Talante totalitario y ruido mediático

09.07.10 | 13:26. Archivado en Política

Manipulación Vigilar, imponer, controlar y reprimir son actitudes e inclinaciones propias de mentalidades e ideologías totalitarias. Poco importa que el totalitario o represor sea de izquierdas o de derechas, el mal intrínseco es el mismo y la perversidad de sus actos le descalifica irremisiblemente. Por mucho que estos iracundos iluminados adecuen las leyes a sus quiméricas ensoñaciones (lo hizo Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, Mao, Castro, Videla, Pinochet, Chávez y así una interminable lista de desalmados genocidas), el Derecho Natural, la ética más elemental y el mínimo sentimiento compasivo les coloca por su perfidia en el panteón de las grandes calamidades humanas.

Desde luego no todos los regímenes totalitarios nacen de procesos revolucionarios o de golpes de Estado o de guerras civiles. Como todo el mundo conoce, el paradigma del totalitarismo lo encarna Adolf Hitler y la instauración del Tercer Reich en Alemania mediante la vía democrática; en la actualidad su álter ego más avezado es Hugo Chávez en Venezuela. Esto quiere decir que cualquier democracia poco sólida y deficientemente arraigada es susceptible de agresión por quienes, de manera taimada y engañosa, disfrazan sus verdaderas intenciones con la piel de defensores acérrimos de las libertades y de los derechos de los más débiles y desfavorecidos. De los que así se proclaman y envanecen, y esgrimen supuestas legitimidades y hasta superioridad moral sobre sus opositores, líbrenos la Providencia porque corremos un verdadero peligro de ser barridos del mapa, literalmente.

Por eso es tan confuso y peligroso lo que está pasando en la política española. Nadie debería extrañarse del ruido mediático tan agobiante que inunda nuestra convivencia diaria, y que a la vez genera tanta confusión, tanta angustia y tanta ansiedad, cuando no hartazgo y decepción. La mayoría de los ciudadanos están sumidos en la más desconcertante perplejidad. Es más, los medios de comunicación ─que efectivamente son decisivos en la formación de «opinión pública»─ también están demasiado implicados en el debate partidista, a la vez que cautivos y dependientes de la magnanimidad discrecional que, en forma de subvenciones y otras ayudas, prodigan las administraciones públicas a las empresas de comunicación.

En la actualidad, criticar la gestión política de la izquierda o del nacionalismo gobernante es tildado, ipso facto, de «reaccionario» y «cavernícola», cuando no directamente y sin ambages de «fascista»; en el caso del segundo supuesto, de agresión a la nacionalidad de que se trate, a sus señas de identidad y a todo el pueblo que representa. Con actitudes tan excesivas y radicales resulta comprensible deducir que cuando la izquierda (presente en el gobierno de España y en los de once autonomías) y los nacionalistas detentan el poder, el rechazo y hostigamiento a los medios no afines se hace patente. La crítica es considerada como agravio y deslealtad institucional, y, por tanto, es castigada sin contemplaciones (ninguneando ayudas y subvenciones, negando campañas publicitarias institucionales, dificultando acreditaciones informativas y acceso a según qué eventos, imponiendo multas administrativas o enviando inspecciones de todo tipo). Cualquier medida coercitiva es buena con tal de amedrantar, asustar o achantar a los responsables de las empresas de comunicación.

En estos días y en las últimas horas observamos atónitos cómo se suceden los disparates y los excesos. El último tiene que ver con una nueva detención de un político de la oposición, en este caso del presidente de la Diputación de Alicante, a la sazón secretario general del Partido Popular en dicha provincia. La detención, una vez más, se ha producido mediante una desmesurada operación policial y mediática, hasta el punto de que la sospecha de ilegalidad es clamorosa.

Y mientras se aclaran estos términos, continúa la campaña de difamación al grupo de comunicación Intereconomía, muy crítico con la política de Rodríguez Zapatero. El propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha notificado una sanción administrativa de 100.000 euros por emitir un video crítico con el «Día del orgullo gay». El grupo Intereconomía es calificado desde los medios afines al PSOE y de otros partidos de izquierda, nacionalistas e independentistas de «ultraderecha», de «derecha extrema» y de «fascista».

Por su parte, a los políticos conservadores o de ideología liberal les pesa el complejo histórico (o el sambenito que le ha colgado la izquierda «progre») de «carcas» y «reaccionarios». Este peso en la conciencia ─yo diría, mala conciencia─ lastra tanto su discurso y la defensa de sus convicciones que con frecuencia les hace mostrarse inseguros y diletantes. Este no es el caso de la izquierda, que tiene en los arquetipos y tópicos dialécticos del pasado sus mejores armas para desacreditar, deslegitimar y desautorizar cualquier iniciativa, crítica u oposición que provenga de su adversario de derechas.

Este sábado toda la izquierda, el nacionalismo y el independentismo catalán van a salir a la calle a manifestarse contra la sentencia del TC que declara algunos artículos del Estatut inconstitucionales y otros los reinterpreta de cómo están redactados. He aquí un acto manifiesto de desafección constitucional (nada menos que renegar del Tribunal Constitucional). ¿Por qué será que este hecho me recuerda aquellos otros ocurridos en los ya lejanos días de octubre de 1934, cuando el presidente de la Generalitat Lluis Companys proclamó el «Estado Catalán» dentro de la República Federal Española? Entonces la traición llevó al gobierno de la República a suspender la autonomía, y ocho meses más tarde el Tribunal de Garantías Constitucionales condenó a Companys, junto a todo el Gobierno catalán, a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta.

No quiero decir con esta alusión que se trate ahora del mismo caso, pero hoy como ayer el socialismo va de la mano del nacionalismo soberanista. Entonces, el socialismo, en la oposición, se sirvió de los anhelos separatistas para llevar a cabo su huelga revolucionaria. Por el contrario, en nuestros días el socialismo está instalado en el poder, y desde hace legislatura y media no hace otra cosa que trabajar para reducir a la oposición conservadora a la mínima expresión y deslegitimarla del sistema democrático. Sin embargo, también hoy como ayer, este émulo de Largo Caballero ─en actualizada caricatura─ que representa Zapatero, está empeñado en su revolución del talante evanescente y totalitario. Afortunadamente, tanto afán en tratar de imponer a todos los españoles su contumaz incompetencia va a terminar en un sonoro y estrepitoso fracaso.

Hace seis años pronostiqué ─apenas hacia unas pocas semanas que había ganado ZP las elecciones─ que sólo sacaría a éste ínclito advenedizo del poder una hecatombe económica. Y como quiera que por aquel entonces la sociedad española viviera en una excitante burbuja consumista, Zapatero se permitió el lujo de abordar reformas sociales poco convenientes y estrafalarias, así como derogar leyes de sus predecesores, bloquear acuerdos de Estado, negociar con terroristas y alcanzar pactos de legislatura con independentistas. Ahora que la hecatombe económica es un hecho, no creo que a casi nadie le quepa la menor duda de que Zapatero tiene los días contados en La Moncloa. Pero de una cosa estoy bien seguro: que venderá muy cara su salida de la poltrona. Mucho me temo que no escatimará medios para dificultar la alternancia de gobierno. Y la manifestación del sábado en Barcelona cuenta con su incondicional apoyo. El ruido mediático se hará ensordecedor por mucho tiempo.