Hablar a estas alturas de las peripecias del caso Urdangarín parece superfluo. Sin embargo resaltar la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia y a un juicio justo con todas las garantías procesales, valga el oxímoron, no lo es en absoluto. Sobretodo desde estas páginas donde algunos venimos clamando por esos mismos derechos fundamentales del varón pisoteados por la inicua ley contra la violencia «de género». Una vez más se pone de manifiesto la dictadura de los medios de comunicación, correa de transmisión del poder político, como herramienta insustituible para la manipulación de masas.
A Urdangarín ya se le ha juzgado y condenado por los medios, y en consecuencia por la «opinión pública», sin siquiera haber comparecido ante un tribunal. Se le ha tratado peor que al más sanguinario de los terroristas con el beneplácito general.
Luego nos extrañamos que cada día, automática y preventivamente, ingresen 400 varones en los calabozos de toda España víctimas de las denuncias falsas de sus parejas o ex parejas femeninas, en aplicación de una ley que vulnera sus derechos constitucionales jaleada una vez más -con honrosas excepciones-, por los medios de manipulación de masas.
El derecho a la presunción de inocencia, y a un juicio justo, es un derecho universal en un estado de derecho, se llame el acusado Iñaki Urdangarín o Pepito Pérez.