Luis Antonio González Pérez
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La colectividad y lo público
25.05.08 @ 11:02:10. Archivado en Artículos
La colectividad y lo público no parecen ser términos que correspondan al mismo concepto. Durante mucho tiempo quizás, nos hemos acostumbrado a que lo que es de unos pocos, o muchos, pero no de la totalidad, sea público y notorio. Por el contrario, lo público se ha convertido, más de una vez, en “coto de caza privado”.
Lo asociativo o colectivo no deja de ser una estructura social, una vertebración ciudadana, de las carencias de actuación, responsabilidad y gestión de lo público por parte de quienes están llamados a ello, o mejor dicho, quienes se han llamado a ello y el resto les hemos votado, o aceptado la decisión mayoritaria.
Más de una vez hemos tenido esta discusión en alguna llamada de teléfono o al leer algunas notas en prensa. Cuando un conjunto de personas se reúnen en torno a un tema para beneficio de sus socios, no es una asociación, es una cooperativa. Si se reúnen sin objetivos, entonces sin más, no son nada. Si su acción no repercute nada más que en si mismos, podrían incluso ser considerados una entidad mercantil.
Lo que diferencia a una asociación es ser esa realidad intermedia entre el ciudadano y la administración, que hace llegar a las personas la actividad, proyección o beneficio de sus acciones, dado que la administración no puede proveer a todos de sus intereses, sean estos sociales, culturales, políticos, etc. Por otra parte es una representación de la sociedad frente a la administración, dado que cada individuo de por si no tiene fuerza suficiente, capacidad o conocimiento para su propia relación con la administración, y porque la fuerza colectiva y la capacidad de ésta para la gestión y realización de proyectos, siempre será mayor y más eficiente que la del individuo.
Por tanto es una obligación de la administración generar, financiar, vigilar, controlar y favorecer la creación de un tejido asociativo eficiente y eficaz en la gestión, con proyección amplia, con objetivos definidos y con metas realizadas y realizables. Es una necesidad que se convierte en deber moral porque parte de su propia incapacidad para realizar aquello que los colectivos cubren con sus actuaciones.
En cambio es incansable el trasiego de administraciones que desconocen la realidad asociativa de sus entornos, que promulgan leyes en detrimento de estas organizaciones. No faltan las incongruencias, incluso las manifestaciones antidemocráticas en sus textos. Más sorprendente resultan las normas referidas a la financiación que a veces parecen estar hechas para no financiar a nadie.
Por otra parte los colectivos también tienen culpa por sus gestiones dudosas. La politización es uno de los grandes males del tejido asociativo. Pero sin duda lo que más doloroso resulta cuando uno conoce, pues ha vivido en él, el mundo asociativo, es la falta de objetivos claros, de conciencia social, de interés por el beneficio de la ciudadanía en general. Sobra demasiado “interés para cuatro” y falta mucha “generosidad para todos”.
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