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El zafarrancho reformador

Permalink 13.02.08 @ 08:17:15. Archivado en Política


LA AGENDA OCULTA

Una circunstancia que llama la atención en el proyecto del Gobierno de proceder a una reforma constitucional que afecte a los cuatro puntos indicados en el apartado anterior es que no se dan en la presente coyuntura política ninguno de los supuestos que los constitucionalistas consideran adecuados para emprender tal cometido.

Así, no parece que el Gabinete que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero goce de una mayoría sólida en las Cámaras, lo que le resta capacidad de liderazgo y de maniobra, dependiendo como depende de minorías radicales permanentemente afanadas en liquidar el marco jurídico e institucional vigente.

Tampoco vivimos días en los que las relaciones entre el Gobierno y el primer partido de la oposición muestren el grado de interlocución fluida y cordialidad civilizada indispensables para una fecunda colaboración en un dominio tan delicado como el de la revisión de la Norma Fundamental, imposible de acometer, a tenor de las mayorías estipuladas para la operación, sin una plena coincidencia de ambos.

En cuanto a la demanda social, por mucho que se aguce el oído no se percibe ningún clamor ciudadano a favor de enmiendas constitucionales, sino una marcada apatía cuando la gente es interrogada sobre el tema. Y, desde luego, extraña voluntad de reforma es la de un Ejecutivo que se limita a enumerar los elementos de la Ley de leyes a modificar sin presentar un redactado completo y detallado, tal como le corresponde en su calidad de iniciador del proceso.

Es difícil, en este contexto tan incongruente, no concluir que nos encontramos ante una palmaria maniobra de distracción destinada a enmascarar otros planes, necesitados por su siniestra y polémica naturaleza de ocultamiento y disimulo.

En efecto, el diseño zapatético de su hegemonía y de su prolongación en el tiempo durante al menos varias décadas, estriba en el establecimiento de un pacto de hierro con los nacionalistas catalanes y vascos, de tal suerte que éstos se avengan al siguiente trueque: Cataluña y el País Vasco les serían entregados mediante la aprobación de nuevos Estatutos que otorgasen a dichos territorios una cuasi-soberanía, definiendo asimetrías en derechos y libertades, reconocimientos simbólicos, niveles competenciales debidamente blindados, exclusiones lingüísticas y sistemas fiscales privilegiados tan amplios e intensos que la vinculación a España pasaría a ser puramente nominal y, en justa contrapartida, los particularistas, satisfechos al fin sus apetitos diferenciadores, garantizarían el continuo apoyo en el Parlamento nacional o, mejor dicho, estatal, al Partido Socialista, apartando de esta forma indefinidamente al centro-derecha del poder hasta agostarlo o atomizarlo.

La astucia no es menor, reconozcámoslo. Mientras la opinión pública anda entretenida con las peripecias de la reforma constitucional sobre unos cuantos aspectos aparentemente inocuos y razonables -¿Quién no asiente a la igualdad entre sexos, a los beneficios para España de la integración europea o a que el Senado adquiera más relieve y utilidad?-, se cuelan por la puerta trasera mutaciones gravísimas de nuestro ordenamiento que subvierten por completo el pacto de la Transición y transforman España en un agregado informe de nacioncillas ajenas entre sí.

Sin embargo, para desgracia del preclaro urdidor de tan artera trama, ni los nacionalistas están dispuestos a conformarse con una organización confederal, por laxa que sea, ni ETA se plegará nunca a otra solución que no implique el cumplimiento de su delirante sueño de construir una Albania cantábrica, marxista, totalitaria y, para más señas, racista.

El falsamente seráfico ZP ha escogido ariscos compañeros de viaje, y la fijación de fechas para referendos de autodeterminación en Cataluña y en el País Vasco a cargo de sus presuntos socios, acompañada de los secos trallazos a bocajarro que segaron la vida de Raúl Centeno y Fernando Trapero en Francia el pasado primero de diciembre, le han demostrado con creces que su plan es inviable porque, aparte de llevarse por delante la Nación, también acabaría con él no sólo en el terreno político, sino en el humano.

No cuesta demasiado imaginar cuál sería la valoración moral que los españoles harían de un gobernante que por servir sus mezquinas ambiciones hubiera puesto a la Nación que se comprometió a defender en peligro extremo de fragmentación y de desplome.

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