Miguel Núñez Ríos
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La violencia de género y el reagrupamiento familiar de inmigrantes
24.12.08 @ 16:51:02. Archivado en Economía, Nacional
Hace poco, el Presidente del Partido Popular, el señor Rajoy, clamó por una reforma de la Ley de Extranjería para limitar o eliminar la figura del reagrupamiento familiar, dado que según él (palabras textuales) los inmigrantes no traían a sus familias a trabajar. Evidentemente el derecho a la asistencia sanitaria o a la educación no garantiza por si solo la subsistencia, como sabemos todos los españoles. Garantiza mayor nivel de cohesión social, pero es insuficiente. Nadie vive comiendo aspirinas y durmiendo en clase de matemáticas. Por lo tanto, ningún inmigrante viene aquí a vivir del aire, esto es materialmente imposible. Vienen pensando en trabajar. Esto a lo mejor al PP se le escapa. Lo entiendo, es complejo de entender.
Hace poco fue el día contra la Violencia de Género en España. Existe una problemática asociada al fenómeno de la inmigración y que tiene que ver precisamente con la figura del reagrupamiento familiar. Cuando se produce un caso de violencia de género, el permiso de residencia de las mujeres reagrupadas depende de la convivencia con su pareja. Este no da derecho a trabajar. Si se atreven a denunciar, las órdenes de protección pueden tardar entre 48 horas y varios meses, y aún así, y aquí viene lo trágico, el permiso de residencia independiente no da derecho a trabajar tampoco. Para ello deben recibir una oferta de trabajo, y ahora mismo no hay un proceso de regulación de inmigrantes abierto.
En palabras de Montserrat Comas, vocal del Consejo General del Poder Judicial: "En el terreno de la tutela penal, incluso desde antes de la entrada en vigor de la Ley Integral, en España jamás se ha diferenciado la condición administrativa de la víctima. En ningún juzgado de instrucción se pide el permiso de residencia para continuar con la tramitación de la denuncia o la investigación del delito". Pero, a continuación, reconoce: "Sí que existe una ley, la de Extranjería, que colisiona con los supuestos de la Ley Integral, y ambas son leyes orgánicas".
A pesar de que se criticara duramente los procesos de regulación controlada realizadas por el Gobierno, se facilitó la natural inserción de cientos de miles de inmigrantes al mercado laboral precisamente para ser autónomos económicamente, y no depender del Estado (es precisamente lo contrario de lo que dice la derecha y la ultra-derecha), en donde, evidentemente, no le roban el puesto de trabajo a nadie.
El puesto de trabajo es del empleador, que es quien contrata y despide, y el cual lo ofrece a su voluntad, no del posible empleado. Si un empleo de un asalariado fuera propiedad a priori de un español de nacimiento un solo podría cesar de un puesto auto-despidiéndose, lo cual como ustedes comprenderán es una gilipollez, porque solo es aplicable a autónomos y profesionales liberales, no trabajadores por cuenta ajena.
En los casos deplorables de Violencia de Género, la Ley debería permitir explícitamente permisos de residencia con derecho a trabajo para que las mujeres maltratadas puedan ganar su autonomía económica por su propio esfuerzo, cosa por cierto muy liberal. Esto no excluye a una regulación sensata y controlada de los flujos migratorios, pero siendo racional y sensato en su ordenación jurídica, haciendo coherentes las Leyes orgánicas vigentes, tanto en letra como espíritu.
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