Sentido de Estado y responsabilidad

12.06.10 | 07:00. Archivado en Política

El Gobierno ha asumido la reforma laboral ante la incapacidad de los llamados agentes sociales de alcanzar algún acuerdo. No olvidemos que se trata de una de las reformas estructurales imprescindibles para reactivar la actividad económica y mejorar la productividad. El Ejecutivo se ha comprometido, por tanto, a presentar su reforma ante la opinión pública el próximo 16 de junio. Lo hará mediante un decreto-ley que deberá, posteriormente, ser sancionado por el Parlamento si sus señorías lo creen conveniente. Ya veremos cuántas simpatías concita la propuesta del presidente Rodríguez Zapatero.

El fracaso del diálogo social entre empresarios y sindicatos estaba cantado desde hace meses: el empecinamiento de Comisiones Obreras y UGT terminará, más tarde o más temprano, por pasarles factura. El fiasco de la pasada huelga de empleados públicos, pese a lo que se empeñen en afirmar los líderes sindicales, es una prueba fehaciente de la pérdida de credibilidad de los trabajadores en las centrales obreras de clase: Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez son la imagen del sindicalismo más reaccionario y alejado de la realidad socio-económica de nuestro tiempo; representan lo más rancio del sindicalismo vertical del franquismo, tan trufado de intervencionismo e inmóvil paternalismo, y del estatalismo socialista. A ver si en medio del actual clima de aceptación se atreven a convocar una huelga general.

Ahora lo que importa es conocer los términos concretos de la reforma laboral del Gobierno socialista, y en qué medida satisface los deseos de unos y otros, y, lo que es más importante, en qué medida satisface las necesidades de los españoles en su conjunto, más allá de los intereses ideológicos, de partido y electorales. El modelo económico de libre mercado exige un alto grado de flexibilidad en la contratación laboral, sin que ello vaya en menoscabo de los derechos inalienables de los trabajadores (salario y horarios dignos, seguro de enfermedad y de accidentes, condiciones higiénicas saludables y seguridad en el trabajo, amparo jurídico ante posibles arbitrariedades, derecho al descanso y a conciliar la vida familiar, etc.). No olvidemos que el índice de paro se ha mantenido en España en tasas que duplicaban la media de la Unión Europea, incluso durante el periodo en el que nuestro país lideraba el crecimiento en la UE. Esta es la prueba de que algún problema estructural debe tener nuestra economía y nuestro sistema de relaciones laborales.

En unos días ─sea cual sea la reforma laboral que pretenda el Gobierno─, volverá a plantearse la cuestión de si el Partido Popular debe apoyar la propuesta de Rodríguez Zapatero por razones de responsabilidad política y sentido de Estado. Como se recordará estos fueron los reproches que se esgrimieron desde las filas socialistas y desde numerosos medios de comunicación por analistas y líderes de opinión pública.

Yo desde luego tengo otra visión bien distinta del asunto, que a continuación me atrevo exponer. En primer lugar, los precedentes que avalan la gestión de la crisis económica por el Gobierno desde hace dos años, no han hecho más que alimentar la desconfianza de la oposición y de la mayoría de ciudadanos hacia la capacidad de luchar contra dicha crisis del presidente Rodríguez Zapatero.

En segundo lugar, después de ningunear al líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, la adopción de alguna medida encaminada a recortar el déficit público -durante el encuentro que mantuvieron ambos en el Palacio de La Moncloa un miércoles-, el lunes siguiente ─acuciado por las presiones de la canciller alemana Merkel, del presidente francés Sarkozy y del propio presidente norteamericano Obama─ Zapatero da un giro de 180 grados y aprueba en un abrir y cerrar de ojos un plan de ajuste económico sin consultar ni negociar con nadie. Alguien dirá que está en sus prerrogativas cambiar de política cuando le dé la gana. Pues claro que sí, faltaría más, siempre y cuando tenga apoyos parlamentarios suficientes que respalden sus iniciativas. Su electorado ya le juzgará en los próximos comicios.

Y, tercero. Qué pasa si el presidente del Ejecutivo no tiene suficientes apoyos parlamentarios. Lo lógico es que el que algo quiere algo le cueste, por lo que ZP debería negociar con aquellos que son susceptibles de brindarle su respaldo. ¿Lo hizo con el presidente del PP? No. Incluso le negó el pan y la sal unos días antes en la propia sede de la Presidencia del Gobierno. ¿Y aún así debería Rajoy haber votado a favor de un plan de ajuste que no le gustaba? Mi opinión es que el líder popular hizo muy bien oponiéndose, digan lo que digan los socialistas o el melifluo y taimado de Durán i Lleida, que impidió que una crisis de gobierno perturbase las expectativas de CiU en las elecciones catalanas del próximo otoño. Eso de la grandeza de espíritu y de sentido de Estado a otro perro con otro hueso. Por la misma, CiU deberá aprobar ─le guste o no─ el próximo decreto de reforma laboral de Zapatero. Sin embargo, Durán se ha llenado la boca afirmando que no tragarán con una reforma si ésta no es seria y en profundidad; en definitiva, la que necesita la economía española. Ya veremos, dijo un ciego.

El sentido de Estado y el sentido de la responsabilidad deberían afectar en primer lugar al partido gobernante. Y aunque la legalidad lo legitima para mantenerse en el ejercicio de gobernar, el sentido de Estado y el sentido de la responsabilidad también deberían animar a Rodríguez Zapatero ─a la vista del descrédito y de la desconfianza que se manifiesta en la opinión pública, en los mercados y en la mayoría de instituciones públicas y privadas─ a disolver las Cortes y a convocar elecciones legislativas cuanto antes, o bien promover una cuestión de confianza en el Parlamento, o bien, impulsar un gobierno de concentración nacional. Eso sí sería tener sentido de Estado y sentido de la responsabilidad. Lo demás son ejercicios retóricos y malabarismos dialécticos encaminados a confundir a la opinión pública.