Algo huele a podrido en España

07.03.10 | 22:13. Archivado en Política

Que la justicia está politizada y la independencia del poder judicial es una falacia, no cabe la menor duda. Así lo piensa al menos el 64% de españoles encuestados por Metroscopia en un sondeo realizado para el diario El País y publicado este domingo; del resto, sólo el 28% de asegura que la Administración de Justicia está poco o nada politizada. Desde luego, este mayoritario porcentaje de opinión pública tan pesimista y desalentada no preocupa ni afecta lo más mínimo a los políticos, salvo para avivar la polémica y la confrontación entre los adversarios y los líderes de opinión pública. Ni el partido socialista en el Gobierno de la Nación, ni el popular en la oposición tienen el más mínimo interés en devolver al poder judicial la verdadera esencia de su razón de ser en una democracia avanzada y plural, ni la dignidad institucional que le corresponde; no digamos las fuerzas políticas centrífugas, cuyo insaciable apetito de poder (de la competencia de la Administración de Justicia ya han obtenido un buen bocado) sólo es comparable con su afán de sometimiento a todo cuanto cae en sus manos.

Este descrédito, desde luego, es el reflejo de una sociedad enferma. Sí, enferma porque ha permitido ─quizá no le quedara más remedio─ que su clase dirigente haya pervertido el sistema político que tan ufanamente se pavonea en proclamar y defender: la democracia y la Constitución. Empezando por los gobiernos del socialista Felipe González (reforzando el control político en la elección de los órganos de gobierno de la judicatura y del ministerio fiscal), y siguiendo por los que presidió el conservador José María Aznar (que nada hizo por remediar el desafuero socialista). Y así están las cosas, empantanadas y hediondas, con renovaciones pendientes en instituciones singulares ─Tribunal Constitucional, por ejemplo─, lo que constituye una grave afrenta a nuestro sistema legal de garantías (véase la ansiada sentencia del TS en los recursos del nuevo Estatuto de Cataluña).

Y como último baldón del tejemaneje que se trae el poder político con el poder judicial ─paradigma de intromisión y deslealtad constitucional─, hete aquí el encuentro que tuvo lugar el pasado viernes, 5 de marzo, en la sede del Tribunal Supremo. El anfitrión, Carlos Dívar, presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial, puso a disposición de sus eminentes invitados uno de los salones de su propio gabinete, para que el encuentro fuera menos solemne y resultara a la vez más confortable. Y como quiera que la hora de la cita fuera propicia, el entrañable Dívar hizo servir unas exquisitas viandas encargadas con antelación a un conocido restaurante madrileño. Desde luego, los asuntos allí tratados no han transcendido (¿?), pero debieron ser de mucha enjundia a tenor de la dignidad de los tres visitadores (¿sería correcto decir invitados?, no lo creo): el presidente del Gobierno, la vicepresidenta primera y el ministro del Interior.

¿Se imaginan ustedes el cuadro?: José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega y Alfredo Pérez Rubalcaba reuniéndose ─nada más acabar la rueda de prensa de los viernes en el palacio de La Moncloa─, de incógnito, para tratar graves asuntos de Estado con el presidente del Tribunal Supremo (¿dónde estaba Francisco Caamaño, el ministro de Justicia?). El asunto tiene mucha miga, y ninguna baladí. A mí me parece de una extrema gravedad. Me parece que se han sobrepasado todos los límites de lo permisible y tolerable en un Estado de Derecho en cuanto a prácticas lícitas desde un punto de vista ético y formal. Cada cual que saque sus propias conclusiones, que seguro que habrá muchas y algunas contrapuestas. Pero para mí que algo huele a podrido en España.