deuda, opción que podría llevar a Grecia a salirse del euro y a quedarse sin financiación. Y en este caso, no podría ni pagar a sus funcionarios. Porque la supuesta ayuda de Putin no sería permanente.

O por el contrario, decepcionar a sus votantes e intentar cumplir las fases del plan de rescate impuesto por la Troika. Tanto es así, que será complicado para Grecia conseguir reestructurar su deuda, vía negociación. (A no ser que Syriza consiga una reducción del interés y/o aplazamientos del pago de la deuda. O se busque una fórmula de ingeniería financiera, con el riesgo que ello supondría a efectos de un futuro impago).

En cualquier caso, las políticas económicas que quiere implementar Syriza, coincidentes con las propuestas de Podemos y consistentes, sobre todo, en el aumento del gasto público improductivo, son suicidas.

En Grecia ha ocurrido lo mismo que en España, una casta político-sindical corrupta ha hundido el país. Y los populistas de Syriza, jugando con la desesperación del pueblo heleno, han aprovechado la oportunidad electoralmente. Al igual que está intentando hacer Podemos en nuestro país.

Pero los españoles debemos aprender de los casos de Venezuela y Grecia. Y, por tanto, no caer en la trampa de Podemos. No olvidemos que el objetivo ulterior de estos nuevos dictadores del SXXI es liquidar “la España constitucional”. Aunque tampoco podemos confiar en el inmovilismo del PP-PSOE, que intenta a la desesperada mantener nuestro sistema corrupto, basado en el Estado del bienestar de la casta política, la compra de votos clientelares, las subvenciones, el enchufismo…

Promocionar la “tercera vía”: VOX, Ciudadanos y UPyD.

En consecuencia, promocionar la tercera vía, formada por VOX, Ciudadanos y UPyD, únicos partidos que apuestan por la regeneración, es una cuestión de supervivencia democrática. Debemos ser conscientes de ello e intentar difundir el mensaje de estas tres formaciones políticas.

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La recuperación económica consiste en convertir a España en un “basurero laboral”.

Transformar el sistema político-económico de nuestro país en una “dictadura proletaria para cazar fachas”, objetivo que persigue el líder ultra izquierdista de Podemos, sería una catástrofe socio-económica y política para España.

En este sentido, Pablo Iglesias debería saber que el proletariado actual lo componen las familias de clase media, los pequeños empresarios, los autónomos, etc. Puesto que la lucha de clases en el formato marxista está desfasada. Considerando, también, que actualmente el capital está en manos de la élite financiera y de sus esbirros, la corrupta casta política a la que pertenece el propio Iglesias.

Por el contrario, ensalzar las virtudes de nuestro corrupto sistema, tal como hizo Rajoy en el último show político-publicitario y mediático que ha organizado el PP en forma de congreso, demuestra una hipocresía sin límites, propia de un cínico profesional.

Tanto en cuanto el actual sistema ha convertido a España en un “basurero laboral”. Y en uno de los países donde más crece la desigualdad. Además, este injusto sistema ha propiciado la vuelta a las “dos Españas de Machado”. Aunque con diferentes protagonistas, debido a que actualmente la España de la casta político-sindical parásita y estatista ha convertido en esclava fiscal a la España de los españoles económicamente productivos.

Y el PSOE ni siquiera tiene conceptuado un modelo de sistema para implantarlo en España. No olvidemos que todos los experimentos anteriores ideados por esta formación política a tal efecto han terminado en la quiebra económica, social, política y moral de nuestro país. Andalucía, la región con la tasa de paro más alta de Europa, es un referente en lo concerniente a corrupción política y gestión socialista de los recursos.

El BCE, cómplice del Gobierno para mantener el “Estado autonómico clientelar”.
El BCE ha decidido apuntalar más aún al sistema que ha destruido a la clase media española y, por tanto, a la capa social que equilibra cualquier modelo de convivencia. Puesto que la inyección de liquidez impulsada por Draghi, y basada en la macro compra de deuda, permitirá al socialista Rajoy financiar a las ruinosas autonomías para que sigan malversando los caudales públicos.

El BCE será el co-responsable de que la gigantesca estructura político-administrativa autonómica y local, de la que se alimenta la corrupta casta política española, siga recibiendo fondos para dilapidarlos. Y lo peor de todo es que esa inyección de liquidez probablemente no llegará a la economía productiva, puesto que además del Estado autonómico, los otros beneficiarios de la política expansiva del BCE serán los bancos. Evidentemente, la factura la abonarán las futuras generaciones de españoles.

Podemos y el Gobierno mienten. Y el PSOE no sabe, no contesta…
No terminan aquí los engaños a los que están siendo sometidos los españoles. Porque no es cierto que Rajoy haya seguido al pie de la letra los dictados de Merkel. Y, en consecuencia, tampoco es verdad que el Gobierno del PP haya instaurado políticas de austeridad en España. Máxime, conociendo que la deuda pública española está batiendo récords.

Tanto es así que Rajoy ha desarrollado dos políticas económicas diferenciadas. El “austericidio”, vía recortes y reducción de prestaciones públicas, para los ciudadanos. Y la “barra libre” para el gasto público-político y administrativo autonómico y local. En otras palabras, el Gobierno del PP ha gobernado para la casta político-sindical, la gran banca (y las antiguas cajas de ahorros arruinadas por los políticos), los sindicatos de clase, la patronal y el resto de beneficiarios del sistema. Este es el modelo que defiende el presidente del Gobierno a capa y espada.

Por consiguiente, Podemos, un partido integrado por aspirantes a dictadores neo leninistas, procedentes de la degenerada casta universitaria (con excepciones), abanderando un falso discurso anti Merkel y anti troika y manchados de corrupción antes de tocar el poder. Y el Gobierno del PP, seguidor de las políticas de ZP. Mienten.

En base a que los arquetipos de sistema que proponen ambos partidos perjudican a la inmensa mayoría de los españoles y benefician únicamente a determinados grupos de interés.

El “basurero laboral” español.
Mientras tanto, el poder económico y sus títeres políticos intentan que los españoles se adapten al nuevo modelo económico y se conformen con trabajar en un basurero laboral. La recuperación económica pasa porque cientos de miles de españoles se precaricen, temporalicen y malvivan mediante trabajos mal pagados y consistentes en varias horas semanales.

El modelo productivo español seguirá siendo el “sol y la playa”. Dado que el equivalente al porcentaje de PIB industrial que debería tener la economía española se ha evaporado, vía corrupción política. Y la consecuencia de todo ello no es otra que los camareros podrán subsistir en España pero los ingenieros y los demás profesionales cualificados deberán emigrar.

Aunque siempre se puede trabajar para “la famiglia” del PP-PSOE, especialistas en crear empleo público, mediante enchufes clientelares, asesores políticos y pseudo oposiciones a medida.

Sr. Rajoy, por supuesto que hay que cambiar el sistema. Y no nos gusta ni el modelo venezolano ni el iraní, Sr. Iglesias.

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Reunión de Kitty´s: ¿El Ejército y la Guardia Civil, engañados por la casta?

El sistema ha convertido a los jueces y magistrados de los altos tribunales de Justicia españoles en “políticos con toga”. Para conseguir tal fin, la casta corrupta bipartidista dejó gravemente herido a Montesquieu en 1985. Asesinándolo sin piedad en 2013.

De forma paralela, y al objeto de consolidar la dictadura político-parasitaria que tiene secuestrada a España, nuestro sistema subvencionado, clientelar y comisionista ha reducido al Ejército a la mínima expresión. Y una devastadora y terminal enfermedad denominada politización ha transformado a los altos mandos militares (también de la Guardia Civil y la Policia) en “políticos con uniforme y armas”.

Las instituciones del Estado están totalmente desacreditadas por el efecto de la corrupción política. Sin embargo, muchísimos españoles seguimos confiando en el Ejército, la Guardia Civil y la Policia.

Aunque a menudo nos provocan nauseas las actuaciones de los “cargos y dirigentes políticos” que mal gobiernan estas prestigiosas instituciones integradas en las Fuerzas Armadas (Ejército) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policia).

La reunión de Kitty´s en Barcelona, a la que asistieron un miembro de la cúpula militar y otro de la Guardia Civil, además de un consejero de la Generalitat, el fiscal jefe de Cataluña, un directivo del IBEX-35 y representantes del PP-PSOE y de Ciudadanos, podría haber sido inmortalizada por el genial pintor, y especializado en pintura histórica, Augusto Ferrer Dalmau. Puesto que es posible que la citada reunión pase a formar parte de la historia de nuestra dantesca y estrafalaria pseudo democracia.

¿Qué relevante misión han llevado a cabo tanto el alto mando del Ejército como el de la Guardia Civil, ambos presentes en la reunión de Kitty´s?

¿El resultado de esta reunión puede servir de referencia o base en relación a la planificación y el diseño de un futuro plan secesionista?

¿El objetivo de esta celebración ha podido estar relacionado con una “primera” toma de contacto entre distintos interlocutores fácticos para acercar posiciones, vía diálogo? En este sentido, los españoles conocemos perfectamente que el significado del verbo dialogar, en el idioma tripartidista PP-PSOE-CiU, es sinónimo de concesiones al independentismo catalán.

¿Se trata de una “quedada” entre viejos amigos para ver un partido de futbol?

Sea como fuere, la ética y la estética han brillado por su ausencia en la representación de esta opereta política. Evidentemente, este bochornoso espectáculo refleja que la vieja forma de hacer política en España sigue más vigente que nunca. Todo ello, a pesar de las actuales demandas de la sociedad en favor de una regeneración de la vida público-política.

Consecuentemente, los españoles tenemos otra prueba más relativa al engaño y la falsedad con que la vieja política ha impregnado a nuestro proyecto inacabado de democracia durante más de tres décadas.

Porque así funciona nuestro maligno sistema, siempre de espaldas a los ciudadanos. Pero este caso es especialmente grave debido a que está en juego la libertad de millones de catalanes y españoles, la unidad de la nación más antigua de Europa y la democracia. Y la economía de España.

Si existe un proceso cerrado o un inicio de negociación para “encajar Cataluña en España”, es decir, con el objetivo de romper España, los españoles tenemos derecho a conocerlo.

La reunión de Kitty´s se planificó de forma secreta. ¿Quién filtró a la prensa la celebración de la misma y por qué?

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El endurecimiento de las penas, que propone la reforma del Código Penal, no será suficiente para frenar la corrupción política.

“2015, el año de la recuperación económica”. “La legislatura de las reformas”. Y “el Gobierno ha salvado del rescate a España”. Estos son los tres lemas, político-económicos y en clave marketiniana, concebidos engañosamente por Arriola y elegidos para ser utilizados como reclamo electoral durante el presente año.

Los mismos, según se ha decidido en el último “retiro” que el PP ha celebrado en Toledo, serán reproducidos hasta la saciedad por parte de los dirigentes del partido del Gobierno y a través de los medios de comunicación. Al objeto que la opinión pública española los asimile y termine por creérselos.

Los españoles, estupefactos e indignados, comprobamos que casi todo sigue igual respecto a la corrupta, desfasada y vieja forma de hacer política del PP-PSOE.

Zapatero negó la crisis, dejando a España en quiebra económica. Y Rajoy vende una irrisoria recuperación económica sin antes solucionar los principales problemas de nuestra economía. Sobre todo, el relativo a nuestra impagable deuda pública, originada por un desaforado gasto público-político proveniente del sector público autonómico y local.

E, igualmente, presume de reformas que no responden a las demandas de los españoles pero que dejan intacto el inmerecido estatus, los inmorales privilegios y la super protección de la casta política.

Por ejemplo, la reforma de la Administración, que ha sido presentada por el Gobierno como su propuesta estrella en esta legislatura. No obstante y al respecto, únicamente se han recortado servicios públicos para los ciudadanos, manteniéndose íntegramente la “mamandurría” política, el comisionismo, el clientelismo y las subvenciones amigas. Imitando al Gobierno de ZP.

Otro de los ingeniosos y escasamente graciosos chistes inventado por el gurú del PP, que nos seguirán contando durante el presente año desde los distintos escenarios gubernamentales, está basado en la idea relativa a que el Gobierno salvó a España del rescate… Gracias a que Dragui lanzó un flotador al Gobierno desde su buque, el BCE.

La nueva reforma del Código Penal.
La última reforma propuesta por el Gobierno es la referida al Código Penal. La misma se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. Puesto que actualmente la Comisión de Justicia del Congreso está discutiendo las numerosas enmiendas presentadas al citado texto, con el objetivo de aprobarlo y trasladarlo al Senado a finales de enero.

Esta nueva reforma del Código Penal, respecto a los delitos relacionados con la corrupción política (una de las máximas preocupaciones de los españoles), propone prolongar los plazos de prescripción. Aumentar las penas de inhabilitación. Y, en general, endurecer las penas.
Recordemos que algunos de estos delitos son la malversación de caudales públicos, la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, etc. Y que los mismos pueden ser cometidos tanto por cargos públicos como por funcionarios.

¿La imposición de penas más duras frenará la corrupción política?

En este sentido, es factible afirmar que el endurecimiento generalizado del sistema penal es el objetivo prioritario que persigue conseguir la reforma del Código Penal. No obstante e independientemente que pueda ser acertado incrementar la dureza de las penas, la raíz del problema de la corrupción política se encuentra en la ausencia de separación de poderes de nuestro sistema.

En base a ello y mientras la justicia siga politizada y al servicio del PP-PSOE, ninguna reforma del Código Penal será eficaz.

¿Recuerdan la “Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial”? De forma inconstitucional, y con la complicidad del PP-PSOE, la partitocracia eligió a los vocales del CGPJ y, de esta forma, blindó a la casta ante la justicia.

Los jueces y magistrados de los altos tribunales de justicia españoles, actualmente, son “políticos con toga”. Y el CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces, se ha convertido en una filial del Ministerio de Justicia, es decir, del Gobierno de turno.

Lamentablemente, esta reforma del Código Penal es una muestra más del engaño al que somos sometidos los ciudadanos constantemente.

Parche sobre parche. Y el sistema sigue desinflándose. Porque a la partitocracia corrupta y heredera de la Transición no le conviene cambiarlo.

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“Seiscientoseurismo”. El nuevo modelo económico español.

Los ciudadanos, en su mayoría, consideran que España no está tutelada por una verdadera democracia.

Puesto que la falsa democracia, implantada en España tras la dictadura, se encuentra en la actualidad tan desvirtuada como desfasada. Y por tanto, deja desamparados a los españoles frente a la omnipotencia del Estado y los dos grandes partidos políticos.

Tanto es así que nuestro ordenamiento jurídico, acotado en la Constitución, únicamente se respeta cuando le conviene a los intereses del corrupto bipartidismo.

Y el pseudo Estado de Derecho español, elevado a los altares de forma hipócrita por el PP-PSOE, está en posición de jaque mate debido a que la ausencia de separación de poderes ha derivado en la diferenciación de dos clases de justicia en España.

Una justicia implacable para los ciudadanos. Y otra justicia light para la oligarquía político-sindical, la élite financiera y la Monarquía.

Estas antidemocráticas reglas de juego han provocado un clima de injusticia social y desigualdad económica cuyos damnificados son los parados, las empobrecidas familias de clase media, las quebradas pymes y los arruinados autónomos.

Aunque contradictoriamente, los causantes de la diferenciada y particular crisis que ha asolado a España (la enfermedad de nuestra economía tiene un origen político) se han enriquecido inmoralmente y en virtud de unos privilegios inmerecidos. Por supuesto, me refiero a la casta rancia integrada tanto por políticos bipartidistas como por sindicalistas de clase. Y a sus inseparables socios, los “financieros del BOE y amigos del poder”.

Esta es la nueva lucha de clases en España.

Consecuentemente, los españoles de bien que quieren labrarse un futuro se encuentran en la actualidad en una encrucijada. Porque como ha sucedido a lo largo de la historia, el inmovilismo de las clases explotadoras y extractivas choca contra la iniciativa regeneradora de los colectivos tiranizados.

En este sentido, el poder económico y la casta política están utilizando la ínfima y esperada recuperación económica como el caballo de Troya para mantener intacto el corrupto régimen político heredado de la Transición. Y lo peor de todo es que están ganando la partida porque han implementado, a tal efecto y a la medida de sus intereses, un nuevo y esclavista modelo económico en España.

Debido a ello, los españoles debemos poner en cuarentena los datos económicos suministrados por las instituciones públicas. Máxime, tanto en cuanto la tergiversación y manipulación de los mismos, vía ingeniería contable, se instauró en la etapa en la que Mafo era gobernador del Banco de España. Y hasta la fecha…

Se impone el “seiscientoseurismo”. Seiscientos euros mensuales es el salario estándar al que aspiran los privilegiados jóvenes que acceden al mercado laboral privado. Mientras, por ejemplo, los “asesores” de los políticos siguen cobrando salarios insultantes. Y la media salarial en la Administración continuará siendo superior a la del sector privado.

Limosnas económicas del Gobierno para contentar a sus siervos. La futura “Ley de la segunda oportunidad para los autónomos” no aborda los verdaderos problemas de este colectivo, convertido por el PP-PSOE en los nuevos esclavos fiscales y laborales del SXXI.

Igualmente, la insignificante subida de las prestaciones a los pensionistas (para ganarse su voto) es un insulto a nuestros mayores, que representan el sostén de la crisis española. Además, el nivel adquisitivo global de los pensionistas está bajando progresivamente.

El sector público autonómico seguirá devorando a la economía productiva. Las pymes y los autónomos seguirán prestando vasallaje económico para que nuestra Administracíón autonómica y local pueda seguir malversando los caudales públicos. Recordemos que las futuras generaciones de españoles están hipotecadas antes de nacer en virtud de una impagable deuda pública creada por la casta.

La prueba más evidente la tenemos en la condonación, por parte de Montoro, de las deudas fiscales a las comunidades autónomas que han incumplido el objetivo de déficit, todo ello, sin reducir el gasto público-político derivado de sus macro estructuras político-administrativas y las redes político-clientelares. La Taifa de Cataluña es la autonomía más beneficiada en relación a esta injusta política fiscal. Más dinero público para que Artur Mas pueda seguir financiando el independentismo.

Los españoles, utilizados como “paganinis” para mantener el suntuoso nivel de vida de la casta. La mayoría de los españoles pagará, globalmente, más impuestos en 2015 (a pesar de la rebaja del IRPF, “casualmente”, en año electoral) y serán más pobres.

Intervención total de la economía española por parte del poder político. El caso de la “ley Lasalle” (nueva Ley de Propiedad Intelectual) retrata la connivencia entre el Gobierno y determinados lobbys empresariales, en este caso, el de los editores. El parasitismo inherente a nuestro sistema está detrás de la huída de España de Google News.

A nivel político-judicial, nuevos parches gubernamentales para no despolitizar la justicia ni potenciar la transparencia. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que acortará los plazos procesales de instrucción respecto a las “causas complejas” (tramas de corrupción política) servirá para que los políticos corruptos no puedan ser investigados a fondo. Y la nueva “Ley de Transparencia” es una auténtica cortina de humo.

Ciudadanos fritos a impuestos y cada vez más empobrecidos al objeto de mantener un modelo político-económico corrupto, en el que una minoría subvencionada, comisionista y clientelar parasita al resto de españoles.

Tenemos que rebelarnos y no aceptar este malvado modelo económico-político. Para ello, es indispensable expulsar de la gestión pública a todas las generaciones de políticos herederos de la Transición, que han convertido la política en una profesión y han hecho de la corrupción su modus vivendi.

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Ley de Transparencia. ¿A quiénes quieren engañar?

La Ley de Transparencia aprobada recientemente por el Gobierno solo es una cortina de humo, cuyo objetivo es tratar de contentar a una sociedad hastiada de la corrupción política. Además, el “Portal de Transparencia” no aporta ningún dato novedoso.

Por consiguiente, la sociedad civil deberá exigir a los gobernantes que la información que nuestra Administración debe suministrar a los ciudadanos englobe hasta el último euro público gastado.

Tanto en cuanto, la ansiada transparencia en la Administración únicamente se lograría despolitizando la Justicia y, complementariamente, eliminando los aforamientos. Pero estas dos imprescindibles medidas no las propondrá el PP-PSOE.

Algunos ciudadanos se han quedado perplejos al conocer, a través del citado portal, el desfase salarial existente actualmente en la Administración. Aunque el gran problema son las consecuencias de tal descontrol retributivo.

El diseño de la política retributiva de una empresa competitiva tiene un carácter estratégico, y la misma representa un área de gestión relevante que integra el “Plan Estratégico de Gestión de Personas”.

Sería complicado desarrollar en la Administración, tal como tienen implantado multitud de compañías líderes, un “modelo de retribución flexible”, basado en la productividad y la consecución de objetivos, que girara en torno al “salario emocional”. Y en el que el paquete retributivo de cada empleado se diseñara de forma personalizada, permaneciera vinculado a la evaluación del desempeño y, en este sentido, primara el esfuerzo, los méritos y la valía.

Si bien y del mismo modo, es prácticamente delictivo que nuestra Administración no tenga implementado un modelo retributivo basado en la equidad, el nivel de responsabilidad, la sostenibilidad económica, la cualificación, etc.

Y más gravoso es aún para nuestra economía el hecho relativo a que la media salarial en el sector público sea más alta que en el sector privado. Algo propio de repúblicas bolivarianas, pero no de democracias occidentales.

Todo ello, es debido fundamentalmente a la politización de la Administración y sus derivaciones en forma de enchufismo y nepotismo, vía entrada de cientos de miles de asesores, empleados públicos sin oposición (y enchufados por los partidos políticos) y políticos prescindibles. Estos colectivos, contradictoriamente y en multitud de casos de forma ilegal, gozan de una retribución más alta que la de los funcionarios, y esta es la causa, entre otras, tanto de los desfases salariales como de la subida de la media salarial en el sector público.

¿Servirá la Ley de Transparencia para intentar subsanar las incoherencias salariales en la Administración? ¿Es sostenible para la economía española este desequilibrio salarial entre el sector público y el privado? ¿Estas incongruencias salariales impactan negativamente en nuestro fracasado mercado laboral?

¿Se podría calificar con el término de corrupción a los insultantes sueldos de los directivos de las más de 4.000 empresas públicas subvencionadas que todavía existen en España, la mayoría de ellas en números rojos?

El sueldo medio en el sector público es de aproximadamente 2.530 euros brutos mensuales. Destacar que en las Comunidades Autónomas, las retribuciones son en general más altas que en la Administración central y local. Por el contrario, el salario medio en el sector privado está situado en torno a los 1.700 euros brutos. (Según datos del INE y en función de la última EPA).

Por cada puesto de trabajo improductivo que se destruyera en el sector público, podrían crearse 2,5 puestos de trabajo en el sector privado, es decir, en la economía productiva.

¿A alguien le sorprende que nuestro país tenga una deuda prácticamente impagable, y sea líder de la Unión Europea en número de parados, junto a Grecia?

Y Podemos pretende aumentar los empleados públicos para solucionar el problema del desempleo en España.

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Parados de larga duración, primer reclamo electoral.

A través del libro “Marketing 3.0”, el gran gurú del marketing, Philip Kotler, entre otras muchas acciones marketinianas orientadas al negocio, recomienda a las empresas apostar por la sostenibilidad. No es solamente una estrategia de marketing porque, paralelamente, sirve para beneficiar a los diferentes grupos de interés.

Kotler comenta al respecto que engañar al cliente significa la muerte de la empresa a largo plazo. En este sentido, es contraproducente, por ejemplo, que una compañía abandere la lucha a favor del ecologismo si posteriormente se descubre que la misma vierte productos contaminantes al mar.

El Gobierno español, al igual que determinadas empresas cuyos beneficios no redundan en la sociedad, ha suspendido en materia de responsabilidad social. Pero la intención del ejecutivo de Rajoy, de cara al último año de legislatura, es adaptar el “marketing político de guerrillas” a una estrategia basada en el engaño a los ciudadanos, y dirigida desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El socialismo, ideología basada en el asalto al poder a cualquier precio, que está sirviendo de guía político-económica a este gobierno antisocial del PP (y a los anteriores gobiernos del PSOE), contradictoriamente y a pesar de su predicamento, convierte el gasto público social en “mamandurria estatista” por arte de magia subvencionada. En otras palabras, el dinero público que debería ser destinando a los colectivos desfavorecidos de la sociedad se difumina en forma de ERE´s socialistas, cursos sindicalistas de formación, redes gurtelianas y barcenianas peperas…

¿Podríamos identificar al modelo político-económico-social que tenemos implementado en España con el concepto de “Capitalismo de Estado”, en versión SXXI?

Se trata de una variedad del capitalismo, focalizada en el falso poder económico del sector público, que destina la mayor parte de los recursos económicos a mantener al Estado. Y, consecuentemente, a la oligarquía político-sindical-empresarial, que vive subvencionada, comisionista y clientelarmente a costa del erario público. Y de sablear fiscalmente a los ciudadanos.

Por el contrario, los damnificados de este salvaje sistema, que son las familias, las pymes y los autónomos, es decir, la economía productiva, sin ninguna forma de prosperar y en régimen de mera subsistencia, trabajan únicamente para mantener a todas estas castas parasitarias instaladas cómodamente en la Administración.

El “Capitalismo de Estado” implanta un arquetipo económico altamente improductivo y de carácter público-político-administrativo. Por consiguiente, el mercado de trabajo privado derivado de este sistema se asemeja a una feria de compra-venta de esclavos del SXVI, adaptada al precario entorno empresarial actual.

Al final, este capitalismo estatal solo conduce a la injusticia social, la desigualdad, el desempleo y la pobreza. Los cuatro espejos en los que se mira España en la actualidad.

No obstante, el Gobierno, sin escuchar la voz de la calle, prefiere seguir parcheando los problemas en lugar de enfrentarse al principal handicap de España, que no es otro que un sistema podrido, en virtud de la corrupción política institucionalizada, la malversación de caudales públicos y la politización de la Justicia.

Los parados de larga duración, ciudadanos en riesgo de pobreza o exclusión social y, por ende, susceptibles de ayuda, son el primer colectivo al que el Gobierno quiere colocar un producto averiado. En virtud de una clara motivación electoral, el Gobierno prepara un “mini cheque” para cada una de estas personas necesitadas. Una limosna que no les servirá para encontrar trabajo. (Aunque, bienvenida cualquier ayuda).

Además de esta medida electoralista y cortoplacista, ¿qué piensa hacer el gobierno por los desempleados?

¿Por qué no trasvasamos ordenadamente, vía formación y reciclaje profesional, a más de un millón de empleados públicos, asesores y políticos prescindibles, que están enchufados por los partidos políticos en la Administración (paralela), al sector privado? A nivel fiscal, mantener a todos estos parásitos sociales, muchos de ellos con sueldos tan insultantes como inmerecidos, representa un “cuello de botella” para nuestra economía. Además, el mercado laboral español necesita un equilibrio entre el sector público y el privado.

