España tiene un Gobierno que miente. La gestión del Gobierno, hasta la fecha, tiene un perfil que roza el comunismo al subir los impuestos hasta un nivel confiscatorio. Los españoles son los europeos que más impuestos pagan en relación a la renta disponible. El Gobierno no ha aprovechado la prórroga del déficit, que Bruselas ha concedido a España, para bajar los impuestos sino para diseñar un déficit particularizado y adaptado a cada autonomía. Con ello, continuará engordando la insostenible deuda del Estado (el gasto público se encuentra en máximos: recordemos que las autonomías gastan 28.000 millones de euros más que en la época de la burbuja). ¿Se beneficiará a las comunidades autónomas que no han cumplido (Cataluña) con el objetivo de déficit en detrimento de otras más cumplidoras? ¿Financiarán el resto de autonomías la “probable” independencia de Cataluña? ¿Déficit a la carta para mantener, por ejemplo, embajadas, empresas públicas deficitarias (TV3), etc., y seguir recortando gasto social (educación y sanidad)? ¿Por qué está Rajoy a las órdenes de Arturo Más?

Desde el Gobierno se ha lanzado el mensaje relativo a que las subidas de impuestos han evitado el rescate del Reino de España (no confundir con el último rescate financiero que provocó la intervención de la economía española, más aún de lo que estaba) y, por tanto, se ha salvado al país. Hay que señalar al respecto que no ha sido la política económica del Gobierno la que ha provocado la bajada de la prima de riesgo española sino la intervención del BCE. Es posible que uno de los principales objetivos del Gobierno estuviera encaminado a evitar el rescate de España para poder seguir gobernando e impedir que la troika sustituyera a Rajoy por un gobernante tecnócrata. La realidad es bien distinta porque no se ha salvado a España ni a los españoles sino que se ha conseguido mantener la estructura política y territorial del Estado, que da cobijo a la numerosísima casta política y a su legión de enchufados en la Administración. De todas formas, todo apunta a que España era económicamente irrescatable. No obstante, ¿hubiera sido más conveniente para las familias, las pymes y los autónomos españoles un “hipotético e improbable” rescate que soportar la confiscatoria presión fiscal impulsada por Montoro?

Del mismo modo, el Gobierno ha vendido la reciente bajada de tipos del BCE como un incentivo económico, aunque unos tipos más bajos provocarán que se mantenga, con mayor facilidad, el insostenible nivel de endeudamiento del Estado (nuestra deuda camina hacia el 100% del PIB). ¿A quiénes les conviene, realmente, la bajada de tipos? Al Estado y a los bancos.

España tiene un Gobierno cobarde. En relación a la aprobación de la LOMCE (la nueva ley de educación), ¿pagarán también el resto de las autonomías el sobre coste que supondrá la educación en castellano en Cataluña debido a la cobardía del Gobierno al no enfrentarse a la política de inmersión lingüística catalana? Todo seguirá igual, es decir, esta ley no garantiza la enseñanza en castellano en Cataluña. Los nacionalistas catalanes tienen al Gobierno español a sus pies. El sistema educativo representa la base desde la que se construye un país. En España, las diferenciadas y politizadas inversiones en educación que han realizado los gobiernos autonómicos han sido absorbidas por la burocracia y los intereses políticos regionales y, en consecuencia, la gestión educativa se ha dejado a un lado. Por tanto, sería más conveniente enfocarse en dotar de eficiencia a la gestión del sistema educativo (en torno a un modelo) que concentrarse en 17 políticas educativas diferentes que multiplican la inversión (o el despilfarro). ¿El problema de fondo radica en la cesión de la competencia de educación a las comunidades autónomas?

En relación al contrato único que recomienda Bruselas, Rajoy ha comentado que es mejor no tocar su reforma laboral, puesto que está muy contento con ella (desde que comenzó a gobernar el PP hay 1.200.000 parados más) y, además, añade que este tipo de contrato es inconstitucional  (los juristas españoles más reconocidos en la materia opinan todo lo contrario). El inmovilismo está en el ADN de Rajoy, algo que costará muy caro a España. Los españoles hemos tenido muy mala suerte con Zapatero y, ahora, también con Rajoy.

¿Qué decir de la pusilánime política “antiterrorista” (una continuación de la gestión de Zapatero) que está siguiendo el Gobierno? ¿Qué pensarán las víctimas respecto a la libertad de Bolinaga o al permiso de Lasarte?

Respecto a la Ley del Aborto, ¿apostará el Gobierno por la vida o se rendirá ante el poderoso lobby abortista?

Crisis de régimen. El problema no es la política sino el corrupto Estado español que envilece la política. ¿Se gobierna para los españoles o en función de los intereses de la casta política? La relación entre política y economía cobra especial relevancia en el caso de España, puesto que nuestro país no saldrá de la crisis económico financiera sin realizar una profunda reforma constitucional que implique, igualmente, un radical cambio del sistema político-administrativo-territorial actual. Muchísimos españoles se están dando cuenta que España tiene un problema político del que se deriva otro de índole económico. Es preciso solucionar primero nuestro problema político para, posteriormente, abordar el económico.

Los españoles necesitamos un gobierno que recomponga en país de arriba a abajo, puesto que las dos legislaturas de Zapatero dejaron a España en bancarrota, no sólo en clave económica sino también en el ámbito de la ética, los valores, la Justicia, la educación, etc. No obstante, la mayoría absoluta del PP no está sirviendo para reconstruir (ni social ni económicamente) a España sino para certificar su estado de defunción. El Gobierno actual (formado, en su mayoría, por profesionales de la política y súbditos del máximo dirigente del partido, que ejerce su liderazgo únicamente en base a su poder) que debería llevar a cabo la imprescindible regeneración democrática que necesita nuestro país es parte del sistema y, además de no tener el liderazgo ni la valentía suficiente para realizar los cambios necesarios, tampoco le conviene hacerlo.

La casta política tiene mucho que perder si se retoca el sistema actual (y los españoles mucho que ganar). ¿Servirá de algo un consenso entre los principales partidos para reformar el sistema autonómico (el cáncer de la economía española)? Reducir (o eliminar) la estructura autonómica es igual a mermar el poder y los privilegios de la casta política, este es el motivo por el que todavía no se ha procedido a reestructurar nuestro ruinoso entramado político-autonómico-institucional. El sistema bipartidista o partitocrático, tal como está configurado actualmente, es decir, sostenido por una estructura político-administrativa-territorial insostenible económicamente, es altamente beneficioso para la casta política y sus acólitos. Prueba de ello son unas declaraciones efectuadas por el ministro Gallardón, quien comentó recientemente que el referido sistema ha aportado estabilidad a España y, por tanto, el mismo goza de crédito suficiente. Por el contrario, la mayoría de los españoles no piensa igual que Gallardón, puesto que el sistema se sostiene a costa de expoliar fiscalmente y hundir en la miseria a las familias de clase media, a las pymes y a los autónomos. En otras palabras, el actual sistema muestra dos caras diferenciadas y antagónicas: los inmorales privilegios de la numerosísima casta política extractiva contrastan con el desempleo de millones de españoles y la quiebra de cientos de miles de pymes y de autónomos.

Ningún país puede crecer en estas condiciones, la economía productiva penalizada al objeto de mantener a una casta política parasitaria e improductiva cuyas redes clientelares arrastran a millones de privilegiados (ajenos a la meritocracia) que quieren que todo se quede tal como está. España se va pareciendo, cada vez más, a un régimen comunista en el que al amparo institucional de un partido político (dos partidos en el caso de nuestro país) se vive muy bien pero fuera (del sistema) hace muchísimo frío.

