A buenas horas

02.04.07 @ 20:36:11. Archivado en Économía

Causa estupefacción que el Tribunal Constitucional sustancie un conflicto planteado en 2002 cinco años después. El asombro aumenta cuando además se trata de una norma que nació muerta y nunca entró en vigor.

El caso es que el alto tribunal ha declarado inconstitucional el decreto ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo, conocido como el "decretazo", aprobado por el gobierno de Aznar en mayo de 2002, porque no había motivos extraordinarios para esa urgencia.

Es la primera vez, en ese sentido, que el TC anula un decreto ley por la urgencia con la que lo aprobó el Ejecutivo y quizás, por ello, el Constitucional se ha tomado su tiempo para estudiarlo, debatirlo y sentenciarlo. ¡Cinco años!

Un lustro ha tardado el máximo garante de velar por el cumplimiento de la Carta Magna en pronunciarse sobre un decreto que quedó paralizado tras la huelga general del 20 de junio de 2002, nada más acceder al ministerio de Trabajo Eduardo Zaplana, y del que nunca mas se supo.

Cabe imaginar que esa habrá sido la justificación de tan extraordinaria dilación. Los magistrados del TC se han pronunciado con tanto retraso, que el "decretazo" a estas alturas de la película, con la que está cayendo en este país, suena a un sucedido de un pasado remoto que ya no interesa ni a quienes lo recurrieron por inconstitucional.

Cierto es que nunca se caracterizó la administración de justicia española por su agilidad para resolver conflictos pero lo del Tribunal Constitucional resulta paradigmático como ha evidenciado esta sentencia o el tiempo que se está tomando para pronunciarse sobre los recursos planteados contra el nuevo Estatuto de Cataluña de plena vigencia legal y oficial desde hace meses.

La lentitud de la justicia provoca además situaciones de alarma social como la generada en Martorell por una juez que ha sido incapaz de instruir un sumario en cuatro años y no ha tenido más remedio, tal y como prevé la ley, que poner en libertad a dos presuntos asesinos que llevaban cuatro años en prisión a la espera de juicio.

La magistrada no ha explicado el motivo de su inexcusable retraso para concluir el sumario, posibilitando la salida de dos peligrosos sujetos que, según expone la propia juez, apuñalaron hasta la muerte a un vecino de Martorell en una discoteca sin una provocación previa o motivo alguno.

Sobre la sentencia del TC con el decretazo puede decirse que a "buenas horas", pero lo de la juez barcelonesa no tiene un pase y mucho menos si los dos preventivos se dan a la fuga o vuelven a delinquir mientras son citados a juicio.

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