El coste de la estructura de poder de los dos principales partidos políticos españoles y su dimensión político-administrativa no es económicamente sostenible.

Philip Kotler cuantifica diferentemente el coste que le supone a una empresa captar a un nuevo cliente, el de retener a un cliente fidelizado y satisfecho, y el de recuperar a un cliente perdido. El coste menor, evidentemente, es el relativo a retener al cliente fidelizado.

El PP-PSOE tiene todavía muchos votantes fidelizados y satisfechos, todos aquellos que se están aprovechado de nuestro sistema corrupto. Pero al contrario que en el mundo empresarial, el coste de retener a estos votantes fieles significa la esclavitud fiscal para el resto de los españoles.

Apostemos por los partidos regeneradores. Y no me refiero a Podemos.

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El virus de la casta infecta a Podemos

Jack Welch, el mejor gestor del SXX, según la revista Fortune, llevó la competitividad empresarial hasta el límite en la década de los 80 del siglo pasado y, gracias a ello, consiguió transformar a una ineficiente General Electric en una compañía líder.

La gestión sostenible de personas basada en la meritocracia fue uno de los innovadores procesos gerenciales que implantó Welch en GE, el mismo consistió en despedir anualmente al 10% de los gerentes con peores resultados, y premiar retributivamente al top 20% que cumplía los objetivos.

En el entorno empresarial, evidentemente, tanto el liderazgo como la innovación son dos factores clave para alcanzar el éxito.

Cambiando de tercio, el liderazgo en la política española, sobre todo, en lo referente a los dos principales partidos está huérfano. Y dado el ínfimo nivel intelectual, formativo y profesional de la mayoría de nuestros políticos, todo indica que el nepotismo adherido a las estructuras organizacionales de los dos partidos mayoritarios se seguirá imponiendo al liderazgo.

Por el contrario, la innovación política se vende muy barata en España.
A un partido que expulsara y, en consecuencia, no protegiera a sus dirigentes políticos corruptos, por mínima que fuera la irregularidad o corruptela cometida por los mismos, se le podría calificar con el adjetivo de innovador. Por desgracia, en la política de nuestro país, la innovación está íntimamente ligada a la ejemplaridad.

Pablo Iglesias es un “líder por accidente”, puesto que su liderazgo es más emocional que real porque el mismo está basado en el hartazgo de sus seguidores en relación a la corrupción procedente de los dos partidos tradicionales.

No obstante, Iglesias está perdiendo la oportunidad de “liderar accidentalmente” a un partido innovador, debido a que Podemos está imitando la vieja y corrupta política del bipartidismo fundamentada en proteger a los dirigentes salpicados por la corrupción, en lugar de expulsarlos inmediatamente al menor indicio.

¿La emergente “castita” de Podemos comienza a copiar a la mafia del PP-PSOE?

Si Jack Welch hubiera mantenido en la plantilla de GE a los gestores que no cumplían sus objetivos, la citada compañía nunca hubiera alcanzado los estándares competitivos, diferenciadores, económico-financieros e innovadores que convirtieron a esta compañía en un referente empresarial a nivel mundial.

Las comparaciones son odiosas, máxime, teniendo en cuenta que General Electric es un icono del capitalismo. Y Podemos es un partido de corte leninista. Igualmente, Jack Welch es calvo.

Pero, los anticapitalistas de Podemos podían tomar nota. No se trata de destituir a los dirigentes políticos menos cualificados para alcanzar, en este caso concreto, los objetivos electorales, bastaría de momento con expulsar a aquellos que están manchados por la corrupción, independientemente de lo profunda que sea la mancha.

Mientras Pablo Iglesias no predique con el ejemplo, será considerado un pseudo líder, procedente de la decadente y sectaria casta universitaria de la Complutense y aspirante a la corrupta casta política. Del mismo modo, una condición sine qua non para que Podemos se transforme en un partido innovador es la relativa a no albergar corruptos en sus filas.

Hasta la fecha, el liderazgo de Iglesias y la innovación de Podemos brillan por su ausencia.

Si a ello le añadimos el delirante, utópico, contradictorio y continuamente maquillado “borrador económico”, que constituirá la base del programa, a Podemos y a Pablo Iglesias únicamente les queda la conexión emocional con los españoles (que puede convertirse en votos) a través del desencanto de estos con el sistema político podrido que tenemos en España.

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La política está por encima de la Justicia en España

La crisis de la fiscalía respecto al “caso del referéndum de cartón del 9-N” constata fielmente la anticonstitucional politización que sufre nuestra Justicia.

En la web oficial de la Fiscalía General del Estado se puede leer, en portada y a modo de presentación, el artículo 124 de la Constitución Española.

El Ministerio Fiscal, según el citado artículo, tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.
Igualmente, el Ministerio Fiscal deberá ejercer sus funciones por medio de los órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

¿Algún español, respecto al mencionado caso e independientemente del nivel de sus conocimientos jurídicos, puede pensar que los principios que expone el referido artículo se han cumplido por parte de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña?

Del mismo modo, ¿ha respetado la citada fiscalía catalana las dos leyes que regulan el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que son la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial y la Ley 50/1981 de 30 de diciembre?

¿Ha sido víctima el Fiscal General del Estado del doble juego del Gobierno, propiciado por la negociación paralela que ha mantenido con CiU y el PSOE? ¿El Fiscal General del Estado es prisionero de su falta de independencia y, consecuentemente, de la ilegal lealtad que le profesa al Gobierno?

El film sobre el independentismo de Cataluña, que llevan rodando hace tiempo tanto el PP& PSOE como CiU, le está costando políticamente caro al Gobierno español. Y más costoso todavía, sobre todo a nivel económico, está resultando el mismo para el resto de comunidades autónomas españolas, que son sus financiadoras.

Puesto que los aplausos, que certifican el engaño del que ha sido víctima el Gobierno de España, se los está llevando el actor protagonista de esta perversa película, Arturo Mas. Un reo de alta traición, que si nuestro Estado de Derecho funcionara, posiblemente tendría que actuar desde la cárcel.

El Gobierno ha caído, irónica y contradictoriamente, en el cepo de la politización de la Justicia. Una trampa, mortal para la democracia, puesta por el bipartidismo al objeto de blindarse judicialmente.

En esta ocasión, y respecto a la esperpéntica pseudo consulta independentista catalana, la politizada Justicia española se ha vuelto en contra del Gobierno. El cazador ha sido cazado con su propio lazo.

Pero también es posible que el comportamiento ilegal de la fiscalía del TSJC sea consecuencia de un plan cuya ejecución no está desarrollándose tal y como estaba previsto.

Independientemente que el Fiscal General del Estado consiga sacar adelante la querella por desobediencia, usurpación de funciones, prevaricación y malversación de caudales públicos contra Mas e, incluso, aunque la fiscalía de Cataluña avale finalmente la misma, la politizada Justicia española se ha vuelto a retratar. La Justicia está al servicio de la política en España.

Sin Justicia, no hay democracia. Y sin Estado de Derecho, únicamente nos queda la sociedad civil.

Los españoles no tenemos otra solución que expulsar de la política y, por ende, de la gestión pública a todos los integrantes de los actuales organigramas del PP-PSOE-IU-CiU-CC.OO.-UGT…
Debemos acabar con la vieja y corrupta forma de hacer política, democratizar los partidos (y sustituirlos por otros) y dotar de independencia a la Justicia.

El sistema está podrido. Y solo la sociedad civil puede salvar a España. Enhorabuena a los particulares y a las asociaciones públicas que han interpuesto querellas contra Arturo Mas. Este es el camino.

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Delito de Alta Traición

“Las 48 leyes del poder” (1998), es el título de un best seller cuyo autor es el psicólogo americano Robert Greene. Podría considerarse al citado libro como una reinvención de “El Príncipe”, el archi conocido tratado de teoría política escrito por Nicolás Maquiavelo en 1513.

Según Greene, la “ley número 31 del poder” está relacionada con un juego liberticida ideado por gobiernos malévolos. El mismo se fundamenta en unas injustas reglas diseñadas con el objetivo de controlar el destino de los ciudadanos. Para dotar de una cierta apariencia democrática a este juego, el poder otorga a los ciudadanos la facultad de eligir “entre dos males”.

La posible coalición que pueden llevar a efecto el PP y el PSOE, al objeto de sumar fuerzas en las próximas elecciones generales, está basada en la referida “ley 31”. Puesto que estos dos corruptos partidos ya han empezado a jugar de forma maquiavélica con todos los españoles. E intentarán mostrarse ante la ciudadanía como “el mal menor”.

¿La cleptocracia PP-PSOE o la vuelta al “blanco y negro” de la mano de Podemos y en forma de dictadura comunista? Ante tal disyuntiva, a los españoles nos resultará complicado identificar la alternativa menos desfavorable para nuestros intereses.

No obstante, si nos remitimos a la alevosa historia del socialismo español, el pacto entre los dos partidos tradicionales españoles es incierto.
¿Interpretará el nuevo líder del PSOE (o mejor dicho, la lideresa socialista andaluza) a Brutus y, en virtud de ello, traicionará a Julio César, el personaje que podría interpretar el Presidente del Gobierno?
La siniestra sombra de un nuevo Frente Popular del SXXI podría oscurecer las ilusiones del PP, encaminadas a mantener el poder a cualquier precio.

¿Existe una tercera vía? Si la sociedad española poseyera el grado de madurez democrática necesaria, los españoles podríamos planificar un nuevo proyecto de democracia sin el PP ni el PSOE.
Erradicando la vieja forma de hacer política nacida en la Transición y consistente en el saqueo de la Administración por parte de la mafia política, sin rendir cuentas ante la Justicia por la gestión político-económica desarrollada.

Para ello, en lugar de intentar renovar a estos dos partidos, enfangados en la corrupción política y sin ningún interés por regenerarse, la mejor opción sería reemplazarlos por otros. En este sentido, en España existen varios partidos democráticamente regeneradores y defensores de la libertad. Aunque, de momento, los mismos no gozan del apoyo electoral suficiente por parte de los ciudadanos.

Nuestro pseudo Estado de Derecho no funciona. La prueba más evidente de ello la tenemos en la celebración de la “consulta” independentista catalana del 9-N. ¿Se trata de la primera fase respecto a una encubierta negociación a tres bandas (PP-PSOE-CiU), asesorada por el Grupo Prisa?

¿Este “referéndum de cartón” ha sido una pantomima o, por el contrario, servirá para potenciar aún más la terrible fragmentación social que sufre Cataluña? Los catalanes españolistas y, evidentemente, contrarios al independentismo, están siendo señalados al estilo nazi. Con el permiso del PP-PSOE.

¿El siguiente paso de la supuesta negociación consistirá en prostituir nuestra Constitución para adaptarla a las exigencias independentistas?

¿Cree el Gobierno que concediendo a Cataluña un “Concierto Económico” a medida (y fomentando con ello la desigualdad fiscal en relación al resto de las autonomías españolas) cesará el movimiento independentista? Nada será suficiente para los secesionistas catalanes, cuyo ulterior objetivo es la independencia.

¿Tienen legitimidad para negociar la soberanía de España los causantes de la quiebra económica y la ruina moral de nuestro país?

Mientras negocian ocultamente la ruptura de la nación más antigua de Europa, el PP-PSOE y CiU se siguen tapando la corrupción mutuamente. Además, determinados gobernantes pertenecientes a estos partidos políticos habrían podido cometer un “delito de traición”  en virtud del vigente Código Penal español.

Los españoles hemos sido testigos de la cesión del poder a las filiales de ETA en el País Vasco. Pero la cobardía de la sociedad española tiene que acabar de una vez por todas. Y después de esta última traición, los potenciales votantes del PP-PSOE deben demoler a estos dos partidos, corruptos hasta la médula, en las próximas elecciones generales.

 

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¿Medidas anticorrupción? Primero, despolitizar la Justicia.

La carta de navegación de las empresas competitivas recibe el nombre de “misión”. Sin ella, el rumbo no estará estratégicamente definido y las posibilidades de naufragar empresarialmente se multiplican. La misión, consecuentemente, guía a las empresas para poder navegar a largo plazo.
Del mismo modo y para orientarse a corto-medio plazo, las compañías ganadoras elaboran un plan estratégico en el que proyectan sus objetivos.

Al igual que hacen las empresas que saben timonear, la sociedad civil española tuvo que diseñar durante las tres últimas décadas una ruta de navegación, al objeto de guiar a nuestra democracia y protegerla del peligroso oleaje que producen los abusos del poder.

Por el contrario y debido a una escasez de cultura democrática, los españoles hemos delegado esta función de control en el propio sistema, es decir, en la corrupta partitocracia. Incumpliendo con ello nuestras obligaciones para con la democracia.

Los ciudadanos permitimos que el pseudo Estado de Derecho español blindara al Estado (bipartidismo), y maniatara paralelamente al Derecho (ciudadanos). Puesto que tanto el PSOE en 1985 como el PP en 2013, secuestraron sucesivamente a nuestra Justicia. Por mediación de la politización del CGPJ.

Igualmente, los españoles tampoco quisimos contrarrestar el excesivo poder que el finiquitado y corrupto Régimen del 78 otorgó a los partidos políticos. Y debido a nuestra cobardía, la omnipotencia del PP-PSOE-CiU ha convertido a España en una cleptocracia, politizando la Administración e interviniendo la economía.

Por tanto y contradictoriamente, los culpables del fracaso del sistema somos los ciudadanos, que acomodados en un irreal Estado del bienestar, hemos creído que la libertad y la democracia son títulos nobiliarios y, por consiguiente, podríamos heredarlos por derecho. La ausencia de una sociedad civil activa en España ha provocado el “bienestar del Estado” y el malestar de los ciudadanos.

El resultado no es otro que la podredumbre actual, que en forma de corrupción sistémica e institucionalizada está sepultando nuestro proyecto de democracia.

¿Qué podría hacer la sociedad civil, actualmente y sin mirar atrás, dado el entorno de crispación social creado por la corrupción político-sindical?
De forma pacífica, los españoles podríamos ejercer una gran presión social para que el PP-PSOE resucite a Montesquieu.

Únicamente una Justicia independiente, que juzgara sin interferencias políticas a los políticos y sindicalistas corruptos, podría salvar al sistema in extremis. La sociedad civil debe presionar para que los “Poncio Pilatos” que gobiernan los altos tribunales de Justicia españoles no sigan “lavándose las manos”.

Para salvar a un equipo de futbol de la quiebra o de un descenso de categoría si se movilizan los ciudadanos. ¿Por qué no lo hacen para salvar la democracia y la libertad? La sociedad civil está subestimada pero ostenta un gran poder si actúa debida y contundentemente.

¿Un pacto contra la corrupción acordado por el PP-PSOE, dos partidos especializados en encubrir el latrocinio y la malversación de caudales públicos?

El PP-PSOE quiere seguir jugando al “y tú más”, creyendo erróneamente que la corrupción no les afectará electoralmente, tal como ha sucedido en el pasado. E ignorando que las mejores cartas puede tenerlas un recién incorporado tercer jugador, que no va de farol. El encubrimiento de la corrupción política por parte del PP-PSOE puede provocar que los neoleninistas de Podemos saquen un póquer de ases en las próximas elecciones generales. Y salte la banca. Nunca mejor dicho.

El sistema político-económico parasitario, clientelar y comisionista instaurado en España por el PP-PSOE-CiU está podrido. Para regenerarlo, es imprescindible comenzar por dotar de independencia a la Justicia. Y reducir ostensiblemente el poder de los partidos políticos.

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¿Podría producirse en España un nuevo 11-M?

La llegada de Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999 a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela se produjo como consecuencia de la interconexión de una serie de circunstancias relacionadas con la corrupción política, la fragmentación social y el deterioro de la economía. Porque las mismas, provocaron el desgaste del sistema imperante y la pauperización de la población venezolana.

El “salvador” Chávez llegó al poder representando a los sectores marginados de la sociedad venezolana, reprimida y empobrecida en su mayor parte por culpa de un entorno marcado por la desigualdad y la injusticia social.

El proyecto político-económico del Comandante Chávez, basado en la revolución bolivariana y definido como “El Socialismo del SXXI”, fue retomado, a la muerte del citado dictador, por su pupilo Nicolás Maduro en abril de 2013. Maduro pudo acceder a la presidencia de Venezuela de una manera anticonstitucional, según la opinión de determinados sectores sociales y judiciales de este país.

Pero en Venezuela, el remedio ha resultado peor que la enfermedad.

Debido a que, actualmente y después de 15 años de “chavismo” y “madurismo”, Venezuela es la viva imagen de la corrupción institucionalizada, la pobreza, la represión estatal y armada (vía asesinatos políticos), la injusta redistribución de la riqueza, la politización de la Administración… Y es una de las economías más intervenidas y, por tanto, con menos libertad del mundo.

España, salvando las enormes distancias existentes entre estos dos países, se encuentra en la actualidad en una situación político-social e, incluso, económica similar a la que vivió esta república sudamericana en los últimos años del mandato de Rafael Caldera.

Y nuestro país, en relación a próximas elecciones generales de 2015 y al igual que le ocurrió a Venezuela en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998, también cuenta con un partido de perfil revolucionario, radical y ultra izquierdista denominado Podemos.

Demasiados paralelismos.

¿Sustituirá el candidato que finalmente elijan los afiliados de Podemos (Pablo Iglesias, casi con total seguridad) a Rajoy, del mismo modo que Hugo Chávez relevó a Caldera?
Recordemos que en una etapa anterior, “el gorila rojo” (ídolo de los militantes de Podemos) estuvo encarcelado por cometer el frustrado golpe de Estado de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez.

¿Qué ocurrirá en España, tanto en cuanto nuestro país tiene, además de un sistema carcomido por la corrupción, amenazas secesionistas, macroeconómicas, políticas, sociales, etc., peligrosísimas?

Esperemos que no suceda ningún acontecimiento que pueda reproducir etapas nefastas de la historia de España. Pero en el supuesto caso que en nuestro país la corrupción política siga campando a sus anchas (y sin recibir castigo alguno) y la clase media siga depauperándose progresivamente, cualquier escenario es posible.

Y en este sentido, no olvidemos que los atentados del 11-M-2004 se planificaron para impedir que el PP ganara las elecciones. Y sobre todo, al objeto de construir e instaurar en España un sistema político-económico y un modelo social acorde a los intereses de determinados “grupos de interés”.

En relación a ello, ¿podría organizarse alguna acción parecida al 11-M, en esta ocasión, para impedir que Podemos, o un nuevo Frente Popular, pudiera gobernar o modelar un futuro gobierno en España? En la actualidad y en España, las “élites extractivas” no permitirán que el mantenimiento de sus espurios intereses pueda verse amenazado.

O en sentido contrario, es decir, para que no volviera a ganar las elecciones el PP en noviembre de 2015.

Si tenemos en cuenta que ningún responsable del atentado del 11-M está encarcelado (en calidad de conejillo de Indias, un marroquí se encuentra en la cárcel acusado de planificar el citado atentado) y, del mismo modo, se manipularon pruebas para dificultar la pseudo investigación que se llevó a cabo de manera interesada, podemos llegar a la conclusión relativa a que es factible que otro 11-M pudiera reproducirse en nuestro país, tanto en una dirección política como en otra.

Debemos considerar, igualmente, que el problema de fondo radica en que la recuperación económica, en la que se basa el falso discurso del Gobierno, no es factible, al menos de manera sostenible, mientras se mantenga nuestro sistema económico-político clientelar y parasitario actual.

Además, las turbulencias económicas procedentes de la eurozona y el ínfimo crecimiento global afectan directa y negativamente a nuestra economía. Pero el origen (y también la solución) del particular problema económico de España es interno y radica en nuestro sistema político corrupto.

Puesto que la élite financiera, al objeto de seguir enriqueciéndose, y su socio, la casta político-sindical, para mantener sus inmerecidos e inmorales privilegios, tienen intervenida y, por ende, atorada nuestra economía a través de la peligrosa conexión entre la política y la economía, que ha sumido a nuestra Administración en un pozo de corrupción, deuda y déficit.

Y, en virtud de lo anterior y mientras los acontecimientos se suceden, a los españoles que se encuentran en la cara oscura del sistema solo les espera el desempleo y la miseria.

 

 

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Tu dinero se lo llevan los partidos políticos

Los PGE-2015 han retratado fielmente al sistema político-económico parasitario y clientelar instaurado en España por la partitocracia.
Puesto que los partidos políticos recibirán, vía subvenciones públicas financiadas por los impuestos de los españoles, 156 millones de euros en 2015.

Esta cantidad supone un incremento del 84% en relación a la destinada al mismo concepto en los anteriores presupuestos (PGE-2014), que corresponden, evidentemente, al presente ejercicio.

Consecuentemente, los PGE-2015 han multiplicado la partida destinada a sufragar los suntuosos, improductivos e insultantes gastos de los partidos políticos. Recordemos a tal efecto que, durante los dos últimos años, los partidos políticos han experimentado un aumento respecto a su financiación pública de, aproximadamente, un 112,6%.

Cualquier exceso tiene sus consecuencias, en este caso, negativas para los ciudadanos. Por tanto, la contrapartida, respecto al inmoral agigantamiento de las subvenciones públicas de los partidos políticos, reflejado en los PGE-2015, es la siguiente:

Las prestaciones económicas dirigidas a los pensionistas han subido un ínfimo 0,25%. Las personas con dependencia apenas notarán el inapreciable aumento de su presupuesto en torno al 0,04%. Las partidas destinadas a proteger situaciones de maternidad, paternidad o riesgo durante el embarazo o lactancia se reducirán un 3,7%. Etc.

Estos presupuestos, indudablemente, son el espejo en el que se mira el corrupto sistema partitocrático implantado en España por el PP-PSOE. Por un lado, enriquecen a la casta política a través de estas indignantes macro subvenciones a los partidos. Por el otro, empobrecen a las familias, las pymes y los autónomos debido a que estos colectivos serán los “esclavos fiscales” que costearán este festival político. ¿Podría tildarse de corruptos a los PGE-2015?

En virtud de lo anterior, la creciente e imparable desigualdad, que está polarizando socialmente a España, se incrementará más aún por mediación de los PGE-2015.

¿Por qué cada vez hay más multimillonarios y, a la vez, más pobres en España? La respuesta la tiene nuestro sistema. Multitud de nuevos ricos españoles han labrado su fortuna de forma corrupta y, por supuesto, al amparo del PP-PSOE-CiU-CC.OO.-UGT…

¿Fundar una empresa y convertirse en un emprendedor? ¿Buscar trabajo precario en el sector privado para trabajar varias horas al día y a cambio de un salario que no llega a cubrir la mera subsistencia?
“Paniaguado antes que arruinado”. En este sentido, muchos españoles prefieren cobijarse bajo el subvencionado paraguas de un partido político.

¿Han paseado ustedes por alguna de las calles más comerciales o, incluso, menos comerciales, de las ciudades en las que residen?

En el caso que lo hayan hecho, y si se han parado a observar los distintos locales comerciales distribuidos a lo largo de estas calles, habrán comprobado que muchos de ellos permanecen vacíos durante algunas semanas o meses. Pero solo de modo intermitente. Porque los mismos alternan periodos de actividad empresarial con otros sin actividad. Esta situación se produce debido a que muchísimos emprendedores están creando, de forma constante, negocios, micropymes, pymes, etc., y se instalan en estos locales. Aunque después de no mucho tiempo, la mayor parte de ellos se arruinan por culpa de Hacienda, la Seguridad Social, la burocracia, el entorno de corrupción política…, y dejan el local, que pasa a estar vacío nuevamente. Hasta que llega otro nuevo emprendedor y vuelve a activar este círculo vicioso.

La recuperación económica reside en los partidos políticos pero no en la economía real.

En España, existe una economía muy potente, y esta no es otra que la de los partidos políticos. Las empresas y los ciudadanos que se adaptan al sistema, “haciendo negocios” de manera clientelar con los partidos, prospera. Por el contrario, solo una mínima parte de los “inadaptados” sale adelante, reinventando continuamente el modelo de negocio, adaptando dinámicas, sistemas y procesos, innovando, investigando, creando valor para contrarrestar las trabas puestas por la Administración, saltándose la corrupción política (mordidas)…

El problema principal de España es la actual casta política, que ha convertido a nuestro país en un coto privado donde solo tiene derecho a cazar la partitocracia.

La casta está fomentando la desigualdad en España. Para comprobar tal afirmación únicamente hay que ojear los PGE-2015.

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¿Una España ingobernable o la dictadura corrupta del PP-PSOE?

El PP y el PSOE, por primera vez en la historia de la cleptocracia o pseudo democracia española, y al objeto de intentar que sus potenciales votantes no rompan el bipartidismo en las próximas elecciones, están diseñando coordinada y conjuntamente una única estrategia electoral.

La misma, por tanto, es adaptable y válida para ambos partidos, está basada en el “voto inútil” y parte de dos ambiguos conceptos. Convencer a los españoles en relación al perjuicio que le supondría a España la aparición de un escenario de supuesta ingobernabilidad, al estilo italiano o griego, derivado de una posible fragmentación de nuestro arco parlamentario tras las elecciones generales de 2015. Y el miedo al radicalismo izquierdista de Podemos.

¿El PP-PSOE, causante de la quiebra de España, disfrazado de “salvapatrias”? Sin duda, el PP-PSOE iguala en populismo a Podemos.

Esta es la prueba que constata que el PP y el PSOE poseen una idéntica identidad y representan exactamente lo mismo, es decir, a un sistema parasitario, clientelar, corrupto, insostenible, caduco y creado en torno a las ruinosas autonomías. Un modelo que ha arruinado a los ciudadanos, a las pymes y a los autónomos y, paralelamente, ha enriquecido ilimitadamente a la casta político-sindical y a la élite financiera.

El hándicap para los españoles radica en que los dirigentes actuales de estos dos partidos, aún mayoritarios, no desarrollarán un proceso democráticamente regenerador. Puesto que el modelo anti democratico y estrafalario actual fue concebido en la Transición para que la oligarquía político-sindical controlara férreamente todos los ámbitos de la vida social y económica en España.

La politización de la Administración (y, por ende, de la Justicia, la Educación…) y la corrupción política institucionalizada constituyen el eje sobre el que ha girado el poder, sobre todo, de la casta PP-PSOE-CiU-UGT-CC.OO., durante más de 30 años. ¿Alguien cree que el PP-PSOE cambiará un sistema que le favorece, aunque, paradójicamente, empobrezca a los ciudadanos?

De igual modo, la adopción de una estrategia electoral conjunta verifica la existencia de pactos preelectorales y extraoficiales llevados a cabo por el PP-PSOE y encaminados a continuar alternándose en el poder.

Aunque el PSOE dispondrá de otra alternativa, consistente en olvidar los acuerdos con el PP y aliarse con Podemos. Tanto el PSOE como Podemos niegan tal posibilidad. No obstante, la historia de España demuestra que la izquierda española no tiene límites de ningún tipo cuando se trata de alcanzar el poder.

