Nicaragua: Daniel el tramposo

24.10.09 @ 14:17:58. Archivado en ACTUALIDAD

Mediante manipulaciones al borde de la ilegalidad, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha logrado con una chapuza de república bananera sortear el límite constitucional de su mandato y quedar habilitado para eternizarse en el poder.

Ha sido un golpe de mano -o de Estado- certero e incruento, propio de un astuto autócrata del pasado, en comparación con los embrollos de Hugo Chávez, que a lo largo de tres años y dos referendos tuvieron de cabeza a Venezuela, o con los de Manuel Zelaya, que mantienen a Honduras en la ruina.

Manipulada por Ortega, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, con seis jueces serviles ‒los tres titulares de fidelidad dudosa fueron sustituidos maliciosamente por sus suplentes orteguistas‒, impuso una reforma de hecho a la Carta Magna al declarar que las barreras constitucionales sobre la reelección de los presidentes merman el derecho de quien haya sido jefe del Estado ya que los diputados no tienen límites y todos los nicaragüenses son incondicionalmente iguales ante la ley.

La oposición ha hablado de aberración jurídica, de barbaridad política y del autoritarismo corrupto imperante en el país y recordado que una argucia parecida fue la base de sustento de la dictadura somocista.

De un modo tan sencillo, sin consultar a la ciudadanía, la reelección presidencial ha sido declara inconstitucional en Nicaragua. Salvando la distancia, sería como si en España la Sala Constitucional del Supremo declarase inconstitucional el régimen de las autonomías aduciendo que atenta contra la unidad de la nación establecida por la misma Carta Magna o que el heredero de la Corona sea la primogénita de los reyes Juan Carlos y Sofía, la infanta Elena, y no su hermano pequeño, el príncipe Felipe, porque la prevalencia de la línea sucesoria en el hombre sobre la mujer va en contra de la igualdad de todos los españoles consagrada por Ley de Leyes.

La reelección de Ortega tiene el rechazó frontal del 70% de los nicaragüenses, según una encuesta hecha por M&R Consultores encima de los acontecimientos. De modo que cabría esperar que Ortega saliera trasquilado cuando buscara esa reelección. Pero con sus antecedentes, el Consejo Supremo Electoral en sus manos y el populismo rampante que practica pocos confían.

Sin ir más lejos, los comicios municipales de noviembre del 2008 desembocaron en un fraude descarado a favor del orteguismo que, por ejemplo, llevó a Estados Unidos y la Unión Europea a congelar sus ayudas a Nicaragua. Poco comparado con lo que han hecho en Honduras. El régimen de Somoza se basó en un falso sistema de libertades, donde había elecciones, pero todas se la robaban, recuerda el Movimiento por el Rescate del Sandinismo. «Ortega y Somoza son la misma cosa», proclaman carteles opositores.

EEUU ha inscrito la reforma en «un patrón más amplio de acciones gubernamentales cuestionables e irregulares» que empezó antes de las tramposas elecciones municipales del 2008, ha reprochado la forma en que fue hecha, a espaldas del pueblo, y ha puesto en duda el compromiso del gobierno de Ortega con la Carta Democrática Interamericana. El líder del Comité de Relaciones exteriores del Senado, el demócrata John Kerry, afirmó que la manipulación de Ortega y de la Corte Suprema para sortear los límites constitucionales de su mandato, tiene aires del autoritarismo del pasado.

Los casos de Honduras y Nicaragua son parecida. En Honduras, la estratagema inconstitucional del presidente Manuel Zelaya para reformar la Carta Magna acabó con su destitución y destierro a punta de pistola. Las nuevas autoridades manipularon a su vez a la Corte Suprema para justificar lo que la comunidad internacional vio como un golpe de Estado.

Superada la etapa de los pronunciamientos militares, en América Latina los golpes de Estado de unos poderes a otro han sido moneda corriente desde que en 1992 el peruano Alberto Fujimori clausuró el Congreso Nacional y disolvió la Corte Suprema, un acción horrenda que fue oleado y sacramentado por la Organización de Estados Americanos (OEA), y desde que en 1993 el Senado venezolano declaró inconstitucionalmente vacante la jefatura de Estado mientras Carlos Andrés Pérez estaba siendo juzgado por presunta corrupción. De aquellos polvos vienen estos lodos.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com