Cuando el río suena, agua lleva. A estas alturas no es un argumento plausible aceptar el presunto desvarío ideológico ni la supuesta incompetencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia política exterior para justificar que el Ejecutivo español no condene la violación, sistemática, de los derechos humanos que el gobierno de Marruecos viene perpetrando contra el pueblo saharaui. Algo pasa que trasciende las relaciones de buena vecindad, incluidas las crisis puntuales propias de vecinos. Por muy prudente y responsable que un gobierno quiera aparentar para con los asuntos internos de una nación amiga y vecina, existen principios éticos y morales que están por encima del deber de no injerencia, máxime cuando esos “asuntos internos” no sólo afectan a España (responsabilidades históricas, administrativas y políticas) sino que exigen del gobierno de turno un papel irrenunciable de tutela.
No debemos olvidar dos cosas: primero, que en los Planes de Defensa de nuestras Fuerzas Armadas la principal amenaza siempre proviene del flanco sur (por algo será), y que España continúa implicada en el proceso de autodeterminación del Sahara Occidental, como quedó recogido en el “Acuerdo de Madrid” (14 de noviembre de 1975), suscrito por los gobiernos de España, Marruecos y Mauritania, si bien éste último país renunció expresamente a sus pretensiones sobre dicho territorio en 1979, tras ser derrotado militarmente por el Frente Polisario. El Acuerdo de Madrid es tan solo un acuerdo de principios, mediante el cual las facultades y responsabilidades de España, como potencia administradora del Sahara Occidental, se transfirieron a una administración temporal tripartita. Así lo recoge años más tarde (29 de enero de 2002) el informe jurídico (documento S/2002/161) de Naciones Unidas, elaborado a petición del Consejo de Seguridad, donde en su párrafo sexto se dice: «[…] El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio [Sahara Occidental] ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sahara Occidental como Territorio no autónomo».
¿A qué viene tanta pulcritud y tanta exquisitez diplomática en un asunto en el que España está todavía metida de hoz y coz, aunque el presidente Rodríguez Zapatero y su Consejo de Ministros se pongan de perfil, y con ellos la mayor parte del PSOE. ¿Es que acaso existen acuerdos secretos y deshonrosos para España entre Rodríguez Zapatero y el rey Mohamed VI y su régimen autoritario y teocrático?
Conviene recordar la “crisis de Perejil” (en los días del 11 al 20 de julio de 2002), que estalló como colofón a la escalada de desaires que el gobierno marroquí le hizo al ejecutivo español presidido por José María Aznar. Aunque Marruecos jamás dio explicaciones de aquella larga y crispada crisis, todo hace suponer que fue la respuesta del nuevo monarca marroquí ─Mahamed VI había ascendido al trono alauí en julio de 1999─ al apoyo del gobierno español al censo de saharauis realizado por la Misión de Naciones Unidas para el Referendo en el Sahara Occidental (MINURSO) y al plan para solucionar el contencioso del Sahara. Mohamed VI consideró aquello como la “traición de Aznar”. En octubre de 2001 Marruecos había retirado su embajador en Madrid e iniciado sus hostilidades, cancelando los acuerdos pesqueros (que afectaban especialmente a España) con la Unión Europea e imponiendo condiciones draconianas para su revisión. Dos meses después, el 18 de diciembre, mientras se libraba la batalla diplomática entre ambos gobiernos, un bisoño pero desafiante líder socialista llamado José Luis Rodríguez Zapatero se embarcó en un desleal viaje a Marruecos para presentarse ante su monarca y su gobierno como providencial interlocutor. De lo que se habló aquellos dos días en Rabat nada trascendió a la opinión pública española, salvo el consabido comunicado oficial del PSOE, repleto de lugares comunes y una obscena foto de su secretario general con Mohamed VI en la que se veía un mapa de Marruecos que incluía el Sahara Occidental, las islas Canarias, Ceuta y Melilla.
Entonces quedaron patentes dos cosas: que Aznar y el PP eran considerados hostiles a los intereses de Marruecos, y que Rodríguez Zapatero inauguraba una nueva etapa de relaciones con Marruecos para provecho propio. Al cabo de dos años, cuatro días antes de los comicios generales, tuvo lugar en Madrid el 11-M, el mayor atentado terrorista de la historia de España. Esta tragedia nacional dio pie a algunos dirigentes del PSOE, como Alfredo Pérez Rubalcaba, para lanzar una formidable operación mediática de acoso y descalificación del gobierno y del Partido Popular. Lo que siguió fue una larga y sinuosa cadena de sucesos, muchos de ellos todavía pendientes de aclaración. El vuelco electoral ─contra todos los pronósticos de la demoscopia─ desalojó al Partido Popular del poder. Los numerosos detenidos ─cuando todavía el PP gestionaba el Ministerio del Interior─ fueron en su mayoría jóvenes marroquíes, y las pistas policiales evidenciaron la existencia de una trama marroquí, cuajada de extrañas complicidades españolas, algunas de ellas confidentes de la policía. Para cuando la Fiscalía General de Estado del gobierno de Rodríguez Zapatero organizó el juicio del 11-M, habían desaparecido algunas pruebas esenciales bajo custodia legal, así como informes periciales sobre los explosivos utilizados en los atentados terroristas. Al final todo quedó como un macabro delito cometido por una panda de fanáticos jóvenes musulmanes marroquíes, cuyos principales cabecillas se inmolaron en un piso de Leganés cuando se vieron cercados por la policía.
