Resulta obsceno escuchar el rechazo político a una pretendida ley de responsabilidad penal para los administradores del dinero público que gasten más de lo que disponen. Ya se sabe que con la razón y la palabra se puede construir el argumento lógico que se quiera para justificar cualquier maldad, o cualquier hecho, o cualquier decisión por mejor o peor intencionada que sea ésta. Una inmensa mayoría de ciudadanos coincidimos en que la corrupción es una de las principales lacras de la vida pública española, tanto en las instituciones del Estado (Administración central, autonómica y municipal) como en las organizaciones políticas y sindicales. Pero es que además de ser ilícito traficar con dinero, influencias y prebendas —delitos todos ellos perfectamente tipificados en el Código Penal—, también es motivo de delito (o debería serlo) utilizar los recursos del Estado de manera onerosa, de forma que graven y comprometan el futuro de la colectividad. Prueba de ello es la situación que están padeciendo actualmente las distintas administraciones públicas, endeudadas hasta las cejas, con las arcas vacías y un montón de acreedores medio arruinados o arruinados del todo como consecuencia de la insolvencia demostrada por los gestores públicos.
Viernes, 25 de mayo
Miguel Torres Galera
José Pómez
Vicente A. C. M.
Vicente Torres
Manuel Molares do Val
Juan Fernandez Krohn
Raúl González Zorrilla
Juan Ramón Moscad Fumadó
Francisco Rubiales
Pedro Fernández Barbadillo
Antonio Cabrera
Inmaculada Sánchez Ramos
Carlos Ruiz Miguel
