¡Es la seguridad jurídica, estúpidos!

20.06.10 @ 17:53:04. Archivado en La vida misma

Sí, claro, también es la economía y por supuesto la política. Pero la seguridad jurídica es esencial en la lucha por conservar o recuperar la credibilidad de un gobierno y de un país.

Era Spengler quien decía aquello de que al final, la supervivencia de la civilización depende de un pelotón de soldados. Y fue algún periodista quien, describiendo gráficamente la imagen de una hilera de casacas rojas resistiendo el embate de la caballería en la Guerra de Crimea, acuñó la famosa expresión “la delgada línea roja”, que luego se ha usado metafóricamente para identificar una vez más la frágil pero clara división entre la civilización y la barbarie.

Pero hace unos meses leí a alguien, y lamento mucho no recordar a quién, que en realidad lo que define la existencia de un verdadero estado (y para mí sin eso no se puede hablar de civilización) es la existencia de una estructura jurídica que se sustenta básicamente en un cuerpo de notarios y registradores civiles, mercantiles y de la propiedad. Total, que lo conveniente será que al pelotón de soldados le siga otro, mucho menos aguerrido y espectacular, pero igualmente eficaz e implacable, de sesudos fedatarios públicos que consoliden el terreno ganado y lo hagan tentador a ojos de quienes pretendan establecer en él su existencia, sea personal o empresarial.

Esto viene a cuento de que una de las lacras que más tardaremos en sacudirnos de las muchas que nos va a dejar esta era zapaterina que padecemos, y por extensión del mandato de la izquierda, es la pérdida del sagrado concepto de la seguridad jurídica, desgracia que es en muy buena medida la que justifica la falta de credibilidad de España frente a estados extranjeros e inversores.

Se empieza por enterrar a Montesquieu en plan perdonavidas de taberna (hazaña muy anterior al zapaterismo); se continúa alterando resoluciones legales en el trayecto que va de La Moncloa a la sede del BOE; se pasa a modificar vía fe de erratas textos legales ya publicados; se dictan normas al galope tendido para evitar que una empresa extranjera se adjudique la propiedad de una entidad española que ya habíamos decidido entregar a unos amiguetes; se procede a abroncar públicamente a la presidenta del Constitucional en plena tribuna de un desfile militar; y se acaba poniendo, quitando, sugiriendo, manteniendo, recusando o linchando mediáticamente a magistrados para que fallen a favor, en contra, o simplemente demoren ad calendas graecas una determinada sentencia, todo ello previa la insensata aceptación del principio por el cual una ley tan importante, por ejemplo, como el estatuto de Cataluña, puede estarse aplicando tranquilamente durante cuatro años mientras pesan sobre ella serias dudas de inconstitucionalidad.

Pero miren, todo eso, con ser terrible, a fin de cuentas al común de los mortales le pasa bastante desapercibido, salvo que estén francamente interesados en la política. Lo grave es que ese absoluto desprecio por la seguridad jurídica, esa concepción de las leyes como un instrumento más de la lucha partidaria, que no tiene más objetivo que mantenerse en el poder, lleva a generar monstruitos como la reforma laboral que han alumbrado los montes esta semana. Después de leerla un par de veces, lo primero que uno constata es que se dedican más de seis páginas a la exposición de motivos, que además viene plagada de excusas no pedidas, de justificaciones innecesarias y de explicaciones rocambolescas que en su conjunto dicen muy poco a favor de la real voluntad reformadora del redactor. De entrada, y únicamente en la primera página, hasta tres veces, tres, se dice que la crisis es general y tiene un origen internacional. Vamos, que el gobierno pasaba por ahí y se encontró el marrón.

Luego, claro está, se acaricia el lomo una y otra vez a los sindicatos, no sea que se irriten, y se les reconoce poco menos que como benefactores imprescindibles de la humanidad y garantes absolutos del progreso social.

