Miguel Torres Galera
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Fin de un sueño
27.04.08 @ 22:11:49. Archivado en Historia, Cosas del mundo
El 2 de mayo de 1808: el nacimiento de una Nación (y IV)
«Como Españoles es necesario que muramos por el Rey y por la Patria...». Este grito era la expresión viva del concepto que sobre el poder tenía la sociedad de principios del siglo XIX. Se trataba de la sustanciación de una idea secular arraigada y aceptada: «el poder proviene de Dios y Él lo delega en un hombre virtuoso entre los demás y, por ende, a su descendencia». Esta idea es la que arrastra al pueblo llano a cumplir con una obligación moral; también, por qué no decirlo, es la respuesta ante la afrenta al sentimiento nacional: el Rey, en manos del invasor, y la Corona suplantada por un advenedizo extranjero. Ambos desafueros atentaban de plano contra el mito patriótico.
Es verdad que el pensamiento ilustrado que habían propiciado pensadores como Hobbes, Locke, Hume, Smith, Voltaire, Rousseau, Diderot o Montesquieu suponía el fin de la idea clásica del poder y de todo lo que llevaba implícito, tanto en el aspecto político (poder absoluto), como en el social (desaparición del vasallaje y de la sociedad estamental), o como en el aspecto económico (desaparición de diezmos, privilegios y regalías). La Ilustración colocaba al hombre en el centro del universo, haciéndole igual a sus semejantes; es la reunión de todos los ciudadanos la que designa su representación y, por ende, constituye el Estado.
Avanzada la guerra, en mayo de 1810 la Junta Central de Defensa dio paso al Consejo Supremo de Regencia. Este nuevo órgano tenía como misión, al igual que antes la Junta Central, reorganizar el Estado. Sin embargo, la Regencia nace enfrentada a los miembros de la Junta; el Consejo de Castilla despierta y se arrima a la Regencia, culpando a los liberales de los males de España. La Regencia retrasa la publicación del decreto de 1 de enero, de convocatoria de Cortes; finalmente, la apertura de sesiones se inicia en Cádiz (isla de León) el 24 de septiembre.
Los delegados presentes coincidían en la necesidad de articular un nuevo modelo de Estado. La cuestión era qué modelo. Las opciones enfrentadas eran similares a las de las últimas décadas entre absolutistas y liberales; se trataba de la pugna entre tradición, reforma y revolución. En la Junta Central había ministros de Carlos IV, hombres ilustrados que ya habían desarrollado algunas de las reformas que se consideraban necesarias para el mantenimiento y modernización del sistema político de la Monarquía española (Floridablanca, Saavedra, Jovellanos, etc.). Pero surgieron nuevos hombres que se decantaron por el liberalismo y las reformas radicales (Calvo, Quintana, Argüelles, Ranz Romanillos,...).
Entre los absolutistas y el grupo liberal había otro de reformadores ilustrados, llamados realistas, a cuya cabeza estaba Jovellanos. Eran herederos de la doctrina política elaborada en el siglo XVIII, en plena Monarquía absoluta, y que limitada el poder del rey mediante las Leyes fundamentales del Reino, que debían rescatarse y compilarse para su conocimiento y aplicación. Se trataba de una idea pactista, que no había sido desarrollada. El sistema político absolutista se reformaría así para acoger otro basado en la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes renovadas.
Finalmente, son los liberales —en principio minoría— los que ganan la batalla ideológica de cara a la apertura de las Cortes, llamadas Generales y Extraordinarias: consta de cámara única, formada por diputados elegidos por los nuevos ciudadanos y por las Juntas provinciales, que, unidos, integraban un único cuerpo que representaba a la nación soberana. Los debates fueron vivos y apasionados, incluso a veces, en exceso vehementes.
Entre tanto, la guerra continúa. En 1811 los ejércitos napoleónicos acumulan hasta 350.000 hombres en España y dominan la práctica totalidad del territorio español. Sólo Cádiz resiste el feroz cerco de fuego y hambre que le ha impuesto el mariscal Soult. Comienza 1812 con la dolorosa noticia de la caída de Valencia, la otra ciudad que aún resistía el embate francés. Afortunadamente, en este mismo mes de enero el general inglés Wellington inicia una gran ofensiva sobre Extremadura y libera Ciudad Rodrigo y Badajoz.
