Comprender a los jóvenes de hoy es un ejercicio que a los que hemos entrado en el umbral de la edad provecta no nos resulta a menudo fácil. Parece como si las tiernas generaciones actuales discurrieran por una longitud de onda diferente a la que sintonizábamos en aquellos años de la posguerra o en los transcurridos hasta la década de los setenta. No obstante, he llegado a la conclusión de que no es tan difícil entender el por qué de las vigentes actitudes y comportamientos, en apariencia, sólo en apariencia, tan distintas a las que protagonizamos en nuestra ya lejana juventud.
Es tal el grado de insatisfacción y ofuscación que se vive en la sociedad actual, que maravilla pensar cómo es que todavía somos capaces de esgrimir una sonrisa, por leve que ésta sea. Es verdad que no a todos les va igual de mal, ni de bien. Pero tampoco es menos cierto que vivir pendientes de las noticias que nos vierten los medios de comunicación nos conduce, inexorablemente, por un camino de frustración y angustia sin solución de continuidad. Aludiendo a la frase consignada a Mark Twain, de que “Si uno no lee los periódicos, está desinformado; y si los lee, está mal informado”, no sería un disparate inferir que del debate, la confrontación y el enfrentamiento, la prensa, la radio y la televisión obtienen sus mayores audiencias y, por ende, los resultados económicos más óptimos.
Este lunes 19 de marzo es fecha de gran alborozo por partida doble: por un lado se celebra la onomástica de los “josés”, “maría josés” y de las “josefinas” y, por otro, se conmemora el segundo centenario de la aprobación por las Cortes de Cádiz, de 1812, de la primera Constitución española.
La recién anunciada convocatoria de huelga general tiene un doble propósito: por un lado, presionar al gobierno de los populares para que retire su proyecto de ley de reforma laboral y, por otro, lanzar una gran cortina de humo ante la opinión pública para distraerla del nauseabundo torbellino de noticias provenientes de la corrupción en la Junta de Andalucía. El asunto no es baladí. Para el PSOE y demás fuerzas de izquierda Andalucía es el último bastión de poder que les queda, por eso su defensa está siendo encarniza, con uñas y dientes, y todavía pueden surgir otras sorpresas.
Ya tenemos aquí la primera huelga general; no se ha hecho esperar. Apenas tres meses después de que el Partido Popular comenzara a ejercer las tareas de gobierno, partidos y sindicatos de izquierdas han concitado sus voluntades y energías para dar la primera gran batalla —a campo abierto— a las políticas de los conservadores. Ya ha habido escaramuzas suficientes, con pretextos varios, en diversas ciudades españolas, en las que manifestaciones aparentemente reivindicativas han terminado en violentos desórdenes públicos. Esto quiere decir, que los partidos de izquierda, descolocados e irritados por el extraordinario poder alcanzado por el PP en las urnas, están dispuestos al precio que sea a movilizar a la opinión pública a su favor y así tratar de recuperar la confianza y el prestigio perdidos.
Participo de la opinión de que todos los seres humanos tienen derecho a ganarse el pan de su sustento de forma honrada y en condiciones dignas. Por tanto, todo aquello que se aparte de una forma u otra del cumplimiento de tal derecho, atenta contra los derechos humanos y contra la moral cristiana. Todo empleo sin contrato, en condiciones laborales abusivas, sueldo ínfimo, precariedad sanitaria, peligrosidad elevada, etc., debe ser combatido, denunciado y eliminado con determinación. Pues bien, este es el trasfondo del documento elaborado y hecho público por la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Cristina) en el que se critican algunos aspectos de la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy.
Todo apunta a que las llamadas fuerzas políticas de izquierda están decididas a someter a la ciudadanía española a una nueva tribulación. Por si éramos pocos, parió la abuela. A la insufrible cifra de paro, consecuencia de una dramática crisis económica, y a la desoladora precariedad de las arcas del Estado, consecuencia de la insensata y despilfarradora política llevada a cabo por los anteriores gobiernos zapateristas, hay que sumar ahora el inicio de un proceso de subversión callejera con la finalidad de hostigar a los distintos gobiernos del Partido Popular, tanto al frente de la nación como en la mayoría de las comunidades autónomas.
La izquierda en España continúa instalada en su infatigable tendencia subversiva. No le interesa nada más que el poder, el poder absoluto. Lo lleva impreso en su código genético político. El marxismo y todos sus derivados han producido más muerte, dolor y miseria en el mundo que el resto de totalitarismos en el último siglo y medio. Por eso, cuando la izquierda no está aupada en el poder, o lo pierde, su naturaleza intrínseca la lleva a operar en todas las esferas de la política: se sirve de los cauces legales y democráticos, llámese vida parlamentaria o institucional, en los cuales extrema la sobreactuación y la demagogia más descarada; pero también ocupa los espacios ciudadanos, ciñéndose los atributos de la justicia popular y enarbolando cuantas banderas reivindicativas puedan otorgarle réditos electorales.