Al comienzo de la presente legislatura, Rajoy proclamó a los cuatro vientos que la economía sería el eje central sobre el que giraría la política de su gobierno, por tanto y en virtud de este mensaje inicial, los españoles pensamos, desde el momento en el que el PP asumió el poder, que el área económica primaría relevantemente sobre las demás. Después de casi un año y medio gobernando, muchísimos españoles (en especial, los votantes del PP) se sienten absolutamente decepcionados y, a la vez, engañados debido a que se han dado cuenta que el PP no tenía planificada ninguna estrategia económica para sacar a España de la quiebra a la que nos llevó el anterior gobierno del PSOE.

El gobierno no tiene ninguna estrategia económica pero persigue un objetivo político definido (igual que el anterior gobierno del PSOE ): mantener el sistema político-administrativo-territorial a toda costa. El principal objetivo, de índole político, que siempre ha tenido presente el Gobierno no es otro que preservar a toda costa un sistema político, administrativo y territorial (estructuralmente sobredimensionado por obra y gracia del gobierno de Zapatero), tan destructor para la economía española como beneficioso para nuestra casta política. En consecuencia, al actual Gobierno del PP está continuando, de idéntica forma, la política del anterior gobierno del PSOE.

Hasta la fecha, la falsa y desenfocada austeridad, centrada en los recortes y las subidas de impuestos a los ciudadanos, a las pymes y a los autónomos, únicamente ha servido para mantener a flote una descomunal Administración (estructura político autonómica y local) y a todas las deficitarias y ruinosas empresas públicas.Pero la deuda del Estado sigue creciendo de forma insostenible y los objetivos de déficit no se han cumplido (el esfuerzo del déficit lo ha realizado, principalmente, el sector privado).

Todo lo expuesto anteriormente deja al descubierto el verdadero y único plan del Gobierno consistente en dejar pasar el tiempo, sin tomar ninguna decisión que implique perder cuota de poder político (reducir el Estado), imaginando que la enferma economía española mejoraría sin necesidad de operar.

Las pymes, los autónomos y las familias están cumpliendo con la parte del ajuste que les corresponde (la deuda de las empresas sigue reduciéndose y está llegando hasta niveles de 2006) pero el sector público sigue prorrogando sus obligaciones, sobre todo, las empresas públicas (siguen contratando personal aunque estén especializadas en perder dinero y gestionadas por políticos cuyos salarios se encuentran por encima de la media del sector privado). Los políticos han arruinado y saqueado a las cajas de ahorros y a las empresas públicas.

¿Cuántos parados más tiene que soportar España para que el Gobierno gire 180º su política y acometa una reforma profunda de nuestra monstruosa Administración en forma de reducción del ineficiente sector público empresarial y de eliminación tanto de triplicidades administrativas como de subvenciones improductivas y clientelares?

¿Está apoyando el Gobierno a los emprendedores o los utiliza publicitaria y mediáticamente? La casta debería saber que ni los costes derivados de la Seguridad Social ni los impuestos actuales tan elevados pueden ser asumidos por las empresas. Además, el crédito bancario sigue fluyendo hacia la Administración para pagar los gastos de nuestro super Estado y las empresas, sin crédito, sólo sirven para pagar impuestos.

El último paquete de mediadas adoptado por el Gobierno (el viernes, 26 de abril), que incluye nuevas subidas de impuestos, indica que todo seguirá igual.

El Gobierno no reducirá el Estado a no ser que se lo ordene Merkel. Es un hecho cierto que la economía española se encuentra intervenida y que tanto los objetivos de déficit como la subida de determinados impuestos se imponen desde Bruselas pero en última instancia, ¿quién decide realmente dónde, cómo y en qué se recorta: la UE o el Gobierno español? ¿Tiene el Gobierno algún margen de decisión al respecto?

¿Le interesa a la casta política que los españoles piensen que la engañosamente denominada austeridad y los recortes vienen delimitados estrictamente por Bruselas? De esta manera, los culpables son Europa y Merkel.

Oli Rhen, responsable de Economía de la UE, criticó hace escasos días la política económica de Rajoy fundamentando que la misma, basada en la subida de impuestos sin apenas reducción de gasto público-político, está impidiendo el crecimiento económico de España (crítica a la que se ha sumado Draghi). La política económica centrada en la austeridad es correcta pero enfocándola adecuadamente, es decir, en la reducción del gasto público-político (y bajando los impuestos) al objeto de reducir la deuda y el déficit. El austericidio del Gobierno de Rajoy (recortes a la sociedad civil e insoportable presión fiscal) es diferente a la austeridad (control presupuestario y reducción del gasto público-político ineficiente e improductivo). Son dos conceptos diferentes pero que están confundiendo a muchos ciudadanos españoles.

La Comunidad Europea le ha pedido a Rajoy mayor profundidad respecto a su incompleta reforma laboral y actuaciones encaminadas a dotar de sostenibilidad el sistema de pensiones español. Del mismo modo, el nuevo cuadro macroeconómico muestra que Bruselas permitirá que los objetivos de déficit se relajen en los dos próximos ejercicios, una decisión que ha aprovechado el Gobierno para diseñar un déficit a la carta y particularizado para cada una de nuestras autonomías (empezando, claro está, por Cataluña). Otro error que acabará con más despilfarro, más deuda y más déficit. El resultado será que las comunidades autónomas más cumplidoras, respecto a los objetivos de déficit, financiarán el despilfarro de las autonomías incumplidoras (sobre todo, Cataluña y Andalucía). Además, es posible que el resto de comunidades financien la independencia de Cataluña.

La capacidad recaudatoria, vía ingresos, del Estado no es suficiente para reducir el déficit y no se puede exprimir (fiscalmente) más a los ciudadanos y a las empresas, por tanto, sólo existe una solución: acometer una profundísima reforma administrativa y territorial, reducir radicalmente el gasto público-político y eliminar el modelo de economía subvencionada. ¿A que espera Rajoy para racionalizar el Estado, a que se lo ordene Merkel? Ni siquiera ahora, aprovechando la tregua que los mercados han concedido a España con la prima en torno a los 300 p.b., se atreve el Gobierno a hacer la reforma más necesaria para nuestro país porque trastoca la configuración del sistema político, que es lo que realmente no quiere modificar bajo ningún concepto.

La casta política apuesta por mantener a sus veinte mil asesores casi cienmileuristas, a las más de cuatro mil empresas públicas empleadoras de familiares y amigos de los políticos, a los cientos de miles de empleados públicos (sin oposicion) enchufados por la partitocracia PP-PSOE en la Administración, a las televisiones públicas gestionadas por los amigos del poder, a las 17 corruptas autonomías, a los 8.000 insostenibles ayuntamientos, etc., a costa de que suba el paro y los impuestos. No podemos pagar los sueldos de todos estos parásitos sociales que están arruinando España. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? El sistema o los ciudadanos. Los privilegios de la casta política o el bienestar de los españoles. Hay que elegir.

Los elementos tangibles e intangibles que definen y aportan valor a la marca de una empresa se identifican con la imagen institucional, la reputación corporativa, la calidad tanto del equipo directivo como del capital humano, la función social, los valores proyectados, los beneficios económicos, el posicionamiento en el mercado, la diferenciación en el modelo de negocio, el perfil y el número de clientes, el nivel de internacionalización, etc.

