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El zafarrancho reformador

Permalink 13.02.08 @ 08:17:15. Archivado en Política

Durante su primer cuarto de siglo de vigencia, la Constitución española de 1978 fue considerada casi intangible y nadie propugnó su reforma. La única alteración que ha sufrido desde su aprobación plebiscitaria un histórico 6 de diciembre se produjo con motivo de su ajuste al Tratado de la Unión Europea de 1992, que introdujo, dentro de los denominados derechos de ciudadanía europea, el sufragio pasivo para las elecciones municipales, lo que entraba en contradicción con el artículo 13.2 de nuestra Carta Magna.

Con este motivo, se procedió a intercalar dos palabras en dicho precepto, concretamente "y pasivo", modificación mínima que se llevó a cabo por el procedimiento simple contemplado en el artículo 167 con el apoyo unánime de los grupos parlamentarios del Congreso.

Salvo este episodio prácticamente de trámite, la Ley de leyes surgida del gran pacto de la Transición se ha mantenido incólume hasta fecha de hoy.

Esta voluntad de preservarla por parte de las fuerzas políticas y sociales que la han ido desarrollando y que han actuado a su amparo a partir de la recuperación de la democracia tras el final pacífico del régimen autoritario nacido en la Guerra Civil, es comprensible si se tiene en cuenta el carácter singular de nuestra Norma Fundamental, que no en vano ha sido conocida como la "Constitución del consenso".

En efecto, tras dos siglos de convulsa historia contemporánea, la Constitución de 1978 representó el primer intento serio de solucionar los cinco conflictos atávicos que habían venido desgarrando España desde el regreso del Deseado, a saber, la tensión entre poder militar y poder civil, el enfrentamiento entre defensores de la Iglesia y anti-clericales, la lucha entre pobres y ricos, el debate sobre la forma de Estado y la pugna entre los nacionalismos periféricos de raíz identitaria y las instancias centrales de la Administración y del Gobierno.

La forma taumatúrgica en que se produjo el tránsito de la dictadura a la Monarquía parlamentaria, con el concurso leal tanto de los sectores asociados al régimen que se autodisolvía como de los partidos que lo habían combatido a lo largo de cuarenta años, sin traumas ni violencia, otorgó a la Constitución de 1978, encarnación jurídica de aquel prodigio, un aura sacra que explica su larga duración sin cambios.

Este prolongado período de calma en las aguas constitucionales terminó cuando, tras ganar las elecciones generales de marzo de 2004, el actual Presidente del Gobierno, anunció su propósito de promover una reforma de nuestra Norma normorum en relación a cuatro puntos de la misma:

1) la supresión de la prevalencia del varón sobre la hembra en la línea de sucesión a la Corona

2) la incorporación al texto constitucional del sometimiento del derecho español al de la Unión Europea

3) la mención explícita de las Comunidades Autónomas con su denominación y composición geográfica

y 4) una mejor adaptación del Senado a su papel de Cámara de representación territorial.

A partir de este momento, y muy en la línea del jefe del Ejecutivo, el partido mayoritario inició un doble ejercicio caracterizado por la confusión, la improvisación, el desprecio al rigor y, por supuesto, la puesta en práctica de una agenda oculta.

Por un lado, se siguió insistiendo en la conveniencia de la reforma sobre los cuatro asuntos mencionados, sin precisar ni sus términos exactos ni su alcance, encomendando en cambio al Consejo de Estado la elaboración de un dictamen orientador al respecto, misión a la que en principio no estaba llamado.

Para ello, hubo que aprobar una ley -Ley Orgánica 3/2004 de 28 de diciembre- que permitiese a dicho órgano satisfacer la petición que se le formulaba y, como era de esperar, tan docto plantel de reputados juristas emitió una opinión, si bien discutible en ciertos aspectos, considerablemente bien trabada, además de algunas sensatas recomendaciones que desbordaron la estricta tarea que se les había encargado, lo que incomodó al Gobierno, aunque, obviamente, hizo nulo caso de las mismas porque su planteamiento era muy distinto.

El principal partido de la oposición se apresuró a añadir, no sin razón, un par de elementos para complicar las cosas un poco más, la eliminación de la Disposición Transitoria Cuarta sobre Navarra y la exigencia de una mayoría de dos tercios en las Cortes para las reformas de los Estatutos de Autonomía.

Al fin y al cabo, una vez abierto el melón todo el mundo se sintió legitimado para echar su cuarto a espadas. Pero, en paralelo, el Gobierno puso en marcha en colaboración estrecha con sus aliados nacionalistas una reforma del Estatuto de Cataluña de tintes escandalosamente confederales, en contradicción flagrante con los puntos de vista expresados por el Consejo de Estado en su dictamen, preparado, para mayor inri, a requerimiento del propio Rodríguez Zapatero.

Con posterioridad, en la estela del nuevo Estatuto catalán, se han ido produciendo una serie de reformas que han cristalizado ya en flamantes normas básicas autonómicas para Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla y León.

Las correspondientes a Canarias, Castilla- La Mancha y Galicia se hallan en diferentes fases de preparación, pero todas ellas con la mirada clavada en el modelo catalán y con el ánimo de no ser menos. Previamente a la reforma catalana, el Partido Popular, de acuerdo con el Partido Socialista, impulsó un nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana con la peregrina idea, se supone, de disponer de una vacuna contra el virus que empezaba a incubarse en el laboratorio del tripartito.

Más que un antídoto, lo que se alumbró fue un precedente y un estímulo, con la inefable "cláusula Camps" como guinda de un pastel envenenado. En cuanto a las Comunidades uniprovinciales, Madrid incluida, y Extremadura, no han movido ficha por ahora, a la espera del resultado del zafarrancho reformador que agita a sus hermanas mayores.

En cualquier caso, el proceso de debilitamiento del Estado y de desvertebración de la Nación es imparable, todo ello sin mencionar el Plan Ibarretxe bis que sin duda se está cociendo en los fogones de Ajuria Enea y de La Moncloa.

El pedestal sobre el que se yergue impávida y majestuosa la Constitución de 1978 tiembla zarandeado por el Gobierno de la Nación, por el Partido Popular y por los nacionalistas, cada uno de ellos entregado a la revisión constitucional, pero desde supuestos muy diferentes y con objetivos divergentes, cuando no contrapuestos.

Los motivos por los cuales una Norma Suprema que había sido hasta hoy objeto de culto reverente y de especial protección se encuentra en esta etapa histórica expuesta al tironeo de los actores políticos, lanzados sin excepción a solicitar cambios de notable significación en su letra y en su espíritu, merecen ser examinados con atención si se desea alcanzar una comprensión cabal de las graves amenazas que se ciernen sobre nuestro sistema de convivencia en estos agitados albores del siglo XXI.

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Comentarios:
comentario en relación a los Bonos de la generalitat:
después de siete años de tripartito y de arruinar a la Generalitat, ahora aparecen unos bonos con un interés atractivo , 4,75 % + un 3% que se quedan los bancos por colocar o vender el producto a los ciudadanos.total 7,75%
lo que mas me ha sorprendido esta tarde es escuchar por la radio catalana un anuncio publicitario diciendo que se deben comprar " por el seny catala". a que seny o sentido común se deben referir? quizá al de nuestros abuelos?
porque ahora de seny, buena gestión , honradez, responsabilidad, poquita... muy poquita...
no compraré estos bonos porque no quiero ayudar a los políticos que han arruinado a todos los catalanes.
Atentamente
Toni
Enlace permanente Comentario por Toni 23.10.10 @ 00:09

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