Una vez más la opinión pública se divide y se enfrenta en un falso debate: la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo contra el magistrado Baltasar Garzón por ordenar escuchas ilegales a los abogados de los imputados en el “caso Gürtel”. Sí; digo falso debate no porque no nos asista a cada uno de nosotros el derecho a opinar como mejor nos parezca y, por tanto, a ejercer el derecho a disentir. Lo lamentable de este asunto —como de tantos otros— es la facilidad con la que propendemos a identificar nuestros criterios con la verdad absoluta. Resulta paradójico que de una actitud racional (el hecho mismo de pensar) derivemos a otra irreflexiva, cargada de una acritud enfermiza por radical, mediante la cual acabamos negando la legitimidad a pensar, actuar y casi a existir de nuestros adversarios políticos.
Nuestra clase política no tiene remedio. Ni que gobiernen los rojos ni que lo hagan los azules o los verdiblancos. La crisis que padece nuestra sociedad no es económica —o solo económica—; tampoco social, o socio-económica; ni tan siquiera institucional. No; con ser todas y cada una de estas cuestiones importantes por sí mismas, incluida la combinación de tan nefastas realidades, la gravedad del problema que alcanza a toda la nación española es de orden moral. Nuestra sociedad está inmersa en un proceso de fin de ciclo. Ya no da más de sí lo que se ha dado en llamar “sociedad del bienestar”. Las ideologías derivadas de la Ilustración, liberadoras del hombre en sus varias acepciones, se han gastado a lo largo de más de dos siglos en varios miles de sangrientas pruebas que han dejado un reguero de millones de cadáveres y un sinfín de hermosas intenciones.
Resulta obsceno escuchar el rechazo político a una pretendida ley de responsabilidad penal para los administradores del dinero público que gasten más de lo que disponen. Ya se sabe que con la razón y la palabra se puede construir el argumento lógico que se quiera para justificar cualquier maldad, o cualquier hecho, o cualquier decisión por mejor o peor intencionada que sea ésta. Una inmensa mayoría de ciudadanos coincidimos en que la corrupción es una de las principales lacras de la vida pública española, tanto en las instituciones del Estado (Administración central, autonómica y municipal) como en las organizaciones políticas y sindicales. Pero es que además de ser ilícito traficar con dinero, influencias y prebendas —delitos todos ellos perfectamente tipificados en el Código Penal—, también es motivo de delito (o debería serlo) utilizar los recursos del Estado de manera onerosa, de forma que graven y comprometan el futuro de la colectividad. Prueba de ello es la situación que están padeciendo actualmente las distintas administraciones públicas, endeudadas hasta las cejas, con las arcas vacías y un montón de acreedores medio arruinados o arruinados del todo como consecuencia de la insolvencia demostrada por los gestores públicos.
Tal día como hoy, pero de 1973, el nombre del presidente del gobierno de España recorrió como un relámpago el centro y los cuatro costados del territorio nacional. Fue una jornada cebada de estupor, descreimiento y maliciosa satisfacción. Recuerdo que aquel 20 de diciembre —que cayó en jueves— yo estaba haciendo la “mili”, aunque por esas fechas disfrutaba de dos semanas de permiso navideño. Justo ese día acudí a una cita a las diez de la mañana en la sede de la empresa ITT, situada en la madrileña calle de Méndez Álvaro, donde por aquel entonces Darío Valcárcel desempeñaba el cargo de director de comunicación corporativa. Nunca olvidaré el cuadro: me contaba Darío algunos pormenores de sus recientes contactos con unos empresarios canarios dedicados a la producción platanera, a los que trató de animarles a que invirtieran algún dinero en el proyecto de un nuevo periódico (El País). Sonó de repente el teléfono y, tras interrumpir durante unos instantes nuestra conversación, escuché como Darío se manifestaba atónito ante lo sorprendente de las noticias de su interlocutor. Una vez colgado el auricular, mi anfitrión me informó de una grave explosión en las proximidades del diario ABC, situado en la calle de Serrano. Así fue como recibí, aquel 20 de diciembre, los primeros rumores de lo que más tarde se confirmaría como el magnicidio a manos de ETA de Luis Carrero Blanco, a la sazón presidente del gobierno de España.
Viernes, 25 de mayo
Miguel Torres Galera
José Pómez
Vicente A. C. M.
Vicente Torres
Manuel Molares do Val
Juan Fernandez Krohn
Raúl González Zorrilla
Juan Ramón Moscad Fumadó
Francisco Rubiales
Pedro Fernández Barbadillo
Antonio Cabrera
Inmaculada Sánchez Ramos
Carlos Ruiz Miguel