Cuando una compañía comete una acción irresponsable o delictiva, causando con ella graves daños a sus clientes, a la sociedad o al entorno medioambiental, ¿qué medidas debería adoptar el comité de dirección (y el consejo de administración) al objeto de proteger la marca de la empresa: asumir las responsabilidades o intentar ocultar el hecho? Sin duda, la marca de la empresa podría salir reforzada si los gestores de la misma asumen inmediatamente las responsabilidades e intentan paliar los daños ocasionados con celeridad.

Suponiendo que un país pudiera tener una marca propia, ¿cuáles son las variables internas y externas que pueden potenciar o, por el contrario, devaluar una “marca país”? El nivel de independencia del sistema judicial, el grado de corrupción política, la calidad de la democracia, la sostenibilidad del modelo económico de crecimiento, la eficacia del modelo educativo, la flexiseguridad del mercado laboral, la calidad formativa, moral e intelectual de la clase dirigente, el grado de madurez democrática de la sociedad, el nivel de emprendimiento, etc. Centrándonos en nuestro país, ¿el término “marca España” está siendo utilizado por la casta política para tapar sus corruptelas con la engañosa excusa de protegerla? Lo más conveniente para proteger a la marca España es regenerar nuestro sistema pseudodemocrático al objeto de implantar una democracia verdadera en la que se pueda procesar con garantias a los políticos corruptos (la casta pretende hacer todo lo contrario).

Un ejemplo en relación con lo anterior. Respecto a la imputación de la Infanta Cristina en el caso Nóos, determinados políticos han manifestado públicamente que dicha imputación perjudica la marca España. Habría que añadir a esta declaración política de intenciones que la citada imputación beneficiaría a la marca España si la misma se ajustara a derecho. En caso contario, evidentemente, la perjudicaría. Un ligero pero relevante matiz.

¿Proyecta actualmente la marca España algún valor añadido? La marca España representa en la actualidad, tanto en el exterior como a nivel interno, millones de parados, corrupción política institucionalizada, despilfarro,  déficit, deuda, triplicidades administrativas e inseguridad jurídica en las autonomías, gasto político insostenible, creciente pobreza infantil, impuestos desorbitados, cajas bancarizadas salvadas con dinero público, pymes y autónomos expoliados, clase media en extinción, sistema de pensiones en peligro, modelo educativo fracasado (LOGSE), etc.

¿Se va pareciendo España, progresivamente, a Venezuela? ¿Quién se atreve a invertir en la “República Bolivariana de Andalucía”? El mayor escándalo de corrupción política de la democracia (los ERE´s andaluces) se está intentando tapar a través del decreto andaluz contra los deshaucios, un plan bolchevique que atenta contra la propiedad privada y, por tanto, contra la libertad. ¿Por qué no es expropian los miles de pisos desocupados propiedad de la Junta de Andalucía?

¿Es aconsejable invertir en la futura República de Cataluña? Una autonomía que, liderando el descuadre fiscal, no tiene reparos en enarbolar la bandera de la independencia al objeto de ocultar la corrupción institucionalizada y que utiliza la imposición linguística como principal vehículo de poder. Tanto el PSOE (gobierno anterior) como el PP (actual gobierno) han permitido esta situación con tal de conseguir el apoyo político de CiU.

¿Y en el País Vasco, donde la dictadura terrorista y secesionista aceptada por el PSOE ha terminado haciendo amigos en el PP?

¿ Y en el resto de nuestras quebradas autonomías? ¿Por qué no se eliminan las empresas públicas o las TV públicas, por ejemplo? El despilfarro sigue intacto.

¿Qué valores aporta el bipartidismo corrupto? El PP, un partido actualmente socialdemócrata y acomplejado, que está gobernando España de forma intervencionista, antiliberal y contrariamente a lo que predica su programa electoral, convertido, además, en un rehén ideológico de la izquierda (concepto obsoleto). La actual oposición, el PSOE, un partido que jamás en la historia ha aceptado el resultado de unas elecciones en las que haya perdido y que para recuperar el poder no duda en alinearse con la ultra izquierda radical y antidemocrática, con el separatismo o con el escrachismo sectario dirigido exclusivamente contra los políticos del PP.

La sociedad española también es culpable del desprestigio de la marca España o, al menos, parte de ella, puesto que todavía existen muchos ciudadanos que siguen apostando, según una reciente encuesta realizada por el BBVA, por una fuerte presencia del Estado en la economía (un factor que ha llevado a España a la situación de crisis económica actual), en lugar de posicionarse por la austeridad (respecto al gasto público ineficiente) y por el emprendimiento. Más Estado significa más políticos interfiriendo en la economía, más pobreza, más intervencionismo, más paro, más impuestos, más corrupción, menos libertad, menos competitividad, etc.

¿Estado del Bienestar insostenible? No lo creo. En España debería haber suficientes recursos para mantener un estado que, al menos, ayudara socialmente a todos los colectivos desfavorecidos. Insostenible es el Estado del Bienestar actual, diseñado para beneficiar únicamente a la casta política.

¿Qué piensa Bruselas de la política económica del Gobierno (que también forma parte de la marca España)? El último informe de la Comisión Europea muestra que las pseudo reformas de Rajoy no están dando ningún resultado, puesto que la deuda aumenta y el desaforado gasto público-político no se recorta al objeto de proteger los privilegios de la casta y su legión de enchufados. ¿Se puede exprimir fiscalmente a los españoles todavía más? ¿Se pueden tocar las pensiones?

La marca España comunica que nuestro país se encuentra en estado de descomposición por culpa de una casta política extractiva y únicamente lo podemos salvar nosotros, la sociedad civil.

La idea de subvencionar a los partidos políticos (a través de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, con dinero público procedente de los impuestos de todos los españoles) nació en la Transición con el objetivo de fortalecer la estructura y el desarrollo de los mismos, puesto que dichas formaciones, conceptualmente débiles al inicio de su andadura, necesitaron ayuda económica para poder asentarse. En consecuencia, las subvenciones públicas a los partidos políticos estuvieron destinadas, principalmente y tras la entrada en vigor de la Constitución Española (la Carta Magna atribuyó a los partidos relevancia constitucional), a consolidar el proceso democrático en España.

¿Por qué seguimos subvencionando a los partidos políticos? Partidos millonarios y ciudadanos pobres. Evidentemente y después de más de tres décadas de “pseudodemocracia” en España, la finalidad por la que se comenzó a subvencionar a los partidos políticos ha quedado obsoleta y desfasada en la actualidad. La estrategia política de subvencionar a los partidos es antidemocrática y absolutamente insolidaria en nuestros días, máxime, considerando el entorno de crisis política, económica, financiera, institucional y de valores que padece nuestro país.

Mientras se subvenciona a los partidos, millones de españoles se encuentran en una indignante situación de pobreza y desempleo. La sociedad civil española está siendo expoliada, entre otras causas, por mediación de la subida de impuestos más alta de la democracia, al objeto de mantener unos burocratizados partidos que deberían financiarse en virtud de sus propios medios.

Las millonarias subvenciones recibidas continuamente por los partidos (que ni siquiera se rigen por la Ley General de Subvenciones) han provocado que estos se conviertan en mega organizaciones dotadas de un inmenso poder y de un desmesurado afán de control político. Indudablemente, el altísimo nivel de politización y de corrupción que soportan las instituciones públicas españolas y la conversión de nuestra Administración en una agencia de colocación para los allegados y los amigos de los políticos es el resultado de todo ello.

En la actualidad, los partidos políticos españoles se financian públicamente vía PGE (las comunidades autónomas y los ayuntamientos también financian a los partidos), e igualmente, de forma privada a través de cuotas y donanciones (dotadas de incentivos fiscales).