Además, el PP siempre ha sido un partido ignorante en este sentido. A tal efecto, un ejemplo reciente lo tenemos en las estrategias económico-políticas del Gobierno, conducentes a evitar el concurso del Grupo Prisa. Debido a que las mismas no le han servido al ejecutivo de Rajoy para que El País, independientemente del trato amable dispensado a la vicepresidenta del Gobierno, elimine sus singulares enfoques periodísticos, cargados de sectarismo y contrarios al PP.

¿Cuál es el precio que deben pagar los ciudadanos para que España sea, según el PP-PSOE, gobernable? ¿La “supuesta gobernabilidad” de España implica aceptar que la partitocracia tape la corrupción política y que la Justicia proteja a los políticos corruptos? ¿Únicamente modificando la Ley Electoral se solucionaría el problema de la ingobernabilidad?

¿Preferirán los españoles una España ingobernable y el derrumbe del bipartidismo o, por el contrario, la continuación del régimen de la corrupción y la dictadura del PP-PSOE?

La particular crisis que afecta a España la han provocado nuestros políticos y sindicalistas, saqueando y hundiendo las cajas de ahorros (el 50% del sistema financiero español) y corrompiendo las instituciones públicas.

El 30% del gasto público en España corresponde al pago de intereses de nuestra deuda (creada, en gran parte, vía malversación de caudales públicos). Aquí radica la verdadera ingobernabilidad de España, provocada por la insostenibilidad económico-política de nuestro corrupto modelo de Estado autonómico.

El problema no es el sistema bipartidista sino el bipartidismo español, corrompido hasta la médula por la actual y profesionalizada casta política.

¿Realmente, quiénes tienen miedo a una España ingobernable, la casta o los españoles?

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De derechas y votante de Podemos

Determinados perfiles curriculares, demandados, sobre todo, por las multinacionales líderes, exigen cada vez mayor nivel de especialización y cualificación.

La extrema competitividad empresarial y las nuevas necesidades que genera la sociedad (que deben satisfacer las empresas), entre otros factores, están provocando que los requisitos necesarios para acceder al excluyente mercado de trabajo actual se encuentren en constante evolución. Máxime, si el objetivo está enfocado en posicionarse en una compañía ganadora.

En España, desgraciadamente, existe una salida muchísimo más sencilla. Puesto que tenemos un mercado de trabajo alternativo, tremendamente activo, que nunca evoluciona y al que se puede acceder sin ningún tipo de formación ni experiencia laboral previa.

Se trata del corrupto mercado laboral creado por la partitocracia y conformado únicamente por “empresas” subvencionadas con los impuestos de los españoles. Entre las más relevantes, podemos destacar al PP, PSOE, IU, CiU, EZQUERRA REPUBLICANA, BILDU, AMAIUR, CC.OO, UGT…

Los más ineptos y peor formados empleados de nuestro país, con honrosas excepciones, están “trabajando” en este parasitario y clientelar mercado laboral.
Además, las retribuciones en este opaco mercado de trabajo son elevadísimas, especialmente si las comparamos con la media salarial en el expoliado y maltrecho sector privado.
La figura del asesor indocumentado (amigo, familiar o cliente del político, generalmente, perteneciente al bipartidismo), que no asesora pero que goza de un insultante salario es la estrella de este singular mercado.

Sin duda, un mercado altamente improductivo, que solo se sostiene esclavizando a las familias, a las pymes y a los autónomos. Este es el retrato del mercado laboral de la casta político-sindical que, con tanto interés, sigue protegiendo al corrupto Régimen del 78.

¿Y el estereotipado perfil correspondiente al votante español, tradicional y mayoritariamente alineado al centro-derecha o a la izquierda moderada, también está inmerso en un proceso evolutivo o de transformación?

¿Es lógico que un español comprometido ideológicamente con la derecha pudiera votar, en las próximas elecciones, a Podemos, una formación de ultra izquierda y próxima al régimen venezolano?

Existen en el mercado determinadas encuestas y estudios cuyos resultados han definido específicamente los diferentes perfiles socio-económico-ideológicos de los españoles que votan a Podemos.

Y entre ellos, sobresale el relativo a aquellos españoles, que traicionados por el partido al que han votado siempre, es decir el PP, y expoliados por nuestra corrupta casta político-sindical, se encuentran al borde del precipicio laboral-empresarial, económico y social.
Este es el voto de la desesperación, que no solo se concentra en este perfil concreto.

Quizás no sea una postura lógica pero si comprensible.

La cleptocracia instaurada por el PP-PSOE ha convertido a las familias de clase media-media alta, a las pymes y a los autónomos en el nuevo proletariado español. Y a la casta político-sindical en los “nuevos ricos”.
Pero Podemos quiere sustituir a esta malvada casta por una nueva casta comunista.

La solución está en la sociedad civil, que parece despertar de su letargo.

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El arriolismo está destruyendo al PP y rematando a España

La estrategia político-ideológica del actual PP, ideada por Arriola y fundamentada en gobernar España a golpe de cálculos electorales, está destruyendo a este partido y rematando económica, política, judicial, ética y socialmente a España.

El “arriolismo” consiste básicamente en atraer electoralmente y, en consecuencia, intentar aglutinar en la base electoral del PP a los potenciales votantes de la izquierda moderada y descontenta con la deriva del socialismo en España. A los ciudadanos que tradicional y fielmente han votado al PP, pertenecientes al centro-derecha. A los conservadores de derechas. A los liberales temerosos del socialismo. Etc.

Esta malvada e inmoral estrategia se ha convertido en un complicadísimo puzzle político-económico a nivel gerencial, en el que colocar adecuadamente las piezas cada vez es más difícil. Y, por supuesto, la misma ha retratado éticamente al ideólogo que la diseñó e, igualmente, a los actuales dirigentes del partido en el Gobierno, que se han encargado de ejecutarla a la perfección.

Sin duda, las promesas electorales realizadas antes de las últimas elecciones generales por el anti líder Rajoy, que posteriormente se han incumplido, han constituido la esencia del éxito de la citada estrategia made in Arriola. Y también la demostración de que el arriolismo está basado en la falsedad.

El resultado final no es otro que el hartazgo del que son víctimas actualmente todos los segmentos de votantes a los que sedujo el PP el 20-N-2011.

Porque el PP ha gobernado durante estos casi tres primeros años de legislatura persiguiendo el prioritario objetivo de mantener intacto el modelo de Estado actual y, de este modo, seguir generando bienestar y riqueza para la casta político-sindical y la élite financiera. A tal efecto, complementariamente y para ocultar la corrupción, el Gobierno ha blindado judicialmente a estos colectivos mediante la politización del CGPJ.

En segundo lugar, el foco de la gestión gubernamental se ha centrado en procurar que las multinacionales eléctricas, gasísticas, petroleras, etc., consigan beneficios extra, vía intercambio de favores. La contrapartida de todo ello es el empobrecimiento masivo de los ciudadanos.

Por último, las políticas del Gobierno han intentado, traicionando a la mayoría de sus votantes tradicionales, contentar ideológica y socialmente a la izquierda española.

Evidentemente, esta legislatura está sirviendo para que el Gobierno del PP sostenga un sistema parasitario y clientelar, concebido para expoliar a las familias, a las pymes y a los autónomos en favor del enriquecimiento de una casta político-sindical depravada. Este injusto e insolidario modelo fue creado por el PSOE de Felipe González en 1982. Llegó a su máximo esplendor con Zapatero. Y Rajoy & Arriola le han puesto la guinda.

¿En función de la calculadora electoral del gurú Arriola, cuántos votos ganará el PP en las próximas elecciones en virtud de la actitud tancredista mantenida por el Gobierno ante la deriva secesionista en Cataluña? ¿La retirada de la reforma del aborto? ¿La protección brindada a los políticos que han arruinado las antiguas cajas de ahorros? ¿La excarcelación de etarras, asesinos y violadores? ¿La subida de impuestos más alta de la historia de nuestra pseudo democracia? ¿La ayuda para salvar al Grupo Prisa de una quiebra segura? Etc.

Los ambiguos e ilusos PGE – 2015, argumentados en base a un deseado crecimiento del PIB, una esperada reducción del déficit y una supuesta recuperación del consumo, empobrecerán más aún a los parados y a los desfavorecidos del sistema. Y por el contrario, los partidos políticos saldrán, una vez más, favorecidos económicamente.

La ninguneada sociedad civil debe resurgir e imponerse a la casta al objeto de sustituir nuestra corrupta partitocracia actual, prostituida por zapateros y arriolas, por una verdadera democracia.

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Draghi dice que el problema son los políticos. ¿El BCE ya ha cumplido o terminará comprando deuda pública?

El Gobierno ha prometido bajar los impuestos en 2015, año de elecciones, tanto municipales y autonómicas como generales.

Si gana las próximas elecciones el PP, el ejecutivo de Rajoy tendrá vía libre en 2016 para seguir recortando prestaciones y derechos a los ciudadanos. Y para volver a subir los impuestos.

Este es el juego de las promesas electorales. Y por mediación del mismo, la partitocracia ha engañado a los españoles desde 1982.

El significado de democracia para el PP-PSOE se limita al derecho que tienen los ciudadanos a votar cada cuatro años. Y los españoles se han percatado, después de más de tres décadas de embustes y corruptelas, que a estos dos partidos, de momento, mayoritarios, lo único que les importa es ganar las elecciones y ejercer corrupta y dictatorialmente el poder.

Montoro ha subido los impuestos en esta legislatura por encima del nivel impositivo recomendado por IU en su último programa electoral. No obstante y según la teoría del Gobierno, en 2015 se podrán bajar los impuestos en España, puesto que el crecimiento de nuestra economía lo permitirá.

¿Funcionará el reclamo electoral basado en el deseado crecimiento económico de España?

La recuperación económica de España se está convirtiendo en una “leyenda rajoyesca”. Tanto es así que las arruinadas familias, pymes y autónomos españoles, que no están dentro del área de influencia de los dos partidos políticos más relevantes, tienen complicado impulsar el consumo. De hecho, los ahorros, vitales para la subsistencia durante estos últimos años de expolio fiscal, precariedad laboral y desempleo, se han evaporado. Y la renta disponible no despega.

La realidad es que la ansiada recuperación de la economía española no está garantizada, al contrario de lo que repite una y otra vez Rajoy, con los “parches”, disfrazados de reformas estructurales, realizados por el Gobierno.

En este sentido, Draghi ha avisado a los países de la zona euro en relación a las últimas medidas adoptadas por el BCE, y les ha hecho saber que las mismas no serán eficaces si no vienen acompañadas del desarrollo de reformas internas de tipo estructural.

Pero en el caso de España , ninguna reforma estructural será suficiente mientras no se regenere nuestro corrupto sistema político. Esta es la clave para que la economía española se recupere. Porque la solución a los problemas económicos de España es de índole político.

Mientras la economía productiva siga estando al servicio de los dos principales partidos políticos y de los dos sindicatos de clase, no habrá recuperación económica.

Mientras la subvencionada casta político-sindical (prescindible en su mayor parte) parasite y, por tanto, viva cómodamente a costa de convertir a las familias, las pymes y los autónomos en los nuevos esclavos fiscales de SXXI, no habrá recuperación económica.

Mientras que para ganar un contrato con la Administración sea necesario pagar una “mordida” al político de turno, no habrá recuperación económica.

Mientras que tener la condición de “cliente económico-político” del partido en el poder, o llamarse CC.OO.-UGT, sea el único requisito exigido para recibir una subvención pública, no habrá recuperación económica.

Mientras sigan parasitando, en las ruinosas empresas públicas-Administración paralela, cientos de miles de empleados públicos sin oposición y enchufados por el PP-PSOE, no habrá recuperación económica.

Mientras que para un joven español sea más rentable afiliarse a Nuevas Generaciones-PP o a Juventudes Socialistas-PSOE (al objeto de vivir de la política toda la vida), que prepararse académica y profesionalmente, no habrá recuperación económica.

Mientras la Justicia siga secuestrada por el PP-PSOE, no habrá recuperación económica. Etc.

Para regenerar nuestro corrupto sistema político, es necesario en primer lugar reconocer el fracaso que ha supuesto el Régimen del 78 y el inviable modelo de Estado autonómico derivado del mismo. Aunque, todo ello, implicaría la renuncia a determinados privilegios que ningún político heredero de la Transición aceptaría.

El “acuerdo regenerador” que prepara el PP-PSOE es puro maquillaje.

La oligarquía político-sindical (y su socio, la élite financiera), causante de la crisis económica española, vía corrupción, malversación y politización de la Administración y de la Justicia, pretende que los damnificados de la misma, es decir, los ciudadanos, sigan pagando la fiesta.

¿Esta es la realidad que quiere ocultar el Gobierno anunciando una recuperación económica todavía imperceptible para los españoles?

Lo único que les importa es ganar las elecciones.

 

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PP y Podemos. ¿El nuevo bipartidismo?

El caso de la familia Puyol está retratando a nuestro nauseabundo sistema político y económico.

¿El PP-PSOE desea que la opinión pública española conozca las conexiones político-económicas de los Puyol y las corruptelas diseñadas por esta familia para conformar un entramado institucional que les ha permitido enriquecerse de forma supuestamente ilícita?

¿El Gobierno y la oposición pondrán trabas a la Justicia al objeto que nuestro pseudo Estado de Derecho sea benévolo con la familia Puyol? No olvidemos que se trata de un político. (La casta es la casta). Además, Jordi Puyol podría poseer información comprometedora y relacionada con los dos principales partidos políticos españoles.

Al Gobierno le basta con que el caso Puyol pueda servir de freno a la corriente separatista.

¿El PP catalán y el PSC podrían estar conectados con determinados escándalos de la familia Puyol? ¿Y el PP-PSOE a nivel nacional? ¿El PP y el PSOE llevan 30 años “haciendo negocios” con CiU?  La mejor fórmula para que un caso de corrupción no se investigue o, al menos, pase de largo para la Justicia es implicar en el mismo a los partidos políticos más importantes.

¿Cuántos favores, pactos y promesas se han cruzado el PP-PSOE y CiU en las últimas tres décadas? Recordemos que Puyol fue presidente de la Generalitat desde 1980 hasta 2003. Aunque la siniestra sombra política del máximo valedor del independentismo catalán ha permanecido presente tanto con el Tripartito en el poder, durante el periodo 2003 -2010, como en la vuelta de CiU y de su sucesor Arturo Más a la presidencia de la autonomía catalana en 2010.

¿Es posible que el PP-PSOE conociera los supuestos actos delictivos de Puyol desde el caso Banca Catalana? Los españoles no tienen dudas al respecto. Tal como ha sucedido en otros muchos casos relacionados con la corrupción política, los partidos tradicionales y, de momento, mayoritarios harán todo lo posible para ocultar este escándalo.

Destapar en su totalidad las desvergüenzas de la familia Puyol significaría descubrir la forma en la que los políticos “hacen negocios” en España.

La peligrosa asociación entre economía y política y la confusión de la “cosa pública” con la Cosa Nostra es la clave que explica las razones por las que nuestro país tiene instalado un modelo político-económico parasitario y clientelar. Este sistema, implantado en España por el PP-PSOE, empobrece a los ciudadanos y a las empresas que se encuentren fuera del círculo de los partidos políticos.

Podemos se ha querellado contra Puyol y su esposa. ¿Por qué no ha tomado la iniciativa, en este sentido, el PP-PSOE? Sin duda, la formación liderada por Pablo Iglesias está aprovechando sus oportunidades, máxime, en cuestiones de imagen corporativa.

El PP-PSOE no reacciona, tanto en cuanto estos dos partidos se han dedicado durante más de 30 años a taparse las corruptelas mutuamente. Es obvio que CiU también forma parte del “chiringuito”.

La corrupción, sobre todo del PP-PSOE, pero también la referente a los sindicatos de clase, IU, CiU, etc., en definitiva, la podredumbre de nuestro sistema está allanando el camino a Podemos y a su falso mensaje regenerador.

¿Podría formarse un nuevo bipartidismo PP-Podemos? Millones de españoles miran hacia la izquierda, sin aprender nada del pasado. Por un lado, la ultraizquierda radical de Podemos (o un nuevo Frente Popular). Por el otro, el nuevo socialismo del PP, basado en la explotación de los más débiles.

Los españoles tenemos un gravísimo problema. Y la única conclusión que podemos extraer es la relativa a que se ha impuesto en España una nueva lucha de clases: la casta político-sindical y la élite financiera contra las familias, las pymes, los autónomos y los desfavorecidos de la sociedad.

 

 

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España tiene 17 familias Puyol. El sistema está podrido.

“La pasta nostra”, es el título, en clave mafiosa, del penúltimo libro de Xavier Horcajo. El mismo retrata el funcionamiento bananero del régimen catalán.

Un chiringuito autonómico protegido por la fuerza emocional de la bandera independentista catalana y cimentado en base a una arquitectura institucional corrupta. Subvenciones concedidas por el gobierno regional a los amigos del independentismo. Y comisiones, conseguidas a través de los contratos públicos otorgados por la Generalitat, que supuestamente se desviaban al objeto de financiar al partido en el poder y para enriquecer a los gobernantes catalanes.

Evidentemente, esta red de corrupción política no hubiera podido tejerse sin el apoyo de los medios de comunicación subvencionados por el régimen, entre los que cabe destacar a la televisión autonómica catalana. A nivel mediático, se trata de un caso de éxito si tenemos en cuenta que tanto TV3 como la prensa independentista ha adoctrinado a una parte de la población catalana mediante un sectario lavado cerebral. Para ello, no han dudado en tergiversar la historia de nuestro país.

Tanto es así que el despegue empresarial de Cataluña no podría explicarse sin la ayuda procedente de España, sobre todo, en tiempos de Franco. El desarrollo del sector textil catalán constituyó un claro ejemplo de ello. Además, la reciente publicación de las balanzas fiscales ha demostrado que Cataluña no es perjudicada por el sistema de financiación autonómico.

La sociedad española desconoce si ha existido un pacto entre Jordi Puyol y el Estado en relación a la confesión de la herencia no regularizada.

En el caso que el supuesto pacto se hubiera llevado a cabo, el mismo beneficiará al principal valedor del independentismo catalán en dos aspectos clave. Primero. Sus hijos serán tratados de forma privilegiada por parte de la Justicia. Segundo. La atención mediática se focalizará en un tema menor (la herencia) con el objetivo de relegar a un segundo plano el supuesto enriquecimiento de la familia, vía comisiones de contratos públicos. El Gobierno, por su parte, por mediación de la confesión de Puyol, logra debilitar el proceso secesionista. (Aunque, de momento, no lo paraliza).

Los dos partidos mayoritarios españoles siempre intentan tapar los casos de corrupción interna. Igualmente, el sistema trata de ocultar la corrupción política cuando esta infecta de forma generalizada al PP y al PSOE. No obstante y en multitud de ocasiones, cuando un partido político consigue información acerca de algún caso de corrupción que afecta al partido rival, guarda la misma en un cajón para sacarla en el momento oportuno.

¿Ha sido una casualidad que la supuesta corrupción política de la familia Puyol salga a la luz pública tres meses antes del referéndum independentista? ¿Ha preferido el Gobierno utilizar la corrupción como arma letal contra el secesionismo catalán antes que aplicar la Constitución? ¿El PP-PSOE, mientras ha necesitado la ayuda de CiU, no ha querido saber nada de la corrupción política en Cataluña? ¿Son cómplices, por tanto, CiU y el PP-PSOE de la corrupción en Cataluña?

España tiene 17 familias Puyol. Cada autonomía tiene su propia familia Puyol y su red político-sindical-empresarial clientelar.

En la comunidad autónoma andaluza nadie sale en la foto si se mueve sin el consentimiento del Gobierno regional. El libro escrito por Agustín Rivera y titulado “El cortijo andaluz, 30 años de subvenciones, enchufismo y despilfarro” trata sobre la corrupción institucionalizada e instaurada durante los gobiernos de Chaves y Griñán. Del mismo modo, el citado libro explica los últimos casos de corrupción en Andalucía. La politización de las cajas. La trama de los falsos ERE. Invercaria. Los cursos de formación…

Andalucía, la región con la tasa de paro más alta de Europa, es el paradigma de la ruina de España. Pero el fenómeno de la corrupción de los chiringuitos autonómicos se extiende, en menor o mayor medida, a todas las regiones. Bono & Barreda y su entorno empresarial del sector de la construcción en C-LM. Extremadura, una autonomía económicamente insostenible donde uno de cada tres asalariados es empleado público. La red gurteliana de Valencia y Madrid. Etc. Actualmente, han cambiado algunas caras pero el sistema sigue podrido.

Es vital echar a la calle a todas las generaciones de políticos herederos de la Transición. Es decir, aquellos que entienden la política en clave de profesión y, por tanto, como una forma de vida. Los españoles no quieren mantener a políticos profesionales, cuya única aspiración es vivir de la política y aprovecharse de ella. Este es el germen de la corrupción.

 

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Empleo precario y sueldos míseros para los españoles. Bienestar y riqueza para la casta.

Ciertamente, se trata, ante todo, de una buena noticia socioeconómica y laboral para España. Evidentemente, la economía española agradecerá la incorporación de 310.400 personas al mercado laboral. (Datos EPA. Segundo trimestre de 2014).

Aunque gran parte de ellas lo haga en condiciones de precariedad, temporalidad, devaluación salarial y en calidad de camareros, empleados de comercio…

Máxime, teniendo en consideración que la realidad del nuevo empleo creado obedece a una modificación de las reglas del mercado laboral consistente básicamente en trabajar menos horas. Más empleo pero menos horas trabajadas. Es decir, dos o tres trabajadores hacen (y cobran) el trabajo de uno. ¿Esta es la solución del Gobierno? ¿Flexiseguridad-flexibilidad laboral o crear trabajadores-ciudadanos de tercera división?

¿Por qué no aplica el Gobierno esta fórmula laboral a la casta político-sindical, tanto en cuanto sobran más de la mitad de los políticos y sindicalistas liberados en España?

A la liberación de esclavos en la antigua Roma se le denominaba manumisión. Los esclavos que eran liberados se convertían en libertos y pasaban a formar parte de la plebe. Pero a pesar de obtener la libertad, la mayoría de los libertos continuaban siendo siervos y padeciendo unas condiciones de vida precarias y basadas en la sumisión.

¿Está creando el Gobierno una nueva clase social en España, integrada por los nuevos trabajadores, a los que podríamos denominar “libertos laborales”? La desigualdad es imparable.

¿Cambio de tendencia en el mercado laboral español? Es probable. Cuando se toca el fondo, existen dos alternativas: te ahogas o subes. En este caso, la subida se producirá a cámara super lenta.

No obstante, la cuestión principal es conocer la dirección hacia la que nos conduce este cambio. ¿Está inmerso nuestro mercado laboral en un proceso progresivo de “chinización” y, por tanto, de precariedad? ¿El Gobierno prefiere el modelo “sol y playa” en detrimento de la reindustrialización y la apuesta por el I+D+I+D?

¿Giro de 180º de la economía española? Esperemos que así sea.

Ahora bien, si el Gobierno sigue sin cumplir con sus obligaciones, la vuelta puede completarse peligrosamente hasta llegar a los 360º. Tanto en cuanto, nuestra insostenible deuda pública es una bomba que estallará más pronto que tarde. El agujero del déficit continúa siendo de color negro. Y todo ello es posible debido a la pereza del Estado, que le impide ponerse en forma y adelgazar su macro estructura política y administrativa.

El BCE y el turismo son los dos clavos ardiendo a los que se está agarrando Rajoy durante esta legislatura. Primero, el Gobierno se atribuyó el mérito relativo a salvar a España del rescate, sabiendo que el verdadero artífice de tal “hazaña” (que sirvió, sobre todo, para mantener el sector público a flote y los privilegios de la casta politica intactos) fue Mario Dragui. Ahora, el ejecutivo presume de crear empleo. Sin embargo, España está batiendo un récord histórico respecto a la recepción de turistas extranjeros.

Podríamos analizar factores tales como la estacionalidad, el trabajo a tiempo parcial, la precariedad, la baja calidad del empleo creado, la caída de la población activa vía flujos migratorios, el “efecto desánimo”, etc. No merece la pena.

Porque el verdadero handicap que tiene la economía española y, por consiguiente, también nuestro mercado laboral es de origen político. La economía en España está intervenida en virtud de un costosísimo y despilfarrador modelo de Estado y de sus corruptas redes político-clientelares.

Una de las grandes mentiras de la Transición debe ser desmontada y este podría ser el punto de partida para regenerar nuestro sistema corrupto. El Estado de las autonomías sigue enriqueciendo a la casta política y sindical y, paralelamente, arruinando a España y a los españoles.

Los dos partidos políticos tradicionales quieren convertir a España en la Bangladesh europea. Si bien los españoles no queremos ser esclavos al servicio de una desmesurada Administración ni de la casta política.

 

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La casta político-sindical ha impuesto un sistema parasitario en España

El concepto de “Educación financiera” está relacionado con el aprendizaje respecto a la gestión eficiente de las finanzas. El dominio de esta disciplina puede conducir a un individuo a la independencia y la libertad tanto en términos financieros como en otros ámbitos.

Robert Kiyosaki, autor de varios libros especializados en la citada materia, recomienda incluir esta enseñanza en los sistemas educativos de todos los países para que los niños aprendar a llevar las riendas financieras de sus vidas.

A efecto prácticos, la educación financiera sirve para no caer en la trampa diseñada por el sistema con el objetivo de controlar a los ciudadanos a nivel económico, político, social, laboral, etc. De hecho, sin conocimientos financieros sólidos, un ciudadano medio y activo laboralmente deberá permanecer atado a un trabajo asalariado, en multitud de casos no motivante ni profesionalmente atractivo, al objeto de poder pagar la hipoteca, el coche, la tarjeta de crédito…

El círculo vicioso en el que quedan atrapados los ciudadanos es de por vida, puesto que a medida que la retribución salarial se incremente, de modo proporcional, los gastos y las deudas también irán in crescendo.

Sair de esta encrucijada y conseguir la independencia económica y profesional es posible emprendiendo un negocio propio. Pero en España, este camino está cortado. Porque el emprendimiento en nuestro país se ha convertido en una cuestión de supervivencia o una alternativa al desempleo. Con excepciones.

Nuestros políticos, de manera irresponsable y en virtud de una recuperación económica que no termina de consolidarse, han animado a lanzarse al mundo de los negocios a “emprendedores con vocación de necesidad”. Muchos de ellos, sin conocimientos financieros ni de gestión empresarial, han capitalizado el paro, se han endeudado o han utilizado sus ahorros para emprender.

El resultado no es otro que el concurso empresarial y la ruina del emprendedor. La mayoría de los nuevos negocios creados en España acaban hundiéndose en un mar de burocracia y debido a la escasez de libertad económica.

Pero estos emprendedores están sirviendo como conejillos de Indias para mantener, vía impuestos abusivos, a nuestro insostenible sistema político (y económico). El Estado, y su macro estructura política y administrativa, es el parásito más dañino al que tienen que enfrentarse los emprendedores.

