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El zafarrancho reformador

Permalink 13.02.08 @ 08:17:15. Archivado en Política

1. Una redacción del Preámbulo que haga una clarificadora referencia al complejo proceso histórico de formación de la unidad nacional española.
2. La eliminación de los confusos y equívocos términos "nacionalidades" y "regiones" en el artículo 2.
3. La mención de la pertenecía de España a la Unión Europea como Estado Miembro y de la primacía del derecho comunitario.
4. Una tajante regulación del uso del castellano como lengua oficial del Estado para garantizar su empleo en las actuaciones administrativas y judiciales, en la toponimia y en el sistema educativo en todo el territorio nacional.
5. La incorporación a la Constitución de la obligación de los partidos políticos de excluir la violencia en sus actuaciones, así como el apoyo directo o indirecto a las organizaciones que la practiquen o ensalcen.
6. La reforma del artículo 25 para permitir un cumplimiento más eficaz de las penas de privación de libertad.
7. La interdicción de la regulación de derechos y libertades por las Comunidades Autónomas que no sea el mero desarrollo en el estricto ámbito de sus competencias de la legislación básica del Estado en este ámbito.
8. La supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona en el artículo 57.
9. La reforma del Senado para acentuar su condición de Cámara de representación territorial y, en consecuencia, una nueva regulación de su composición, de sus competencias y de sus relaciones con el Congreso.
10. La reforma del sistema electoral de los Diputados al Congreso para que la distribución de escaños refleje fielmente el peso de las distintas fuerzas a nivel nacional.
11. La introducción de mecanismos multilaterales de cooperación entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas orientados a la fijación de las posiciones del Estado español en el seno de la Unión Europea cuando afecten a competencias autonómicas.
12. Mención explícita del número, denominación y extensión geográfica de las Comunidades Autónomas.
13. Redefinición de las competencias exclusivas del Estado en el artículo 149 especificando cuáles son intransferibles e indelegables.
14. Recuperación de competencias por el Estado en ciertas materias, como educación, urbanismo, ordenación de actividades económicas, medio ambiente, cultura, medios de comunicación públicos y gestión de emergencias y catástrofes.
15. Supresión de la posibilidad de transferencia o delegación de facultades exclusivas del Estado a las Comunidades Autónomas por la vía del artículo 150.2.
16. Reforzamiento de las potestades del Estado para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas por razones de interés general.
17. Exigencia de mayorías más amplias para aprobar las reformas de Estatutos de Autonomía en las Cortes Generales.
18. Integración del contenido de la Disposición Adicional Primera sobre derechos históricos de territorios forales en el Título VIII, con una nueva redacción que refuerce el principio de que su reconocimiento deriva de la propia Constitución y que especifique que su contenido ni prevalece ni puede interpretarse al margen de los preceptos constitucionales.
19. Lo mismo para los derechos civiles especiales o forales.
20. Lo mismo para el régimen económico-administrativo de Canarias
21. Reforzamiento de la garantía constitucional de las competencias asignadas por Ley del Estado a las Corporaciones Locales (Provincias, Municipios y Cabildos insulares) frente a nuevas demarcaciones establecidas por las Comunidades Autónomas.
22. Supresión de la Disposición Transitoria Cuarta sobre posible incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
23. Regulación del sistema de contribución de los territorios forales al sostenimiento de las cargas del Estado de forma que se asegure su aportación efectiva a la solidaridad interterritorial y el respeto al principio constitucional de igualdad.
24. Un sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que garantice su autonomía e independencia.
25. Reforzamiento de la posición del Tribunal Supremo como instancia de casación en todos los órdenes jurisdiccionales para todo el territorio nacional.
26. Reforma de la regulación de la función y competencias del Defensor del Pueblo para garantizar su posible actuación sobre todas las Administraciones Públicas en defensa de los derechos y libertades constitucionales.
27. Un sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que refuerce su independencia frente a los órganos que los designan.
28. Nueva regulación del recurso de amparo y atribución de la competencia jurisdiccional en esta materia al Tribunal Supremo.
29. Regulación constitucional del recurso previo de inconstitucionalidad.
30. Adecuación en un plazo determinado de los Estatutos de Autonomía vigentes a las nuevas previsiones constitucionales, con sustitución de la iniciativa legislativa autonómica por las Cortes Generales en el supuesto de que dicho plazo no sea respetado.

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