Miren, si algo demanda el mercado laboral, y el otro, es seguridad jurídica, que no es más que el derecho a saber a qué atenerse en cuanto a las normas legales y a sus consecuencias judiciales. Pues de eso nada, olvídenlo: si hoy me preguntase un cliente si se lanza a ejecutar un despido ahora con más garantías que antes, no sabría que decirle. Y lo que es peor, tampoco si me pregunta si mejor ahora que dentro de seis meses, porque la condenada reforma se tramitará paralelamente como proyecto de ley, con lo cual puede ser reformada, en cuyo caso resultaría que este real decreto tendría una vida de apenas unos mesecillos. O sea, que en el tiempo en que se ve en los tribunales un despido podrían llegar a superponerse tres legislaciones diferentes: la anterior al 18 de junio, la posterior a ese día, y la que apruebe finalmente el Parlamento. ¿No es fantástico?

Esta es sin duda la mejor manera de crear empleo, de atraer inversión y de recuperar credibilidad internacional. Añádanle el hecho de que para muchas cuestiones el hipotético y desdichado inversor tendrá que habérselas con diecisiete legislaciones diferentes sobre el mismo tema para el mismo territorio nacional, y convendrán conmigo en que generar riqueza en España resulta de lo más motivador.

Un capricho insostenible

16.06.10 @ 17:31:49. Archivado en La vida misma

Todos hemos conocido a la típica parejita que ha comprado un casoplón en buenas condiciones económicas, lo exhibe a las visitas mediante fastuosas barbacoas junto a la piscina y la pista de paddle, se machaca en el gimnasio que hay junto al garaje de cinco plazas e invita a los amigotes a jugar al billar en la bodeguilla. Hasta que un día de pronto la casa se pone en venta. ¿Qué ha pasado, si tan barata la habíais comprado? Pues que entre el jardinero, el limpiapiscinas, el suministro de gasóleo en invierno para calentar las nueve habitaciones, el vehículo para cada miembro de la familia porque hasta el quiosco queda a tres kilómetros, los sistemas de seguridad porque proliferan los cacos, la pintura de las fachadas a cuatro vientos, la reparación de los tejados de pizarra y demás zarandajas, los gastos fijos mensuales superaban en mucho a la cuota de la hipoteca. La parejita simplemente se había metido en un gasto insostenible, muy superior a sus posibilidades.

En ésas estamos como país. En plena euforia de la transición, y con el doble objetivo de contentar a los nacionalistas por un lado, y por otro para diluir su tan cacareado hecho diferencial en un mar de café para todos, nos dotamos de una estructura absolutamente insostenible para una nación como la nuestra. La elefantiasis de nuestra administración pública y sobre todo de nuestra clase política (es un decir: admito que hablar de “clase” refiriéndose a nuestros políticos o viendo a Pajín bostezar en su escaño es ser muy optimista) superan todo lo razonable.

Me perdonarán ahora los murcianos, riojanos, cántabros, asturianos, navarros y otras comunidades autónomas uniprovinciales, pero voy a ejemplificarlo en ellos. Cada una de estas comunidades tiene su parlamentito, y sus diputaditos, y su gobiernito. Y todos ellos no precisamente con presupuestitos, sino más bien con presupuestazos. Pero vamos a ver, con el corazón en la mano, ¿en qué ha mejorado la calidad de vida de un murciano por el hecho de tener un parlamento y un gobierno propios? ¿Realmente la calidad democrática de la vida riojana ha crecido muchos enteros por el hecho de tener sus propios diputados autonómicos?

Yendo más allá, ¿qué ha ganado el conjunto de España con el hecho de que de pronto en el Congreso no haya representantes de los españoles, sino de los vascos, los catalanes, los asturianos y los baleares? ¿Quién se ocupa de los intereses generales de España? ¿Existe de hecho un interés general de España que no tope con el interés particular de un gobierno autonómico que habitualmente no tendrá más razón de ser que justificar su propia existencia y garantizar su pervivencia?

¿Se ha ganado agilidad, se ha mejorado en eficacia? Más bien al contrario: cada reyezuelo autonómico se preocupa de defender “su” AVE, “su” plan hidrológico y “sus” ríos, o de rechazar que en “su” territorio puedan establecerse infraestructuras tan políticamente incorrectas como un cementerio nuclear, una central térmica o una prisión. Eso sí, un aeropuerto en Ciudad Real o en Lérida (cielos, perdón: Lleida) siempre resulta muy útil.