Al margen de lo anterior y en relación con la actualidad, los españoles deberían hacerse algunas preguntas respecto al parasitismo impuesto por la casta político-sindical y bancaria.

¿Cuáles son los criterios de justicia social que argumentará el Gobierno tanto en cuanto está preparando una nueva bateria de recortes para los ciudadanos, supuestamente para cuadrar el déficit de las CC.AA., sin apenas reducir el gasto público-político improductivo en las mismas?

¿Por qué tenemos que tapar los ciudadanos el agujero de 12.000 millones de euros que deja Catalunya Banc (anteriormente denominada Caixa Catalunya y recientemente vendido al BBVA) y salvar a los políticos que han llevado a la quiebra a esta caja de ahorros bancarizada?

¿Debe salvar Google, mediante la famosa tasa o canon AEDE, a los editores de prensa españoles?

¿Cómo es  posible que, después del fraude relativo a los cursos de formación y los ERE, la Junta de Andalucía y el Gobierno sigan concediendo subvenciones a UGT y CC.OO.?

¿El resto de España debe financiar el independentismo catalán, a través del FLA, mientras la Generalitat continúa subvencionando a los medios regionales para que apoyen la secesión y tapen la corrupción de la familia Puyol?

¿Cómo puede defender el PSOE el “federalismo asimétrico”, considerando que implantar este pseudo modelo de Estado significaría potenciar el independentismo e incrementar la desigualdad respecto al sistema de financiación autonómico y las balanzas fiscales de las CC.AA.?

En España viven 3 millones de niños que tienen problemas para alimentarse. Las subvenciones y ayudas deberían destinarse a ellos.

 

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El bipartidismo corrupto no regenerará el sistema. Y el mercado laboral español se chinizará.

“Si queremos que todo siga tal como está, necesitamos aparentar que hacemos cambios”. Esta frase, en clave de paradoja, está extraída de una novela escrita por Giuseppe Tomasi di Lampedusa y titulada “Gatopardo”. El significado de la misma refleja la reciente estrategia política que ha emprendido el bipartidismo en España al objeto de engatusar a sus tradicionales votantes.

En relación con lo anterior, el término “gatopardista” ha sido utilizado por la ciencia política para identificar a aquellos gobernantes que nunca llevan a cabo los cambios que necesita la nación que supuestamente dirigen. Pero por el contrario, aparentan ante los ciudadanos que las reformas se encuentran en fase de preparación.

Los dos partidos mayoritarios españoles, elevando el “gatopardismo” a la máxima expresión, pretenden confundir a la opinión pública. Para ello, han diseñado una nueva y ambiciosa campaña de publicidad política engañosa.

El partido del Gobierno, a través de los medios de comunicación que trabajan a su servicio, está lanzando un camaleónico mensaje encaminado a transmitir una imagen institucional asociada a la regeneración democrática que necesita España. El PSOE se ha atrevido, incluso, a sustituir al hasta ahora líder de la formación socialista.

Tanto el PP como el primer partido de la oposición intentan curar una enfermedad terminal con un lavado de cara. Pero la metástasis, en forma de corrupción y prácticas políticas antidemocráticas, hace mucho tiempo que invadió los órganos principales de ambas formaciones.

Las circunstancias, es decir, los resultados derivados de las elecciones europeas, han forzado al PP-PSOE a simular una transformación, más estética que ética, cuya manifiesta falsedad será desenmascarada por la sociedad española.

Ciertamente, ninguno de estos dos partidos abanderará el procedimiento de regeneración democrática que nuestro sistema político (y económico) necesita imperiosamente para que España sobreviva como nación. No pueden, debido a que tienen demasiadas servidumbres y redes clientelares difíciles de desenredar. Y tampoco quieren, puesto que muchos políticos del PP-PSOE irían a parar con sus huesos a la cárcel.

De hecho, el epicentro de los males de nuestro sistema y, por tanto, de la corrupción política que tiene intervenida la economía española, se encuentra en la politización de la Justicia. Nuestro nauseabundo pseudo Estado de Derecho no funciona. Y la independencia de la Justicia es una químera en España. No obstante, el CGPJ seguirá controlado por el PP-PSOE, puesto que esta es la fórmula (combinada con el aforamiento) que ha ideado la casta política para blindar su impunidad. Si el bipartidismo tuviera la intención de regenerar democráticamente el sistema, la primera medida que adoptaría sería la relativa a despolitizar la Justicia.

El Gobierno se lo seguirá jugando todo a la carta de la economía. Una verdadera contradicción porque nuestro cada vez más precario mercado laboral, y de manera progresiva, sigue su imparable proceso de “chinización”. Y si la esperada e ínfima recuperación económica se desarrollara de manera sostenida, sería a pesar de las políticas nefastas del PP (y anteriormente del PSOE).

La oligarquía político-sindical, convertidos en ciudadanos de primera clase, sigue viviendo en una burbuja de bienestar y riqueza, inflada a través de los impuestos confiscatorios que han llevado a la miseria a millones de familias y a cientos de miles de pymes y autónomos españoles.

El bipartidismo sigue sin escuchar las demandas de los ciudadanos. Los españoles desean el fin de la dictadura de los partidos políticos y, por ende, de los inmorales e inmerecidos privilegios de la casta política.

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El PP-PSOE no representa el voto útil

Un partido que fundamenta su estrategia electoral en el denominado “voto útil” o “voto del miedo” no inspira confianza ni es atractivo para los ciudadanos. Tanto es así que una formación política identificada con estas características suele presentar carencias de tipo ideológico y dudas tanto en relación a la planificación del programa como al cumplimiento del mismo.

La única fortaleza que puede mostrar un partido de este perfil radica en la supuesta menor virtud del resto de alternativas o competidores. Y la mejor baza, sin duda, se basa en descalificar al contrincante político ante el electorado. Sería factible, por tanto, calificar a esta versión de partido político con el término de “manipulador”.

En España y desde la gran estafa de la Transición, los dos principales partidos políticos han manipulado con bastante éxito a los ciudadanos. Evidentemente, este hecho demuestra la falta de tradición y de cultura democrática de la sociedad española y constituye una prueba que certifica la decadencia de nuestro modelo bipartidista.

Actualmente, y debido a que se acercan las dos próximas citas electorales (municipales-autonómicas y nacionales), los dos partidos mayoritarios están intentando desarrollar sus estrategias políticas de manipulación a través de los medios afínes.

El partido del Gobierno ha permitido que crezca y se desarrolle un monstruo denominado “Podemos” con el objetivo de movilizar a un electorado tradicional que le está dando la espalda progresivamente. El ideólogo del PP activará el departamento de marketing político a fin de ejecutar una estrategia de manipulación centrada en atemorizar a los ex-votantes de esta formación (y a los indecisos) y ponerlos en guardia contra el “efecto Pablo Iglesias” y la alternativa del Frente Popular.

La estrategia manipuladora del PP está sustentada, igualmente, por otros pilares. Uno de ellos es la Reforma Fiscal. En realidad, esta pseudoreforma es una operación de ingeniería política cuyo único objetivo es recuperar a un concreto colectivo de votantes, consecuentemente, la misma está definida en virtud de intereses electoralistas. De hecho, el espacio temporal en el que se ha presentado la citada reforma (un año antes de las elecciones) retrata la intención del Gobierno al respecto.

El PP cree que la recuperación de nuestra economía puede entenderse en clave electoral pero se equivoca. Además, seguimos bajo el yugo de unos impuestos confiscatorios y la recuperación económica solo afecta a la “España subvencionada” y a todos aquellos que están dentro del “chiringuito político”.

Por último, el Gobierno está lanzando un mensaje político-económico, que ha convertido en eslogan o lema institucional, relativo a que el gasto público-político se está reduciendo. Una mentira repetida un millón de veces a lo largo de esta legislatura se convertirá en una grandísima mentira. Verdaderamente, se han reducido los servicios públicos para los ciudadanos.

Los ciudadanos no deben dejarse manipular por el PP ni tampoco por el PSOE. La sociedad española debe evolucionar y demostrarle al bipartidismo corrupto que es capaz de votar en conciencia (y no al “mal menor”), de esta manera, podríamos obligar a los partidos a cumplir sus programas electorales.

Existen en la actualidad varios partidos emergentes que apuestan por la regeneración democrática de España.

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¿Quiere sobrevivir la Monarquía? Al lado de los españoles y alejada de nuestro sistema corrupto.

La operación de cirugía estética practicada por los denominados “padres de la Transición”, y creadores del actual sistema partitocrático, no podría reproducirse en la actualidad. Aunque el Régimen corrupto del 78 está putrefacto, España no podría sobreponerse fácilmente a otra pantomima político mediática en forma de segunda Transición. Porque nuestro país necesita un cambio radical de modelo político, económico, judicial, social, laboral y ético.

¿El bipartidismo inmovilista y corrupto ha diseñado una estrategia de maquillaje político, basada en utilizar a nuestra recién renovada Monarquía como reclamo para aparentar una supuesta (y no real) regeneración democrática?

El futuro de la Monarquía depende del rol y el posicionamiento ante la sociedad que adopte el nuevo Rey.

Si Felipe VI se deja amansar por los cantos de sirena procedentes del bipartidismo corrupto actual y de los amigos del poder y “financieros del BOE” (IBEX 35), los españoles percibirán que el Rey comulga con el sistema extractivo que les está empobreciendo. Por el contrario, el nuevo monarca puede convertirse en un referente moral, para ello deberá enfrentarse a un sistema político y económico que está expoliando a las familias españolas al objeto de enriquecer a una oligarquía político-sindical y a una élite financiera sin escrúpulos.

Complicada misión, tanto en cuanto el Rey tendrá que respetar el marco constitucional respecto a las atribuciones simbólicas y representativas pero sin carácter ejecutivo que nuestra Carta Magna le atribuye.

¿Podría adoptar la Corona un papel de moderador institucional, convirtiéndose en la voz del pueblo ante el poder? El entorno político y económico actual, marcado por la corrupción política y el desprestigio de las instituciones publicas, así lo aconseja.

La Casa Real debe proyectar el futuro, al menos en el corto-medio plazo, tal como lo hace una empresa, es decir, planificando una estrategia, en este caso, centrada en la reputación y la ejemplaridad, puesto que la supervivencia de la Monarquía dependerá de su imagen institucional. Para lograr tal fin, la Monarquía deberá caminar en sentido contrario a la corrupción política, a la politización de la Justicia, al independentismo territorial, a los “medradores empresariales” y cortesanos del SXXI…

La Monarquía debe intentar que la decadencia del bipartidismo y del sistema, que es económicamente insostenible y estallará más temprano que tarde, no la arrastre y la destruya.

Al margen de ideologías políticas, origen social, nivel económico y formativo, etc., el perfil de la sociedad española cada vez está más polarizado y, en base a ello, la desigualdad en España está adquiriendo un matiz tercermundista. En un extremo, se sitúa una minoría privilegiada y protegida por nuestro injusto sistema político y económico que gira alrededor de los dos principales partidos políticos. En el otro, se encuentran los desheredados de la partitocracia: las pymes, los autónomos y las familias, que financian vía impuestos confiscatorios la malversación de los caudales públicos y la corrupcion política derivada de los 17 Reinos de Taifas.

En definitiva, la Corona debe elegir entre colocarse al lado del poder político y económico o ayudar a los españoles de bien a cambiar este sistema corrupto, con la finalidad de redistribuir la riqueza en virtud de criterios asociados a la justicia social y la meritocracia. Del resultado de esta elección dependerá la estabilidad de la Monarquía.

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Trampa electoral en C-LM para impedir que los partidos emergentes entren en las Cortes

Se trata de una iniciativa que ha pasado prácticamente desapercibida a nivel nacional debido a que nuestra España de pandereta y circo está pendiente del Mundial y el protagonismo mediático lo ha acaparado la abdicación del Rey.

Esta situación ha sido aprovechada por el PP de Castilla La Mancha para registrar en las Cortes de esta comunidad autónoma una propuesta parlamentaria basada en eliminar 16 de los 49 diputados regionales actuales. Esta reducción de parlamentarios será posible gracias a que el Congreso aprobó en marzo la reforma del Estatuto de C-LM a tal efecto.

La excusa esgrimida por el PP de C-LM para acometer esta reforma de la Ley Electoral está relacionada con la necesidad de reducir el gasto público-político innecesario. Aunque este razonamiento no es válido y queda desmontado, tanto en cuanto al principio de la legislatura el PP regional propuso otra reforma en sentido contrario, es decir, al objeto de aumentar el número de diputados. No obstante, la misma no se llevó a cabo pero evidentemente el Partido Popular quedó retratado.

Con la nueva reforma electoral el PP castellano manchego obtendría mayoría absoluta en esta región aproximadamente con el 37% de los votos favorables. También conseguiría la mayoría absoluta el PP, tras la reforma, con los mismos resultados de las pasadas elecciones europeas. Del mismo modo, la citada reforma impediría a los partidos emergentes y todavia minoritarios entrar en las Cortes y, con ello, se amortiguaría la caída del bipartidismo, al menos, en Castilla La Mancha.

El PP tiene la intención de aprobar la reforma, vía sesión plenaria, a finales de julio del presente año. Consecuentemente, en las próximas elecciones autonómicas se aplicará la nueva Ley Electoral.

El PSOE de C-LM, con razón, ha calificado la reforma de la Ley Electoral del PP con el término de “pucherazo”. El mismo pucherazo que, a finales del año 2007 y durante el mandato del Gobierno de Barreda, perpetró el PSOE de C-LM. Sin consenso ni negociación con el PP, en aquella época partido en la oposición, y con el único apoyo de los votos socialistas, el PSOE regional aprobó una reforma electoral a su medida. Para ello, el partido socialista violó el artículo 25.8 del Estatuto, que estipula que la ley electoral necesita dos tercios para ser aprobada (acuerdo entre el PP y el PSOE).

La raíz de las sucesivas reformas electorales, desarrolladas tanto por el PSOE como el PP, se encuentra en el reparto de escaños por provincias, es decir, en el principio de igualdad, proporcionalidad y representatividad. Pero desvirtuando este principio, estos dos partidos han otorgado, oportunamente y según la conveniencia del momento, mayor representación electoral a aquellas provincias en las que preveían mejores resultados electorales y a la inversa. El objetivo, claramente, es intentar asegurarse la reelección.

El bipartidismo corrupto está nervioso y necesita hacer trampas para mantenerse en pie. En C-LM, al igual que en toda España, el PP-PSOE se salta la democracia a la torera.

Independientemente de lo anterior, bienvenida cualquier medida que reduzca el gasto público-político improductivo.

 

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Las pymes desconfían de las medidas del BCE y el Gobierno

Muchos autónomos, emprendedores, pequeños empresarios, gestores de pymes, etc., creemos que hemos sido utilizados como señuelo por parte del BCE para vender sus últimas medidas de expansión monetaria, cuyos auténticos beneficiarios serán, probablemente, los Estados (Administración Pública), los bancos y las multinacionales.

La operación firmada por Mario Draghi consiste en el diseño de un circuito monetario sobre el que circulará más cantidad de dinero, puesto que el BCE obligará a la banca a incrementar la fluidez del crédito. Aunque es problable que esta inyección extra de liquidez no llegue a la economía real debido a que este aumento crediticio puede quedarse aparcado en boxes para ser trasvasado, finalmente, hacia la financiación de deuda pública.

Recordemos que el BCE, al objeto de luchar contra la deflación (aumentar los precios y huir de la japonización) y reactivar la economía de la eurozona ha adoptado las siguientes medidas: reducir tanto el tipo de interés que cobra a los bancos por créditos a corto como el relativo a los depósitos (que pasa a ser negativo) y conceder un macro crédito a los bancos condicionado a prestar dinero a las empresas.

No obstante, es complicado que surtan efectos estas medidas en España debido a nuestro entorno económico, definido por una intensa devaluación salarial, un proceso de desapalancamiento inacabado y una débil demanda.

¿Ha centrado el BCE erróneamente (al menos, en el caso de España) el enfoque de sus medidas? Y respecto al objetivo de reactivar el crédito, ¿conoce el BCE los verdaderos problemas de las pymes españolas? ¿La escasez de crédito en España está relacionada con un problema de liquidez, de solvencia o de una combinación de ambos factores?

En la actualidad, existe suficiente liquidez para financiar los proyectos empresariales viables. Consecuentemente, falta demanda de crédito solvente por parte de nuestras pymes. Causas:

Algunas empresas se encuentran dando vueltas a un círculo vicioso en base a que necesitan crédito aunque no lo consiguen a causa de su “perfil de insolvencia”. Los bancos, con buen criterio y al contrario de lo que ocurrió en la etapa anterior ligada al boom inmobiliario, no conceden crédito a proyectos de “dudosa solvencia” y tampoco lo harán después del manguerazo del BCE.

Pero multitud de pymes, y el sector privado en general, están desapalancándose progresivamente (al contrario que el sector público). En relación con ello, la estrategia de nuestras pymes consiste primeramente en adaptarse a un nuevo entorno-mercado, dotar de viabilidad al negocio y amortizar préstamos pendientes para después optar el nuevo crédito (más caro en España que en otros países de la eurozona). “Saneamiento antes que sobreendeudamiento”, una filosofía empresarial recuperada que pudo haber salvado del concurso a muchas pymes.

Igualmente, las pymes españolas están arrepentidas de haberse endeudado para adoptar decisiones erróneas de inversión (como consecuencia de las nefastas políticas económicas impulsadas por los dos últimos gobiernos del PSOE y el PP) que han deteriorado sus cuentas de resultados. Todo ello, en un contexto marcado por una presión fiscal asfixiante, una radical reducción de ventas, un consumo ínfimo y unas expectativas de crecimiento exiguas.

Y por supuesto, las pymes no exportadoras, que son la mayoría, tampoco pueden asumir un riesgo crediticio excesivo, teniendo en cuenta el peligroso marco socioeconómico y, sobre todo, la corrupción política e institucional existente en España. ¿Miedo a endeudarse?

Subsistir y posicionarse mínimamente en primer lugar y posteriormente diseñar un plan estratégico ganador para optar al crédito y poder crecer, estos son los pasos que están dando muchas pymes que han sobrevivido a la crisis.

Evidentemente y  por el contrario, las pymes españolas competitivas, viables, saneadas, exportadoras, innovadoras y tecnológicas no necesitan las inyecciones del BCE para optar al crédito.

Es probable que las inyecciones de liquidez del BCE, combinadas con los recortes de tipos de interés, sirvan de plataforma de financiación de nuestra insostenible deuda pública (inflando más aún esta burbuja) y las multinacionales. Si el enfoque del BCE, centrado en políticas expansivas, no es correcto, las soluciones tampoco lo serán. Más bien dependemos, a fin de que suba la inflación, de un alza de tipos de la Fed, de esta manera, subirían las exportaciones, vía devaluación del euro.

En relación al nuevo “Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia” del Gobierno, e independientemente que el mismo surta mayor o menor efecto, es un canto a la “cultura de la subvención”. ¿Un nuevo “Plan E”?

¿Los gobernantes políticos han creado alguna vez una empresa o, al menos, han trabajado en calidad de empleados por cuenta ajena en el sector privado? Por desgracia para los españoles, los políticos profesionales que nos gobiernan no saben que existe una vida fuera del partido y de la Administración.

¿Qué prefieren las pymes, una bajada de impuestos o subvenciones que no dinamizarán la economía? El trasfondo de este nuevo plan económico del Gobierno responde a la obsesión política por intervenir la economía, mantener las redes clientelares (seleccionando los sectores productivos e infraestructuras sobre los que regarán las subvenciones) y mediatizar informativamente estas medidas para justificar su trabajo ante los españoles.

El Gobierno también ha diseñado, al igual que el BCE, un circuito de dinero sobre el que ha colocado 11.000 millones de euros, aunque el premio de esta carrera ya se lo han adjudicado a Hacienda. Las subvenciones no reactivarán nuestra economía y volverán a las arcas del Estado a través de los impuestos confiscatorios que padecemos.

El anterior Gobierno del PSOE y el actual del PP han arruinado a las pymes (y a los autónomos) mediante impuestos desorbitados, morosidad pública, hiper regulación, burocracia, etc. Y las subvenciones, en forma de planes económicos, no solucionarán nada. Las pymes no quieren ayudas, únicamente desean pagar menos impuestos, gozar de libertad económica, operar en un mercado sin trabas autonómicas…

Tanto el BCE como el Gobierno español deberían reconocer que el principal problema de nuestras pymes y autónomos es el sistema político corrupto que tenemos en España.

 

 

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Ni el actual bipartidismo corrupto ni un nuevo Frente Popular

Actualmente, la “Economía política” puede entenderse como una ciencia mixta y disciplinar que analiza las conexiones entre el poder político y la economía. El citado término, cuyo significado no ha parado de evolucionar a lo largo de la historia, está más vigente que nunca en España y a través del mismo se podrían explicar las claves de la particular crisis que sufre nuestro país.

¿Los gobiernos influyen en las conductas de los mercados y el poder político ilumina el camino por el que deben transitar las grandes corporaciones empresariales? O por el contrario, ¿los mercados condicionan las decisiones de los gobiernos y las multinacionales utilizan a los políticos como marionetas?

Ciertamente, los gobiernos marcan el devenir de la economía mundial. Pero de igual forma, el poder económico también condiciona la política internacional.

¿Por qué en España se tergiversa, sectaria e interesadamente, cualquier nexo de unión entre política y economía? En la mayoría de los casos, se intenta salvar a la política para culpar de todos los males a la economía. Tradicionalmente, la casta política ha tratado de ocultar sus erróneas decisiones demonizando a la economía. ¿Cuanto nos ha costado, económica, social y laboralmente, a los españoles la politización de la Administración, la Justicia o las antiguas cajas de ahorros?

¿En España, los dos partidos políticos mayoritarios ostentan una cuota de poder mayor que el denominado “poder económico” o sucede justamente lo contrario?

Nuestro sistema de mercado está regulado por los gobiernos. No obstante, los mercados financieros se adelantan a las regulaciones gubernamentales en base a la innovación financiera, que en algunas ocasiones propician las temidas crisis. Aunque un exceso de regulación por parte de los gobiernos conduce al estatalismo, coartando con ello la libertad económica y la iniciativa privada y obstruyendo, por tanto, el crecimiento económico. Un gobierno por si mismo no puede controlar a una gran corporación empresarial y multinacional pero ostenta el poder soberano en su país.

¿Es posible establecer un equilibrio entre el poder político y el económico? En el término medio está la virtud.

Los partidos populistas de la ultraizquierda española, reforzadísimos en función de los resultados de las pasadas elecciones europeas, demandan más Estado y más gasto público, las dos principales causas que han originado la actual crisis en España. Recordemos que la institucionalizada corrupción política que padece nuestro país, instaurada por el PP-PSOE, se mantiene gracias a la existencia de una mastodóntica Administración y un desaforado gasto público-político improductivo que se deriva de la misma.

Las propuestas económicas de estos partidos extremistas circulan en dirección contraria a la recuperación económica de España, puesto que para reactivar nuestra economía necesitamos, sobre todo, reducir la deuda pública, además de incrementar la competitividad y equilibrar la balanza comercial.

¿Se consumará el pacto PP-PSOE, con vistas a las próximas elecciones generales y con el único objetivo de conservar el poder y mantener el actual bipartidismo corrupto? ¿Pactará el PSOE con los partidos de extrema izquierda, tanto emergentes como tradicionales, formando un nuevo Frente Popular? Ninguna de estas dos alternativas representa una fórmula política y económica eficaz para crear empleo, crecimiento y prosperidad.

España necesita regenerar democráticamente su corrupto sistema político porque volver al “blanco y negro” sería nefasto para nuestro país. El neocomunismo que representan los partidos de la ultraizquierda española certifica la muerte de la economía (la miseria para los ciudadanos) y la imposición totalitaria de la política (más privilegios para una nueva casta). En consecuencia, el necesario equilibrio entre el poder político y el económico nunca llegaría a producirse.

Los extremismos políticos nunca han funcionado en ningún país, todo lo contrario, han venido acompañados de masacres, destrucción y pobreza. Pero los españoles tienen la posibilidad de apoyar a varios partidos emergentes que apuestan por la regeneración democrática de España aunque desde posiciones muchísimo más moderadas.

 

 

 

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España se ha convertido en una dictadura política. La dictadura PP-PSOE.

Una de las claves para dotar de eficiencia, productividad y, por tanto, competitividad a nuestro modelo productivo radica en incrementar el grado de innovación en el sector industrial. (España podría definir un arquetipo propio que complemente al turismo). El objetivo a tal efecto no es otro que conseguir que nuestro país sea capaz de crear empleo mínimamente estable y de mejor calidad y establecer un ritmo exportador creciente.

Todo ello, en aras de aumentar el peso que actualmente tiene nuestra industria en relación al PIB de España, al objeto de acercarlo al nivel de los países más desarrollados de Europa e intentar, de esta manera, revitalizar la economía española. (Tomando como referencia a Alemania, cuyo sector industrial equivale, aproximadamente, al 25% de su PIB).

La llave de la competitividad para muchas empresas industriales la tiene la inversión en el departamento de I+D+i+d. Determinadas y tradicionalmente exitosas empresas del sector industrial, posicionadas en el mercado en base al reconocimiento de sus potentes marcas, se quedaron en algún momento desfasadas respecto al modelo de negocio y en relación al escaso valor añadido que aportaban sus productos y servicios. No obstante, la innovación ha sido el motor que ha reactivado económicamente a estas compañías, reinventándolas e impulsándolas de nuevo hacia el éxito empresarial.

El modelo de negocio de una organización empresarial puede quedarse obsoleto en virtud de múltiples causas, tales como, la globalización, los avances tecnológicos, las novedosas necesidades del mercado, un entorno económicamente adverso, etc. Del mismo modo, ¿podría quedarse arcaico y anquilosado el modelo constitucional y el sistema político, territorial, administrativo, judicial, electoral, etc., de un país?

¿La innovación empresarial debe ir asociada a la innovación política (regeneración democrática, en el caso de nuestro país) para que la economía de una nación pueda crecer?

Nuestro perverso y antidemocrático sistema frena la innovación política y empresarial de España de diversas formas. La corrupción política queda impune porque nuestra Justicia está politizada al máximo en relación a los altos tribunales. Además, los dos principales partidos políticos tienen intervenida la economía española por mediación de la instauración del “régimen de la subvención” y la politización de la Administración. Sobre todo, en las autonomías y los ayuntamientos.

¿Existe un “acuerdo no escrito”, por parte de los integrantes (y a la vez beneficiarios) que a modo de piezas forman el puzzle del “sistema” español, para mantener la decadente y corrupta partitocracia actual? Recordemos que el “sistema” en España lo componen las principales instituciones del Estado, los dos partidos políticos más “representativos”, los dos sindicatos mayoritarios, la patronal, algunas compañías del IBEX 35 y la Corona.

