Nuestra clase política no tiene remedio. Ni que gobiernen los rojos ni que lo hagan los azules o los verdiblancos. La crisis que padece nuestra sociedad no es económica —o solo económica—; tampoco social, o socio-económica; ni tan siquiera institucional. No; con ser todas y cada una de estas cuestiones importantes por sí mismas, incluida la combinación de tan nefastas realidades, la gravedad del problema que alcanza a toda la nación española es de orden moral. Nuestra sociedad está inmersa en un proceso de fin de ciclo. Ya no da más de sí lo que se ha dado en llamar “sociedad del bienestar”. Las ideologías derivadas de la Ilustración, liberadoras del hombre en sus varias acepciones, se han gastado a lo largo de más de dos siglos en varios miles de sangrientas pruebas que han dejado un reguero de millones de cadáveres y un sinfín de hermosas intenciones.
Resulta obsceno escuchar el rechazo político a una pretendida ley de responsabilidad penal para los administradores del dinero público que gasten más de lo que disponen. Ya se sabe que con la razón y la palabra se puede construir el argumento lógico que se quiera para justificar cualquier maldad, o cualquier hecho, o cualquier decisión por mejor o peor intencionada que sea ésta. Una inmensa mayoría de ciudadanos coincidimos en que la corrupción es una de las principales lacras de la vida pública española, tanto en las instituciones del Estado (Administración central, autonómica y municipal) como en las organizaciones políticas y sindicales. Pero es que además de ser ilícito traficar con dinero, influencias y prebendas —delitos todos ellos perfectamente tipificados en el Código Penal—, también es motivo de delito (o debería serlo) utilizar los recursos del Estado de manera onerosa, de forma que graven y comprometan el futuro de la colectividad. Prueba de ello es la situación que están padeciendo actualmente las distintas administraciones públicas, endeudadas hasta las cejas, con las arcas vacías y un montón de acreedores medio arruinados o arruinados del todo como consecuencia de la insolvencia demostrada por los gestores públicos.
Martes, 21 de mayo
Miguel Torres Galera
Juan Fernandez Krohn
Vicente Torres
Manuel Molares do Val
Juan Ramón Moscad Fumadó
Antonio García Fuentes
José Pómez
Francisco Rubiales
Vicente A. C. M.
Pedro Fernández Barbadillo
Enrique Zubiaga
Rufino Soriano Tena
Toni García Arias