La sociedad civil española reclama la abolición de las subvenciones a los partidos. No basta con reducir un porcentaje las subvenciones a los partidos (el Gobierno ha reducido durante dos años consecutivos un 20% las mismas) sino que es vital, en relación a la regeneración democrática que necesita España, erradicarlas completamente. La eliminación de las subvenciones a los partidos, en el supuesto caso que algún gobierno decente y honrado pusiera en práctica esta medida, podría convertirse en un referente que terminara con la cultura de la subvención (y, por ende, de la corrupción) en España. Las subvenciones públicas deberían transformarse en ayudas sociales destinadas únicamente a los ciudadanos necesitados.

La mayor parte de los integrantes de la casta política española defiende que el mantenimiento de un sistema democrático implica subvencionar a los partidos. No obstante, con esta fórmula de financiación pública, la democracia es económicamente insostenible para los españoles porque debemos destinar parte de nuestros impuestos para financiar a los partidos y a los numerosísimos políticos (muchísimos de ellos innecesarios y prescindibles) que trabajan para ellos (y no para España). El problema es que estamos financiando nuestra propia ruina debido a que los partidos y la mostruosa estructura política que los mismos han creado están minando la economía española.

Alternativas a la financiación de los partidos con dinero público: la financiación privada. La financiación privada permitiría que los ciudadanos o las empresas pudieran financiar de forma voluntaria al partido concreto con el que tuvieran mayor grado de empatía. Todo lo contrario de lo que sucede con el sistema de subvenciones actual en el que los ciudadanos financian con sus impuestos a todos los partidos, independientemente de la afinidad política o de la intención de voto que tengan. Si los partidos representan a los ciudadanos (algo que no sucede actualmente en España) deberían ser estos quienes los financien de forma voluntaria.

La financiación privada de los partidos políticos representa una alternativa saludable que revitalizaría nuestro sistema democrático siempre que exista un riguroso control (regido por los principios de transparencia y publicidad) de las donaciones y aportaciones para evitar que determinados lobbies presionaran inmoralmente a fin de conseguir que los intereses particulares pudieran prevalecer sobre el interés general. Igualmente, se podría valorar el establecimeinto de un límite de cantidad en relación a las donaciones y las aportaciones procedentes de empresas pertenecientes a determinados sectores estratégicos.

En relación con lo anterior y en aras de la transparencia (la gestión de los fondos de los partidos es opaca actualmente), una medida que debería adoptarse en España es la relativa a la despolitización del Tribunal de Cuentas con el objetivo de dotarlo de independencia y, a la vez, de agilidad para detectar cualquier infracción antes de su prescripción.

No se trata de imponer sistemas de financiación importados, por ejemplo, de países anglosajones (que poseen democracias más avanzadas que la nuestra) sino de crear un sistema propio que exima a los ciudadanos de la imposición de financiar con sus impuestos a los partidos políticos.

La casta política española no está por la labor, puesto que el mantenimiento de sus privilegios y de su nivel de vida está por encima de los intereses de los ciudadanos. ¿Cuándo anunciará el Gobierno una reforma democráticamente regeneradora (eliminación de subvenciones a los partidos y a sus fundaciones afines, a los sindicatos y a la patronal) y que, además, beneficie económicamente a los ciudadanos?

La separación de poderes en España es una utopía. El centro neurálgico de la corrupción política está ubicado en la politización y la falta de independencia de la Justicia. Los altos tribunales de Justicia de nuestro país están controlados totalmente por el poder político. Evidentemente, esta es la fórmula que utiliza la casta para blindar su impunidad. El objetivo de la dictadura PP-PSOE es someter el poder judicial al ejecutivo y, hasta la fecha, este fin se ha conseguido con creces. La casta política ha diseñado la estructura y el funcionamiento del sistema judicial a su imagen y semejanza.

El anteproyecto de reforma del Consejo General de Poder Judicial, aprobado el 21 de diciembre de 2012 en consejo de ministros y que concluirá en los próximos meses, pretende convertir este órgano en otro departamento más al servicio del Ministerio de Justicia (y por tanto del Gobierno), y aumentar el nivel de politización de la Justicia española. Según Gallardón, el objetivo de la citada reforma es despolitizar el CGPJ pero en realidad se trata de conseguir todo lo contrario. El ministro pretende politizar, más aún, tanto el funcionamiento como el sistema de elección de los vocales del citado órgano judicial (se quiere reducir el ya de por si escaso peso que tienen los jueces para elegir y, de este modo, dotar de mayor poder de elección al Congreso y al Senado). En resumen, el objetivo principal de la reforma es que la casta política controle totalmente el CGPJ.

Cuando el PP estaba en la oposición criticaba la politización de la Justicia que el PSOE diseñó a su medida pero una vez en el gobierno (e incumpliendo una vez más su programa electoral) está haciendo todo lo posible para que la Justicia siga siendo una marioneta del poder.

Está meridianamente clara la estrategia del Gobierno en materia judicial: cuanto más politizado se encuentre el CGPJ, mayor control político podrá ejercer el Gobierno sobre el sistema judicial en su conjunto. No olvidemos que los magistrados del Tribunal Supremo los designa el CGPJ. Igualmente, una tercera parte (Sala de lo Civil y Penal) de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autonómas son elegidos por el CGPJ. Los miembros del Tribunal Constitucional también los elige el CGPJ, las cortes y el Gobierno. Aunque la politización judicial no termina aquí. Del mismo modo, el Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno. Respecto a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, únicamente tres de los ocho miembros que integran la misma son elegidos democráticamente entre los magistrados adscritos a dicho órgano.

La casta política no tiene ningún interés en despolitizar la Justicia debido a que el control de la misma garantiza a los políticos actuar en régimen de impunidad. ¿De qué sirve, por ejemplo, aumentar las penas para los políticos corruptos (medida que ha calificado Rajoy como imprescindible) si la Justicia sigue subordinada a los intereses del gobierno de turno?

La politización de la Justicia deriva en la instauración de un sistema de evaluación del desempeño y de selección de jueces basado en la afinidad política. La mejor estrategia para subir peldaños en el escalafón de la Carrera Judicial es significarse políticamente y compadrear con el PSOE o con el PP. Una plataforma idónea para ello la representan las asociaciones de jueces de marcado perfil ideológico y político. Sin duda, el mejor camino para llegar a ser magistrado de un alto tribunal es posicionarse políticamente. Desgraciadamente, la valía, la meritocracia y, por supuesto, la independencia suelen ser un lastre para muchos jueces que, no siendo amigos del poder, desean ascender profesionalmente.

Otro asunto indignante es el relativo al aforamiento (un privilegio más propio de la Edad Media que de un Estado de Derecho) del que gozan determinados cargos políticos y judiciales. En realidad, se trata de una vía de escape que utilizan los políticos corruptos para poder ser juzgados (y absueltos) por los altos tribunales ya que éstos están fuertemente politizados. Este es uno de los motivos por los que todos los políticos imputados, en virtud de algún caso de corrupción, se aferran a su escaño parlamentario y no dimiten, puesto que si dimitieran podrían ser juzgados por la justicia ordinaria y, por tanto, correrían el riesgo de ser condenados. La extrema lentitud de la Justicia española, uno de los mejores aliados de la corrupción política, se encarga del resto.

Mención aparte merecen los politizados indultos. En el sorprendente caso que sobre un político corrupto caiga una sentencia condenatoria, ya se encargará el gobierno de turno de indultarle.