El sistema, en vez de perseguir y castigar la corrupción política institucionalizada que sufre la Administración Pública española, blinda supuestamente a la mayoría de los corruptos (o los indulta, vía gubernamental) que pertenezcan a la élite financiera o a la casta político-sindical.

La corrupción política es una lacra en el ámbito económico, equivalente, como mínimo, al 4% del PIB español, es decir, 40.000 millones de euros anuales. Y en el aspecto sociopolítico, puesto que si el sistema continúa tapando la corrupción política, España llegará a un punto de no retorno y ello supondrá el inicio de un proceso que finiquitará nuestra actual pseudodemocracia para dar paso a un sistema totalitario.

Una de las pruebas que evidencian que el bipartidismo no quiere acabar con la corrupción política viene definida por el hecho relativo a que no se está aludiendo en la campaña referente a las elecciones europeas a este asunto. Prohibido hablar de corrupción política por parte del PP-PSOE. En la politizada TVE, por supuesto, tampoco se habla de ello.

En el supuesto caso que el bipartidismo (una fórmula de gobierno válida en otros países pero que en España se ha convertido en una dictadura política) se desmorone, varios dirigentes relevantes del PP y el PSOE han expresado públicamente que podrían contemplar un acuerdo entre estos dos partidos para formar un gobierno de coalición. Mejor dicho, de intervención o concentración.

¿Cuáles son los objetivos que intentaría lograr una supuesta coalición PP-PSOE? ¿Preservar la gobernabilidad y la estabilidad de España, por ejemplo, frenando el desafío independentista, teniendo en cuenta que aplicando la ley se solucionaría el problema sin necesidad de pactar? ¿Conservar el poder y mantener intactos los inmorales e inmerecidos privilegios de nuestra profesionalizada y corrupta casta política?

El sistema únicamente deja a los españoles un arma para luchar contra las injusticias que se derivan del mismo: el voto. La casta política europea que nos “representa” en Estrasburgo y Bruselas no es un ejemplo de honestidad ni tampoco de austeridad debido a las insultantes prebendas de las que gozan. Pero a pesar de ello, los españoles que apuesten por la regeneración democrática de nuestro sistema tienen una nueva oportunidad de actuar responsablemente votando el próximo 25 de mayo a algunas de las opciones políticas regeneradoras y todavía minoritarias.

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Políticos millonarios, camareros casi mileuristas y parados. Retrato socioeconómico y laboral de España.

¿Aceptamos como válidos los datos mensuales relativos al paro y aportados por los Servicios Públicos de Empleo o, por el contrario, consideramos más creíbles las cifras que al respecto y de modo trimestral muestra la EPA? (Recordemos que la EPA consiste en una encuesta poblacional ralizada por el INE en virtud de criterios más fidedignos).

Comparando los resultados de una y otra fuente estadística, existe un desajuste contable de aproximadamente un millón de parados. Este desfase es producto de la exclusión en la contabilidad de los Servicios Públicos de Empleo de determinados colectivos de parados y también de aquellos desempleados no registrados en las oficinas de empleo. No olvidemos que muchos parados únicamente se registran en estas oficinas para percibir la prestación de desempleo y, una vez agotada la misma, permanecen en situación de desempleo pero sin aparecer en el registro.

Tomando como referencia los últimos y “positivos” datos de paro de los Servicios Públicos de Empleo, los gobernantes deberían auto formularse la siguiente pregunta: ¿España solo es capaz de crear empleo precario, temporal, de baja cualificación, retributivamente bajo y focalizado, principalmente, en la hostelería?

Los españoles medianamente informados no confían, en general, en los datos suministrados por las instituciones públicas debido a que la sombra de la manipulación político-mediática suele ser avistada por parte de la opinión pública, que se muestra cada vez más incrédula ante la información procedente del gobierno de turno. Máxime y tal como sucede actualmente, si en el corto-medio plazo los partidos políticos se juegan su futuro en los próximos procesos electorales de perfil europeo, municipal y nacional.

El mejor procedimiento de auscultación del mercado laboral español consiste en analizar nuestro entorno personal más cercano. ¿Mi amigo, ingeniero en paro, ha encontrado trabajo de camarero? ¿Se ha marchado mi primo pequeño a Munich a trabajar? ¿Han cerrado muchos negocios en mi barrio en el último trimestre? ¿Mi ex-compañero de trabajo, afectado por un ERE, capitalizando su paro y en calidad de nuevo autónomo, ha montado un negocio engañado por el falso apoyo gubernamental a los emprendedores (que en realidad es un engaño para incrementar la recaudación fiscal) y se ha arruinado?

La  Comisión Europea y el BCE advierten que para luchar contra el desempleo será necesario seguir realizando ajustes y, en base a ello, animan al Gobierno a acelerar el desarrollo de algunas medidas clave, tales como la liberalización de los servicios profesionales y la reforma de las políticas activas de empleo. ¿De verdad creen que esta es la única solución? ¿Cuánto tardarán los sindicatos (y la patronal), en connivencia con el gobierno de turno, en “aprovecharse” nuevamente de cualquier política relacionada con el empleo o la formación tanto en cuanto la corrupción política sigue campando a sus anchas en España sin ningún tipo de control ni castigo?

La lucecita macroeconómica que vislumbramos al final del largo túnel de la crisis puede iluminar cada vez con mayor intensidad. Igualmente, puede haberse roto la tendencia de destrucción de empleo. Pero el desempleo en nuestro país tendrá un perfil crónico y estructural en el caso que no se acometan cambios radicales de índole político y en el corazón del sistema.

Una mínima recuperación económica se puede convertir en la excusa perfecta que necesita la élite financiera y la casta político-sindical, auténticos responsables de la crisis, para blindar el sistema político actual, el tapon que aprisiona a nuestra economía y, por tanto, condenar a varias generaciones de españoles a la pobreza y al paro.

¿Cuál es el modelo socioeconómico y laboral que se conformaría si no cambiamos la pseudodemocracia, convertida en una dictadura bipartidista, actualmente implantada en España? La desigualdad económica se aproximará a la de una república bananera. Un gran porcentaje de españoles, independientemente de la preparación educativa adquirida, alternaría periodos de desempleo con trabajos precarios. El casi mileurismo se considerará un privilegio. Aunque, paralelamente, una casta político-sindical profesionalizada y corrupta, en su mayor parte sin apenas estudios ni cualificación, se enriquecerá sin limitación alguna, contando, para ello, con la aquiescencia del poder económico.

De cara a las próximas elecciones europeas, el bipartidismo únicamente está lanzando a la ciudadanía mensajes en clave económica: el PP intenta transmitir a la sociedad que España se encuentra en la senda de la recuperación y el PSOE comunica todo lo contrario. Pero ambos partidos se niegan a formular reformas políticas de regeneración democrática.

Los españoles no se deben dejar engañar, puesto que la recuperación económica de nuestro país depende del desarrollo de reformas radicales encaminadas a democratizar el corrupto sistema político actual.

Corrupción política institucionalizada, extrema politización de la Justicia y la Administración, arquitectura antidemocrática de los dos principales partidos políticos, un macroestado malversador…

Solo un cambio de las reglas del juego político pueden salvar a la economía española. En España, y ahora más que nunca, la economía depende de la política.

 

 

 

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La casta político-sindical empobrece a los españoles a través de la “cultura de la subvención”

Podemos definir la “cultura corporativa” de una empresa como un modelo de comportamiento instaurado a nivel institucional y llevado a la práctica por el capital humano que integra la misma. La cultura corporativa de una compañía, por tanto, está conformada por un conjunto de valores, principios, códigos éticos de conducta y protocolos de actuación que la diferencian e identifican.

Igualmente, la cultura corporativa de una organización también es considerada como una herramienta de comunicación, puesto que, a través de la misma, es posible proyectar una potente imagen de marca, a nivel interno y externamente y, en función de ello, atraer al mejor talento del mercado y a los clientes más valiosos.

Consecuentemente, la forma de pensar y de hacer (y la perfecta coordinación entre ambas acciones) de una empresa define su cultura corporativa.

La mayoría de los proyectos empresariales de éxito poseen una cultura corporativa perfectamente diseñada, armoniosamente ejecutada y estratégicamente alineada tanto con el modelo de negocio como con las personas que conforman los mismos.  Se trata, en definitiva, de un activo intangible que aporta un valor no cuantificable en la cuenta de resultados de la empresa.

Estableciendo un paralelismo con lo anteriormente expuesto, el desarrollo económico y la competitividad de un país depende en gran medida de la cultura política, social y empresarial del mismo, es decir, de la forma en la que piensan y actúan sus ciudadanos. La “cultura de la subvención”, impuesta por la casta política, limita el crecimiento económico de España y es uno de los principales virus que infecta de corrupción política a nuestra Administración.

Las subvenciones públicas son la formula perfecta para mantener el poder: redes clientelares y lealtades electorales que convierten a los ciudadanos en meros votantes comprados por los partidos políticos.

En España, los sucesivos gobiernos que, sustentados por el bipartidismo, se han alternado en el poder, han implantando la cultura de la subvención al objeto de establecer redes político-clientelares y, de este modo, asegurarse la reelección. La cultura de la subvención, además de institucionalizar la corrupción en la Administración Pública, convierte a los ciudadanos (empresas, sindicatos, patronal, fundaciones…) concesionarios de las subvenciones en votantes comprados por el partido político que ostenta el poder. Y paralelamente, en los más fieles y sectarios defensores del gobierno que adjudica las subvenciones.

El corrupto régimen andaluz basado en las subvenciones.

En nuestro país, principalmente en Andalucía, el régimen de la subvención ha empobrecido a los ciudadanos hasta llevar a muchas familias a la miseria y, por el contrario, ha enriquecido inmoralmente a la casta político-sindical y a su entorno.

Asimismo, la cultura de la subvención expulsa del mercado a multitud de pymes dotadas de un modelo de negocio viable y, contradictoriamente, beneficia a empresas que únicamente se han constituido con el objetivo de obtener la correspondiente subvención.

Otro de los efectos perversos que provoca la corrupta política de subvenciones aplicada hasta la fecha en España es que se produce un trasvase de fondos públicos que siempre perjudica a los colectivos desfavorecidos de la sociedad, los únicos a los que deberían ir destinadas las ayudas públicas.

El Estado de las autonomías ha potenciado enormemente la cultura de la subvención. Los reinos de taifas autonómicos, al objeto de tejer sus propias redes político-clientelares de ámbito regional, han multiplicado por 17 el número de subvenciones, contribuyendo con ello al empobrecimiento global de nuestro país, al fomento del desempleo y al incremento de la desigualdad social.

A nivel socioeconómico, bajo esta cultura de la subvención subyace una forma de vivir fundamentada en la protección del Estado que, en virtud de lo cual, se convierte en una fábrica de producir ciudadanos sin libertad, carentes de iniciativa, ignorantes y, sobre todo, manipulables.

El caso relativo al supuesto fraude de la “formación para el empleo” que afecta, como principal responsable del mismo, al Gobierno de la Junta de Andalucía constituye el máximo exponente de la arquitectura político-clientelar, en torno a las subvenciones y fondos públicos, diseñada por los gobiernos autonómicos para conseguir clientes políticos, que lógicamente se transforman con posterioridad en votos.

¿Para quiénes mejora la economía? Seguro que para las empresas, sindicatos y patronales que reciben subvenciones únicamente por el hecho de poseer vínculos políticamente afines con el partido del gobierno de turno.

Mientras tanto, el Gobierno pretende que España siga viviendo “de prestado”, vía crédito barato procedente del BCE. Igualmente, Rajoy sigue vendiendo humo, puesto que no tiene la más mínima intención de desarrollar la reforma que más necesita nuestro país, la relativa a la Administración Pública. Mantener la mamandurria y el chiringuito político intacto es la prioridad del Gobierno. Para ello, cuenta con el plácet de la oposición.

 

 

 

 

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¿Existe el capitalismo en España? El sistema político-clientelar español.

Uno de los objetivos que han intentado conseguir determinadas facciones, integradas de forma interesada en los diferentes movimientos sociopolíticos creados en los últimos años en España, ha sido confundir a la sociedad.

Para ello, algunos de estos grupos (en general, vinculados a la ultraizquierda radical y a colectivos antisistema) han protestado en contra del capitalismo en diversas manifestaciones, en las que esgrimieron a tal efecto ciertos mensajes totalmente desvirtuados, tanto desde una perspectiva socioeconómica como ideológicamente.

Es complicado encontrar sistemas económicamente puros, de este modo, multitud de países mantienen en la actualidad modelos de economía mixta. Considerando lo anterior, todos los sistemas capitalistas presentan un mayor o menor nivel de intervención estatal y de control regulador.

No obstante, ¿es factible calificar con el término de capitalista al actual sistema económico español, tanto en cuanto nuestra economía está totalmente intervenida por el Estado, por mediación de los dos principales partidos políticos, y teniendo en cuenta que tanto el nivel de competitividad como el índice de libertad económica de la misma son ínfimos? Máxime, teniendo en cuenta que nuestra Justicia, al servicio del bipartidismo, impide que pueda desarrollarse el citado sistema libremente.

En relación a ello, se puede afirmar que los principios que caracterizan al liberalismo económico no confluyen en nuestro actual modelo económico. (En el supuesto caso que España tuviera algún modelo definido).

En este sentido, es contradictorio protestar actualmente contra el capitalismo en España, puesto que el sistema económico instaurado por los dos grandes partidos en nuestro país se podría definir como “político y clientelista”. Los españoles estamos atrapados en un malévolo modelo en el que la economía está íntimamente ligada a la política. (El Régimen del 78 desprendió en sus inicios una agradable fragancia que, desgraciadamente, se evaporó instantáneamente por el efecto de la corrupción política institucionalizada).

La sociedad española está influenciada por el capitalismo de consumo pero nuestro sistema no se encuentra identificado con un modelo capitalista óptimamente competitivo. En todo caso, nuestro modelo económico podría estar asociado al concepto de capitalismo corporativo en el que las grandes corporaciones tienen una gran influencia en las políticas y decisiones económicas adoptadas por el Gobierno y viceversa.

Aunque en España, realmente, son los dos partidos mayoritarios los que controlan todos los ámbitos económicos a través de la politización de la Administración y la Justicia. (El ejecutivo actual, siguiendo el camino que inició el Gobierno de Felipe González, está diseñando una Justicia a medida de la casta política a través de la “Reforma del CGPJ”, el “Anteproyecto de la LOPJ” y la futura “Ley de Enjuiciamiento Criminal”).

Todo ello, sin olvidarnos de la economía de la subvención, que mantiene todo este clientelar sistema en pie.

Por consiguiente, las camarillas anticapitalistas (y antisistema) en España tienen el objetivo desenfocado porque en vez de enfrentarse al capitalismo, modelo económico que no existe como tal en nuestro país, deberían centrar sus protestas en luchar contra el sistema político corrupto que está ahogando a la economía española.

¿Es posible que estos movimientos, verdaderamente, defiendan a una pseudo ideología devaluada y obsoleta o a un partido concreto e, igualmente, protesten contra un gobierno al que consideran enemigo (pero que representa lo mismo que el partido al que supuestamente defienden)? ¿Y para ocultar tal intención, abanderan una simulada lucha contra el capitalismo?

El sistema político partitocrático actual (y el poder económico interconectado a los dos primordiales partidos) es culpable de dejar a España en la quiebra y a millones de españoles en el paro y la miseria.

La economía española únicamente crecerá y creará empleo a un ritmo sostenido cuando se regenere democráticamente nuestro sistema político corrupto y se reestructure el modelo territorial actual. Mientras no se lleve a efecto tal regeneración, todas las medidas que se adopten, tanto políticas como económicas, solo serán remiendos.

La evolución de la economía española, como la de cualquier otro país, depende del buen funcionamiento de nuestro sistema político y, por tanto, de la independencia de la Justicia. Pero en España, aproximadamente, 10.000 aforados, fieles representantes de la partitocracia y blindados ante una Justicia politizada, bordean los límites de nuestro Estado de Derecho por obra y gracia de este privilegio feudal denominado aforamiento.

El Gobierno, con la complicidad de la oposición, sigue centrándose en el discurso económico para desviar el verdadero problema de España, que es de naturaleza política.

A nivel internacional, el FMI sigue sin enterarse de los verdaderos problemas de España, puesto que la última ocurrencia de este organismo ha sido recomendar al Gobierno que centre el ajuste en el gasto social (aunque se puede dotar de eficiencia a la gestión de las ayudas sociales) y en los sueldos públicos.

¿Es consciente el FMI que, desde el año 2009, España ha destinado casi 50.000 millones de euros, vía dinero público, al rescate de las bancarizadas cajas de ahorros, quebradas por los políticos, a la par que se han recortado tanto prestaciones sociales como educativas a los ciudadanos (e inversiones en I+D)?

Respecto al recorte de sueldos públicos, acertaría el FMI en este diagnóstico siempre que dicho ajuste se concentrara en puestos políticos prescindibles, asesores, personal procedente de empresas públicas subvencionadas y en números rojos y empleados públicos (sin oposición) enchufados por el PP-PSOE en la Administración. Recordemos que, hasta la fecha, los “interinos” son quienes han sido despedidos en las administraciones públicas.

No existe otro camino que el inicialmente emprendido por Francia (reducir el número de regiones y bajar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social) e Italia (suprimir provincias y puestos políticos).

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Italia suprime sus provincias. Francia reduce las regiones. ¿Podría eliminar España nuestras ruinosas autonomías?

Está asumido socialmente que la teoría referente a la lucha de clases se encuentra actualmente obsoleta, aunque determinadas organizaciones sindicales y políticas, también desfasadas ideológicamente, pretendan seguir utilizándola para abanderar sus interesadas e injustas protestas.

En España, el citado concepto ha evolucionado y, en virtud de ello, su significado apunta en la actualidad a un enfrentamiento entre un grupo extractor y minoritario, compuesto por la élite financiera y la oligarquía político-sindical, y los damnificados del sistema, que evidentemente son los empleados privados por cuenta ajena, los autónomos, los profesionales liberales y las pymes. Y por supuesto, los parados.

El origen de este conflicto radica en la politización de la Administración. La partitocracia y los sindicatos se han servido de la Administración para lograr sus perniciosos objetivos, convirtiéndola en el enemigo de las empresas y los ciudadanos. Y en la causa de la ruina de España, debido al continuo inflamiento del coste de mantenimiento de la misma.

A lo largo de la historia, multitud de regímenes dictatoriales, totalitarios y corruptos han llegado a su ocaso justamente en el momento en el que una tiranizada servidumbre, carente de los derechos fundamentales y saqueada por sus gobernantes hasta la saciedad, se decide a enfrentarse al poder con el objetivo de alcanzar la libertad. Y empujados por el ulterior motivo de “no tener nada que perder”.

Sin llegar a tal extremo, nuestro actual sistema pseudodemocrático se encuentra en una situación límite. El bipartidismo (sistema que, aunque en otros países funcione, en España se ha convertido en una dictadura partitocrática) está arruinando a millones de familias españolas y, por el contrario, mantiene a los dos principales partidos políticos millonariamente subvencionados.

La herencia que nos ha dejado la crisis de deuda. ¿De qué ha servido la brutal subida de impuestos del Gobierno y cuál ha sido el verdadero objetivo de la misma, tanto en cuanto se ha vuelto a incumplir el déficit relativo al ejercicio 2013? Según el Gobierno, España hace tiempo que dejó atrás la crisis de deuda soberana. Aunque realmente no es así, puesto que los españoles hemos aceptado, vía imposición y no por derecho, el usufructo de la herencia de la citada crisis en forma de crecimiento constante del endeudamiento público.

Recordemos que España ha multiplicado casi por tres su deuda pública en los últimos seis años. (Se encuentra en la actualidad rondando el peligroso límite del 100% del PIB). Y en función de las previsiones del FMI, la deuda de nuestras Administraciones Públicas seguirá creciendo hasta, al menos, el 2018, año en el que se alcanzaría el 105% del PIB. ¿Ante este dantesco escenario macroeconómico, podría volver a producirse una nueva crisis de deuda si los inversores decidieran, en el medio-largo plazo, que España no puede pagar su deuda al valorarla de modo económicamente insostenible?

En base a ello y para que no siga creciendo la deuda pública, es vital cumplir los objetivos de déficit. Se trata de un círculo vicioso que solo puede pararse reduciendo el gasto público. El Gobierno acaba de demostrar esta ecuación al incumplir el déficit del año 2013, superando en cinco décimas el objetivo. A pesar de la brutal subida de impuestos, únicamente se ha conseguido rebajar la cifra de déficit en dos décimas respecto al año 2012. No podemos olvidar que España sigue siendo el país de la eurozona con mayor déficit público.

El Gobierno, siendo fiel a su estrategia basada en “no hacer nada y esperar a ver si escampa”, se sigue fiando de las exportaciones y se lo juega todo a la carta del BCE, que debería adoptar nuevas medidas para estimular la economía de la eurozona y alejar al fantasma de la deflación. Aunque hasta la fecha, los bancos españoles, poseedores de la mayor parte de nuestra deuda pública, han preferido hacer negocio, a través del crédito barato del BCE, y seguir financiando, de esta manera, a la Administración en vez de a las pymes y a los autónomos. De todas formas, ¿cuántas pymes y autónomos, tras la crisis, podrían presentar unos balances que garantizaran la concesión de un crédito bancario? 

España destina 30.000 millones de euros al año para pagar los intereses de su deuda. ¿Esta cifra explica que puedan recortarse partidas sociales (educación) o estratégicas (investigación) mientras no se cierran, por ejemplo, miles de empresas públicas sin fines solidarios, subvencionadas y en números rojos? ¿Dónde se destinan realmente los impuestos de los españoles? Estas contradicciones económicas destrozan la competitividad de la economía española.

La “antigestión de lo público” equivale a la quiebra de España. Todo ello por no hablar de la malversación de caudales públicos, un ilícito penal convertido, a través del secuestro de la Justicia por parte de la casta política, en un jocoso término denominado “despilfarro”.

Los riesgos para nuestra economía pueden llegar procedentes de la crisis de los países emergentes, cuyos mercados podrían retener el capital de los inversores. Pero el problema de la economía española es de origen interno y de índole político: nuestro sistema político partitocrático, subvencionado y estructurado en función del Estado de las autonomías.

Seguir el camino que está marcando Italia sería beneficioso para los españoles pero, contradictoriamente, perjudicial para los intereses del PP-PSOE. Italia comienza a reducir su improductivo gasto público-político. El Senado italiano aprobó (aunque esta aprobación debe ser refrendada por el Congreso para obtener legitimidad constitucional), con el objetivo de reducir el coste de la Administración, la eliminación de las 73 provincias del país transalpino. La ejecución del citado plan conlleva la supresión de 3.000 cargos políticos y el consiguiente ahorro de 800 millones de euros. En términos económicos, la cuantía del coste reducido no es demasiado relevante. No obstante, esta decisión del primer ministro de Italia supone, en primer lugar, un primer paso para reducir el peso de la Administración en el citado país y, en segunda instancia y de manera simbólica, una inyección de moral y optimismo para el sector privado italiano.

Además, el primer ministro italiano desea modificar la ley electoral, reformar el Senado, dotar de independencia a la Justicia…

Paralelamente, el primer ministro francés ha anunciado su intención de reducir el número de regiones francesas y, del mismo modo, también se muestra partidario de bajar los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social.

En definitiva, España debería afrontar el problema político primero para solucionar  después el económico. La Transición ha sido un fracaso travestido de éxito por la casta política. Ahora sabemos que no supuso más que el paso de una dictadura a la cleptocracia actual.

 

 

 

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Corrupción política, malversación de caudales públicos y politización de la Justicia. Los tres pilares que sustentan la crisis en España.

Si estudiáramos las características internas del Gobierno mediante un análisis DAFO, descubriríamos que entre las muchas debilidades que afectan al ejecutivo liderado por Rajoy destaca sobremanera la relativa a su nula capacidad de innovación.

A medida que avanza la legislatura, podemos comprobar que el Gobierno actual se está limitando a copiar las políticas, y la forma de llevar a cabo las mismas, del Gobierno anterior de Zapatero. Indudablemente, se trata de una estrategia equivocada, tanto en cuanto la figura del imitador rara vez tiene éxito, menos aún en este caso concreto en el que la versión original constituyó un fracaso absoluto.

Al respecto y estableciendo un paralelismo con el mundo de la gestión empresarial, los libros de Management reseñan numerosos casos referidos a empresas competidoras que han tratado de mejorar el modelo de negocio y las ventajas competitivas del líder del mercado, que lógicamente siempre es una compañía de éxito. Por el contrario, las empresas que no han triunfado suelen constituir una referencia para que los futuros emprendedores puedan aprender las lecciones propias de un fracaso empresarial.

Contradictoriamente, el Gobierno del PP no es capaz de aprender del fracaso, debido a que actualmente es una empresa que ha renunciado a diferenciarse y, en función de ello, puede ser penalizada por muchos de sus clientes, que se sienten estafados al comprobar que compraron un producto commodity y, además, de imitación made in Zapatero.

El Gobierno socialista anterior, un referente en marketing político, fue un maestro en el arte de lanzar bombas comunicativas con el único objetivo de lograr el mayor nivel posible de ruido mediático e impacto social. Evidentemente, estas planificadas operaciones de imagen política e institucional eran, en realidad, simples anuncios sin ninguna ejecución posterior.

Pero el Gobierno del PP se ha propuesto mejorar la técnica relativa a la venta de humo, ya de por si bastante depurada por numerosos ideólogos pertenecientes a los dos grandes partidos políticos españoles.

La última mascarada político mediática se denomina Reforma Fiscal. Las marionetas del ministro Montoro, es decir, el comité de sabios, a través de la citada reforma, se han marcado el objetivo de embaucar a los contribuyentes para que crean que bajarán los impuestos cuando en realidad se trata de una simple redistribución de la carga fiscal. La ínfima bajada de la fiscalidad directa no compensará la subida de la fiscalidad indirecta. Por tanto, el verdadero propósito de la reforma es recaudar (mejor dicho, expoliar) más aún o, como mínimo, lograr que la recaudación no baje del 37% del PIB.

El Gobierno se ha convertido en un especialista en elaborar interesados enunciados políticos con la intención de hacer creer a los españoles que todo va a cambiar para que nada cambie.

Una Reforma Laboral a medio hacer, carente de flexiseguridad y sin profundidad. La archifamosa Reforma de la Administración, que no será desarrollada en la presente legislatura. Una engañosa Ley de Emprendedores, que trata de convertir a los nuevos empresarios en meros esclavos fiscales para que ayuden, vía pago de impuestos confiscatorios, a financiar el gasto público-político improductivo de la Administración. Una difusa Ley de Transparencia, cuyo objetivo no es luchar contra el tsunami de corrupción política que ha hundido a la economía española. La anticonstitucional Reforma del CGPJ, que riéndose de la democracia ha politizado más aún a la Justicia. La Marca España, una auténtica arlequinada que está intentado tapar la corrupción política y el despilfarro del dinero público. Etc.

