“El paso del poder”, mayo de 2012, es el título del último libro de Robert Caro, famoso periodista e historiador estadounidense y premio Pulitzer de biografía 1975.

La citada obra corresponde al cuarto volumen dedicado a la vida política de Lyndon Johnson, presidente número 36 de EE.UU. (Sucesor de J.F. Kennedy y predecesor de Richard Nixon).

Caro, estudioso del poder político en USA, resalta en este libro que el presidente Johnson accedió a la Casablanca (noviembre de 1963-enero de 1969) mediante la crueldad, la astucia malévola y la popularidad.

Caro debería visitar España, sin duda, en nuestro país dispondría de multitud de perfiles correspondientes a políticos españoles crueles y corruptos en los que inspirarse para escribir miles de libros.

La casta política española, preocupada únicamente por mantener sus inmerecidos e inmorales privilegios, ha llevado a España a la quiebra. El problema de España es de origen político. La crisis económico financiera ha mostrado a nuestro país su mayor carencia; una casta política (con honrosas excepciones) escasamente cualificada, sin valores y ávida de poder.

A. Politización de las desaparecidas cajas de ahorros y del BdE. La casta ha destruido el tradicional y social modelo español de cajas de ahorros en virtud de la politización de las mismas. Los políticos autonómicos han arruinado a la mitad del sistema financiero español al colocar en la cúpula directiva de las antiguas cajas y en sus consejos de administración a políticos sin preparación profesional. Bankia, producto de una fusión entre varias cajas quebradas, es el último caso. ¿Algún político responsable está procesado?

El BdE ha permanecido al servicio de los intereses espurios del anterior gobierno socialista, apoyando sus corruptelas y mentiras y ninguneando a sus técnicos. La auditoria que realizará el BCE (en coordinación con las tasadoras Roland Berger y Oliver Wyman), respecto a los créditos inmobiliarios de los bancos españoles para conocer el verdadero agujero de los mismos, es la prueba más evidente de la escasez de credibilidad del regulador de nuestro sistema financiero. ¿Quién confía en el BdE?

B. Politización de la Administración. Las CC.AA., causantes del incumplimiento del déficit de España, potenciadoras de la deuda y auténticos focos de corrupción y despilfarro, representan la agencia de colocación de miles de políticos prescindibles que han provocado el sobredimensionamiento y la ineficiencia de nuestra Administración. Este es el motivo por el que la casta desea continuar con el modelo de Estado autonómico, aún sabiendo que el mismo impide a España recuperarse económicamente.

C. Politización de la justicia. El politizado sistema de designación de los miembros de los órganos judiciales españoles más representativos garantiza una justicia sin independencia y a medida de los intereses del gobierno de turno. ¿Se exigen responsabilidades a los políticos por su gestión?

D. Politización de los medios de comunicación. Las televisiones públicas autónomicas, locales y de ámbito estatal, en números rojos, únicamente sirven para dilapidar el dinero público y manipular la información.

España se encuentra al límite del colapso. ¿Resistirá nuestro país con la prima de riesgo cercana a los 500 p.b.? Podremos seguir pagando intereses altos a corto plazo, aún considerando el hándicap relativo a los costes de refinanciación. Y probablemente, en cuanto se conozcan los resultados relativos a la auditoria de la banca española, el BCE diseñará una estrategia para salvar a España (otra inyección de liquidez; comprando deuda española en el mercado secundario y prestando a nuestros bancos). Aunque España no puede depender eternamente del BCE, además, esta no es la solución a largo plazo.

Nuevamente, los políticos demonizan a los mercados. Evidentemente, existen especuladores que apuestan contra el euro y a favor del default de España. (Financiarse en los mercados implica aceptar las reglas). No obstante, los “malévolos mercados” también consideran otras cuestiones; insostenibles CC.AA., un sistema financiero de segunda división, el parasitismo de políticos, sindicalistas etc., a costa de subir los impuestos y acorralar a la economía productiva…

España necesita una sociedad civil fuerte que pueda contrarrestar el poder de la casta política.

Don Fertman, responsable de desarrollo de negocio de Subway (cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida, actualmente, la mayor del mundo por número de establecimientos), recientemente y de modo temporal, abandonó sus funciones directivas para trabajar en calidad de empleado en uno de los locales de la compañía.