La voz de las urnas es la única responsabilidad que la casta política está dispuesta a asumir. No obstante, los políticos que hayan originado, en función de irregularidades delictivas en su gestión, la insolvencia del Estado, de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento o de cualquier institución pública deberían ser procesados y responder penalmente por sus actuaciones. Es imprescindible exigir a los gestores políticos responsabilidades en virtud de sus comportamientos de gestión, al igual que se hace con los gestores empresariales. Las consecuencias de la malversación de caudales públicos derivan en escenarios económicos de alta morosidad que destruyen el tejido empresarial, potencian el desempleo y empobrecen a la ciudadanía. Los accionistas de la Administración son los ciudadanos y éstos deben exigir a sus directivos (los gestores públicos o políticos) una gestión transparente.

Multitud de actuaciones políticas delictivas, penadas por la ley, quedan impunes y son amparadas, denigrantemente, por los representantes de la Justicia, supuestos garantes de la misma, que no velan por el interés público sino que se rigen según las directrices gubernamentales.

Del mismo modo, la inseguridad jurídica provoca fugas masivas de capital y desinversiones empresariales. España tampoco ofrece un sistema judicial dotado de garantías a las empresas. La vertiente legal es uno de los aspectos fundamentales que valora una compañía a la hora de invertir en cualquier país.

Mientras la Justicia siga secuestrada y los gestores públicos no se sometan al imperio de la ley, la corrupción seguirá institucionalizada en España.

15 primeros meses del Gobierno Rajoy: la España productiva sigue manteniendo a la España subvencionada, un millón de desempleados más y empobrecimiento brutal de los españoles. ¿Algún político está en el paro?

Política económica de austeridad mal enfocada. La política económica centrada única y exclusivamente en la austeridad, es decir, en lograr el objetivo de déficit a toda costa, no está dando los resultados esperados, puesto que el enfoque de la misma no ha sido el más idóneo. Aunque algunos prestigiosos economistas y determinadas instituciones financieras de ámbito internacional hayan felicitado al Gobierno por cerrar el ejercicio 2012 con una cifra de déficit del 6,74% (sin contar el rescate financiero y apoyándose en el maquillaje contable ya que no se han contabilizado multitud de facturas impagadas a los proveedores por parte de la Administración, se han cobrado impuestos por adelantado y se han retrasado devoluciones fiscales) la realidad es que el desigual reparto de la carga del ajuste ha provocado un espectacular empobrecimiento de las familias españolas y un aumento de la mortandad empresarial.

Independientemente de lo anterior, es posible que la cifra oficial de déficit presentada por el Gobierno pueda ser inexacta.

En cualquier caso, no representa ningún éxito conseguir esta aceptable cifra de déficit porque la contrapartida ha sido empobrecer a los españoles y continuar destruyendo nuestro tejido empresarial, formado mayoritariamente por pymes y autónomos.

Teniendo en cuenta el entorno actual, la austeridad sería una estrategia económica efectiva si la misma estuviera centrada en erradicar la cultura basada en la subvenciones y el gasto público-político improductivo. No obstante, el Gobierno ha preferido reducir el gasto público social y gravar fiscalmente a la economía productiva, destruyendo, por tanto, al sector privado al objeto de mantener intacto el aparato político-administrativo autónomico y estatal.

Reforma laboral, hasta la fecha, destructora de empleo. La escasamente profunda e incompleta reforma laboral (esperemos que pueda dar sus frutos en el futuro) no ha servido, hasta la fecha, para frenar la destrucción de empleo sino que ha provocado el efecto contrario, propiciando, por tanto, un aumento considerable del desempleo. ¿Servirá la reforma laboral para crear empleo cuando la economía española crezca? ¿Se hubieran destruido tanto puestos de trabajo sin el efecto de la reforma laboral?

Además de destruir empleo, la reforma laboral también ha generado una reducción de los salarios provocando una pérdida de riqueza de las familias españolas. (Efecto demoledor, tanto en cuanto la rebaja de los salarios ha venido acompañada de un aumento excesivo de los impuestos).

Un aspecto en el que está fracasando la reforma laboral es el relativo a que los empresarios disponen de facilidades para despedir pero los trabajadores, una vez despedidos, no tienen la misma facilidad para reintegrarse en el mercado de trabajo. (Al contrario de lo que sucede en algunos países anglosajones y del norte de Europa cuyos mercados laborales disponen de la denominada “flexiseguridad”).

Posiblemente, los inicialmente denostados “minijobs” pudieran ayudar a los más jóvenes a emplearse aunque gozando de salarios inferiores (mejor ganar poco que no trabajar).

Rescate de los cajeros (políticos) corruptos. El Gobierno actual heredó un sistema financiero quebrado (la quiebra afectaba a la mitad del sistema, es decir, a las antiguas cajas de ahorros) y un BdE cooperador necesario de esta bancarrota generalizada. El Gobierno hubiera tenido que dejar caer a aquellas cajas de ahorros inviables (respetando legalmente los depósitos de hasta 100.000 euros de los ahorradores) pero prefirió salvar a los políticos (gestores y causantes de la quiebra de las cajas) que fueron, además, indemnizados con cantidades millonarias. El coste del rescate financiero supone el endeudamiento de las póximas generaciones de españoles.

Además de que miles de empleados de estas entidades financieras están engrosando las listas del paro, tampoco ha servido el rescate financiero para reactivar el crédito que tanta falta les hace a las pymes y a los autónomos.

De igual modo, la obra social de las antiguas cajas de ahorros ha sido, en multitud de casos, reducida al mínimo o prácticamente eliminada. (La liquidación de la obra social de algunas cajas de ahorros bancarizadas, conjuntamente con los recortes sociales, entre otros, en materia sanitaria y educativa ejecutados por el Gobierno, han contribuido a empobrecer más aún a quellos españoles necesitados de ayuda).

Negación de la institucionalización de la corrupción. Casta política corrupta (con excepciones). Zapatero negó la crisis económico financiera. Del mismo modo, Rajoy niega la existencia de un Estado corrupto hasta la médula e, igualmente, reniega de la necesidad de instaurar una verdadera democracia que suplante al actual sistema antidemocrático sustentado por un modelo territorial obsoleto, inviable económicamente y despilfarrador (y por una casta política, mayoritariamente, corrupta e indigna).

La corrupción está institucionalizada, tanto en cuanto parasitan en la Administración cientos de miles de empleados públicos sin oposición (por tanto, no son funcionarios) y enchufados por los partidos políticos, principalmente, por el PSOE y el PP, a los que hay que pagarles un sueldo, por encima de la media del sector privado, que sale de los impuestos de los españoles. No olvidemos que el principal problema de España es de origen político.

Empobrecidos por los monopolios y los oligopolios. El Gobierno está permitiendo que los altísimos precios impuestos por los monopolios (sector del gas) y los oligopolios (sector petrolífero, eléctrico y telecomunicaciones), además de las subvencionadas energias renovables, disparen las facturas y por consiguiente empobrezcan a los españoles.

Destrucción de pymes y autónomos. Siguiendo la estela económicamente destructiva emprendida por Zapatero, el Gobierno Rajoy termina sus primeros 15 meses de gestión con un millón de nuevos parados y más de 30.000 empresas cerradas (pertenecientes al sector privado, puesto que casi no se han cerrado empresas públicas).

Las últimas medidas anunciadas por el Gobierno (Estrategia de emprendimiento y empleo joven) al objeto de estimular la economía y el empleo incluyen una reducción de las cuotas a la Seguridad Social (tarifa plana) para los nuevos emprendedores menores de 30 años (50 euros, aproximadamente, durante el primer semestre). Igualmente, éstos también podrán disfrutar de bonificaciones por un periodo de dos años más. Es posible que esta medida concreta tenga más caracter recaudatorio que incentivador, puesto que si el entorno legislativo y económico no cambia (impuestos confiscatorios, mínima libertad económica, excesiva intervención estatal, falta de unidad de mercado, inseguridad jurídica, etc.) muchos de estos nuevos emprendedores, aunque puedan pagar las cuotas durante los 2,5 primeros años bonificados, tengan que cerrar sus negocios una vez desaparezcan los incentivos.