Ni siquiera es capaz el Gobierno de eliminar automáticamente el actual modelo corrupto de formación de los trabajadores, cuya gestión ha sido otorgada histórica, incomprensible y mayoritariamente a los sindicatos de clase. Máxime, conociendo que la formación se utiliza como un método ilegal para financiar a determinadas organizaciones sindicales y empresariales. Aunque ya ha anunciado el Gobierno una “pseudoreforma” al objeto de aparentar que el referido modelo será modificado.

¿Los españoles han asumido que la manipulación informativa sea uno de los ejes sobre los que gire la política en España, independientemente del partido que gobierne?

Según unas recientes declaraciones del ministro Montoro, “la crisis económica en España es la crisis del empleo”. Seguro que multitud de españoles analizarían de otro modo la situación económica y laboral de España y, en función de ello, señalarían a la corrupción política, la malversación de caudales públicos y el secuestro de la Justicia como la “línea de falla” sobre la que se ha producido el terremoto de la crisis en nuestro país. Y al desempleo como una consecuencia de lo anterior.

Cada vez más españoles consideran que el enfoque de la crisis, que los dos principales partidos han querido vender a la sociedad con el objetivo de evadir responsabilidades y lograr una imagen distorsionada de la misma, no es el correcto. En otras palabras, la crisis económica en España es un engaño a los ciudadanos.

La actual desigualdad social en España es fruto de los abusos del poder político y económico. Y el Estado del bienestar en nuestro país ha sido sustituido por el “bienestar del Estado” y de todos sus protegidos. ¿A alguien le sorprende que España se haya convertido en una fábrica de producir “ninis”?

El PP y el PSOE están intentando transmitir el mensaje referente a que el actual sistema es la única fórmula política que garantiza la gobernabilidad y la estabilidad de España. Lo único que protege nuestra dictadura bipartidista son los privilegios y la impunidad de la casta política y su clientela. En cambio, el desempleo y la pobreza son patrimonio de los españoles que se encuentran fuera del sistema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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¿Podrían pactar el PP y el PSOE, en las elecciones generales y autonómicas, para que los nuevos partidos emergentes no rompan el bipartidismo?

Gran parte de la opinión pública española considera que, en la actualidad, el PP y el PSOE poseen unos rasgos políticos similares. Las dos marcas proyectan idénticos “antivalores”, justamente los mismos que han convertido a nuestro sistema partitocrático en un referente mundial en materia de corrupción política.

El PP y el PSOE han ido acercando, paulatinamente, tanto el predicamento como sus posiciones políticas en aras de conseguir un fin común. Y este no es otro que preservar un régimen bipartidista, antidemocrático, obsoleto, corrupto, subvencionado e insostenible económicamente, cuya estructura está desmoronándose al mismo ritmo que se rompe España.

La estrategia institucional de los dos grandes partidos españoles para lograr sostener la partitocracia ha estado fundamentada en la mentira, motivo por el cual nuestro sistema se encuentra absolutamente deslegitimado.

Actualmente, el PP y el PSOE mantienen un matrimonio de conveniencia, puesto que las dos formaciones políticas saben que se necesitan más que nunca y, por tanto, deben retroalimentarse mutuamente. Una unión fuertemente consolidada entre ambos partidos puede significar la pervivencia del sistema. Por el contrario, un divorcio inesperado podría provocar el fin de la “mamandurria partitocrática”.

Por primera vez en 32 años, el bipartidismo se siente amenazado en virtud de la aparición de determinados partidos emergentes, que abogan por una regeneración democrática, una reforma del sistema y una nueva forma de hacer política.

En los años venideros, el PP y el PSOE deberán representar la misma función teatral, que vienen interpretando durante más de tres décadas, pero sobre un escenario en el que han aparecido nuevos actores, cuyas actuaciones seducen cada vez más a un público menos complaciente que antaño. En este nuevo entorno económico, marcado por el desempleo, la precariedad laboral y la pobreza, será más difícil disfrazar de democracia a la dictadura partitocrática que padecemos los españoles.

El doble juego del PP-PSOE para intentar anular a los partidos emergentes y defender el bipartidismo corrupto. Ante la opinión pública y de cara a la galería, el PP y el PSOE intentarán ofrecer una imagen de enfrentamiento político al objeto de seguir fraccionando a la sociedad. Recordemos que la esencia del bipartidismo se fundamenta en una estrategia de segmentación política, consistente en dividir a la sociedad española entre votantes de la derecha y de la izquierda.

Evidentemente, se trata de una manera arcaica de entender el juego político, que retrata, además, la escasa madurez democrática de la sociedad española, pero que ha permitido al PP y al PSOE alternarse en el poder desde el año 1982.

Sin embargo y contradictoriamente, estos dos partidos también deberán diseñar planes comunes y crear vínculos políticos unidireccionales. No olvidemos que la finalidad que persigue el bipartidismo es proteger a toda costa el actual régimen de la subvención. Para conseguir este propósito, el PP y el PSOE han acordado que es necesario expoliar a las familias, las pymes y los autónomos. Únicamente, de esta manera, se puede sustentar el “chiringuito político”. Según el PP-PSOE, el hándicap económico de España no viene definido por el excesivo gasto público-político.

El verdadero problema de España es político y se denomina PP-PSOE. La intervención de la economía, por parte del bipartidismo y a través del clientelismo político y la politización tanto de la Administración como de la Justicia, es la causa de la particular crisis económica de nuestro país. La herencia de los dos grandes partidos españoles será una deuda pública impagable y un megaestado inservible y ruinoso.

La sociedad está demandando cambios relevantes, que redunden en la democratización de nuestro sistema. Los nuevos partidos emergentes intentarán cubrir esta necesidad socio política. Pero el PP-PSOE quiere seguir imponiendo tanto su lenguaje, en el que los conceptos referidos a ciudadano y súbdito son sinónimos, como el lema antidemocrático que abandera: “ciudadanos que votan, pagan y callan”.

¿Podrían pactar y unirse el PP y el PSOE en el supuesto caso que los nuevos partidos emergentes puedan romper el bipartidismo en las próximas elecciones generales y autonómicas? Por supuesto. El pesebre es sagrado.

Aunque el PSOE podría integrarse en el futuro en una coalición formada por los partidos radicales de ultraizquierda. Esta posible alianza estaría en consonancia con los antecedentes históricos del socialismo en España. (Nuevo Frente Popular).

 

 

 

 

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El Gobierno vuelve a humillar a los autónomos y ofrece una limosna a los mileuristas para intentar ganarse su voto

El recientemente finalizado “Debate sobre el estado de la Nación” no lo ha perdido el presidente del Gobierno ni tampoco el líder de la oposición. Los verdaderos perdedores del mencionado debate son, por supuesto, los españoles.

Esta gala anual de la partitocracia se ha convertido en una tragicomedia en la que los actores protagonistas de la misma se burlan del drama laboral y económico que están sufriendo los ciudadanos. Los principales valedores del sistema corrupto, bipartidista y antidemocrático español han vuelto a representar una nueva y sarcástica obra de teatro, cuyo título es el siguiente: “Más de tres décadas de cleptocracia en España”.

¿Consenso para no abordar la corrupción política en el debate? ¿Se ha llegado a un consenso para no abordar la corrupción política, aunque este asunto represente una de las principales causas de la desmoralización y la pobreza que invade a los españoles en la actualidad? Los ERE andaluces o el caso Bárcenas, dos referentes en corrupción a nivel mediático, no han protagonizado el mencionado debate. ¿La consigna del bipartidismo ha estado centrada en no debatir sobre la corrupción?

¿La ley del silencio impuesta en el debate sobre el estado de la Nación, vía pacto entre el PP y el PSOE, para intentar ocultar la corrupción política es el punto de partida del futuro “Plan de regeneración democrática” que está proyectando el Gobierno?

Este plan incluirá una serie de medidas anticorrupción, no obstante, se trata de otra pantomima más del Gobierno, puesto que la única fórmula eficaz para luchar contra la corrupción es dotar de independencia a la Justicia. Recordemos al respecto que la elección de los vocales del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, se llevó a cabo, fundamentalmente, por obra y gracia del PP-PSOE, secuestrando de esta manera a la Justicia y poniendo a los altos tribunales de Justicia al servicio del bipartidismo.

¿La tarifa de 100 euros es la antitesis de la flexibilidad laboral que teóricamente predica la reforma laboral y un engañabobos para los autónomos? La tarifa de 100 euros es un engañabobos para los autónomos-empresarios, a quienes no les convendrá “beneficiarse” de la bonificación que ofrece la misma, consistente en una reducción durante los dos primeros años, en la cuota de las cotizaciones (por contingencias comunes y hasta el límite de 50- 100 euros, dependiendo de la duración de la jornada) y en relación a los nuevos contratos indefinidos. La contrapartida consiste en que los nuevos contratos deben tener una vigencia de tres años. En el caso que no duren estos contratos tres ejercicios, el autónomo-empresario deberá devolver a la Seguridad Social íntegramente el dinero bonificado.

En base a lo anterior y de modo contradictorio, la citada tarifa es la antitesis de la flexibilidad laboral que teóricamente predica la reforma laboral del Gobierno e, igualmente, puede llevar a los autónomos-empresarios a tomar decisiones erróneas.  ¿Qué ocurre si los nuevos trabajadores contratados no son laboralmente válidos? El autónomo-empresario debe elegir entre devolver el dinero de la bonificación o no rentabilizar los nuevos puestos de trabajo durante tres años.

Esta medida es una trampa mortal para los autónomos pero el enunciado queda fenomenal en la portada de cualquiera de los periódicos subvencionados por el Gobierno. Otra incoherencia del Gobierno, evidentemente, lanzada en clave electoral.

¿Limosna del Gobierno a los mileuristas para intentar ganarse su voto? En cuanto a la exección tributaria dirigida a los mileuristas, únicamente afectará a 402.000 contribuyentes (pensionistas incluidos). Esta rebaja en el IRPF se traducirá en un ahorro de 4 euros al mes y, por supuesto, a partir del 2015, año de las elecciones generales. ¿Una limosna para intentar ganar los votos de los mileuristas?

El bipartidismo quiere perpetuar la “dictadura del pesebre”. En el debate, sorprendentemente, tampoco se ha afrontado el principal problema de España, que es de índole político. España se encuentra en serio riesgo de fragmentación regional. Además, nuestro sistema antidemocrático, basado tanto en un modelo autónomico obsoleto como en una arquitectura institucional anquilosada, necesita urgentemente una reforma. ¿Hasta cuándo aguantarán los españoles esta “dictadura del pesebre o de la mamandurria subvencionada”?

Todo indica que el bipartidismo está encantado de conocerse. El PP y el PSOE tienen en la actualidad una relación de amor basada en mantener el sistema a toda costa. Y otra de odio centrada en la lucha por enarbolar la bandera, no de la socialdemocracia, sino de la izquierda más trasnochada.

El PSOE es un partido desfasado en la actualidad. El PP se empeña en ser socialista. El resultado no es otro que la decadencia plena de España. El debate sobre el estado de la Nación es la mayor prueba de ello.

Más del 70% de los españoles no ha prestado ninguna atención al debate, este dato prueba el alto grado de desafección de los ciudadanos respecto a sus políticos. La casta política sigue viviendo en su mundo y sin enterarse de la nueva realidad social y económica de España.

¿Se imaginan un debate sobre el estado de la Nación cuyos protagonistas no fueran el PP y el PSOE?

 

 

 

 

 

 

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La reforma de la Administración es un engañabobos y el gran paripé mediático de esta legislatura

Determinados centros de análisis o estudios económicos apuestan por un crecimiento del PIB español cercano al 1% en 2014 y en torno al 1,9% en 2015. Del mismo modo, prevén que durante el presente ejercicio se creará empleo sostenidamente (aunque precario y de escasa calidad).

Los fundamentos o, mejor dicho, las estimaciones económicas en las que se basa esta esperanzadora apuesta están relacionadas con un incremento de nuestras exportaciones, un aumento del ahorro y la riqueza financiera de las familias y las empresas españolas, una prima de riesgo a la baja, la reactivación del crédito, un mayor dinamismo inversor y un mercado laboral que debería invertir la tendencia destructora de empleo.

Pero los radicales desequilibrios de la economía española (sobre todo, la impagable deuda pública, que sigue creciendo para mantener el gasto público-político improductivo y que heredarán las futuras generaciones con el riesgo en el horizonte de una suspensión de pagos o una quita) provocan que los indicadores macroeconómicos que están mejorando no sean suficientes para asegurar una recuperación y un crecimiento sostenido.

Si el Estado español no ha quebrado aún ha sido debido a la actuación del BCE, vía compra ilimitada de deuda soberana. (El BCE tiene 38.800 millones en deuda soberana española).

Independientemente de la mejora de las cifras macroeconómicas, gran parte de la población española seguirá sumida en el paro y en la pobreza en los próximos años. Además, la tasa de desempleo permanecerá prácticamente en el mismo nivel durante el bienio 2014-2015.

La reforma de la Administración es un engaño. España no puede ofrecer un futuro económico esperanzador a las pymes y a los autónomos sin una reforma en profundidad de nuestra ineficiente macro Administración y una reduccíon de la super estructura del Estado. La madre de todas las reformas y la pieza clave que habría que ajustar en el motor de la economía española para que este pudiera funcionar con garantías y a largo plazo es la reforma de la Administración.

No obstante, se trata de una reforma cuya planificación parece que ha sido realizada por publicistas y especialistas en marketing y branding estratégico. El Gobierno únicamente ha posicionado la marca “Reforma de la Administración”, promocionando constantemente la misma a través de la emisión de impactantes y medidos mensajes en los diferentes medios de comunicación. (Una mentira repetida mil veces se puede convertir en verdad pero solo a corto plazo).

Ciertamente, la ejecución y puesta en escena de una eficaz y profunda reforma de la Administración no está prevista ni lo estará. La pseudo reforma de la Administración que el Gobierno está llevando a cabo consiste en intentar dotar de más eficiencia a la Administración, tratando de eliminar procesos burocráticos, pero en ningún caso tiene el objetivo de reestructurar ni reducir considerablemente el sector público.

El presidente del Gobierno, según sus propias declaraciones, considera que la Administración Pública, en su actual dimensión económica y estructural, no representa una losa para la economía española ni tampoco es elefantiásica. Esta afirmación de Rajoy se podría traducir de la siguiente manera: “El gasto político no se toca, aunque haya que recortar prestaciones sociales y empobrecer a los españoles”.

El gasto público respecto al ejercicio 2012 equivale al 47% de nuestro PIB. Ante semejante dispendio, ¿a alguien le sorprende que la corrupción política esté institucionalizada en la Administración Pública? (Los datos relativos al año 2013 no los conocemos aún pero no serán mejores).

Únicamente los salarios de la Administración representan más del 12% del PIB español. Recordemos que por cada 100 empleados del sector privado, existen 21 empleados públicos. (De los 3,2 millones de empleados públicos que dejó Zapatero, hemos pasado a 2,8 en la actualidad). ¿Cuánto ahorrarían las arcas públicas si nuestra Administración estuviera integrada solamente por eficientes funcionarios con oposición y políticos preparados y decentes, (sin asesores ni empleados públicos nombrados a dedo por los partidos)?

Durante el año 2012, el Estado gastó 111.000 millones más de lo que ingresó. ¿Cuántos autónomos y pymes han cerrado, víctimas del tsunami fiscal provocado por el Gobierno para intentar, sin éxito, cuadrar las cuentas y maquillar el agujero del déficit?

Según el Gobierno, se ha conseguido reducir con la reforma de la Administración 7.380 millones de euros, y el objetivo para 2015 es conseguir un ahorro de 28.900 millones. Ni siquiera cumpliendo estos pronósticos se equilibrarían las cuentas públicas.

En diciembre de 2013, nuestra deuda pública se situó en el 94,02% del PIB español. Al respecto, el BCE estima que durante el año 2014 la deuda pública española alcanzará el 100% del PIB.

Según el BBVA, el excesivo endeudamiento público, que tiene un impacto negativamente directo tanto en el crecimiento económico como en la creación de empleo, ha deprimido el PIB de España en un 5%.

Solo los intereses de la deuda cuestan alrededor de 1.800 euros al año a cada trabajador español. (El Gobierno ha vendido las últimas colocaciones del tesoro como un éxito debido a que estas operaciones se han realizado a un interés menor pero no explica a los españoles que el verdadero problema es el crecimiento de la deuda).

Sin duda, es más fácil situar en el centro de la diana de la crisis a los autónomos y a las pymes para dispararles dardos fiscales, laborales, energéticos, burocráticos, etc., sin piedad porque estos colectivos no salen a la calle a protestar ni tienen interlocutores subvencionados que les defiendan, altavoz y pancartas en mano. Los autónomos no pueden perder el tiempo organizando manifestaciones puesto que tienen que trabajar y “buscarse la vida cada día”.

Detrás de la negativa a reformar la Administración en profundidad se esconde el objetivo de preservar un sistema político autonómico, subvencionado, corrupto y caducado, que está arruinando a los españoles pero que es la base del poder de los dos principales partidos políticos. La Administración, en su configuración actual, es un monstruo que está devorando a los ciudadanos para poder alimentar al PP y al PSOE.

España necesita un Gobierno cuyos miembros, al menos algunos de ellos, hayan trabajado en la empresa privada y, por tanto, puedan conocer las necesidades de las empresas.

 


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Economía sumergida de subsistencia. ¿Una obligación moral para ciudadanos, pymes y autónomos?

La desigualdad económica actual, provocada por una injusta distribución de la renta, que está fragmentando a la sociedad y cuyo resultado es la aparición de una bolsa de pobreza tercermundista en todas las regiones de España, ha puesto al descubierto el fracaso, entre otros, de nuestro “modelo” de protección social.

En base a lo anterior, no es desacertado afirmar que la “justicia social”, concepto que se encuentra íntimamente ligado al de Estado del bienestar, es un principio cada vez más olvidado por nuestros gobernantes.

Igualmente, nuestro proyecto de Estado de Derecho no funciona. La ley no es igual para todos en España, puesto que la Justicia ha sido politizada anticonstitucionalmente al objeto de proteger a los privilegiados del sistema.

Tampoco confiamos los españoles en nuestras enfermas instituciones públicas porque hace muchísimo tiempo que fueron contagiadas, de forma epidémica, por un devastador virus denominado corrupción política. Al respecto, resaltar que el fenómeno conocido como “estallido social”, aunque está asociado a un entorno de deterioro económico, aparece siempre enmarcado en un contexto definido por el desprestigio y la falta de transparencia de las instituciones.

Además, determinados medios de comunicación, vendidos al poder político, están contribuyendo de manera servil a degenerar más aún nuestro sistema antidemocrático.

Como consecuencia de todo ello, los ciudadanos hemos llegado a la conclusión relativa a que España debe ser reconstruida económica, política y moralmente. Pero esta reedificación no la llevarán a cabo los dos principales partidos políticos españoles.

En el área de la economía, determinadas decisiones que han adoptado los dos últimos gobiernos, como por ejemplo, luchar contra el déficit por la vía de la subida de impuestos, sin reducir el gasto público-político improductivo y, por tanto, manteniendo una estructura estatal insostenible económicamente, han endeudado a España y provocado la asfixia del sector privado.

A nivel político, ni el Gobierno ni la oposición desean cambiar un sistema político (y autonómico) caduco, antidemocrático y desigual, que representa el principal obstáculo que impide a nuestra economía crecer regularmente.

Y en el plano de la ética, la sociedad española camina sin rumbo definido, debido a que percibe que sus dirigentes, procedentes tanto del entorno político y sindical como del mundo de las finanzas, son un referente pero en corrupción y latrocinio.

¿Cómo pueden defenderse las familias, las pymes y los autónomos de un Gobierno, convertido en un recaudador insaciable, que les está arruinando? ¿De qué manera pueden protegerse los ciudadanos de una Justicia que está al servicio de los dos grandes partidos políticos? ¿Qué pueden hacer los españoles ante una clase dirigente, en su mayor parte sin formación ni principios, empeñada en perpetuar sus privilegios a costa de empobrecer al país?

¿Protegerse, vía economía sumergida, de los abusos fiscales del Gobierno se ha convertido en una obligación moral y de subsistencia para aquellas familias, pymes y autónomos que de otra manera no podrían salir adelante?

El ministro de Economía y Competitividad del Gobierno de España ha comentado recientemente que “las situaciones personales difíciles no justifican la economía sumergida”. (Le ha faltado añadir al ministro que muchas de estas situaciones personales las ha provocado la voracidad fiscal del Gobierno).  La mayoría de los negocios sumergidos dejarían de practicar la inmersión económica si el Gobierno no los empujara, a través de Hacienda y la Seguridad Social, a una quiebra segura. Se trata de una cuestión de supervivencia, tanto empresarial como vital.

El obsesivo enfoque en la macroeconomía impide a este ministro analizar fielmente la dramática situación que viven la mayoría de las pymes y los autónomos españoles en la economía real. Es probable que desde el coche oficial no se observen bien los locales vacíos y sin alquilar. Los negocios que desaparecen a diario. Las cafeterías sin clientes. La desolación de los emprendedores, que necesitan algo más que ilusión para pagar los confiscatorios impuestos y las abusivas cotizaciones sociales y saltarse las barreras burocráticas o las que limitan la libertad económica. Etc. En definitiva, la miseria que se respira en la calle.

La economía sumergida (que se ha disparado, desde el 2008, hasta alcanzar el 24,6% del PIB) y las pensiones (cada vez más reducidas, si atendemos a que la próxima reforma fiscal contempla ampliar el número de pensiones que paguen en el IRPF) han evitado una revuelta social en España.

La espectacular subida de impuestos, ejecutada primero por el Gobierno del PSOE (2010-2011), e incrementada posteriormente por el Gobierno del PP (2012-2014), ha sido la principal causa del aumento del volumen de economía sumergida en nuestro país. El alto nivel de paro y la corrupción política también son factores que han influido en el incremento de la inmersión económica. Esta es la respuesta económica de los ciudadanos a los abusos del poder, en este caso, de tipo fiscal.

España está inmersa en un proceso revolucionario social y democrático, aunque lentísimo y, todavía, silencioso. Si la sociedad española se resigna, estará muerta.

 

 

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La recuperación económica de España depende de la regeneración democrática de nuestro corrupto sistema político

El optimismo desmesurado del Gobierno, debido a la mejora de determinadas cifras macroeconómicas, contrasta con el progresivo empobrecimiento de las familias, las pymes y los autónomos españoles, que deben hacer frente a una devaluación interna imparable y a unos confiscatorios impuestos.

Probablemente, la economía española experimentará una ligera mejoría en el 2014. No obstante, la recuperación económica de nuestro país, sobre todo, en lo concerniente a la creación de empleo, será muy lenta y, por desgracia, dolorosísima.

No olvidemos que tras los recientes y “positivos” datos relativos al paro (menos desempleados en términos interanuales), se esconde el hecho relativo a que multitud de parados, a causa del “efecto desánimo”, no registran su demanda de empleo, cada vez más extranjeros regresan a sus países de origen e, igualmente, un número mayor de españoles decide emigrar.

En conclusión, se ha reducido el número de parados porque ha bajado la población activa pero todavía no se crea empleo con regularidad. De hecho, la tasa de desempleo ha subido. Además, la calidad del empleo empeora. Los nuevos contratos, en un porcentaje altísimo, son de naturaleza temporal, precarios, salarialmente bajos y de perfil agrario.

En plena planificación de las próximas citas electorales, el Gobierno de Rajoy ha aprovechado esta “alegría” económica (secundada, como suele ser habitual, por las multinacionales del Ibex 35 y los medios afines) para imponer una estrategia de comunicación centrada en la recuperación económica de España. La consigna, por consiguiente, adoptada por todos los representantes del PP en los diferentes territorios de España, está basada en un falso mensaje, referido a que nuestro país abandonará la crisis en breve y definitivamente. ¿Les suena este recurrente y repetitivo eslogan político, que ya utilizó engañosamente el Gobierno socialista de Zapatero?

¿De verdad cree el Gobierno que España únicamente tiene un problema económico? Al contrario, la recuperación de la economía española depende, ahora más que nunca, de la transformación de nuestro corrupto sistema político (y económico) en una verdadera y moderna democracia.

España necesita, urgentemente y sobre todo, una regeneración que debería comenzar por la democratización de los dos grandes partidos y la supresión de las subvenciones públicas, destinándolas socialmente hacia los colectivos más desfavorecidos. Nuestro sistema político autonómico, subvencionado y antidemocrático, ha arruinado a España y a los españoles e, igualmente, representa el mayor impedimento que tiene nuestra economía para crecer.

El Régimen del 78 está muerto. La Constitución Española se encuentra obsoleta. El Estado de las autonomías se ha convertido en el Estado del bienestar de los dos grandes partidos. Y el sistema político bipartidista está invalidado a causa de la corrupción institucionalizada, que ha provocado, entre otras atrocidades, que nuestra Administración (la empresa más importante de España) esté gobernada por los peores gracias a la ausencia de meritocracia.

Consecuentemente, nuestro país necesita un proceso de democratización que acabe con esta dictadura partitocrática. La crisis económica que sufre España es una consecuencia y, a la vez, viene originada por una crisis política.

Es probable que una nueva etapa esté a punto de iniciarse en España y la misma deberá diferenciarse de la anterior, que ha durado más de tres décadas, en función del protagonismo que deben adquirir los ciudadanos, participando activamente en la gestión política.

El error más relevante que hemos cometido los españoles, desde el inicio de nuestra pseudodemocracia, es no implicarnos en los asuntos relacionados con la política y, por tanto, dejar nuestro destino en manos del PP-PSOE. Debido a este motivo, los dos principales partidos españoles han adquirido un poder omnipotente, corrompiendo totalmente el sistema  y convirtiéndose en gigantescas agencias de colocación.

La conversión socio política que imperiosamente necesita España debe hacerse pacíficamente y desde dentro del sistema. Los españoles que deseen una regeneración democrática deberán involucrarse y apoyar a los nuevos partidos que están surgiendo. Estas nuevas formaciones emergentes y dotadas de un espíritu regenerador tendrán difícil, si no se unen, derrocar al bipartidismo tanto en cuanto la actual ley electoral, tan antidemocrática como beneficiosa para el PP-PSOE, permite que unos votos valgan más que otros y, en base a ello, una minoría pueda decidir los designios de toda una nación.

El desprecio actual que sienten los españoles de bien por la política (en la actualidad, el trabajo, convertido en profesión, menos valorado es el de político), considerándola una actividad indigna, puede condenar a España a sufrir una degradación democrática de difícil solución.

En consecuencia y a pesar del desprestigio social que representa actualmente desempeñar un cargo político, los ciudadanos honrados, preparados y con inquietudes deben animarse a participar en política.

La recuperación económica de España depende del buen funcionamiento de nuestro sistema político. Por consiguiente, mientras el PP-PSOE siga teniendo intervenida nuestra economía, a través de la politización de la Administración y de la Justicia, muchísimas familias, pymes y autónomos españoles tendrán que aprender a convivir con la miseria.