Después de la citada experiencia y desde su retomado puesto de dirección, Fertman afirmó que haber trabajado en un restaurante de Subway le permitía valorar mejor las necesidades tanto de los clientes internos de la empresa (empleados) como las relativas a los clientes externos de la misma.

Al objeto de tomar decisiones correctamente, si un directivo desea ponerse en el lugar de sus empleados, la mejor manera de hacerlo es trabajar junto a ellos.

Los gestores políticos españoles también deberían realizar a menudo el ejercicio de ponerse en el lugar de los contribuyentes y de las empresas, de esta manera conocerían la realidad social y empresarial de España.

La ruinosa herencia dejada por el inepto gobierno socialista anterior debería servir de referencia para afrontar un asunto clave; España no crece, entre otras razones, debido a la inanición del sector privado (la economía productiva).

El Gobierno pretende que la clase media, los autónomos y las pymes (nuestro motor económico) mantengan a la ineficiente Administración española.

¿Austeridad?. ¿Para quién?. El informe “Día sin impuestos”, presentado el 3 de mayo de 2012 por Civismo (think tank español defensor de la sociedad civil), demuestra que el español medio destina el salario correspondiente a 124 días a pagar impuestos procedentes de la Administración central, autonómica y local. (In crescendo debido a la injusta subida del IRPF, el mayor gravamen al ahorro, etc.). Recordemos al respecto la famosa curva de Laffer; impuestos más altos no garantizan una mayor recaudación fiscal.

Además, nos espera una subida del IVA en 2013, ¿a cambio de una bajada de las cotizaciones sociales?, y el próximo ¿plan antifraude? (un verdadero atraco empresarial).

Las familias y las pymes ya han realizado su propio ajuste. Por el contrario, nuestra gigantesca Administración, causante de la desviación del déficit (CC.AA.) y, en parte, del decrecimiento de la economía española, sigue sin ajustarse.

Datos aportados, el 4 de mayo de 2012, por el BdE muestran que la deuda de todas las Administraciones Públicas a cierre del año 2011, 932.151 millones de euros (endeudamiento público; 87% del PIB), es casi el doble que la registrada en 2007, año en el que comenzó la crisis, 503.518 millones de euros.

Según Fedea, las comunidades autónomas no cumplirán el objetivo de déficit para 2012; 1,5%. Si el Gobierno no se atreve a reconfigurar el modelo del Estado de las Autonomías (las CC.AA., gestionan, mejor dicho, dilapidan, el 60% del gasto público y tienen un presupuesto de 400.000 millones de euros anuales), al menos tendría que reducir la superestructura de la Administración y adaptarla a las verdaderas necesidades de España.

Para ello, se deben erradicar duplicidades e ineficiencias administrativas, liquidar empresas públicas en pérdidas, eliminar puestos políticos y empleados públicos sin oposición, privatizar servicios públicos, cerrar embajadas y otros entes autonómicos, etc.

Igualmente, es crucial suprimir tanto subvenciones a partidos políticos, sindicatos, confederaciones empresariales, ONG´s, etc., como ayudas a cajas bancarizadas zombies, al deficitario cine español, a países tercermundistas que expropian nuestras empresas, etc. (En lugar de recortar partidas que potencian el crecimiento, por ejemplo, las relativas a I+D).

Los mercados y la bolsa, hasta la fecha, han suspendido la gestión y, por tanto, los recortes de nuestro Gobierno. ¿Por qué? La consolidación fiscal es vital, no obstante, sin crecimiento económico, España no podrá pagar sus deudas.

Faltan empresas y sobra Administración, este desequilibrio provoca la absorción de una ingente cantidad de recursos por parte del Estado y, en consecuencia, la asfixia, vía impuestos, del sector privado.

¿España está en recesión o en depresión? ¿Es preferible una intervención o seguir con esta estafa política? Nuestro país se enfrenta a un drama social de imprevisibles consecuencias.

Históricamente, la leyenda de Robin Hood podría encuadrarse en el año 1190, coincidiendo con la marcha del Rey Ricardo I de Inglaterra (Ricardo Corazón de León) a Jerusalén (3ª Cruzada). Nueve años más tarde, su hermano menor, Juan I (Juan sin tierra), le sucedería en el trono.

