Agustín Conchilla Márquez
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Huelga general del transporte de mercancías por carretera, 8 de junio 2008
07.06.08 @ 18:38:38. Archivado en Artículos de opinión
HUELGA GENERAL DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA, 8 DE JUNIO 2008
La subida de precios del petróleo coloca a los transportistas sobre la cuerda floja, la administración les abandona en el umbral de la miseria y ellos solos encuentran el camino del inminente cachiporrazo…
Los transportistas de mercancías por carretera se ven seriamente amenazados por causa de la indignidad especulativa del precio del petróleo, así como por la imposibilidad de repercutirlo en la correspondiente factura de cobro en valor de porte. A la hora de redactar este artículo el precio del gasóleo superaba los 1.30 € = 216,30 Ptas., de las antiguas y de las que a buen criterio debimos cobijar entre pecho y espalda para salvaguarda del sustento de bienestar que ahora vemos con tanta facilidad entre crisis de carestía genero-nacional... Sin embargo, y en contrario a cualquier otra actividad profesional, los transportistas no disfrutan de convenios consensuados ni repercutibles al coste de la producción real. Por tanto, no disponen de tarifa oficial ni de legislación de medios económicos paliativos, ni de inspecciones intermediarias que garanticen la coherencia económico-administrativa. Este modo de cobro repulsivo prolifera en facturación sin siquiera una ley reguladora entre transportistas y cargadores. Sin embargo, el mencionado modo de percepción económica no es la triste realidad, ni si quiera es el caso de otras múltiples profesiones y actividades económicas que se enmarcan dentro del territorio español: fontaneros, industriales, electricistas, mecánicos, constructores…
En la crisis actual de la España del Bienestar, además del desplome de diferentes sectores económicos, hoy por hoy denota la indefensión y la vulnerabilidad que la administración del estado español deja en el conjunto del sector del transporte nacional e internacional de mercancías por carretera. La vulnerabilidad, no obstante, azota más y con especial gravedad a los autónomos indefensos que andan próximos a la ruina y al embargo de sus bienes, por indefensión ante la carestía de actividad y por la imposibilidad de repercutir los altos costes en las facturas de los portes que realizan. El motivo radica en la liberación de precios de mercado del sector y en la necesidad de acogida a los usuales de la plaza. En consecuencia, los autónomos y medianos empresarios enmarcados en las PYMES, así como otros sectores más amplios de la actividad del transporte de mercancías por carretera sienten amenaza por carestía, imposibilidad renumerativa y por la propia sinrazón especulativa del sector logístico de distribución.
Los transportistas españoles llevan años arrastrando la penuria económica por culpa de la libertad de precios que van en auge de atropello especulativo. En tal situación de oferta y demanda cobran lo que a buen criterio dispone el especulador-cargador, “dueño del sector comercial-logístico y garante del dominio de la plaza, que además emite pagarés a 90, 120 ó 180 días” mientras el transportista ha de sufragar el amplio abanico de gastos de su actividad mes a mes, si no quiere ver cómo se cierran las puertas a su alrededor y le imposibilitan la actividad... En medio de la especulación económica de cargadores y suministradores, sin embargo, se encuentra la negativa de la administración del estado a tarificar dignamente una actividad consensuada en el sector del transporte, con cuya anuencia llegaría la salvaguarda de la flota suministradora, así como de los medios más importantes de distribución y abastecimiento de la sociedad. Un sector tan vapuleado por la carestía de los carburantes no debería quebrantarse en una nación en libertad por exceso de coste de producción que deriva de carencia de inspección y de regulación administrativa. Inexistencias que día tras día conllevan a especulación de costes elevados, y a cuales debemos sumar el de renovación de flota, en periodos de vida útil que no suelen superar los cinco años de antigüedad.
El deterioro económico del sector más importante de abastecimiento nacional y mundial de diferentes mercados es latente y, sin embargo, no recibe apoyo legislativo para salvaguarda de la triste realidad en constante declive económico de la actualidad. Pese a ello, y mientras persista la libertad de precios en el sector transporte, sin tarifas oficiales que deriven en la repercusión real de costes de producción a través de convenios nacionales, se persiste en la negatividad marginal del dumping, (producción o venta bajo coste) así como a la proliferación especulativa de cargadores y suministradores que imponen sus propias tarifas y deterioran un sector que ya de por sí soporta la miseria, la marginación y el abandono estatal más despiadado… Por ello, y por el abandono en que el presunto estado del bienestar español deja al transportista, el sector se ve imposibilitado a repercutir el coste real de las subidas del combustible en la factura del porte y ha de cobrar la hora de trabajo o el kilometraje a precio que el propio beneficiario-especulador de la plaza impone, y aunque ello enriquece al impositor, jamás llegará a cubrir los gastos de producción y mantenimiento de la actividad del sufridor.
Por ende, el ciudadano ha de saber que el transporte de mercancías por carretera es el único medio capaz de llegar a todos los rincones y abastecer a multitud de millones de habitantes; además de proveer a todas las áreas y actividades económicas del Planeta Tierra. Sin embargo, para más “INRI”, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en preámbulo modificador de octubre 2003 justifica un bestial aumento cuantitativo en castigo económico, por presuntas infracciones al tráfico, a la seguridad vial o a las derivas del propio transporte... Para ello advierte: “el incremento sancionador se plantea como medida paliatoria al exceso de beneficio que el transportista pudiera originarse a través de la presunta infracción…” Sin embargo, nada más lejos de la triste realidad ni de la penuria que los transportistas deben soportar ante el peso de la persecución, la indefensión comercial y la sinrazón administrativa. Pese a ello, los transportistas sí han de rascarse el lánguido lomo a uña pulida y bien limada, sin más consuelo que el de la impotencia y la desazón ante la carencia que les ha de llegar después de recorrer largas distancias en jornadas de día y de noches fuera de la localidad de residencia, del hogar, de la esposa, de los hijos y de la familia en general: “a perro flaco todo son pulgas…”
Y por último: Los transportistas quedan fuera de cualquier convenio colectivo por arcaica liberación de precios de mercado del transporte en pasadero dictamen gubernamental. Por ello, el sector ha de acogerse a los precios usuales de la plaza que por especulativos no alcanzarán a cubrir los altos costes del combustible, así como los de producción, inversión y administración en general. Todo ello aunado a un estricto control de horas de trabajo que a diferencia de otras actividades, sólo el sector del transporte sufre en la ordenación laboral que le impone la LOTT (Ley y Ordenación de los Transportes Terrestres) de 52 semanas laborales año X 45 horas semanales = 90 bisemanales: 2.340 horas máximo año, divididas entre 12 meses contables =195 horas-mes, de cuales debe aflorar el montante económico global de toda la actividad del transporte. En consecuencia, el transportista español tiene totalmente prohibidas las horas extraordinarias, así como la recuperación de horas ordinarias que en periodo laboral pudiera perder por cualquier causa, motivo o situación…
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