Miguel Torres Galera
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Democracia e irracionalidad
24.05.09 @ 21:26:21. Archivado en Política
Como tan acertadamente escribiera ayer en La Tercera de ABC el insigne erudito de la cultura clásica, Francisco Rodríguez Adrados, acerca de que «En Grecia, la democracia fue una respuesta a la opresión de los tiranos...», así es como ocurrió también (salvando las distancias) en España tras la desaparición del general Franco. Treinta y seis años de dictadura política y de cruel represión ideológica (después de tres años de terrible guerra civil y cinco de frustrante república parlamentaria), generaron el caldo de cultivo necesario para construir unas nuevas bases de convivencia nacional sobre valores tales como la libertad individual, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el derecho a la libertad de expresión y el reparto del poder, todo ello logrado mediante un pacífico acuerdo entre la mayoría de las fuerzas políticas. ¿Quiere decir esto que en 1977 los españoles eran demócratas convencidos? Pues, sinceramente, no; pero lo que sí tenía muy claro la mayoría de ciudadanos de entonces era que España estaba a la cola del bienestar económico, social y cultural de la Europa Occidental y del resto de países avanzados del mundo.
La dictadura dejó de ser impermeable a lo largo de la década de los sesenta (televisión, emigración, turismo), y junto a la mejoría del nivel económico general, fueron las dos principales causas que determinaron la buena disposición de la ciudadanía para incorporarse a la modernidad democrática. En cambio, la madurez democrática donde sí había arraigado —mediante procesos diversos— fue en las fuerzas políticas, tanto conservadoras (tardo franquistas, democratacristianos, liberales y centristas) como de izquierdas (socialdemócratas, socialistas y comunistas); sólo se mantuvieron al margen de la opción democrática los recalcitrantes del Movimiento y de la violencia franquista, marxista e independentista. En cualquier caso, para la mayoría de los españoles la monarquía del rey Juan Carlos I implicaba una lógica deriva hacia posiciones de convergencia con la Europa libre.
Pero como muy bien señala Rodríguez Adrados, «el peligro acecha siempre a los hombres y a las sociedades cuando se salen del carril legitimo y creen que todo puede dárseles gratis y sin esfuerzo». Y así como la democracia instaurada en la Grecia de Pericles no aguantó ni ochenta años, a causa de los usos y abusos a los que fue sometida por toda clase de charlatanes y demagogos, del mismo modo está ocurriendo hoy en España. Hay que tener presente que la democracia es el sistema más exigente con los ciudadanos y con los dirigentes públicos: la virtud (búsqueda del bien para los demás) es condición distintiva e imprescindible en el político democrático. Por eso los políticos de la transición derrocharon aquel inmenso caudal de generosidad y sacrificio. Unos y otros tuvieron muy presente los estragos del enfrentamiento pasado, y forjaron sobre los pilares de la reconciliación y el perdón (que no del olvido) el futuro de una convivencia pacífica, fructífera y, sobre todo, más equitativa y justa. Todo lo contrario de lo que está ocurriendo treinta años después, donde desde los parlamentos representativos (de la Nación y autonómicos) se aprueban leyes que contravienen frontalmente la Constitución, donde los gobernantes soliviantan a sus partidarios descalificando y demonizando a la oposición, donde las comunidades autónomas se han convertido en reinos de taifas para mayor gloria de los partidos hegemónicos, donde los altos tribunales de justicia han sucumbido víctimas de la injerencia política, y donde las instituciones públicas son utilizadas de forma descarada en acciones de propaganda y en cautivar voluntades mediante el pago de favores y reparto de sinecuras.
El sistema democrático español está sumido en una guerra incruenta que se está librando —por ahora— en el ámbito de los medios de comunicación, pero que sin lugar a dudas amenaza la esencia misma del sistema. Cada vez son más la voces que reclaman mayores dosis de autoridad frente a lo que supone riesgo inminente de disgregación y / o disolución de la Nación española. Mal asunto este, puesto que el difícil equilibrio entre autoridad y libertad tiene su punto más vulnerable en la irracionalidad, por mucho que la mayoría la respalde. Por todo ello la democracia española no está a salvo.
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