Todos podemos recordar, a través de las diversas versiones cinematográficas realizadas en honor al célebre arquero de Sherwood, determinadas escenas que mostraban al Sheriff de Nottingham, representante del Rey, imponiendo injustos impuestos a una empobrecida población campesina al objeto de mantener los privilegios de la corona y la nobleza.

No hay nada nuevo bajo el sol. Es factible comparar la Inglaterra medieval de entonces con el entorno actual de España, al menos en lo referido a las tropelías cometidas contra los ciudadanos.

El indocumentado gobierno socialista anterior expolió a las empresas, éstas tuvieron que pagar el IVA sin haber cobrado antes las facturas, adelantaron el Impuesto de Sociedades, soportaron la altísima morosidad de una quebrada Administración, no pudieron acceder al crédito, etc. Todo ello, conjuntamente con otros factores, propició la desaparición de gran parte del tejido empresarial español.

El Gobierno actual, debido a una situación heredada pero, es de justicia decirlo, incumpliendo una de sus promesas electorales, ha consentido que los españoles soportemos, junto a Suecia, el IRPF más alto de Europa en todos los tramos de la renta. (Según un informe del Instituto Juan de Mariana).

Además, deberemos lidiar con un aumento de las tarifas eléctricas (4,5% para pymes y autónomos), una subida del gas, del gasoleo, etc. Para rematar la faena, la injusta anmistía fiscal.

Sin comentarios en relación al alto nivel de corrupción política que asola nuestro país, a las subvenciones a sindicatos, partidos políticos, etc., a las escandalosas indemnizaciones concedidas a los causantes de la quiebra de las cajas de ahorros bancarizadas, a las indignantes ayudas del sistema financiero, etc. (Completar la lista sería una labor agotadora e interminable).

¿Quién debe pagar la cuenta? Excepto la casta política (los verdaderos organizadores y beneficiarios de la fiesta), todos los demás. Este es el único aspecto en el que están de acuerdo todos los gobiernos.

La crisis política que está destruyendo a España es más nociva aún que la económica. ¿Dónde se encuentra el epicentro de la misma? El despilfarro y la corrupción autonómica y local es el cáncer de la nación española y el recorte más necesario.

Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, España podría ahorrar 48.000 millones de euros si las Comunidades Autónomas devolvieran al Estado las competencias relativas a sanidad, educación y justicia.

La segunda edición del informe “El coste del Estado Autonómico”, presentado por UPyD el 13 de abril de 2012, estima en 40.000 millones de euros el sobrecoste provocado por las duplicidades e ineficiencias de las autonomías y los ayuntamientos. (Recordemos el ajuste derivado de los PGE;  27.000 millones de euros).

La verdadera razón por la que no se reconfigura el modelo del Estado de las Autonomías no es la dificultad que conllevaría modificar la Constitución Española sino que ello supondría la supresión de muchos puestos, prebendas y privilegios políticos y, por tanto, una ostensible pérdida de poder de la casta. Además, falta valor para enfrentarse a los analfabetos socialistas de la oposición, a los partidos chantajistas relacionados con el nacionalismo catalán y vasco, etc.

El Gobierno cree que es suficiente con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la pseudo intervención de las comunidades incumplidoras respecto a los objetivos de déficit. Mientras tanto, 10.000 millones en concepto de recortes en sanidad y educación.

La intervención oficial de España no es deseable. (No olvidemos que nuestro país se encuentra intervenido oficiosamente). No obstante, un rescate podría resultar beneficioso a largo plazo si la troika decidiera eliminar el enorme gasto público y político (completamente improductivo) procedente de las autonomías.

En relación a la expropiación de YPF, ¿quién defendería mejor los intereses de Repsol, un gobierno español fuerte o uno pequeño acompañado de 17 mini estados desunidos?

El debut en bolsa de Linkedln, (primera gran red social en cotizar en Wall Street), mayo de 2011, y el anuncio de la próxima salida al parqué de Facebook, mayo de 2012, han impulsado, aún más, a la industria tecnológica de Silicon Valley, región californiana que acoge a compañías tan relevantes como Google, Apple, Yahoo, Ebay, HP, Oracle, etc.

