Termina para los españoles el 2010 mucho peor de lo que empezó. Esta es una obviedad irrefutable: la nación está en “estado de alarma”. Cómo no va a estarlo cuando se tiene una tasa de desempleo del 20 por ciento (4,5 millones de ciudadanos sin trabajo), un déficit del Estado (deuda privada más deuda pública) que supera los dos billones de euros (11% del PIB), un sistema productivo estancado por su falta de competitividad, y, por último, un sistema financiero más empeñado en financiar la deuda pública —a la que en parte está obligada por ley—, pero también muy golosa por el encarecimiento en los mercados de la deuda española.
Los delincuentes vocacionales tienen muy pocas posibilidades de escapar del bucle de violencia y rebeldía en que han convertido su existencia. La historia nos ha enseñado demasiados casos frustrados de individuos incapaces de rehacer sus vidas a través del sendero de la tolerancia y el respeto a la ley. Que se lo digan a los miembros de las OAS francesas, de los tupamaros argentinos y uruguayos o de los activistas irlandeses, por citar sólo algunos ejemplos, que acabaron sus días integrados en la delincuencia común. Y es que vivir pegado a una pistola mucho tiempo imprime carácter.
El caso del profesor de instituto que ha sido denunciado en La Línea de la Concepción (Cádiz) por la familia de un alumno por hablar del jamón en clase, es un testimonio clarísimo de la deriva absurda y desquiciante en la que está sumida nuestra sociedad. ¿Y qué o quién es el responsable de tan desafortunada situación? Mucho me temo que la responsabilidad no compete sólo a una persona, ni siquiera a un grupo político o ideológico, sino que —en general— es la consecuencia de un mal concebido espíritu de tolerancia.
Vivimos en un puro despropósito. La contradicción y el anacoluto impregnan todo el discurso político de nuestros gobernantes, sin olvidar el sofisma como cimiento esencial de toda la arquitectura ideológica de esta seudoizquierda instalada en el poder. Ahora resulta que a la actuación del Ejecutivo español en la crisis de los controladores aéreos se la califica de «ejemplar firmeza» frente a esa banda de chantajistas y extorsionadores. Menudo descaro y desvergüenza. Lo han conseguido, y se han salido con la suya. El ministro José Blanco se ha cubierto de gloria con esta pírrica victoria; ni un sátrapa persa de aquellos que gobernaban en tiempos de Darío el Grande se hubiera atrevido a tanto con un cuerpo de funcionarios estatales tan especializado y estratégico. El ministro iletrado primero ha demonizado a los controladores mediante una hábil y exhaustiva campaña de propaganda mediática: para ello no ha dudado en utilizar cuantas mentiras y medias verdades han estado a su alcance. En segundo lugar, Blanco se ha servido de todos los recursos del Estado para doblegar y humillar a un colectivo de dos mil cuatrocientos trabajadores mediante decretos leyes y otras medidas coercitivas. Y, por último, cuando el ministro de la cosa —a través de su amanuense presidente de AENA— consigue acorralar a los controladores y que éstos caigan en la trampa que les han tendido, abandonando sus puestos de trabajo, el Gobierno se hace solidario en este conflicto laboral y no duda en utilizar, de forma efectista y demagógica, toda la artillería pesada a su alcance para sentar sus reales y tratar de demostrar ante la opinión pública, nacional y foránea, que «quien echa un pulso al Estado lo pierde» (Pérez Rubalcaba dixit).
Viernes, 25 de mayo
Miguel Torres Galera
José Pómez
Vicente A. C. M.
Vicente Torres
Manuel Molares do Val
Juan Fernandez Krohn
Raúl González Zorrilla
Juan Ramón Moscad Fumadó
Francisco Rubiales
Pedro Fernández Barbadillo
Antonio Cabrera
Inmaculada Sánchez Ramos
Carlos Ruiz Miguel
