Hay que hacer algo

22.08.10 @ 23:05:33. Archivado en política

Con la alevosía propia de los regímenes que más desprecian a sus ciudadanos, el consejo de ministros de pleno agosto ha anunciado que iniciará los pasos para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo confeso de que a través de esta norma puedan alcanzarse los objetivos que el Tribunal Constitucional vetó en el recurso sobre el Estatuto de Cataluña. De paso, permítanme recordarles que el Sr. Ministro de Justicia se implicó personalmente a fondo en la defensa del Estatuto, y que curiosamente su negociado, el de Justicia, fue el que el Constitucional declaró íntegramente contrario a la norma máxima. ¿Algún atisbo de dignidad del Sr. Ministro ante tamaña desautorización? No, por supuesto, estamos en España y gobiernan los socialistas: impasible el ademán, vamos a colar por la puerta trasera lo que no nos han aceptado por la principal.

Evidentemente se trata de un tema lo suficientemente denso y lejano al conjunto de la ciudadanía como para que nadie pierda un simple minuto de sus vacaciones pensando en qué medida una modificación del Poder Judicial afectará a su vida cotidiana. Y el Gobierno cuenta con ello, en otra muestra del celebérrimo talante del Presidente. Es el despotismo al que me he referido en otros artículos. Escasamente ilustrado, pero implacable en la persecución de sus objetivos, que en este caso es profundizar en la vía de derribo del que probablemente sea el último fundamento sólido del Estado: la Justicia. Podríamos ahora extendernos sobre este punto, pero no lo haré por no alargar más el tema, porque me interesa mucho más centrar el foco sobre la actitud del Gobierno y más concretamente de su Presidente, auténtico artífice de esta demolición, que ya no cabe calificar siquiera de controlada, del edificio constitucional soslayando el procedimiento legal de modificación de la Carta Magna.

Son enormemente descriptivos de la gravedad del asunto los siguientes artículos que les enlazo, y que proceden además de dos puntos del arco político absolutamente dispares en lo ideológico: Rosa Díez y Agapito Maestre.

Hay que empezar a pensar seriamente en hacer algo. Yo no sé si esto es desacato, alta traición, prevaricación o simple falta absoluta de principios. Pero no podemos tolerar impasibles que el Gobierno se pase las leyes y las resoluciones judiciales, y muy en particular la Constitución, como vulgarmente se dice por el forro. Hay que empezar a adoptar iniciativas claras y visibles, basadas en el principio irrenunciable del respeto a la legalidad y la supremacía del estado de derecho. No sé, como Rosa Díez, qué mecanismos le quedan al Estado ante una situación impensable, como es su propia violación a manos del Gobierno, pero ha de existir algún mecanismo legal, por excepcional que sea, para empezar a poner las cosas en su sitio. Juristas tiene la oposición, ya que en el PSOE al parecer nadie está dispuesto a dar un paso al frente, para estudiar el asunto. Pónganse a ello, afinen bien la elección del mecanismo, el redactado y la argumentación, pero es hora de dar un aldabonazo que despierte a la ciudadanía de este letargo que está permitiendo a José Luis Rodríguez Zapatero llevar a la Nación al borde del abismo por medio de la destrucción de su marco legal.

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