Mientras esto ocurre, el 19 de marzo, festividad de San José, las Cortes aprueban la Constitución; la exaltación y el júbilo se expande con rapidez entre «¡Vivas a la Pepa!», nombre popular con la fue bautizada la Carta Magna. Continúan las victorias inglesas, primero en Almaraz y luego en Salamanca.
La campaña de Rusia obliga a Napoleón a retirar cuantiosas tropas de España. Este hecho favorece la causa española y, a lo largo de 1813, los franceses son empujados hacia los Pirineos. Napoleón se atrinchera en la frontera hasta negociar con Fernando VII una salida, que llegó el 11 de diciembre con el Tratado de Valençay: el Borbón acepta la neutralidad de España y, a cambio, Napoleón le devuelve la Corona. El rey «Deseado» es liberado el 22 de marzo de 1814 y cruza la frontera el 24. Entre tanto, las tropas aliadas luchan en abril en el sur de Francia (Toulouse); Cataluña permanece parcialmente ocupada por el ejército francés.
Había llegado la hora de la verdad respecto a la Constitución. Las Cortes habían decretado que el rey acatara la Carta Magna mediante juramento; mientras tanto no se le reconocería ni se le prestaría obediencia. A su vez, las Cortes habían dado instrucciones precisas para garantizar el viaje directo a Madrid del monarca. Fernando VII se negó a seguir el camino marcado por la Regencia y entró en Valencia el 16 de abril. Al día siguiente recibió a dos emisarios: uno —con el texto de la Constitución— era el representante de la Regencia; el otro, el general Francisco Javier de Elío, con un manifiesto absolutista (Manifiesto de los Persas) firmado por 69 diputados. Elío invitó al monarca a recobrar sus derechos, poniendo sus tropas a su disposición y realizando el primer pronunciamiento militar de la historia de España.
¡Paradojas del destino! Seis años de terribles padecimientos a manos de un enemigo implacable y cruel, que vertió la sangre de centenares de miles de españoles, que expolió sus riquezas y tesoros y que dejó España asolada y arruinada, no fueron motivos suficientes para remover en lo más hondo ni la conciencia ni la razón de un monarca que, junto a su padre Carlos IV, fueron los máximos responsables de los ignominiosos sucesos que llevaron a la Familia Real a Francia y a los españoles a la guerra. La batalla de las ideas y la razón que se había librado en las Cortes de Cádiz, de repente, se trocó en una mera ilusión, que junto a la guerra, enmascaró los conflictos ideológicos del pasado.
Lo cierto es que el pueblo llano había derramado su sangre por el rey y por la Corona; pero todavía estaba muy lejos de entender el significado del Estado soberano. Hubiera sido necesario una mayor grandeza de espíritu por parte de los que —añorando el Antiguo Régimen— habían sido vencidos en los debates constitucionales por los defensores de la soberanía nacional. Ni siquiera la apelación del preámbulo constitucional a «Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu-Santo, autor y supremo legislador de la sociedad» fue suficiente para tranquilizar la desconfianza de la reacción ilustrada y del sentimiento atávico del pueblo llano. Aceptar la literalidad de los tres primeros artículos de la Constitución representaba para estas gentes un trágala insufrible: «La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios»; «La Nación Española es libre e independiente, y no es, ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona»; y «La Soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales».
Los firmantes del Manifiesto de los Persas representaban a la reacción más insidiosa y recalcitrante, a pesar de haber participado tanto en las Juntas como en el Consejo de Regencia y en las propias Cortes. Muchos de estos elementos pusieron velas a Dios y al demonio. Y contaron, finalmente, con la colaboración decisiva de Fernando VII, un rey si no más inepto que su padre, sí más taimado, venal y retrogrado. El regreso del rey «Deseado» a su patria, en los términos en que se produjo, generó el cisma definitivo entre las «Dos Españas». Un cisma que provocaría represiones, guerras civiles, dictaduras militares y golpes de estado hasta 1981.
El 4 de mayo de 1814, Fernando VII declaró nulo y sin efecto toda la obra de las Cortes de Cádiz. Al día siguiente, el «Deseado» salía de Valencia en marcha triunfal hacia Madrid. El entusiasmo popular —al grito de «¡vivan las cadenas!»— le acompañó todo el viaje. El régimen constitucional no fue capaz de oponer resistencia. Sin embargo, a pesar de la ocasión histórica frustrada, la semilla del liberalismo no dejaría de ahondar y extender sus raíces. Y el precio por imponerse muy costoso.
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