¿Qué ventaja reporta al conjunto de los españoles que cada comunidad legisle de forma diferenciada, aunque sea en los matices, sobre cualquier tema? ¿Cómo es posible, aunque solo sea por mero cálculo de probabilidades, que nunca, jamás, una comunidad autónoma se limite a remitirse a la legislación estatal en lugar de dictar su propia normativa sobre lo que sea. ¿Hay alguna ventaja en ello para la sociedad?
Creo que era Sosa Wagner quien en un artículo en El Mundo, hace meses, alertaba de la falta de soberanía real del estado español, y ponía el ejemplo de que hoy por hoy el Estado no podría por ejemplo decidir la ubicación de una central energética ni el trazado de una infraestructura sin contar con la aprobación de comunidades autónomas, diputaciones provinciales, consejos comarcales y ayuntamientos. Conclusión: el estado español ya no existe de facto. Lo hemos sustituido por una pléyade de “nacioncillas rabiosas” (copyright Vidal Quadras) con un horizonte limitado en el mejor de los casos a unos cientos de kilómetros. Gran avance, sí señor.

El último puesto de trabajo

15.06.10 @ 19:57:25. Archivado en La vida misma

Zapatero ya solo está luchando por salvar el último puesto de trabajo, el único que realmente le importa: el suyo. Tanta impostación, tanto envolverse de pronto en la bandera del servicio a la patria arrostrando para ello cualquier desgaste personal no tiene en realidad más objetivo que ése: permanecer en el poder a cualquier precio. Que hay que renunciar a las propias creencias, se renuncia. Que hay que mentir descaradamente, se miente. Que hay que dejar en ridículo día sí, día también, a los colaboradores, aunque tengan rango de ministros o vicepresidentes, se hace. Que hay que engañar, con horas de diferencia apenas, a tirios y a troyanos, pues se les engaña.

No hay más: es la lucha por la supervivencia, por mantenerse en el sillón a cualquier coste. Cualquier persona íntegra, y más alguien que tanto ha pregonado la fidelidad a unos principios e ideales, cuando se ve obligado a aplicar todo lo contrario a aquello que decía defender, se va a su casa con la cabeza bien alta dejando que sean otros quienes se ensucien las manos con tan despreciables formas de gobierno. Cualquier persona decente dejaría a salvo a menos su ética personal. Pero para eso hay que tenerla, la ética.

Primero fue la guerra. No a la guerra, Aznar asesino, y ahora estamos más implicados que nunca en el conflicto de Afganistán y la guerra contra el terrorismo internacional, aportando mucho más esfuerzo bélico del que probablemente nuestro potencial real nos permite.

Luego fue el estatuto de Cataluña y su “apoyaré todo lo que salga del parlament”, para luego en encuentros privados traicionar a unos y a otros y confiar en que el Constitucional resuelva la papeleta, aunque la institución perezca en el intento, para así luego poder echar la culpa a “la derecha”.

Antes o después, no lo sé, estuvo la negociación con los asesinos, y sus proclamas de inflexibilidad mientras bajo la mesa se intercambiaban cromos en forma de propuestas inmorales.

Tampoco hay obstáculo para proclamarse radicalmente laicista y acudir a un desayuno de oración en la América profunda o ir a visitar al Papa.

Ahora le toca a la economía: jamás mientras estemos en el poder se recortarán los derechos sociales, hasta que toca recortarlos, claro está, y en ese momento se hace, sin pestañear.

Este hombre no puede seguir siendo presidente. No por mucho rectificar uno es más sabio. La reiteración en la rectificación lo único que constata es la contumacia en la equivocación, es la ignorancia supina, es la imprudencia suprema, es la incompetencia máxima. Quien constantemente ha de rectificar es porque constantemente se equivoca.

Se lo diré con un ejemplo brutal: no basta con condenar la violencia tras años de asesinar inocentes, sino que hay que pagar por los crímenes cometidos. El arrepentimiento atenúa la condena, pero no exime de ella. Pues lo mismo: no basta con renegar de todos los principios que se han revelado errados, sino que hay que pagar además por ello. Y el precio es la dimisión.