La Comisión Europea (CE) ha autorizado al país una ayuda estatal de 450 millones de euros en 2009 para eliminar parcialmente la publicidad en la televisión pública francesa, dentro de la reforma propiciada por el presidente de la República, Nicolas Sarkozy.
A la vez que se tomaba esta decisión, Bruselas ha emprendido una investigación para determinar si el mecanismo de ayudas previsto a partir del próximo año cumple también con las reglas comunitarias, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Para Neelie Kroes, la comisaria europea de Competencia, «la decisión de Francia de otorgar mayor importancia al interés general como parte de la reforma de los medios públicos está en línea con la política de pluralidad informativa que apoya la CE».
Además, Kroes ha llamado a las partes concernidas a enviar sus opiniones a la Comisión, que ha iniciado una revisión detallada de esta reforma, tal y como es la práctica habitual en casos de intervenciones públicas complejas y de envergadura.
En este sentido, una de las principales preocupaciones de Bruselas se refiere a los impuestos introducidos para la reforma y la posibilidad de que la recaudación sea superior a los costes del servicio público en 2011 y 2012, afirma la nota.
Por ello, para compensar la disminución de los ingresos publicitarios, la ley francesa prevé la creación de un nuevo impuesto que gravará con un 0,9% la facturación de los operadores de telecomunicaciones (telefonía e internet). Por si fuera poco, está previsto aplicar un gravamen del 3% sobre los ingresos publicitarios de las cadenas privadas de televisión en los que esa factura supere los 11 millones de euros.
Del grupo France Télévisions forman parte las cadenas France 2, France 3, France 4, France 5 y France Ô y, según datos propios, cuatro de cada diez franceses son espectadores habituales de los programas que difunden.
Por su parte, España también prevé aplicar una reducción drástica de la publicidad en RTVE, pero «en ningún caso» la fórmula estará basada en las ya existentes en Europa, por lo que no gravará a los ciudadanos y garantizará la estabilidad del empleo, según aseguró el pasado abril la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