Pero al margen de los resultados judiciales que produjo el caso del 11-M, vale la pena preguntarse, como haría cualquier investigador criminalista, «¿quién se benefició más con los atentados del 11-M?» La respuesta, mal que nos pese, no deja lugar a dudas: en primer lugar, Rodríguez Zapatero, que se encontró con un inesperado triunfo electoral como consecuencia de la reacción de una sociedad sometida a un fuerte shock emocional y altamente manipulada a través de los medios de comunicación en las horas previas a la jornada electoral; y, segundo, el gobierno de Marruecos, que vio como, de un plumazo, desaparecía un gobierno vecino incómodo y altamente perjudicial a sus intereses expansionistas.
Durante los seis años largos de administración socialista pocas han sido las fricciones con Marruecos. La más destacable fue sin duda la que tuvo su origen en el anuncio de la visita oficial de los reyes de España a Ceuta y Melilla en noviembre de 2007. El gobierno marroquí la calificó de «iniciativa reprochable, cuales quieran que sean los motivos y objetivos» El primer ministro, Abbas el Fassi, llegó a comparar la situación de ambas ciudades con la ocupación israelí de los territorios palestinos, y el propio Mohamed VI calificó la visita como un «acto nostálgico y de una era sombría y superada». Por su parte, la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a declarar poco antes del viaje, que la visita de los Reyes de España era un acto de «normalidad institucional». Esta crisis apenas supuso una alteración transitoria, y de baja intensidad, de las relaciones entre ambos países. Otros conflictos, como el de hace un año por la expulsión a España de la disidente saharaui Aminatu Haida, o el fronterizo de Ceuta de hace unos meses el gobierno español los ha tratado con exquisita prudencia.
Todo hace pensar que Rodríguez Zapatero no moverá la ceja en la campaña de represión que está teniendo lugar en el Sahara Occidental si ello supone incomodar al monarca alauita y a su régimen feudal. Él sabrá por qué. Lo que calla, lo que esconde y lo que teme son cosas que le acuciarán la conciencia mientras viva, como a Felipe González le acucia todavía el hecho de haber decidido en su día si hacía volar por los aires, o no (decidió que no), a la cúpula de ETA. Sólo que en el caso de Rodríguez Zapatero las víctimas se cuentan por miles, tanto españolas como saharauis.
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Antes o después vamos a tener un enfrentamiento armado con Marruecos.
Es necesario en ocasiones hacer demostraciones de fuerza y de legitimidad para evitar males mayores.
La integridad del territorio es sagrada y requiere una respuesta contundente a cualquier agresión exterior.
Eso lo hace cualquier país, menos España.
En todos los países del mundo los partidos políticos están unidos en las cuestiones nacionales porque son de cajón y difieren en la forma de hacer política, por eso se agrupan en diferentes organizaciones.
Peo en España, somos distintos y raros. Un presidente del gobierno -mister Ben- con una cara de marioneta y una risa de payaso averiado que nos ha dejado a la altura del betún en el mundo y lo peor es que piensen en el exterior que todos los españoles somos así.
Creo que la Legión Española habría que volver a situarla en África para la que fué creada y que podamos nuevamente oír el grito patriótico A MÍ LA LEGIÓN nuevamente.
La foto es increíble.
Que Zapatero se fotografíe ante un mapa en el que Andalucía, Canarias, Ceuta, Melilla y el Sáhara sean marroquíes es de cuando menos ser imbécil.
Marruecos es un estado desde 1957.
Es decir desde hace 2 días.
Nosotros hemnos sido un imperio.
Las Canarias fueron conquistadas en el año 1.497 por orden de los Reyes Católicos.
Ceuta y Melilla son españolas desde hace 500 años, si bien es cierto que una de ellas ha sido portuguesa 300 años.
Los saharahuis y el Sáhara son un pueblo que existe desde hace muchos siglos, cuando la actual Marruecos eran tribus diseminadas.
Y nos viene ahora este moro a darnos lecciones de historia y de la propiedad de nuestra patria.
Si estuviesen aquí los Reyes Católicos, Felipe II, Carlos V o cualquier otro español con cataplines, le iban a dar al moro por donde amargan los pepinos.
Solo hay que ver por ejemplo lo que hicieron los ingleses con las Malvinas. Y nosotros encima damo...
Viernes, 25 de mayo
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Vicente A. C. M.
Vicente Torres
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