Los medios de comunicación sufren con rigor las consecuencias de la crisis económica. El paro causa estragos entre sus profesionales. Las regulaciones de empleo devastan los sueños de miles de familias. Y los salarios precarios reducen a los trabajadores jóvenes a mano de obra de aluvión. Por el contrario, y como si de un alarde de ironía del destino se tratara, gran parte de ese mismo destino descansa sobre un ramillete de conspicuos supermillonarios. Yo, desde luego, no creo que se trate de pura casualidad, puesto que desde los tiempos de la transición han sido constantes las crisis económicas que han afectado a los medios de comunicación. Durante estos años pasados hemos asistido al cierre de cabeceras y empresas, se han despedido centenares de trabajadores de la más variada cualificación, pero lo que nunca habíamos visto es hacerse multimillonarios a directores de periódicos en el ejercicio del cargo.
AENA, la empresa estatal que gestiona los aeropuertos españoles, se ha gastado ─con el visto bueno del Ministerio de Fomento, de quien depende orgánicamente─ más de medio millón de euros en los fastos de inauguración de la nueva terminal del aeropuerto de Málaga. A este evento acudió el rey Juan Carlos en calidad de Jefe del Estado, y todo fue poco para que José Blanco, ministro de las infraestructuras públicas, pudiera lucir palmito y tratar de capitalizar al máximo el esfuerzo inversor del gobierno de Rodríguez Zapatero en esta provincia andaluza.
Que la justicia está politizada y la independencia del poder judicial es una falacia, no cabe la menor duda. Así lo piensa al menos el 64% de españoles encuestados por Metroscopia en un sondeo realizado para el diario El País y publicado este domingo; del resto, sólo el 28% de asegura que la Administración de Justicia está poco o nada politizada. Desde luego, este mayoritario porcentaje de opinión pública tan pesimista y desalentada no preocupa ni afecta lo más mínimo a los políticos, salvo para avivar la polémica y la confrontación entre los adversarios y los líderes de opinión pública. Ni el partido socialista en el Gobierno de la Nación, ni el popular en la oposición tienen el más mínimo interés en devolver al poder judicial la verdadera esencia de su razón de ser en una democracia avanzada y plural, ni la dignidad institucional que le corresponde; no digamos las fuerzas políticas centrífugas, cuyo insaciable apetito de poder (de la competencia de la Administración de Justicia ya han obtenido un buen bocado) sólo es comparable con su afán de sometimiento a todo cuanto cae en sus manos.
Viernes, 25 de mayo
Miguel Torres Galera
José Pómez
Vicente A. C. M.
Vicente Torres
Manuel Molares do Val
Juan Fernandez Krohn
Raúl González Zorrilla
Juan Ramón Moscad Fumadó
Francisco Rubiales
Pedro Fernández Barbadillo
Antonio Cabrera
Inmaculada Sánchez Ramos
Carlos Ruiz Miguel
