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El zafarrancho reformador

Permalink 13.02.08 @ 08:17:15. Archivado en Política

¿DÓNDE ESTAMOS?

Por doloroso que sea constatarlo, el consenso constitucional, pilar básico de nuestro sistema democrático y de nuestra convivencia en libertad, se ha quebrado por primera vez desde que tan meritoriamente se labrara en 1978. Un Gobierno de izquierda nacional, en antinatural coyunda con fuerzas secesionistas virulentas, ha alentado la liquidación de la Constitución vigente mediante un procedimiento fraudulento.

Confundiendo ilegítimamente proceso estatuyente y proceso constituyente, suplantando irresponsablemente el poder constituyente por el poder constituido, la reforma del Estatuto de Cataluña ha roto sin contemplaciones con el modelo de Estado existente para avanzar desaforadamente hacia una confederalización totalmente extraña a las intenciones y al pensamiento de los protagonistas de la Transición y muy peligrosa para la propia existencia de España como Nación.

La perturbadora bilateralidad de las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat, el blindaje de las competencias autonómicas frente a la capacidad de dictar legislación básica por parte del Estado, la multiplicación y ampliación de las competencias de las instituciones autonómicas catalanas impidiendo de hecho que las instancias centrales puedan operar en el Principado, un sistema de financiación incompatible con el principio constitucional de solidaridad interterritorial, la obligatoriedad de conocimiento del catalán, la definición en el prólogo del nuevo Estatuto de una nación con ínfulas de soberanía en colisión descarada con el artículo 2 de nuestra Ley Fundamental, la proclamación de una tabla de derechos y libertades distintos a los del resto de los españoles, la aparición de ineficientes barreras administrativas y culturales con seria merma de la unidad de mercado y la compartimentación de la Administración de Justicia con profundo deterioro de su unidad e independencia, ofrecen suficientes motivos de alarma y de rechazo como para llamar a la movilización en defensa de los principios y valores constitucionales tan despiadadamente atacados.

La visión piadosa de que los nacionalistas son españoles que ven a España de otra manera, de que su concepción de las relaciones entre sus inventadas "naciones" y la Nación en su conjunto no por distinta y en ocasiones irritante deja de ser legítima y que, por consiguiente, una sociedad plural ha de darles cabida y proporcionarles un encaje adecuado en el sistema político con el fin de dotar a éste de estabilidad y armonía, ha caído hecha añicos ante la evidencia brutal de la ofensiva disgregadora emprendida sin disimulo por estos partidos en Cataluña y en el País Vasco.

Los Ibarretxe, Egibar, Carod y Mas, no son de la estirpe de Cambó o de de la Sota; son, por desgracia, los herederos rabiosos de Arana, de Maciá y de Companys, no abrigan la menor intención de contribuir constructivamente a la empresa común, sino que su aspiración indeclinable y obsesiva es dinamitarla.

Reniegan de su condición de españoles, rechazan cualquier elemento de cohesión y de unidad, se niegan a hablar la lengua de todos, abominan de la enseña nacional, rehúyen con arbitrarios pretextos victimistas sus deberes de solidaridad con las regiones de menor renta e incitan a sus juventudes a la violencia callejera y a las ofensas públicas a la Corona.

En la medida que se confiesan antiespañoles no representan una parte de la diversidad española, sino que se erigen desafiantes como enemigos declarados de la Nación, enemigos irreconciliables, intransigentes, venenosos, que no contemplan otra transacción que la satisfacción completa de sus pretensiones soberanistas.

En su versión más aguda, matan, extorsionan y torturan al servicio de su causa diabólica y cada asesinato de ETA refleja y simboliza la manía vesánica de destruir España como entidad histórica reconocible, como espacio de mutuos afectos y mutuos apoyos y, lo que es más terrible, como sociedad abierta.

Porque una verdad incómoda que los españoles hemos de afrontar es que los nacionalistas no se limitan a negar a España como Nación, lo que ya acarrea de por sí una tremenda amenaza para la paz interna de nuestro país. Hacen algo todavía peor, algo que encierra una carga de tal letalidad que el adquirir conciencia de ello produce escalofríos.

Los nacionalistas están empeñados en subvertir la escala axiológica en la que se basa nuestra convivencia, su doctrina equivale a la voladura del orden moral ilustrado y liberal que nos ampara.

Para ellos, la libertad, la igualdad, la solidaridad, los derechos inalienables de los individuos, son valores secundarios frente a la identidad étnica, cultural o lingüística y, según su cosmovisión reduccionista, las personas concretas y reales son fungibles ante su imaginada nación, esa abstracción colectiva y antropomórfica a la que se debe rendir un culto sin límites por atroces que sean las consecuencias.

¿Cómo si no se puede disparar por la espalda a ciudadanos pacíficos y desprevenidos bajo el pretexto de no se sabe qué opresión en una de las sociedades más libres y democráticas del planeta? ¿Qué explicación puede tener el negar a los niños de Cataluña el dominio de una lengua de comunicación universal, que es además la oficial del Estado del que son ciudadanos, salvo la aplicación fanática de una doctrina aberrante?

La necesidad ineludible de una reforma constitucional viene determinada por la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña, que deconstruye el Estado en sus tres poderes básicos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

El legislativo, por la obligación que establece de modificar el núcleo de normas básicas que ordenan la vida nacional, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, entre otras de similar rango y trascendencia, y por las severas limitaciones que impone al ejercicio de la soberanía del pueblo español en su conjunto que reside en las Cortes; el ejecutivo, por la bilateralidad de la interacción entre Gobierno central y Generalitat y por el uso incontinente y perverso del artículo 150.2 de la Constitución al que obliga para satisfacer su voracidad competencial, y el judicial, por la reducción del Tribunal Supremo a un mero unificador de doctrina sin facultades jurisdiccionales en toda España, además de la pérdida de movilidad de jueces y fiscales derivada de la obligatoriedad del conocimiento del catalán.

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