Una Constitución que agoniza

05.12.08 | 20:43. Archivado en Política

Constitución española Sin duda, la vigencia de la Constitución de 1978 durante treinta años ha proporcionado a la nación española el periodo más largo y fructífero de su historia. Concebida y alumbrada en una coyuntura política, social y económica excepcional, la “ley de leyes” ha demostrado, con el paso del tiempo, haber sido un eficaz instrumento regulador de la convivencia —no siempre exenta de amenazas y peligros—, que ha permitido la transformación de una sociedad tutelada por un Estado autoritario y despojada de derechos y libertades públicas, a una sociedad representativa y democrática, enraizada en un Estado garante de los derechos inalienables del ser humano.

No obstante, conviene señalar —en la hora feliz de celebrar este trigésimo aniversario—, que la Carta Magna necesita con urgencia una revisión, si no a fondo en todos y cada uno de sus títulos, si al menos en el octavo (el referido a las autonomías), así como en otras cuestiones más sencillas pero no por ello menos imprescindibles (sucesión a la Corona, adaptación a la legislación de la UE, revisión del excesivo garantismo de nuestro sistema judicial, etc.). Estos cambios permitirían fortalecer la musculatura jurídica de las reglas de juego de nuestro sistema de convivencia, toda vez que nos protegería eficazmente de las derivas soberanistas que desde hace treinta años acechan, hostigan y acorralan a la unidad nacional.

Basta de retórica y llamemos de una vez a las cosas por su nombre. Si bien se hace imprescindible la reforma constitucional, no es menos cierto que en la actualidad no se dan las circunstancias adecuadas: la clase política carece del consenso mínimo necesario para abordar tal empeño, y menos el que había en 1978; vive enfrentada entre sí con un encono y un rencor incompatibles en un proyecto común. Y esto es en cuanto a partidos nacionales y constitucionalistas se refiere, excuso decir la falta de voluntad reformadora que anida en las mentes de los nacionalistas periféricos. A estos últimos el exceso de ambigüedad del Título octavo de la Constitución les ha ido de perlas durante estas tres décadas. Los complejos centralistas de la derecha y de la izquierda española han favorecido tal cúmulo de concesiones a los nacionalismos, que han terminado por vaciar el Estado de competencias hasta dejarlo exhausto. La España de las autonomías, que deriva del espíritu y letra de un orden jurídico superior como es la Constitución, ha terminado imponiéndose a la Carta Magna a base de forzar las interpretaciones de su articulado. Por eso los nacionalistas no quieren saber nada de reformar la Constitución, y ponen todo el empeño en la política de actos consumados (nuevo Estatuto de Cataluña o los intentos de imponer el Plan Ibarretxe).

Sí, a todas las fuerzas políticas les va bien con una Constitución exhausta y deprimida. Durante sus treinta años de vida todos la han manipulado a conciencia. Lo que comenzó siendo un texto de compromiso histórico para avanzar por la senda democrática y romper la rigidez de un Estado centralista, en poco tiempo se convirtió —para algunos— en un pretexto para redimir presuntos agravios históricos, y —para otros— en reivindicación de derechos competenciales. De ahí que de la “tabla de quesos” se pasara inmediatamente al “café para todos”, y del café para todos al saqueo del Estado y a los reinos de taifas. Y nadie está exento de culpa. Si a esto se añade la demolición de la independencia del poder judicial, convendremos que un gobierno nacional que controla la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y la mayoría parlamentaria en el Congreso, no necesita de reformas constitucionales para mantenerse en el poder. Y los soberanistas periféricos encantados de un marco jurídico tan flexible y adaptable a sus necesidades y caprichos.

Llegados a este punto, y por mucho que la retórica de la efeméride que se celebra este 6 de diciembre sature a los españoles con sus pretendidas bondades, no es menos cierto que la Constitución de 1978 no está en condiciones de soportar otros treinta años. Ni mucho menos. O se reforma en un plazo de tiempo razonable o entrará en coma el modelo de Estado. Los partidos nacionales constitucionalistas tienen la palabra. Es suya la responsabilidad.