No es deseable que aparezca una nueva lucha de clases protagonizada por los ciudadanos, en un extremo, y la casta político-sindical, unida a la élite financiera, en el otro. (Aunque es probable que el modelo actual de lucha de clases en España responda a un enfrentamiento entre la casta y los ciudadanos que están fuera del sistema, que son la mayoría de los españoles).

Pero el objetivo de nuestro Gobierno, y también del principal partido de la oposición, es no reformar el sistema político actual bajo ningún pretexto, puesto que reformarlo significaría abolir las reglas del juego y los inmorales privilegios de los políticos.

Los ciudadanos, de forma pacífica y optando por nuevas alternativas políticas, tienen la última palabra.

 

 

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Las pymes y los autónomos seguirán siendo los esclavos fiscales del Gobierno en 2014

Las pymes y los autónomos españoles se han convertido en los nuevos esclavos fiscales del Siglo XXI.

Los autónomos españoles deberán afrontar, en este nuevo año que comienza, una nueva subida de las cotizaciones sociales. La base mínima de cotización sube un 2% y la base máxima un 5%.

Igualmente, los administradores de sociedades (autónomos societarios) y aquellos autónomos que gestionen equipos integrados por más de 10 trabajadores también deberán pagar una cuota más alta, cuyo sobrecoste oscilará en torno a los 50 euros adicionales cada mes. Quedan excluidos de este nuevo atraco del Gobierno aquellos nuevos autónomos que se den de alta en el RETA de manera inicial y durante el primer año de actividad empresarial.

Paralelamente y para terminar de arruinar a las empresas españolas, nuestro Gobierno ha subido también las cotizaciones sociales incluyendo conceptos específicos (sobre todo, remuneraciones en especie) en la base de cotización, que permanecían exentos hasta la fecha pero que, evidentemente, ya no lo estarán en el 2014.

En consecuencia, las empresas españolas y los autónomos, que milagrosamente siguen vivos, comenzaran el año con este regalo envenenado procedente del Gobierno en forma de subidas de las bases de cotización y de las cargas sociales y que, por supuesto, se traducirá en un aumento de los costes laborales.

En base a lo anterior, la estrategia económica que seguirá el Gobierno en el año 2014, consistente básicamente en recaudar, no variará ni un ápice en relación a la desarrollada en el 2013. En otras palabras, el Gobierno seguirá exprimiendo y arruinando a los autónomos y a las pymes, que representan a la economía productiva, con el objetivo de dar de comer al monstruo (la macroestructura del Estado y sus derivaciones en forma de gasto público-mamandurria política improductiva).

Para que la casta política (y su entorno) pueda vivir ajena a la realidad económica y social en España y mantener todos sus privilegios intactos, las pymes y los autónomos tendrán que hacer verdaderos malabarismos económicos, únicamente para cubrir costes y salvar el concurso de acreedores.

Definitivamente, el Gobierno del PP se ha retratado como un ejecutivo de perfil comunista, al menos en lo referente a la política económica que está llevando a cabo.

Algunos miembros del PSOE han acusado, en clave populista y de cara a la galería, al Gobierno de Rajoy de seguir una ideología próxima a la ultraderecha, sabiendo que tanto los hechos como la realidad política demuestran todo lo contrario.

El PSOE está siendo desplazado progresivamente de su propio hábitat político por el PP. El partido socialista español ha perdido su sitio debido a que el PP está ocupando actualmente el espacio político del PSOE. El Gobierno del PP representa en la actualidad, sobre todo, en relación a su política económica, no ya a una socialdemocracia, que supuestamente debería identificarse con un partido moderno occidental de centro izquierda, sino a la izquierda pura, dura y trasnochada.

El PSOE se mira a sí mismo y ve al PP y mira un poco más a la izquierda y ve a IU. Si el PSOE ataca al PP, verdaderamente, se está atacando a sí mismo.

En cualquier caso, los españoles están atrapados por un sistema subvencionado y, por tanto, corrupto hasta la médula formado, principalmente, por los dos principales partidos políticos y secundado por los dos sindicatos más representativos, la patronal, la banca, las eléctricas, las multinacionales del sector de las telecomunicaciones…

Más de la mitad del año, los españoles trabajan únicamente para mantener un modelo de Estado tan económicamente insostenible para la ciudadanía como beneficioso para una casta política, parasitaria y sin preparación en su mayor parte, que se ha convertido en el mayor garante de este letal sistema.

Por consiguiente, el hándicap de España no es económico sino político. España tiene un problema denominado gasto público-político improductivo, que procede de un modelo de Estado autonómico ruinoso para los ciudadanos y de un sistema político antidemocrático. Y la economía española depende del funcionamiento de nuestro sistema político.

Ni el Gobierno ni la oposición van a mover un dedo por ayudar a los ciudadanos, puesto que tanto al PP como al PSOE les interesa que el sistema no sufra modificaciones.

Desgraciadamente, la sociedad española está integrada por borregos que no luchan contra un sistema que les está dejando en la miseria pero, al menos, los españoles se han dado cuenta que la culpable de la particular crisis que afecta a España no es la economía sino la política.

Ningún español que se encuentre fuera del sistema será ayudado por el Estado, al contrario, será utilizado para pagar impuestos abusivos.

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Nuestro sistema fiscal destruye empleo, reduce salarios y hace insostenible el Estado del bienestar.

Es evidente que nuestro actual Estado del bienestar está tan obsoleto como desequilibrado y, en consecuencia, es preciso reinventarlo, puesto que las prestaciones y servicios derivados del mismo no llegan a su destino. Los ciudadanos cada vez gozan de menor protección social por parte del Estado. Pero contradictoriamente y debido a la crisis, han aumentado las necesidades, tanto de índole económica como de tipo asistencial, de las familias españolas.

En Irlanda, el Estado del bienestar ha sido transformado completamente a través de los recortes y los ajustes derivados del rescate ejecutado por la UE, el FMI y el BCE. Este país, emitiendo señales económicas esperanzadoras, ha terminado de cumplir el programa de ayuda diseñado e impuesto por la troika, recuperando “supuestamente” su independencia y soberanía económica.

¿Conseguirá Irlanda, una vez dejado atrás el rescate, configurar un moderno y, sobre todo, sostenible Estado del bienestar, cuyo eje fundamental gire en torno a la protección de los colectivos más necesitados de la sociedad?

¿Si hubiera sido rescatado el Reino de España por la troika, qué efectos habría tenido el rescate en nuestro Estado del bienestar? La troika, con total seguridad, habría efectuado recortes en áreas tales como la sanidad, la educación, etc. Y, probablemente, también habría subido los impuestos. (Aunque, seguramente, no los habría subido tanto como el Gobierno).

Pero, ¿habría eliminado, además, la troika el gasto público-político administrativo e improductivo que no quiere recortar el Gobierno de Rajoy y que ha asfixiado a la economía española? ¿El único colectivo que, realmente, ha salido beneficiado del “no rescate” del Reino de España es la casta política? ¿Los políticos están super protegidos por su propio Estado del bienestar?

El Estado del bienestar español está descompensado y mal distribuido. ¿Dónde se tienen que invertir los ingresos procedentes de los impuestos: en educación, sanidad, dependencia y gasto social en general o en mantener la estructura no funcional de la Administración?

El modelo de protección social en España está estructurado para mantener parásitos sociales y, por consiguiente, deja desprotegido a quienes realmente necesitan la asistencia del Estado. Actualmente, los españoles que no tengan ningún vínculo laboral con la Administración, se encuentran prácticamente al margen del Estado del bienestar.

¿Y nuestro sistema fiscal, es el adecuado para generar empleo, mantener salarios dignos y configurar un Estado del bienestar sostenible?

El informe titulado “¿Quién soporta los impuestos sobre el trabajo y las cotizaciones sociales?”, desarrollado por el profesor del IESE, José Manuel González Páramo, estima que, como promedio, un aumento del 1% en los impuestos reduce los sueldos en un 0,66%. Los trabajadores soportan, por tanto, dos tercios de la carga impositiva. En base a ello, se puede afirmar que, de modo generalizado, la vinculación entre altos impuestos y reducción de salarios afecta negativamente a la oferta laboral y desincentiva la creación de empleo.

En función del citado estudio, dos factores, sobre todo, influyen en el efecto (casi siempre negativo) que causan los impuestos (altos) sobre la creación de empleo y los sueldos: el modelo económico y el sistema fiscal de una nación. Al respecto y analizando a nuestro país, tendríamos que hacernos las siguientes preguntas:

¿Se encuentra intervenida nuestra economía (además de la intervención procedente de Bruselas) por el poder político y, debido a este motivo, la libertad económica y la seguridad jurídica brillan por su ausencia en España?

¿A la industria española le sobra en la actualidad innovación, tecnología, conocimiento, espíritu emprendedor, internacionalización, sostenibilidad, etc., para que nuestro país pueda conformar un modelo de sistema productivo dotado de alto valor?

¿Los impuestos sobre el trabajo en España, que podrían calificarse como confiscatorios, están destruyendo a la economía productiva para sostener a un sector público ineficiente?

A España hay que darle la vuelta de arriba a abajo. De cualquier otra forma, no saldremos del agujero negro en el que, según afirma acertadamente Niño Becerra, nos encontramos.

 

 

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¿El PP-PSOE ha secuestrado el CGPJ con el objetivo de ocultar la corrupción y para que ningún político aforado entre en prisión?

España es una dictadura partitocrática disfrazada de democracia, en la que los dos principales partidos políticos engañan a los ciudadanos en nombre de una Constitución a la que no respetan y de un falso Estado de Derecho que blinda a la casta política a la vez que desprotege a los ciudadanos.

La prueba más evidente de ello es el secuestro de la Justicia, perpetrado recientemente por el PP-PSOE durante la renovación del CGPJ (el órgano de gobierno de los jueces) y a través de la elección política de los 20 vocales que lo integran. Por primera vez en nuestra historia judicial, ni siquiera se ha concedido audiencia a las asociaciones de jueces.

¿El PP-PSOE ha seleccionado a los candidatos más obedientes? La mitad de los nuevos vocales han ejercido la política en una etapa anterior. ¿El sistema de elección está manchado por el nepotismo? Algunos de estos nuevos consejeros del CGPJ son cónyuges de cargos políticos en activo.

El bipartidismo ha vuelto a traicionar a la Constitución y a todos los españoles, puesto que nuestra Carta Magna no permite este sacrilegio antidemocrático sino que ordena que 12 vocales sean elegidos por los jueces. Por el contrario, el PP y el PSOE, con la complicidad de CiU, PNV e IU, han seleccionado a los magistrados que resolverán, directa o indirectamente, los casos de corrupción en los que multitud de políticos aforados de estas formaciones están imputados. Este es el acto de corrupción más grave que puede cometer un gobierno.

Incluso, el nuevo Presidente del CGPJ (nombrado, igualmente, Presidente del Tribunal Supremo), Carlos Lesmes, ha sido elegido en virtud de un pacto entre el PP y el PSOE y a propuesta del ministro de Justicia. Aunque está establecido legalmente que este cargo deben elegirlo directamente los vocales. Recordemos que Lesmes, siendo magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, apoyó el indulto aprobado por el Gobierno (en el que tenía un especial interés Gallardón) al Kamikaze que provocó la muerte de un conductor en la AP-7. ¿Nombramiento debido a la Ley de Causa y Efecto?

¿Es democrático nuestro país tanto en cuanto la división de poderes es una utopía? El Gobierno de Felipe González inició la politización del CGPJ a través de la Ley Orgánica 1/1985 del Poder Judicial. Y el Gobierno de Rajoy, incumpliendo de nuevo el programa del PP, ha convertido en marionetas de los partidos a los vocales del CGPJ, sometiendo completamente la Justicia al poder político.

¿El objetivo es ocultar los casos de corrupción y evitar que cualquier político aforado pueda ingresar en prisión? No olvidemos que el aforamiento concede el privilegio de ser juzgado por los altos tribunales de Justicia españoles, cuyos magistrados son elegidos por el CGPJ. (El CGPJ nombra a los altos cargos de la Judicatura, desde los Presidentes de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia autonómicos hasta los magistrados del Tribunal Supremo).

Un político aforado con cargo nacional es juzgado en el Tribunal Supremo y un político aforado con cargo regional es juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de su respectiva comunidad autónoma. (Aproximadamente, 10.000 cargos públicos españoles están aforados en la actualidad. En USA, Gran Bretaña y Alemania no existe tal privilegio).

¿El control del CGPJ por los partidos equivale a la impunidad de una casta de privilegiados formada por políticos aforados? ¿La negociación que ha llevado a cabo el PP-PSOE al objeto de repartirse la elección de los vocales del CGPJ viene definida previamente por un pacto para enterrar, entre otros, el Caso Bárcenas y el Caso Faisán? ¿Ha entrado en juego la Casa Real para conseguir que el Caso Urdangarín se evapore?

¿El CGPJ está formado por 20 políticos disfrazados de magistrados y juristas? Al respecto, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria ha manifestado su rechazo al sistema de elección político de los vocales del CGPJ, tachándolo de ilegítimo e inconstitucional. Igualmente, el Ministerio Fiscal también ha expresado su malestar ante el hecho sin precedentes de no incluir a ningún fiscal en la composición del CGPJ.

El Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Grande Marlaska, que rompió con su voto el empate a favor de la excarcelación de etarras tras la derogación de la doctrina Parot, ha sido designado vocal del CGPJ por el PP. ¿Ascenso debido a la meritocracia o a la politización?

¿La excarcelación masiva de etarras, asesinos en serie y violadores sin rehabilitar, a raíz de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que deroga la doctrina Parot, está relacionada con la politización de la Justicia española? (Resaltar que Luis López Guerra, el magistrado y, a la vez, representante de España en el citado Tribunal, designado en 2007 por el PSOE y no recusado posteriormente por el PP, ha sido el máximo valedor de la citada sentencia). Esta sentencia, dictada por el referido Tribunal, únicamente afectaba al caso particular de la etarra Inés del Río. Pero la malévola interpretación de la misma por nuestra Audiencia Nacional, vía ingeniería jurídica y sin esperar a conocer el criterio del Tribunal Supremo, ha provocado que se haya extendido a todos los casos. Resultado: en 5 semanas, 60 etarras liberados.

¿Este proceder judicial obedece a la ejecución de una hoja de ruta diseñada por ETA e, igualmente, es fruto de una “supuesta negociación” entre esta banda terrorista y el Gobierno anterior del PSOE? ¿Está cumpliendo, fiel e inmoralmente, el Gobierno del PP los compromisos derivados de esta “supuesta negociación”? ¿El culmen de la “supuesta negociación” es la Sentencia de Estrasburgo y su posterior y maliciosa interpretación por parte de la Justicia española? ¿Han pactado el PP y el PSOE una amnistía encubierta de etarras?

¿Las Audiencias Provinciales, extendiendo más aún la validez de esta sentencia, han excarcelado rápida, masiva y paralelamente, a asesinos y violadores con el objetivo de ayudar a disimular esta amnistía de etarras? ¿Quiere evitar con ello el Gobierno que el foco mediático se centre en el trasfondo de este asunto, que no es otro que el cumplimiento de una de las fases relativas a un “supuesto proceso negociador” con ETA?

Ha causado más alarma social la excarcelación de asesinos y violadores que la liberación de etarras. ¿Objetivo cumplido?

Definitivamente, el PP-PSOE ha claudicado ante ETA, puesto que esta organización aún no ha depuesto las armas y tendrá a muchos de sus efectivos excarcelados. ETA ha ganado la partida. Además, Bildu y Amaiur (marcas de ETA) tienen poder político a través de su presencia en el Parlamento vasco, en determinadas instituciones vascas y en el Congreso (y el Senado). ¿Cumplirá ETA su “parte del trato”, abandonando definitivamente la violencia y entregando las armas? ¿Volverá ETA a matar en el caso que no se cumplan progresivamente sus exigencias?

En cualquier caso, el precio que pagará la sociedad española será muy alto: ¿Algún especialista se atreve a asegurar que los asesinos y violadores excarcelados no volverán a cometer atrocidades? ¿Sería responsable civil subsidiario el Estado si los asesinos y violadores reincidieran? ¿En última instancia, quiénes serían responsables ante la sociedad si estos ex-convictos vuelven a delinquir?

¿La Sentencia de Estrasburgo ha sido elaborada políticamente desde España? De todas formas, esta sentencia podría no haberse aplicado en nuestro país, bastaba con que la Justicia española hubiera realizado una interpretación de la misma en sentido contrario.

¿Y a nuestra economía, cómo le afecta el entierro de Montesquieu? ¿También quiere seguir controlando la casta política, a través de la politización de la Justicia, los negocios y, sobre todo, “la forma de hacer negocios” en España? La Justicia y la economía van de la mano, si una disciplina no funciona, la otra menos aún.

¿Nos acercamos peligrosamente a Venezuela?

 

 

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¿Los pequeños empresarios, autónomos, profesionales liberales y empleados son el nuevo proletariado en España?

Una de las consecuencias de la crisis política y económica que está asolando España es la afloración de novedosos estratos sociales. La pertenencia a un estrato u otro viene definida por la diferencia que existe entre estar protegido por el sistema o ser expoliado por el mismo.

La radiografía social de España muestra actualmente una extrema polarización que divide a varios segmentos sociales diferenciados tanto económicamente como respecto al acaparamiento de privilegios. Por tanto, está surgiendo en nuestro país un nuevo y peligroso modelo de sociedad, caracterizado por una fragmentación radical causada por la desaparición progresiva de la clase media y media alta. ¿Se está sudamericanizando la sociedad española?

En la cúspide de la pirámide social se sitúa la clase privilegiada de nuestro sistema partitocrático, conformada por la oligarquía político-sindical y la élite financiera. Socios inseparables que se han enriquecido ilimitada e indignamente a costa de convertir el proyecto de democracia española en una cleptocracia y, por consiguiente, de sumir en la miseria a millones de españoles.

El nuevo proletariado está compuesto en la actualidad por pequeños empresarios, autónomos, profesionales liberales y empleados por cuenta ajena. El sector privado, a excepción de las grandes multinacionales, ha sido masacrado fiscalmente para mantener con vida la partitocracia corrupta. La devaluación salarial interna que está experimentando España, unida a la desbocada presión fiscal, ha empobrecido salvajemente a los trabajadores del sector privado. También podemos incluir en esta capa social a aquellos empleados públicos encuadrados en la categoria salarial de mileuristas.

El escalafón social más bajo (un pozo en el que cualquier español, que no pertenezca a la casta política, puede caer) se encuentra integrado por los desempleados, auténticos damnificados de la crisis y abandonados a su suerte por el sistema PP-PSOE. (Una alternativa al paro y la solución para cualquier joven que quiera asegurarse su futuro es afiliarse y empezar a medrar en las NN.GG del PP o en las Juventudes de PSOE. Este es un claro ejemplo de la degradación de nuestro sistema).

Los funcionarios, aunque solo fuera porque no sufren la incertidumbre ni los problemas psicológicos derivados de la posibilidad de ingresar en cualquier momento en las listas del INEM, puesto que se han ganado su plaza en la Administración vía oposición, están mejor posicionados ante la crisis que los empleados del sector privado. No obstante, la constante pérdida de poder adquisitivo de este colectivo deja en el aire su inclusión en la “tradicional clase media española”.

Realmente, los funcionarios han sido perjudicados por la politización de la Administración, cuya consecuencia, además del desprestigio y mal funcionamiento de la misma, ha sido una reducción de la capacidad económica del colectivo funcionarial. Al respecto, la explicación la encontramos en que la contratación de cientos de miles de empleados públicos enchufados (y, por supuesto, sin oposición) por el PP-PSOE y de decenas de miles de asesores políticos con salarios insultantes para la ciudadanía se ha traducido en un descenso del nivel salarial de los funcionarios. Los escandalosos sueldos del personal político y de sus asesores han provocado, igualmente, que la media salarial en la Administración Pública esté por encima de la del sector privado.

Resaltar que, en muchísimos casos, los hogares formados por pensionistas son los que disfrutan de mayor nivel de renta. Los pensionistas están siendo el soporte de muchas familias y si no ha habido un estallido social en España ha sido gracias a ellos, a la economía sumergida y a Cáritas.

En virtud de lo anterior, la configuración de la sociedad española se va pareciendo gradualmente a la de un país tercermundista, comunista o dominado por una dictadura corrupta: familias, pymes y autónomos explotados y, por tanto, empobrecidos por un sistema político diseñado a la medida de los intereses y privilegios de sus gobernantes.

La Justicia al servicio del poder político (políticos corruptos al margen de la ley, etarras y violadores que salen de las cárceles, etc.). Sindicatos que se lucran con el dinero que les corresponde a los parados. Casa Real desprestigiada. Ciudadanos saqueados por una casta política enfangada en la corrupción. Independentismo y amago de ruptura de la unidad nacional. Multitud de medios de comunicación que siguen instrucciones del Gobierno o de la oposición. Cajas de ahorros inviables convertidas en bancos y salvadas con el dinero de los españoles. Etc.

Esta tercera legislatura de Zapatero, liderada por Rajoy, debería ser un punto de inflexión para que este régimen bipartidista y corrupto llegue a su fin y surja una verdadera democracia que reconfigure el espectro social de España y potencie a una nueva clase media y empresarial que aporte estabilidad a nuestro país. (Actualmente, el 21,6% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza).

¿Recuperación económica? Primero es necesario solucionar el problema político. Para ello, los españoles deberían valorar nuevas opciones que no sean PP-PSOE, los dos partidos que nos han arruinado. Ya no vale el “y tú más”.

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¿El fantasma de la deflación amenaza la recuperación económica de España?

La actual propaganda económica del Gobierno está basada en los brotes verdes macroeconómicos y consiste en difundir un mensaje centrado en la incipiente (aunque no segura) recuperación económica de España.

Pero el Gobierno, al objeto de ser creíble ante la ciudadanía, debería hacer gala de un actitud más cercana al denominado “optimismo realista”. Para ello y antes de lanzar mensajes engañosos a los españoles, Rajoy debería hacerse las siguientes preguntas: ¿A qué ritmo debería crecer nuestra economía para crear empleo de forma sostenida? ¿Cuál es el modelo productivo que debería desarrollar España? ¿Cuánto tiempo necesitará nuestro mercado laboral para reabsorber a los millones de españoles que se encuentran en situación de desempleo?

Es preciso aclarar que en el caso que la economía española creciera de forma progresiva, aunque fuera lenta y mínimamente, sería debido a los sacrificios de las familias, las pymes y los autónomos. Y todo ello, a pesar de la nefasta política económica del Gobierno, fundamentada en la subida de impuestos hasta un nivel confiscatorio (más allá de lo propuesto en el programa electoral de Izquierda Unida) y sin recortar el gasto público-político improductivo.

Salir técnicamente de la recesión no implica abandonar definitivamente la crisis. Tanto es así que la economía española todavía debe salvar una seria amenaza en forma de estancamiento e, incluso, de depresión. ¿España podría entrar en depresión a través de una deflación por endeudamiento? En este caso, la aparición de la deflación sería una consecuencia de nuestra altísima deuda. Al respecto, recordemos, al margen de otros datos que podrían servir también de referencia, que en octubre el IPC descendió hasta el -0,1%.

¿Existe algún riesgo de “japonización” para la economía española? España podría seguir el camino de Japón, que aunque es la tercera economía más grande del mundo, permaneció estancada desde 1990 hasta, aproximadamente, 2005. (Periodo que incluye a la famosa “década perdida” y fenómeno conocido con el término de “japonización”). La economía japonesa lleva más de quince años azotada por el efecto de la deflación.

¿Un contexto económico marcado por la deflación sería perjudicial para la recuperación de nuestra economía?

La deflación puede tener efectos más nocivos que la inflación. En función de una caída de la demanda, los precios bajarían y se produciría un círculo vicioso que podría frenar el consumo, reducir la inversión, aumentar el desempleo e impedir el crecimiento económico. Además, este escenario de precios a la baja dificultaría, posiblemente, el control del endeudamiento.

Las políticas encaminadas a conseguir una estimulación o devaluación monetaria podrían ser válidas para luchar contra la deflación pero España no dispone de esta opción. (El BCE ha rebajado los tipos de interés al 0,25%, entre otras razones, por miedo a que la deflación se instale en la Eurozona. De esta manera, el precio del dinero se sitúa en la zona euro en un nuevo mínimo histórico). ¿Podría lograr un efecto parecido la devaluación interna, a nivel salarial, que se está produciendo en nuestro país? Si bien es cierto que con ello se intenta incrementar la productividad y potenciar las exportaciones, no es menos cierto que esta situación está provocando una auténtica pauperización de los trabajadores españoles.

Otra alternativa para luchar contra la deflación es inyectar fondos a las entidades financieras con el fin de que fluya el crédito hacia las empresas y las familias. En España, ya se han salvado con el dinero de los españoles cajas de ahorros inviables y únicamente se ha conseguido que el crédito lo acapare el Estado y los bancos ganen miles de millones de euros comprando y vendiendo deuda pública.

¿El Gobierno está anticipándose y tomando medidas contra la deflación incrementando el gasto público, tal como recomienda Keynes, el ídolo del Zapaterismo y de Rajoy? Al respecto, los españoles están confundidos porque creen que el Gobierno al recortar gasto social a los ciudadanos, reduce, igualmente, el gasto público-político pero no es así. Verdaderamente, lo que aumenta o, al menos, no disminuye es el gasto público-político improductivo.

En realidad, la deflación puede ser entendida como una alarma o una señal que indica que el ajuste (sobre todo, el público) aún no está hecho, puesto que nuestra Administración sigue dilapidando dinero improductivamente y aumentando la deuda pública.

Definitivamente, la conexión entre economía y política es una realidad, puesto que el epicentro de la crisis económica española está situado en el sistema partitocrático actual, que necesita mantener nuestro ruinoso modelo de Estado a costa de endeudar a España y arruinar a los españoles.

Un ejemplo que explica la ruina de nuestro país lo tenemos en que los partidos políticos emplean a 145.000 personas cuyas nóminas salen del dinero público. Los impuestos confiscatorios y abusivos que sufren los españoles se destinan a mantener a una numerosísima, escasamente formada (en general), improductiva y corrupta (en su mayor parte) casta política.

 

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Trabajadores (y empresas), víctimas de la crisis: los convenios ya no valen y los salarios bajan cada vez más.

 

Los ciudadanos hemos aprendido en relación a la crisis financiera que poseer profundos conocimientos financieros es más rentable que confiar la administración de nuestras finanzas personales a los gestores tradicionales. Muchos españoles han perdido sus inversiones, vía productos de ingenieria financiera y de alto riesgo, sin leer ni entender la “letra pequeña”.

En relación a ello, otra lección aprendida es la relativa a que los gobiernos siempre se posicionan a favor de los bancos. En España, el rescate a la banca (sobre todo, a las antiguas cajas de ahorros saqueadas por los políticos) ha empobrecido masivamente a los ciudadanos.

