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Un disparate anticonstitucional

Permalink 28.09.06 @ 10:35:40. Archivado en Autonomías

En el Congreso de los Diputados se acaba de perpetrar una agresión a la Constitución que, en caso de mantenerse en el Senado y verse al final plasmada en una ley, indicaría ya sin posibilidad alguna de disimulo que la actual dirección del PSOE se ha prestado voluntariamente a la pretensión de los nacionalistas de liquidar a España como Nación.

En efecto, durante la tramitación del Estatuto del Emigrante, Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Gallego introdujeron una enmienda al artículo 24 que define a España como un "Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico" y el Grupo Socialista la votó a favor. De acuerdo con nuestra Carta Magna, España no es un Estado plurinacional porque sólo existe una Nación en nuestro territorio, la española, formada por nacionalidades y regiones cuyo rango no es nacional.

Esta aceptación por parte de los socialistas de que España es un Estado que agrupa a varias naciones y no una única Nación plural, tiene consecuencias gravísimas en el plano conceptual y contradice la raíz misma de nuestra Constitución.

De acuerdo con el espíritu de la Norma Suprema de 1978, la lengua, los componentes étnicos, la historia, la cultura, son rasgos que caracterizan a la Nación española, pero no la definen. La esencia definitoria de la Nación se encuentra en un conjunto de principios y valores universales que compartimos con otras muchas naciones del mundo democrático: la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo, la solidaridad, el respeto a los derechos fundamentales...

El transcurrir de los siglos ha dibujado el contorno físico de España como Nación y nos ha dado un idioma, el español, que lo es también de numerosas naciones al otro lado del Atlántico, una religión mayoritaria, la católica, que se extiende por todo el planeta y una herencia genética que se plasma en determinadas características morfológicas y faciales, pero este conjunto de notas distintivas no se erigen para nada en nuestra Constitución como valor supremo ni como núcleo definitorio. Los españoles pueden aprender otras lenguas o cambiar de lengua sin sufrir sanción alguna, el poder religioso y el poder civil están separados y son independientes uno del otro, un ciudadano español puede vivir sin realizar ninguna práctica religiosa, adoptar otra fe o proclamarse ateo sin ningún impedimento y, por supuesto, el color de la piel o la raza son elementos irrelevantes en nuestro ordenamiento y no proporcionan el menor asomo de privilegio o discriminación.

Por consiguiente, la aparición en una ley de la afirmación de que España es un agregado de naciones implica que las mismas quedan definidas por identidades de tipo étnico, lingüístico o cultural, identidades que en su seno prevalecen necesariamente sobre otros valores como los anteriormente citados de libertad, igualdad, pluralismo... Es evidente que esas naciones han de encontrar su legitimación en elementos particulares de naturaleza axiológica distinta a los universales que fundamentan éticamente a la Nación española. Así, la jerarquía moral consagrada en la Constitución queda subvertida y, en consecuencia, se esquema normativo agresivamente vulnerado.

Sorprende que miembros de la cúpula del PSOE como Diego López Garrido, Juan Fernando López Aguilar o el propio José Luis Rodríguez Zapatero, que por sus trayectorias profesionales y académicas deberían conocer bien estas cuestiones y ser capaces de valorar adecuadamente los efectos devastadores del concepto de Estado plurinacional en un país donde los partidos nacionalistas secesionistas desarrollan una actividad centrífuga permanente y donde el terrorismo separatista ha causado ya cerca de un millar de víctimas mortales, acepten sin rechistar semejantes desmanes legislativos de fuerzas políticas cuyo propósito confesado es acabar con la cohesión nacional.

Zapatero, bien sea por ignorancia, frivolidad, irresponsabilidad o pura y simple carencia de escrúpulos, nos lleva por un camino que puede desembocar en el conflicto civil abierto y que pone en riesgo el patrimonio ético legado por la transición. Hay que verlo para creerlo.

Mariano Rajoy debe denunciar de inmediato pública y solemnemente este atropello y exigir su reparación en lo que queda de tramitación parlamentaria del Estatuto del Emigrante.


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