El gran crecimiento de estas empresas contrasta, sin embargo, con el déficit registrado durante diez años consecutivos por el Ayuntamiento de San José, la principal ciudad de Silicon Valley, capital del Condado de Santa Clara y centro tecnológico del mundo.

Aunque ninguna Administración debe tener sus cuentas públicas escasamente saneadas, este ejemplo constata las diferencias existentes entre el sector privado y el público en algunos territorios de USA.

En España, el analfabeto y anterior gobierno socialista dejó a la Administración en quiebra, financió la misma vía expolio de las empresas, debido a ello, gran parte del tejido empresarial español ha desaparecido en multitud de concursos de acreedores.

¿Se imaginan a un gobierno socialista gestionando la ciudad de San José? Silicon Valley se convertiría en Venezuela o Cuba y el déficit del ayuntamiento se multiplicaría aunque las aceras y las calles serían renovadas varias veces cada año inventando algún Plan E.

Si bien es alentador que el Gobierno, mediante los Presupuestos Generales del Estado, presentados en el Congreso el 3 de abril de 2012, apueste por minimizar el sector público, (super protegido en nuestro país), todavía queda mucho por hacer.

Los austeros y restrictivos PGE 2012 tienen dos propósitos principales; cumplir el compromiso de déficit impuesto por Bruselas, 5,3%, y atraer la confianza de los mercados. En relación a este último objetivo, la respuesta de los inversores ha sido negativa; fracaso de la subasta del Tesoro y España situada cerca del nivel de rescate. Dos días después de la presentación de los presupuestos, la prima de riesgo se disparó hasta los 411 puntos básicos y el bono español a diez años subió al 5, 8%. Además, el Ibex se desplomó cayendo al nivel más bajo desde marzo de 2009, (7.600 puntos).

Analizando las diferentes partidas que componen los citados presupuestos, me parece relevante señalar que prácticamente la única que crece es la relativa a “transferencias a otras administraciones públicas”, (territoriales).

Contradictoriamente, el gran hándicap de España para cumplir el compromiso de déficit, los mercados lo saben perfectamente, no es otro que la actual configuración del Estado de las Autonomías.

De los, aproximadamente, 2.700.000 empleados públicos que tiene España, el 74,2% trabajan en las sobredimensionadas Administraciones autonómicas y locales. El gasto de personal asciende a 27.338,60 millones de euros, 1,3% más que en 2011. ¿Son necesarios tantos empleados públicos? (Aquellos que tengan oposición deben permanecer intocables, por supuesto, aunque sería beneficioso incluir un planning de productividad eficiente enfocado en los funcionarios de carrera).

Igualmente, nuestro país cuenta con más de 80.000 políticos, la mayoría profesionales de la política y muchos de ellos, (no todos), corruptos. ¿Son necesarios tantos políticos? ¿Tenemos que pagarles sus desporporcionados, indignantes e improductivos privilegios? (Por cierto, la Ley de Transparencia es un cuento chino).

En España, el esfuerzo del sector privado, (la economía productiva), garantiza el chollo de la casta política y de multitud de empleados públicos sin oposición y colocados a dedo. En este sentido, los impuestos de las empresas y de los trabajadores, (tenemos una de las tasas impositivas más elevadas de Europa), se utilizan ineficazmente.

España debe solucionar primero su problema político y después el económico. Rediseñar la mega estructura administrativa autonómica y eliminar las duplicidades y el despilfarro derivado de ello es esencial.

De la misma manera, los referidos presupuestos siguen financiando, aunque en menor cuantía, a partidos políticos, sindicatos, cine español, etc. Mientras tanto, muchos ciudadanos españoles comen en Cáritas. Aberrante injusticia.

¿Por qué los mercados no han aprobado los PGE 2012? Recortes en inversión e I+D, (factores impulsores del crecimiento), impuestos altísimos, recesión, deuda pública que se puede situar en el 79,8% del PIB, tasa de desempleo insostenible, etc., explosiva combinación.

El 14 de marzo de 2012, The New York Times publicó una carta rubricada por Greg Smith, ex-ejecutivo de Goldman Sachs.