De la crisis política española, que es el origen y la causa de nuestra particular crisis económica nacional, extraemos la conclusión consistente en que el “gobierno de los peores”, integrado por una casta política sin apenas formación ni experiencia laboral privada, y a través de una gestión corrupta de la Administración, ha provocado el desempleo y la miseria de millones de españoles.

¿Y de la crisis que sufre nuestro ineficiente mercado laboral, podemos extraer alguna enseñanza? ¿Seguiremos con el desfasado debate ideológico entre derecha (empresa) e izquierda (trabajadores) o apostaremos definitivamente por la productividad y la competitividad en forma de cooperación entre empleados y empresarios? No olvidemos que el nivel de competitividad de la economía de un país depende en gran medida del buen funcionamiento de su mercado de trabajo.

Tradicionalmente y según los expertos en la materia, las leyes españoles de ámbito laboral han sobreprotegido al trabajador de manera excesiva, provocando con ello una extrema rigidez que ha restado eficiencia a nuestro mercado de trabajo. (Tan perjudicial es esta sobreprotección como dejar al trabajador desprotegido y sin salidas).

Por el contrario y debido al efecto de la última reforma laboral, el número de empresas que se están desmarcando de los convenios (alegando problemas de viabilidad debido a causas económicas, técnicas, organizativas o productivas) está aumentando considerablemente, puesto que la adopción de esta práctica se ha generalizado progresivamente.

Pero contradictoriamente, el 71% de las sentencias relacionadas con ERE´s (extinción de empleo) dictadas durante el año 2012 fueron declaradas nulas por defectos de forma.

La desvinculación de los convenios y los descuelgues, considerando el desfavorable entorno económico actual, han permitido a las empresas que han ejecutado esta medida salvar situaciones que hubieran podido acabar en concurso de acreedores y mantener los empleos de parte de sus plantillas.

La contrapartida consiste en que multitud de empleados de estas empresas han sido despedidos, percibiendo, además, menores indemnizaciones. Y a los trabajadores que han conseguido mantener sus puestos de trabajo se les ha reducido el sueldo.

A pesar de ello, podemos deducir que si no existiera la posibilidad de desvincularse de los convenios, muchas compañías, que todavía siguen activas, habrían desaparecido y, por tanto, todos los empleados de las mismas estarían en situación de desempleo. La flexibilidad interna, consecuentemente, favorece el empleo y la competitividad empresarial.

No obstante, el mercado laboral español sigue sin ser “flexiseguro” debido a que no es capaz de reabsorber a la gran mayoría de trabajadores que se quedan en paro, puesto que no existe un trasvase fluido de trabajadores que puedan pasar de un sector o una actividad económica a otra. Y ni siquiera de una empresa a otra.

Evidentemente, falta mucho por hacer: bajar las cuotas sociales, definir un contrato flexible a tiempo parcial, reducir el número de contratos, etc.

Aunque algunas empresas hayan podido desvincularse de los convenios con el objetivo de no subir los salarios o, incluso, para bajarlos, la mayoría de ellas han adoptado esta medida anti crisis al objeto de sobrevivir.

¿La economía española necesita devaluar los salarios (sobre todo, reducir los costes laborales unitarios) para recuperarse y crecer? La competitividad de nuestra economía no solo depende de la devaluación de los salarios sino de otros factores como la inversión en I+D+I+D, la cualificación del talento, etc. Si bien es cierto que la devaluación salarial está potenciando las exportaciones. (Prácticamente, la única apuesta, hasta el momento, de nuestra economía).

¿La posibilidad que tienen las empresas de desvincularse de los convenios sin necesidad de negociación colectiva podría debilitar el inmenso poder que todavía tienen los sindicatos? ¿Es la hora del protagonismo del trabajador, atribuyendo a los sindicatos una labor de mero asesoramiento? ¿Algún trabajador confía en UGT o CC.OO., después de la corrupción de los ERE andaluces, las cuentas opacas, las subvenciones, etc.?

Los problemas que afectan al mercado de trabajo español también están interrelacionados con nuestro modelo productivo tercermundista y con el gran problema de nuestro país que no es otro que la deuda pública (camina hacia el 100% del PIB) y el déficit público (el más alto de la UE).

Empresas y familias han reducido sus deudas (aunque la deuda privada sigue en un nivel muy alto) pero el Gobierno continua machacando a impuestos a los españoles para que la Administración pueda dilapidar el dinero, vía gasto público-político improductivo.

Tanto pymes y autónomos como empleados son víctimas del engaño de la crisis, que en realidad es una máscara que esconde a la corrupción político financiera y al despilfarro del dinero público.

 

 

 

 

 

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¿Hacienda está poniendo trampas legales a pymes y autónomos para recaudar más?

Los PGE-2014 se pueden denominar de la siguiente manera: “los presupuestos de los partidos políticos, los asesores y los coches oficiales”, puesto que se han vuelto a incrementar las partidas presupuestarias en relación a estos conceptos. Al respecto, una de las conclusiones que podemos extraer los ciudadanos es la relativa a que la primera prioridad del Gobierno sigue siendo mantener los privilegios de la casta política.

No se trata de un asunto baladí debido a que los partidos políticos subvencionados con dinero público procedente de los impuestos de los españoles son la base del insostenible sistema político actual, basado en un macro Estado autonómico, que ha ahogado a nuestra economía. (El problema no radica en los partidos políticos sino en el funcionamiento antidemocrático de los mismos y en las subvenciones para mantenerlos).

Tanto los asesores (muchos de ellos sin preparación ni cualificación y, además, familiares y amigos de los políticos) como los coches oficiales constituyen el vértice de la pirámide que conforma el gasto público-político improductivo de nuestra Administración.

El ajuste, en relación a los PGE-2014, empobrecerá todavía más a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad y, en el caso que se produzca una nueva desviación presupuestaria, será debido al excesivo gasto público-político improductivo (y a sus ramificaciones en forma de corrupción política).

¿Dónde está el engaño si a pesar de los recortes sociales y los impuestos confiscatorios, el déficit público sigue en niveles altos y la deuda pública crece imparablemente (del 40% a sobrepasar el 90% del PIB en los últimos cuatro años)? Evidentemente, en que el Estado sigue gastando más de lo que ingresa debido a que su super estructura político administrativa todavía no se ha sometido a una rigurosa dieta de adelgazamiento que elimine el gasto público-político improductivo.

¿Podría continuar el despilfarro del dinero público sin la intervención del BCE y, consecuentemente, sin la ayuda de la banca española, especialista en hacer negocio comprando deuda española? La política impulsada por Mario Draghi bajó la prima de riesgo española y provocó que el Reino de España no tuviera que ser rescatado totalmente. Pero, ¿evitó el BCE el rescate total del reino de España y de los españoles o realmente permitió que nuestro gasto público-político improductivo siguiera creciendo?

Indudablemente, el no rescate total del Reino de España únicamente ha favorecido a la casta política y a la oligarquía financiera española. A las pymes, los autónomos y las familias (expoliados hasta límites insospechados al objeto de mantener el ruinoso sistema político administrativo actual) seguramente les hubiera convenido que España hubiera sido rescatada de forma global.

Mientras tanto, Hacienda se ha convertido en una especie de FBI fiscal que investiga sin cesar (rastreando cualquier error en las declaraciones por mínimo y absurdo que este sea y poniendo cada vez más trampas legales) a pequeños empresarios, micropymes, autónomos, profesionales liberales, etc. El objetivo no es otro que recaudar al precio que sea para sostener económicamente a nuestra Administración, que es el motor averiado que impide a la economía española despegar.

Los vehículos de inversión de las grandes fortunas y las grandes multinacionales (expertos en evadir impuestos) permanecen a salvo de la voracidad fiscal de la Agencia Tributaria española, pero por el contrario, las pymes y los autónomos están siendo perseguidos y sancionados sin piedad.

Hacienda está provocando el cierre de muchos negocios. Y aquellos empresarios y autónomos, que milagrosamente mantienen a flote sus negocios, deben invertir gran parte del tiempo (con el coste de oportunidad que ello conlleva)  en atender los cada vez más numerosos requerimientos de Hacienda.

¿Seguirá el Gobierno inflando la burbuja de deuda pública, tanto en cuanto el nivel de inflación actual y el mínimo crecimiento de la economía española esperado para el año 2014 aconsejan reducirla ostensiblemente?

Reducir el endeudamiento público frenaría la “posible” recuperación económica a corto plazo pero relanzaría la economía a medio y largo plazo. El desapalancamiento de la Administración, vía eliminación tanto de instituciones  inservibles y costosas como de empleados públicos sin oposición y enchufados por los dos grandes partidos políticos españoles, tendría un efecto negativo a corto plazo sobre el consumo e, igualmente, las prestaciones de desempleo subirían. No obstante y a largo plazo, las pymes y los autónomos no tendrían que ser expoliados por Hacienda para mantener el gasto público-político improductivo de la Administración y el crédito podría fluir hacia la economía productiva, generando empleo privado.

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Alemania tardó una década en reducir drásticamente su tasa de paro. ¿Cuánto tardará España?

Se conoce con el término de “segundo milagro económico alemán” a la proeza económica protagonizada por Alemania entre los años 2002 y 2012. (A principios del Siglo XXI, al país teutón se le denominaba despectivamente “el enfermo de Europa”, debido a que todavía se encontraba pagando la factura relativa a la reunificación).

Entre 2002 y 2008, la tasa de desempleo alemana superaba la media de la zona euro. Por el contrario, en 2012 Alemania rozaba el pleno empleo (5,6% de tasa de desempleo), y volvía a coger el liderazgo económico y político europeo, convirtiéndose de nuevo en la locomotora de la UE. Actualmente, Alemania tiene una tasa de paro del 5,3%.

Según Sandalio Gómez, profesor del IESE, la reducción tan drástica que experimentó la tasa de desempleo alemana se debió a los efectos que provocó la reforma laboral implementada en Alemania en el periodo comprendido entre el año 2002 y 2005. (Angela Merkel ha reconocido que Alemania ha podido sortear la crisis gracias a las reformas económicas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno de Gerhard Schröder durante estos años. Recordemos que Merkel llegó al poder por primera vez en noviembre de 2005).

Una de las bases del éxito de la reforma laboral alemana (en clave psicológica) y, a la vez, uno de los objetivos que logró la misma fue concienciar a los desempleados de que, en parte, eran ellos mismos los culpables de su situación de desempleo. Consecuentemente, los desempleados alemanes eran los principales responsables de poner los medios necesarios para volver a reintegrarse en el mercado laboral.

¿Sería posible llevar a cabo esta labor de concienciación en España, tanto en cuanto una de las causas más importantes que ha propiciado la crisis económica española ha sido la corrupción política y sus derivados (corrupción institucional, judicial y financiera)? ¿Existe una relación directa entre la alta tasa de paro que sufrimos en España y la corrupción política amparada por nuestro sistema partitocrático?

El componente psicológico que impregnó la normativa de la reforma laboral alemana fue crucial, puesto que mediante esta ley se inculcó a los desempleados la idea relativa a que les saldría siempre más rentable trabajar que permanecer parados (aún cobrando el subsidio de desempleo). Para ello, en la citada reforma se determinó que este subsidio se establecería en función de las necesidades específicas de cada persona y la cuantía de la percepción no compensaría de ningún modo quedarse desempleado.

Otro acierto de la reforma radicó en obligar a los desempleados alemanes a aceptar ofertas laborales que les ofrecieran las agencias de colocación, exceptuando casos especiales. De esta manera, quedarse en paro estaba desincentivado completamente.

Igualmente, acertó también esta reforma al incentivar económicamente la formación profesional permanente, la integración laboral y el autoempleo.

La legislación alemana lanzó al mercado los famosos contratos minijobs (400 euros al mes, aproximadamente) y midiempleos (en torno a los 800 euros al mes). Estas modalidades contractuales, tan criticadas en España, crearon en Alemania muchos puestos de trabajo en el sector de la sanidad y de los servicios. (Desde un minijob se puede acceder más fácilmente a un trabajo más valorado que desde una situación de desempleo).

Pero, sobre todo, la reforma laboral alemana concedió protagonismo a la libertad y a la iniciativa del individuo y asignó al Estado un papel secundario. Este aspecto es de vital relevancia.

La reciente reelección de Merkel como Canciller de Alemania confirma que tanto la reforma laboral, que heredó del anterior gobierno de Schröder, como las políticas de austeridad bien entendidas (rigor presupuestario para que los políticos no puedan despilfarrar o gestionar corruptamente el dinero público), convencen al electorado.

Distinta es la política del austericio del Gobierno de España, consistente en empobrecer a los ciudadanos mediante recortes y una presión fiscal sin precedentes mientras que la casta política (principal responsable de la crisis económica española) sigue con sus privilegios intactos.

En nuestro país, por desgracia, gran parte de los españoles sigue esperando que el Estado les solucione los problemas (sin tener en cuenta que el  Estado español únicamente se preocupa por el bienestar de la casta política).

Es preocupante que muchos españoles, a pesar de que la actual deuda y el déficit público puedan llevar a España a la insolvencia, demandan más gasto público, más intervencionismo y, por tanto, más Estado (todo ello, generaría más corrupción política).

Ya es hora de diferenciar el gasto público-político improductivo del gasto público con fines sociales, puesto que nos encontramos en una etapa en la que es vital reinventar el falso Estado del bienestar y redefinir las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

España necesita que los españoles cambien de mentalidad, a ello debemos añadir auténticas reformas económicas de calado, la implantación de una verdadera democracia con separación de poderes y un Estado que se pueda financiar. (Justamente, todo lo contrario de lo que tenemos en la actualidad).

 

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¿Brotes verdes macroeconómicos? ¿Y la economía real?

En relación a los aparentes y mínimos síntomas de recuperación que se aprecian en nuestra economía, el repetitivo discurso oficial del Gobierno está basado únicamente en la aparición de determinados “brotes verdes” macroeconómicos.

Por el contrario y al respecto, la percepción que tienen las pymes, los autónomos y las familias se fundamenta en la economía de la calle: aquella relacionada con los impuestos confiscatorios del ministro Montoro, los comercios que cierran a diario, los parados que no encuentran trabajo, la vergonzosa pobreza infantil, los concursos de acreedores, etc.

Durante el segundo semestre del presente año, España puede dejar atrás una recesión en la que ha estado inmersa durante ocho trimestres consecutivos, incluso, podría experimentar un crecimiento exiguo en 2014. La prima de riesgo española ha entrado en zona de mínimos en relación a los dos últimos años, situándose por debajo de la prima italiana. El Tesoro se financia a un interés menor (aunque no sirve de mucho si el Gobierno sigue engordando la deuda de España). El PMI español ha escalado hasta alcanzar los 51 puntos. También el IBEX se encuentra en máximos de año y medio.

Todos estos indicadores, que presagian una débil y lentísima recuperación de nuestra economía, han sido recogidos en multitud de informes sobre España y desarrollados, entre otros, por bancos de inversión como Morgan Stanley u organismos internacionales como la OCDE. Este optimismo económico también puede verse reflejado, igualmente, en el cuadro macroeconómico que el Gobierno presentará a finales de septiembre (al objeto de elaborar los PGE correspondientes al ejercicio 2014), puesto que en el mismo es posible que se mejore la estimación de crecimiento para el año 2014 y las previsiones de desempleo para el 2013. ¿Aprovechara el Gobierno esta favorable coyuntura para aumentar el techo de gasto en los PGE-2014 al objeto que las administraciones públicas puedan despilfarrar más dinero?

Si España fuera un país competitivo y estuviera dotado de un mercado laboral flexiseguro y de libertad económica. Del mismo modo, si nuestro país contara con el apoyo de una verdadera democracia y de un Estado eficiente en lugar de 17 pequeños estados intervencionistas que rompen la unidad de mercado en mil pedazos, los españoles podríamos tener esperanza al conocer estas magnitudes económicas positivas.

No obstante, la crisis económica española es diferente y única, puesto que está originada por una crisis de índole política derivada del inmenso poder que tiene el bipartidismo corrupto. Pero nuestro presidente del Gobierno, en unas recientes declaraciones comentó que lo importante es la economía, dejando entrever que la política está en un segundo plano. Aunque los españoles piensan que no es posible separar la economía de la política debido a que para reactivar nuestra economía, es preciso cambiar antes las reglas del juego político y democrático, empezando por no tapar la corrupción del PP-PSOE a través de una Justicia politizada.

Y mientras se suban los impuestos para pagar el gasto público-político improductivo, sigan descontrolados el déficit y la deuda pública, tengamos una energía carísima, los bancos continúen haciendo negocio vía carry trade y cobrando a las pymes los créditos el doble que al Estado, el desapalancamiento del sector privado contraste con el derroche de la Administración, etc., es imposible que nuestro país salga de la crisis.

En consideración a los parados españoles, únicamente se podrá hablar de recuperación económica cuando España comience a crear empleo de forma sostenida. ¿Se mantendrá la tasa de paro española en niveles altos, incluso, en el sorprendente caso que España creciera por encima de las previsiones del Gobierno? ¿Tiene flexibilidad y capacidad el mercado laboral español para absorber a todos nuestros parados? ¿Cuántos años necesitaría España, y a qué ritmo de crecimiento, para acercarse al pleno empleo (tasa de desempleo del 5%)?

Lo único que parece cierto es, según el economista Niño Becerra, que solamente bajará el paro (sobre todo, a corto y medio plazo) en el caso que las condiciones laborales (y, por tanto, salariales) sufran un importante deterioro. En consecuencia y en función de ello, nuestro mercado laboral se encuentra en grave peligro de marroquinización. Sin duda, se trata de una terrible visión pero, a la vez, llena de lógica.

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Las pymes españolas que no exportan, vagabundean en el mercado interior.

Cuando una empresa depende únicamente de condiciones exógenas para competir y no tiene perfilada ni una estrategia competitiva ni un modelo de negocio innovador, seguramente y a largo plazo, el mercado la penalizará.

Esta regla es perfectamente aplicable a España, puesto que el Gobierno ha supeditado la recuperación de nuestra economía a la evolución de tres factores externos:

1. El comercio exterior. Nuestro déficit comercial se ha reducido un 68,8% debido a la subida récord de las exportaciones durante el primer semestre del año. (Las exportaciones se acercan al 30% del PIB).

2. El turismo internacional. España está registrando uno de los mejores veranos desde 1995, teniendo en cuenta el número de turistas extranjeros que visitan nuestro país. (La inestabilidad social que sufren algunos países mediterráneos podría potenciar más aún el actual éxito turístico español).

3. La probable recuperación económica de la eurozona, que creció un 0,3% en el segundo trimestre. El Índice PMI de la eurozona se encuentra en máximos en relación a los dos últimos años (51,7 puntos en agosto: dato macro que muestra una probable consolidación del crecimiento iniciado por la zona euro). Alemania y Francia, las dos primeras potencias de la eurozona, han crecido en el segundo trimestre del presente ejercicio un 0,7 y un 0,5 respectivamente. (Recordemos que estos dos países acaparan el 35% de las exportaciones españolas).

¿Además de las multinacionales de referencia, grandes empresas y pymes de alto potencial, también están obligadas las pymes españolas con menos recursos a internacionalizarse y exportar para lograr la supervivencia?

Si bien es cierto que el nivel de competitividad de nuestra economía se ha incrementado vía ajustes en el empleo, la demanda interna sigue alicaída. Consecuentemente, si el consumo y la inversión no se reactivan, nuestra economía tampoco lo hará, independientemente que dejemos atrás la recesión, porque para crear empleo es necesario crecer (tradicionalmente, por encima del 2%).

La banca española tampoco ayuda porque el crédito que concede (indispensable para reanimar la inversión) a las pymes y a las familias es el más caro de la zona euro.

Aunque una de las claves que mejor explica la crisis española viene definida por el gasto de las autonomías, que ha crecido un 20% (30.000 millones de euros) desde 2007. Las Administraciones regionales duplican en número de empleados públicos a la Administración central. (En España, tenemos un empleado público por cada 18 habitantes). Además, existen cientos de miles de empleados públicos sin oposición enchufados a dedo en la Administración, sobre todo, en la autonómica y local, por el PP-PSOE.

No olvidemos tampoco que a nivel fiscal, las autonomías han subido más de 120 impuestos desde 2011 y han creado infinidad de nuevas tasas y tributos. La austeridad que predican los gobiernos autonómicos en aras de una supuesta lucha contra el déficit es una falacia. ¿En qué siguen despilfarrando el dinero público las comunidades autónomas? Esta es una de las grandes mentiras de la pseudodemocracia española.

Pero el Gobierno intenta seguir vendiendo a los españoles que las últimas y sucesivas colocaciones de deuda llevadas a cabo por el Tesoro son beneficiosas para España, basándose para ello en que el tipo de interés pagado en las mismas ha sido menor que en emisiones anteriores. Por el contrario, el gabinete de Rajoy no explica a los españoles que nuestra deuda sigue creciendo (sobrepasa el 90% del PIB y camina hacia el 100%) y seguirá aumentando mientras no se reduzca el Estado, aunque la prima se mantenga en los niveles actuales y las subastas de deuda del Tesoro se coloquen a un interés más bajo.

Tanto el asfixiante déficit como la casi impagable deuda que han ahogado a la economía española son el resultado del fracaso del modelo de gestión de la Administración Pública española. ¿Gestiona mejor el dinero el Estado o los ciudadanos? ¿Es el momento de devolver el dinero a la sociedad o de seguir friendo a impuestos a los ciudadanos? Indudablemente, las familias y las empresas invierten su dinero mejor que delegando esta labor en el Estado pero la casta política española, pensando únicamente en su propio interés, no lo considera así.

Los españoles hemos podido comprobar la forma en la que la Administración ha malgastado nuestros recursos económicos en clave de proyectos faraónicos (sin ninguna utilidad y, en multitud de casos, planificando los mismos en virtud del preceptivo reparto de comisiones) y de subvenciones improductivas destinadas a los amigos del poder. ¿Quieren los españoles seguir pagando unos impuestos desorbitados y confiscatorios para que nuestra corrupta Administración los dilapide?

El impulso del turismo, el récord de nuestras exportaciones y la posible recuperación de la eurozona no deberían utilizarse por parte del Gobierno como una excusa para seguir endeudando a España.

El Gobierno sigue sin hacer sus deberes a nivel interno (reestructuración del sector financiero, reducción del Estado, reforma fiscal, solucionar la dualidad del mercado laboral, etc.). Y las consecuencias de ello son que la renta de las familias está cayendo en picado y que a la mayoría de las pymes sin capacidad para exportar les queda por recorrer una larga travesía por el desierto.

 

 

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Autónomos arruinados y partidos políticos subvencionados

Si el verdadero objetivo del Gobierno, en relación a la nueva Ley de Emprendedores, fuera potenciar el emprendimiento y ayudar económicamente a los autónomos, no enfocaría la tarifa plana de 50 euros únicamente, tal como contempla la citada normativa, en los nuevos emprendedores que se den de alta en el RETA a partir de la entrada en vigor de esta nueva ley.

¿Por qué los autónomos dados de alta con anterioridad a la Ley de Emprendedores no gozarán de esta bonificación? La mitad, aproximadamente, de las empresas españolas fallecen antes de los primeros cinco años de vida. ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno este dato a la hora de elaborar esta ley o el principal objetivo de la misma es recaudar?

Igualmente y debido a que nuestro país está famélico de reformas, el Gobierno debería aprovechar para reinventar la estructura del sistema de cotización a la Seguridad Social. De este modo, se podría atender a una antigua demanda o exigencia de los autónomos basada en adaptar las cuotas o los pagos a la Seguridad Social, de forma proporcional y progresivamente en función del nivel de ingresos obtenidos o de la facturación.

Recordemos al respecto que el Ministerio de Empleo extenderá finalmente la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos (que no cuenten con trabajadores a su cargo) a los mayores de 30 años en la tramitación de la Ley de apoyo al emprendedor. (Inicialmente, el Gobierno tenía previsto aplicar este derecho únicamente a los nuevos emprendedores menores de 30 años). Esta ley contempla para las nuevas altas en el RETA la fijación de una cuota de 50 euros durante los primeros 6 meses de actividad y de 125 euros para el semestre siguiente. Transcurrido el primer año y durante los siguientes 18 meses, los hombres menores de 30 años y las mujeres menores de 35 disfrutarán de bonificaciones y reducciones en la cotización de un 30%.

¿Se está  discriminando claramente a los autónomos que están dados de alta en el RETA con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Emprendedores (y aquellos que tengan trabajadores a su cargo)? ¿Debería gozar la Ley de Emprendedores de retroactividad e incluir como beneficiarios de la tarifa plana de 50 euros a los autónomos dados de alta, al menos, 5 años antes? Es factible deducir que se trata de una ley que esconde un fin puramente recaudatorio y fundamentada en la necesidad que tiene el Estado de ingresar dinero con rapidez al objeto de mantener un corrupto sistema político que se desmorona y una macro Administración económicamente insostenible.

No obstante, España es uno de los países europeos que más barreras de entrada tiene para crear un negocio o iniciar una actividad empresarial, por tanto, esta ley, aunque segmentada, discriminatoria, injusta e insolidaria, se podría valorar como positiva (menos es nada).

¿Se ha quedado obsoleto el régimen de cotización a la Seguridad Social especial para autónomos (RETA)?

Este régimen, cuya normativa data de 1970, no permite cotizar en virtud de la facturación o de los ingresos obtenidos por los autónomos sino que, por el contrario, la cotización se calcula según unas escalas mínimas y máximas totalmente desfasadas. Este injusto método provoca situaciones económicamente contradictorias que, considerando el entorno de crisis actual, desembocan en el cierre de muchos negocios. Este es el caso de muchos autónomos que, contando con unos exiguos ingresos o prácticamente sin ellos, tienen que pagar casi 300 euros al mes en concepto de cuotas a la Seguridad Social.

¿Se ayuda realmente en España a los emprendedores o se les utiliza como conejillos de Indias para pagar impuestos?

¿Cómo apoyan a los emprendedores en los países de nuestro entorno? En Francia, el autónomo está exento de pagar a la Seguridad Social durante el primer año de vida del negocio o de la actividad empresarial. Además, existe un régimen especial adaptado a las pequeñas empresas francesas por el que se beneficia a las mismas ajustando a tal efecto una cotización super reducida.

En Inglaterra, los autónomos solamente están obligados a cotizar en el caso que declaren unos ingresos mínimos, que se determinan legalmente con el objetivo de tratar de garantizar la viabilidad económica futura de los negocios, y en el caso que la facturación de los mismos se incremente, igualmente y de un modo proporcional, también aumentará progresivamente la cotización.

Los partidos políticos españoles recibirán durante el presente año alrededor de 52 millones de euros en subvenciones públicas, para ello, el Gobierno tiene que exprimir fiscalmente a las pymes y a los autónomos. ¿Puede crecer España si la economía productiva está al servicio de una corrupta y parasitaria casta política?

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