¿Qué ocurre con el resto de autónomos o emprendedores mayores de 30 años? ¿Piensa el Gobierno que estos no necesitan ayuda?

El citado paquete de ayudas (50 medidas, aproximadamente) tiene como objetivo apoyar la financiación a las empresas, sobre todo a pymes, rebajar la factura fiscal a las empresas de nueva creación, reactivar el plan de pago a proveedores, reducir las cotizaciones a las empresas que contraten a jóvenes, etc.

No obstante, el Gobierno sigue sin querer abordar el verdadero problema que no deja a España respirar y este no es otro que la existencia de un Estado insostenible que absorbe todos los recursos (también el crédito) que necesitan las empresas y utiliza al sector privado para financiarse vía asfixiantes impuestos. Tanto en cuanto no se produzca un radical ajuste del sector público, todas las medidas de apoyo al empleo y de reactivación de la economía no tendrán el efecto deseado.

El Gobierno prometió rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social (y no únicamente a los nuevos emprendedores). Del mismo modo, Mariano Rajoy también prometió que las pymes y los autónomos pagarían el IVA una vez cobradas las facturas (la adopción de esta medida es vital pero se ha aplazado hasta 2014). Otras dos promesas incumplidas. También ha insinuado el Gobierno que bajará los impuestos en 2014, ¿quién se lo cree?

¿Para qué anuncia el Gobierno una Ley de Emprendedores si posteriormente centra su política económica únicamente en disminuir el déficit subiendo los impuestos (sin reducir prácticamente el gasto público-político improductivo e innecesario) y acelerando, con ello, el fallecimiento de muchas empresas.

¿Es aceptable que una administración lance planes de empleo y líneas de ayuda a los emprendedores si después no paga las facturas o las pague cuando ya es demasiado tarde, incumpliendo, además, la Ley de Morosidad? No olvidemos que existe otra bola de facturas impagadas por parte de la Administración correspondiente al ejercicio 2012 con el objetivo de reducir la cifra global de déficit: 6,7% según el Gobierno (sin contar el rescate financiero y sin contabilizar las facturas guardadas en los cajones). Aún así, se trata del mayor déficit público de la zona euro, conseguido después de exprimir al sector privado, vía aumento de impuestos, para mantener casi intacto el insostenible sector público. La cifra de déficit se ha conseguido a base de expoliar a las familias, a las pymes y a los autónomos.

La novedosa Ley de Unidad de Mercado es otra broma de mal gusto, tanto en cuanto siguen proliferando multitud de leyes autonómicas diferentes. Sin duda, es más fácil para una empresa moverse en el espacio comunitario europeo que a través de los 17 reinos de taifas españoles. A modo de ejemplo, resaltar que las diferentes autonomías ni siquiera son capaces de unificar una única licencia de caza que pueda ser utilizada en todo el territorio nacional. Imagínense entonces como van a armonizar (únicamente por mediación de esta ley y sin acometer una verdadera reforma del modelo territorial del Estado) las miles de leyes autonómicas diversas que le causan a las empresas un perjuicio económico y competitivo enorme.

En cuanto a la racionalización del sector público empresarial, ¿cuántas empresas públicas han desaparecido desde la entrada en vigor del decreto ley promulgado a tal efecto?  (No sólo no se han reducido sino que han aumentado el número de empleados en 7.500 hasta octubre de 2012). La mayoría de las empresas públicas creadas, sobre todo, por los ayuntamientos y las comunidades autónomas, son deficitarias y, además, perjudican al sector privado capaz de convertir a estas pseudoempresas en compañías rentables.

¿Reforma de la Administración? Después de un año en el poder comienza ahora el Gobierno por anunciar la reforma de la Administración Local (ni en Bruselas creen que el Gobierno quiera reformar realmente la Administración). El Estado está hipertrofiado y se conocen perfectamente las económicamente insostenibles duplicidades y triplicidades existentes que están asfixiando a la economía productiva pero no hay ninguna voluntad política de erradicarlas, puesto que son la esencia de la “mamandurria” de la casta política. La ausencia de verdaderas reformas en la Administración implica que la corrupción y el despilfarro sigan siendo una constante y, consecuentemente, continúen falleciendo empresas a causa del retraso en los pagos.

En conclusión, todas estas medidas, leyes y estrategias, más mediáticas que efectivas, pertenecen al ámbito del marketing político y es fáctible calificar a las mismas como publicidad política engañosa.

La medida más importante para reactivar la economía y fomentar el empleo que podría adoptar el Gobierno es poner a dieta al Estado (eliminando la estructura político-administrativa superflua) pero ello supondría poner de patitas en la calle a miles de políticos parásitos y eso va en contra de los intereses de la casta.

Entre las insuficientes medidas para combatir la corrupción que ha propuesto el presidente del Gobierno en el recientemente celebrado debate sobre el estado de la nación destacamos las siguientes: un pacto anticorrupción, aumentar las penas para los corruptos y ampliar tanto la ley de transparencia como la ley de financiación de los partidos políticos.

Este discurso es puro marketing político y debe tratarse de una broma muy pesada que los españoles no están dispuestos a tolerar, puesto que el epicentro del problema de la corrupción está situado en el funcionamiento corrupto de nuestra pseudodemocracia. La clave para erradicar la corrupción radica en la separación de poderes y en acabar con el poder despótico de los partidos políticos. Sin embargo, llevar a cabo una despolitización de la Justicia significaría que muchos integrantes de la casta política acabaran vestidos con un traje a rayas y no precisamente de marca.

La falta de control político ha corrompido la Administración. La casta política ha instaurado desde hace décadas una forma corrupta de “hacer negocios” en España en aquellos casos que una empresa desee ganar un contrato con la Administración (o agilizar un trámite burocrático relevante):el pago de la famosa “mordida” o comisión para el político de turno. Esta delictiva forma de “hacer negocios” (el cohecho, el tráfico de influencias, etc., son ilícitos penales), propia de repúblicas bananeras, se ha institucionalizado en determinadas administraciones públicas reduciendo con ello la libertad económica en nuestro país. (El presidente del Gobierno piensa todo lo contrario, puesto que en su discurso, en el debate del estado de la nación, declaró que España está limpia y las instituciones están sanas).

El “mangoneo” del Aeropuerto de Ciudad Real. El paradigma del saqueo y de la quiebra de España, y un referente en cuanto a los “negocios” entre casta política corruptible y pseudoempresarios corruptores, lo tenemos en la negligente gestión del aeropuerto de Ciudad Real. La citada infraestructura aeroportuaria, actualmente en concurso de acreedores, está a punto de entrar en proceso de liquidación.

Este proyecto, anunciado por determinados medios de comunicación afines al poder como de carácter privado, nació, sin embargo, por mediación de una sociedad que recibió dinero público y a fondo pérdido de los ayuntamientos de Ciudad Real (PP) y Puertollano (PSOE) y cuyos accionistas fueron la Diputación y la Cámara de Ciudad Real. Igualmente, la construcción de los accesos desde la autovía los ejecutó, desde el inicio, la Junta de Castilla La Mancha (PSOE). Del mismo modo, el mencionado proyecto se vendió ante la sociedad y por parte de la casta como un modelo de desarrollo regional pero, en realidad, fue concebido como un “pelotazo” en el que se utilizaron herramientas de derecho público para favorecer intereses privados.

