¿Alcaldes o sátrapas?

Cuando se ha cumplido el trigésimo aniversario de la Constitución urge, paradójicamente, democratizar la vida municipal. Esa es, en mi opinión, la gran asignatura pendiente de nuestra democracia. Sobre todo en pequeños y medianos municipios que, por su naturaleza, carecen de instrumentos eficaces para articular un efectivo control del apabullante poder municipal.

Aún son muy numerosos los alcaldes sátrapas -verdaderos mandarines-, en nuestros ayuntamientos. Vestigios medievales de un poder omnímodo, establecido con la excusa de hacer frente al carácter «montaraz» o «anárquico» del español, en aras de la gobernabilidad de sus municipios. Alcaldes a quienes la Ley de Bases de Régimen Local -desfasada y antigua ya desde su nacimiento en 1985-, otorga poderes y atribuciones casi feudales, y cuyas prerrogativas, a mayor abundamiento, amplía y fortalece la Ley 11/99.

Frente a la libertad de expresión, que consagra el artículo 20 de nuestra Constitución y al derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos -amparado por el artículo 23 de nuestra Carta Magna-, en los ayuntamientos tropezamos, frecuentemente, con el muro del autoritarismo, cuando no con el talante dictatorial de ciertos alcaldes, que convertidos en juez y parte en los plenos corporativos, impiden la labor de control y fiscalización de los concejales de la oposición, por métodos tan expeditivos como negarles el uso de la palabra, o proceder a la expulsión del salón de Plenos de aquellos que se atrevan a contrariar sus designios.

Así es posible que un alcalde -hasta ayer en la oposición, y que hoy ocupa el poder tras una moción de censura-, caiga en todos los vicios antidemocráticos por los que tanto clamó cuando se encontraba en la oposición, y expulse de un pleno al portavoz de la oposición porque éste, en el uso de la palabra, se haya permitido afirmar en un debate sobre los presupuestos que cierto concejal del Equipo de Gobierno ha dicho una «tontería». El alcalde pontifica: «¡¡Ningún concejal dice tonterías!!». Y expulsa, pese a no ir vestido de negro, ni llevar pantalón corto, ni silbato, al presunto infractor. En el deporte, al menos, los árbitros no pertenecen a ninguno de los equipos.

¿Se imaginan el revuelo si el presidente del Congreso de los Diputados hubiera expulsado a Alfonso Guerra cuando dijo aquello tan fino de que Adolfo Suárez -entonces presidente del Gobierno- era «un tahúr del Misisipi», o cuando dijo, refiriéndose a la ministra Soledad Becerril, que parecía Carlos II El Hechizado vestido de Mariquita Pérez? Los calificativos que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, dedica frecuentemente a los miembros del Gobierno ¿merecerían su expulsión por José Bono, presidente del Congreso? ¿Y qué decir del florido verbo con que Pérez Rubalcaba, el ex ministro Bermejo, Carod Rovira, o Llamazares obsequian a sus adversarios políticos cada vez que abren la boca? ¿Y de la afilada lengua de Ruth Porta -auténtica Cruella de Vil del socialismo madrileño-, cuando con sus intervenciones ante la Asamblea de Madrid intentó fulminar -en vano-, a Esperanza Aguirre tratando, inútilmente, de eludir su responsabilidad -y la del PSOE-, en el mayor escándalo político (caso Tamayo y Sáez) de la historia de la Comunidad de Madrid?

No pretendo, de ninguna manera, defender el derecho al insulto. Reivindico la libertad de expresión en el Pleno municipal, máximo órgano representativo, parlamentario y de debate en nuestros ayuntamientos, así como la no discriminación de los concejales frente al resto de los representantes públicos. Porque ¿hasta cuando estarán los ediles discriminados respecto de sus derechos y garantías constitucionales, en analogía con los diputados y senadores del Congreso, del Senado, o de las Asambleas autonómicas? ¿Para cuándo la «transferencia» de competencias políticas a los miembros de las Corporaciones locales? ¿Para cuando su equiparación con el resto de representantes públicos? ¿Para cuándo la reforma -urgente y necesaria-, de la Ley de Bases de Régimen Local?

Los atentados a la libertad de expresión, la imposibilidad de acceder libremente a la información municipal y la concepción patrimonialista del poder en muchos ayuntamientos -que acaparan en usufructo unos recursos que, no lo olvidemos, son públicos-, dibujan un desolador panorama político municipal. Como consecuencia, se anula la primordial tarea de la oposición -el control y fiscalización del Ejecutivo-, llegando en algunos casos hasta impedir, materialmente, el desempeño de su importante función al negar a sus concejales, incluso una mínima dotación de medios materiales para su ejercicio: una mesa, una silla y un teléfono. ¡O hasta el uso de una fotocopiadora!

Estos preocupantes hechos -de los que desde la reinstauración democrática es tristísimo y paradigmático ejemplo el ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, no tienen, sin embargo, color político. Son producto de un antidemocrático -y fraudulento-, ejercicio del poder municipal, sea cual sea su signo político. Confiemos en que la Constitución, como marco supremo de convivencia y libertad, reguladora de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, logre alguna vez el objetivo de democratizar la política municipal. De lo contrario, el deseado traspaso de competencias de las autonomías a los ayuntamientos se convertirá en un grave error, de imprevisibles consecuencias.

OFERTAS ORO

¡¡¡ DESCUENTOS ENTRE EL 41 Y EL 50% !!!

Una amplia variedad de las mejores ofertas de nuestra selección de tiendas online

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Cabrera

Colaborador y columista en diversos medios de prensa, es autor de numerosos estudios cuantitativos para la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y la Secretaría de Estado de la Defensa (SEDEF) en el marco del Comercio Exterior de Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso y de las Relaciones Bilaterales con EE.UU., así como con diferentes paises iberoamericanos y europeos elaborando informes de índole estratégica, científico-técnica, económica, demográfica y social.

Antonio Cabrera

Colaborador y columista en diversos medios de prensa, es autor de numerosos estudios cuantitativos para la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y la Secretaría de Estado de la Defensa (SEDEF) en el marco del Comercio Exterior de Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso y de las Relaciones Bilaterales con EE.UU., así como con diferentes paises iberoamericanos y europeos elaborando informes de índole estratégica, científico-técnica, económica, demográfica y social.

Lo más leído