Según el despechado escrito de Smith, esta firma especializada en banca de inversión, durante el mandato de Lloyd Blankfein, su actual CEO, ha perdido la cultura y los valores que la engrandecieron.

Igualmente, la mencionada nota expone que Goldman Sachs trata actualmente a sus clientes como si fuesen “muppets”, (marionetas). Una verdadera contradicción a tenor del lema corporativo de esta centenaria compañía, “Lo primero son los intereses de nuestros clientes”.

Evidentemente, la referida carta no es fiable. (Smith pudo ser despedido por la citada empresa al no aceptar la cuantía de su bonus). No obstante, es cierto que Goldman Sachs ha estado implicada en determinados escándalos financieros, tales como, el caso Paulson.

En cualquier caso, numerosos bancos, (de inversión, banca privada y comerciales), han estafado a sus clientes vendiéndoles productos de ingeniería financiera sin haberles explicado antes los riesgos y las condiciones derivadas de los mismos.

¿Y los gobiernos, engañan a sus clientes, (contribuyentes o ciudadanos)? La corrupción política representa el mayor fraude que un gobierno puede cometer. Una de las estafas más impresentables que han perpetrado los gestores políticos españoles en la última década está relacionada con la creación de empresas públicas.

En virtud de los datos aportados, el 16 de marzo de 2012, por el Banco de España, la deuda global de las empresas públicas españolas, (de titularidad estatal, autonómica y local), a finales del ejercicio 2011, ascendía a 55.865 millones de euros, el 5,2% del PIB.

Sin ningún género de dudas, la gestión de las empresas públicas en nuestro país constituye un colosal fracaso debido a que, prácticamente, el 90% de ellas sólo generan pérdidas económicas.

¿Por qué han proliferado entonces tantas empresas públicas en España? (En 2002 había 1.636 y en la actualidad existen, aproximadamente, 4.000). En el ámbito autonómico, sobre todo, para evitar el límite de déficit, escapar del control presupuestario y ocultar deuda.

En general, las empresas públicas son auténticos focos de corrupción. Multitud de gestores políticos, (alcaldes, presidentes de comunidades autónomas y también a nivel estatal), han impulsado la creación de este tipo de empresas con el fin de lograr tres objetivos; enriquecerse ilícitamente, utilizarlas como agencias de colocación empleando en ellas a sus familiares y amigos y tejer una red clientelar que les permita perpetuarse en el cargo.

Una empresa pública única y exclusivamente debe constituirse para cubrir una imperiosa necesidad social o estratégica.

El Gobierno aprobó, el 16 de marzo de 2012, el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial. El mismo afectará, vía liquidaciones, desinversiones, reducción de participaciones, etc., a alrededor de 80 empresas públicas estatales y 9 fundaciones. (Esta medida es absolutamente insuficiente aunque puede servir de referencia para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos actúen en la misma dirección).

España debe cumplir, en el año 2012, el nuevo objetivo de déficit marcado por Bruselas, 5,3%, para ello, deberá realizar un ajuste que podría oscilar entre 40.000 y 60.000 millones de euros. (Esta última cifra corresponde a un cálculo realizado por CEOE). Liquidar aquellas empresas públicas que no sean rentables o socialmente  necesarias ayudaría a nuestro país a alcanzar este complicado compromiso.

¿Cuánta riqueza y cuántos empleos productivos hubieran creado los emprendedores si todos los recursos que han sido destinados a las ruinosas empresas públicas se hubiesen focalizado en la iniciativa privada ?

Sydney Finkelstein, profesor de estrategia y liderazgo de Tuck School of Business at Dartmouth, por mediación de su libro, “¿Por qué fracasan los ejecutivos brillantes?”, 2004, desvela algunas razones por las que determinados directivos fracasan, aún poseyendo un perfil profesional idóneo en relación a la gestión empresarial.
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Sony, una de las compañías líderes a nivel mundial en electrónica de consumo, especializada, igualmente, en el sector de las TIC así como en el del ocio y el entretenimiento, y Ericsson, multinacional puntera en telecomunicaciones, fundaron en el año 2001, por mediación de una joint venture, la empresa de fabricación de teléfonos móviles Sony Ericsson.
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