Gestión politizada y especulativa, sin visión empresarial. Los accionistas del aeropuerto desarrollaron la infraestructura ayudándose de sus propias empresas, convirtiéndose, a su vez, en proveedores de servicios de construcción y consultoría. Los citados socios no desarrollaron nunca el inviable plan de negocio, puesto que el objetivo principal fue la venta del aeropuerto, por este motivo la financiación se gestionó a muy corto plazo. El afán por vender la infraestructura a toda costa llevó a la Junta a contratar a aerolíneas low cost para que volaran desde Ciudad Real y aparentar, de este modo, que el proyecto tenía éxito.

Irregularidades de la Administración. Entre las irregularidades que llevó a cabo la administración regional manchega, podemos resaltar la modificación de la LOTAU al objeto de recalificar terrenos rústicos (previamente expropiados mediante un justiprecio inferior, según una sentencia del TSJCM que obliga a la sociedad gestora a indemnizar la diferencia a los propietarios) en industriales y beneficiar con cuantiosas plusvalías a los accionistas.

Nepotismo y enchufismo en la gestión del capital humano. La afiliación política y el amiguismo fueron los dos únicos criterios a seguir respecto a la selección de personal, puesto que fueron contratados en calidad de directivos, por ejemplo, un ex-concejal (PSOE), el marido de la alcaldesa de Ciudad Real (PP), etc. Incluso se contrató como empleado a un sobrino de José Bono. En relación a la política retributiva, se pagaron sueldos desproporcionados y millonarios a los directivos, máxime, cuando la mayoría de ellos carecía de formación específica, de experiencia en el sector, de dominio de idiomas, etc.

Quiebra de CCM. La extinta CCM, intervenida por el BdE, en parte, debido al agujero que le causó el aeropuerto, es el mayor de los múltiples acreedores que tiene el mismo. Esta entidad financiera concedió créditos millonarios a los accionistas sin exigirles aval y conformándose únicamente con la pignoración de las acciones del aeropuerto. Recordemos que en el consejo de administración de CCM se sentaron determinados políticos regionales relacionados, de una u otra manera, con el aeropuerto ciudadrealeño.

La gestión del aeropuerto de Ciudad Real, por tanto, se basó en la creación de una cadena de favores entre políticos regionales de Castilla La Mancha (mayoritariamente del PSOE pero también del PP) y los accionistas del mismo.

Si el aeropuerto entra finalmente en proceso de liquidación, ¿se presentarán (indirectamente) a la subasta los causantes de esta estafa?

El ejemplo del aeropuerto de Ciudad Real, que ha hundido la economía castellanomanchega, es extrapolable a casi todas las comunidades autónomas españolas. La Justicia todavía no ha pedido responsabilidades y los partidos políticos se dedican al “y tú más”.

Recordemos las recientes palabras de González Pons: “En España, quien la hace la paga”. Le faltó añadir que existe una excepción a esta regla debido a que los políticos están a margen de la ley.

Recientemente y ante el justificadísimo, creciente e imparable rechazo social que generan los políticos en España, tanto el presidente del Gobierno como la secretaria general del partido que gobierna nuestro país han intentado defender públicamente las “bondades” del sistema partitocrático o, mejor dicho, de la dictadura PP-PSOE.

Concretamente, el mensaje de ambos dirigentes, vía declaraciones en los medios de comunicación, se ha enfocado estratégicamente en la defensa a ultranza de un sistema corrupto que favorece exclusivamente a la casta política (y a sus familiares, amigos, allegados políticamente afines, etc.), a la banca y a las multinacionales. La contrapartida, desgraciadamente, radica en que este sistema demoníaco deja desprotegidos a los desempleados, a las familias, a las pymes y a los autónomos.

La presidenta de Castilla La Mancha ha tachado de “populistas” a aquellas personas que han osado criticar el sistema y la figura de los políticos. Del mismo modo, ha denominado “partidos estrafalarios” a las alternativas políticas que pudieran poner en jaque al bipartidismo. La auténtica realidad es que millones de españoles consideran al PP y al PSOE como los verdaderos partidos estrafalarios.

¿La nefasta gestión de los ERE andaluces (PSOE) o la trama Gürtel (PP), por citar dos casos de corrupción entre la multitud de ejemplos existentes, es propia de partidos estrafalarios?

¿Dejar a España en la quiebra (PSOE) y mentir a los españoles incumpliendo totalmente el programa electoral (PP) son herencias políticas típicas de partidos estrafalarios?

¿Recortar gasto público social en materia sanitaria y educativa mientras se mantienen intactos los vergonzosos privilegios políticos son estrategias que identifican a partidos estrafalarios?

¿Arruinar a las pymes, a los autónomos y a la clase media española y subir los impuestos, a la vez que se sostiene un hipertrofiado, gigantesco, ineficiente e inviable económicamente Estado de las autonomías (que no tiene otra razón de ser que servir de “mamandurria” a la casta política) es característico de partidos estrafalarios?

¿Politizar la Justicia (todavía más de lo que en la legislatura anterior la politizó el PSOE) e impedir el acceso de los ciudadanos a la misma mediante la imposición de injustas y desproporcionadas tasas, mantener intacta la indignante política antiterrorista actual que, además, menosprecia a las víctimas, etc., pueden considerarse acciones inherentes a partidos estrafalarios?

Los ciudadanos (o, mejor aún, los periodistas) podríamos formular estas y otras preguntas al presidente del Gobierno pero seguramente nos recibiría una pantalla de plasma.

El populismo lo ejercen los políticos (tanto de un signo como de otro) al defender una dictadura partitocrática disfrazada de democracia. La casta, verdaderamente, no defiende el sistema sino a los privilegios políticos que se derivan del mismo. El centro neurálgico de estos privilegios se encuentra en el poder omnipresente de los partidos políticos e, igualmente, en el mantenimiento de un megaestado autonómico que está hundiendo a la economía española.

La estrategia ideológica de adoctrinamiento político consistente en dividir a la sociedad sectariamente (entre ciudadanos o votantes de derechas y de izquierdas) le ha valido a los dos principales partidos para alternarse en el poder continuamente, consolidando de esta manera el sistema partitocrático.

La sociedad civil debe tomar conciencia de la obsolescencia del concepto ideológico “izquierda y derecha”, puesto que caer en el sectarismo es seguirle el juego a la casta política. La división ideológica y sectaria de la sociedad equivale a conceder el poder permanentemente a los dos principales partidos políticos. Una sociedad civil madura no puede alinearse con la iquierda ni con la derecha (conceptos desfasados y arcaicos).

España se hunde debido a un sistema politico que no funciona. Nuestro país tiene un problema político (la crisis económica es subsidiaria). Si la casta no toma medidas urgentes encaminadas a la regeneración democrática desde dentro del sistema, existe un alto riesgo de estallido social que podría comenzar cuando millones de españoles no tengan nada que perder.

¿Cuál ha sido, desde la Transición, el principal problema que ha corrompido nuestro Estado pseudodemocrático de Derecho? Indudablemente, el inmenso poder que el sistema constitucional español ha concedido a los partidos políticos y, derivado de ello, el funcionamiento absolutamente corrupto y antidemocrático de los mismos. (Sin olvidarnos del perjuicio, a nivel económico, social y político, que le ha supuesto a España el Estado de las autonomías. Las comunidades autónomas han provocado la insostenibilidad económica de nuestra Administración, convirtiendo, además, a los políticos regionales en caciques modernos que se han apropiado del papel protagonista que le corresponde a la sociedad civil).

Los partidos políticos han creado, a su imagen y semejanza, un megaestado intervencionista que ha distorsionado la economía española, provocando con ello que el desarrollo empresarial y los negocios dependan, en gran medida, del poder político.

Del mismo modo, los partidos han politizado las instituciones públicas, de hecho, la Administración se ha convertido en un apéndice de estos. (La Justicia constituye el máximo exponente de esta politización).

Igualmente, las antiguas cajas de ahorros (la mitad del sistema financiero español), a causa de la politización de las mismas, han sido expoliadas y quebradas por miembros, entre otros, de los dos grandes partidos políticos españoles.

La financiación (opaca) de los partidos políticos procede, en parte y vía generosas subvenciones públicas, de los impuestos de los españoles. ¿Desean los ciudadanos, axfisiados por una injusta y confiscatoria presión fiscal, seguir financiando con sus impuestos a los partidos políticos?

En definitiva, los partidos políticos han ejercido un férreo control sobre la sociedad española, transformando un proyecto de sistema democrático en una auténtica dictadura partitocrática. (O en una “partitobancacracia”, puesto que el nexo de unión y el grado de dependencia existente entre el Estado, la banca y los partidos políticos ha resultado crucial en el camino que ha conducido a España a la quiebra). La partitocracia, por tanto, ha permitido, durante más de tres décadas, que la estabilidad (y la protección) de los partidos políticos prime sobre la de España y los españoles. En otras palabras, los partidos políticos han secuestrado a la democracia.

El régimen partitocrático y corrupto del 78, fundamentado en el descomunal poder de los partidos políticos, ha muerto. En consecuencia, el problema de España es de origen político. A esta conclusión están llegando millones de españoles que comprueban como la corrupción política ha invadido a todas nuestras instituciones públicas. La grave crisis económica, provocada por la corrupción y el despilfarro del dinero público por parte de una casta política parasitaria y corrupta (que también cuenta con honrosas excepciones), está marcando el final de una etapa.

Sin embargo, la inmovilidad de los partidos y el miedo de la casta a perder poder impide la regeneración democrática que necesita España y demanda la sociedad.

El proceso de transformación del sistema político corrupto que actualmente tiene España en una verdadera democracia se desarrollará con éxito si la sociedad civil consigue ganar el pulso a la casta política (que pretende mantener el sistema tal como está para seguir enriqueciéndose y poder continuar disfrutando de unos inmorales e inmerecidos privilegios a costa de empobrecer cada vez más a los ciudadanos).

Los españoles están pidiendo a gritos una reforma de la Constitución y, por tanto, un nuevo planteamiento legislativo en lo referente a las reglas del juego democrático. El modelo de Estado autonómico, la actual ley electoral, el funcionamiento antidemocrático de los partidos políticos y la politización de la Justicia son los pilares sobre los que se ha asentado la corrupción política. España tiene que abrirse a una democracia real en la que el poder lo ostente la ciudadanía y no los partidos políticos.

La sociedad civil española, de forma madura y pacífica, debe indicar el camino a seguir. ¿A qué estamos esperando?

Partidos formados por ciudadanos, ¿alternativa al bipartidismo corrupto? España nunca ha sido una democracia sino una cleptocracia.

Los intereses espurios de la casta política española difieren enormemente de los que tienen los ciudadanos. Un mensaje muy utilizado por la casta para engañar a los ciudadanos consiste en aludir constantemente a la identificación de la marca España con los conceptos de democracia y Estado de derecho. Desde la Transición, la sociedad española ha asimilado esta idea como verdadera. No obstante, en la actualidad y a causa, entre otras, de la alarmante corrupción política existente la percepción de los ciudadanos es completamente diferente, puesto que estos asocian el sistema político de nuestro país con el de una cleptocracia.

La cleptocracia es propia de las dictaduras. (Los españoles nos encontramos sometidos a la dictadura de la partitobancacracia o el bipartidismo corrupto). La economía en un régimen cleptocrático está supeditada a los intereses de los gobernantes cleptócratas., para ello, la corrupción política juega un papel protagonista. (Multitud de miembros de la casta entran en política sin apenas o ningún patrimonio y se hacen archimillonarios con esta actividad. De forma paralela, se produce un empobrecimiento de las familias, las pymes y los autónomos). Un sistema cleptocrático se caracteriza por establecer el poder a través de la institucionalización de la corrupción en todos los niveles de la Administración, desarrollando, para lograr este fin, estrategias basadas en el nepotismo y el clientelismo político. (El Estado de las autonomías ha multiplicado la corrupción por 17 y ha institucionalizado la misma en comunidades autónomas y ayuntamientos con el inestimable apoyo de las redes políticas clientelares). La Justicia en una cleptocracia aplica la ley implacablemente a los ciudadanos mientras que los gobernantes cleptócratas gozan de absoluta impunidad. (En nuestro país, la Justicia está fuertemente politizada, por tanto, los políticos corruptos son juzgados con excesiva benevolencia. Si excepcionalmente un político es condenado por corrupción, siempre podrá ser amparado por un indulto gubernamental). Los gobiernos cleptócratas suelen gravar, mediante impuestos confiscatorios, a los ciudadanos al objeto de mantener los privilegios de los gobernantes. (En España, se recorta en sanidad, educación, servicios sociales, etc., mientras se mantienen televisiones públicas ruinosas, empresas públicas deficitarias, asesores enchufados, políticos prescindibles con sueldos desorbitados, etc. Los desproporcionados impuestos y los recortes a la población sirven para mantener la estructura política, institucional y administrativa intacta). Es factible afirmar, por consiguiente, que España es una democracia sólo en apariencia, evidentemente, la casta se ha encargado de diseñar un disfraz a medida de sus necesidades e intereses (perjudiciales para la sociedad).

En democracias asentadas, por ejemplo en USA o Inglaterra, el bipartidismo goza de una salud aceptable, por tanto, el problema no radica en la coexistencia de dos grandes partidos políticos con representación mayoritaria sino en el funcionamiento de los mismos y del sistema democratico. En España, la corrupción consustancial a los partidos políticos ha permitido la politización de las instituciones públicas, consecuentemente, las corruptelas políticas se ocultan fácilmente con la ayuda, entre otros, del Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. La separación de poderes brilla por su ausencia en el régimen cleptocratico español.

¿Pacto anticorrupción?, ¿Ley de transparencia?, sin duda, la casta pretende seguir riéndose de los españoles. Nuestro sistema antidemocrático necesita urgentemente una nueva ley de partidos que incluya controles externos para combatir la corrupción. Del mismo modo, también es vital realizar una reforma de la ley electoral que permita a los ciudadanos elegir a sus diputados para que los partidos no puedan confeccionar listas integradas por políticos mediocres, sin formación ni cualificación, y corruptos.

La regeneración democratica que necesita España no será liderada por la casta política, puesto que ello significaría una merma de poder y una pérdida de privilegios. Por tanto, la sociedad civil, que se encuentra al margen del sistema y sin ninguna participación democratica activa (la casta considera a los ciudadanos como meros votantes), debe tomar la iniciativa.

Al menos, a nivel local (y autonómico) existe una alternativa al bipartidismo corrupto: los partidos formados por ciudadanos. En Torrelodones, un partido integrado por ciudadanos ganó las últimas elecciones y sus primeras medidas estuvieron encaminadas a dar ejemplo, de hecho, el nuevo equipo de gobierno local se bajó el sueldo y atajó el despilfarro. Actualmente, este ayuntamiento madrileño tiene sus cuentas saneadas.

¿Comenzamos ya? La solución la tiene la sociedad civil.