El Grupo PRISA no declara todavía la guerra al Gobierno Zapatero, pero manda un ultimatum. Y en portada de El País con un flamigero artíuclo que firma el propio Juan Luis Cebrian. La pieza se titula «Un desatino» y en ella, el consejero delegado de PRISA pone a caer de un burro a ZP, a quien llega a calificar de «antidemócrata».
Como explica El Semanal Digital, Cebrián sangra por la herida de la pérdida de la batalla con Mediapro, la aliada del presidente del Gobierno, y gran beneficiada del Real Decreto Ley que autoriza a las cadenas de televisión a emitir contenidos en la modalidad de pago.
Y es que el conglomerado de Jaume Roures, titular de los derechos televisivos de la mayoría de equipos de fútbol españoles, necesitaba la autorización de la TDT de pago para ampliar la difusión de su canal de fútbol Gol TV.
EL PASO DE ZAPATERO
La decisión de Zapatero abre una nueva y dolorosa fisura entre el Imperio Polanco y el PSOE, que desde el nacimiento de El País en 1976 han sido firmes e interesados aliados.
ZP legisla «a la carta» e igual que les dió a dedo la cadena de televisón por la que emite La Sexta, dejando con dos palmos de narices al Grupo ZETA, el «emperador» Zapatero ha otorgado a sus amigos Jaume Roures y compañía el decreto que autoriza la TDT de pago y se ha reido de los viejos dinosaurios prosocialistas del Grupo PRISA.
A nadie se le ha olvidado que fue precisamente bajo el paraguas del poder socialista como Polanco consolidó su grupo mediático y consiguió -por la ley del «dedazo» que ahora critica Cebrián- su televisión de pago.
LAS DEUDAS DEL GRUPO PRISA
El artículo de Cebrian se las trae, porque desde hace más de un año, el consejero delegado de PRISA, ha estado presionando y adulando al Gobierno ZP -con el apoyo de ministros como Pérez Rubalcaba- para frenar la TDT de pago.
Al final, en pleno verano y vía decreto-ley, Zapatero ha optado dado libre al tema, que permitirá a Jaime Roures y los millonarios de la «basketball people» competir con Sogecable y Digital + en el terreno en que la televisón de PRISA es más rentable: el fútbol.
La tesis que se ha impuesto en Moncloa es que el Grupo PRISA carece de «capacidad de chantaje», porque su línea le ha dejado sin posibilidad alguna de apoyar otra opción política que no sea el PSOE, porque su público «le volvería la espalda».
Desde los atentados del 11-M y su llegada inesperada a La Moncloa, una idea fija de ZP y su equipo -donde Miguel Barroso jugó un papel crucial– fue no heredar enemigos mediáticos y crear su propio grupo de comunicación.
NO HEREDAR ENEMIGOS
Prueba de lo primero, ha sido durante estos cinco años el trato de privilegio que Zapatero, la vicepresidenta De la Vega y numerosos ministros han dispensado a Pedrojota Ramírez, director de El Mundo, a quien se ha dado preferencia informativa y hasta se ha facilitado que conserve la piscina ilegal que posee en Mallorca.
Lo segundo, más relevante, consistía en construir un entramado, paralelo al Grupo PRISA, que les permitiera tratar al Imperio Polanco como un «apéndice periodístico» y no como su «gurú» informativo.
Para hacer digerible una píldora tan amarga, lo que se ha ofrecido a Cebrián y los Polanco es respaldo en su drama financiero. ZP y los suyos seguirán retorciendo el brazo a los bancos acreedores de PRISA, sepultada bajo una deuda que supera los 5.000 millones de euros.
No es un auxilio pequeño. Santander-Banesto, BBVA, Caixa, Cajamadrid, Popular, HSBC y BNP y hasta una cuarentena de entidades, callan y conceden prórrogas automáticas. No sólo de los 1.900 millones de deuda contraída por la OPA sobre Sogecable, vencido en marzo y aún no pagados, sino del conjunto.
ENRIQUECER A LOS AMIGUETES
Hace unos días y con la frase «les mean encima y algunos de ellos siguen diciendo que llueve», describíamos la actitud servirl que buena parte de los directivos y periodistas del Grupo PRISA, tiene con el Gobierno ZP.
Aunque en la Cadena SER, ariete del PSOE contra Esperanza Aguirre, Francisco Camps y el PP en general, siguen haciendo de escudero oficial del zpaterismo, la reacción de El País al decretazo TDT puede ser más dura.
El diario dedico ya al asunto un largo y duro editorial, donde -olvidando los favores recibidos de los socialistas en el pasado- habla de «clientelismo», «decretazo», «abuso», «escándalo» y otras lindezas.
Ahora llega la segunda andanada.
EL INMENSO CABREO DE JUAN LUIS CEBRIAN
Cebrián nunca ha tenido buena química con Zapatero, pero a partir de ahora las cosas prometen ir a peor. Por el momento, la Cadena SER, Canal + y El País siguen haciendo el trabajo de zapa que necesita el PSOE, atacando cotidianamente al PP de Rajoy y sacando la cara por el Gobierno socialista, pero todo eso podrñia cambiar este otoño y Cebrián avisa:
«Ningún demócrata que se precie de serlo puede pasar por alto semejante desatino»
Otro parrafó que tampoco tiene desperdicio:
«Se trata (…) de la utilización arbitraria e inmoral de procedimientos legislativos de urgencia para satisfacer los deseos, las manías y las ensoñaciones del mando [Zapatero]. Es la calidad del impulso democrático de nuestros gobernantes lo que está en entredicho, su respeto a la división de poderes. (…) Gobernar a golpe de decreto en cuestiones que no son urgentes ni graves, excepcionales o imprevisibles es una demostración de desconfianza y recelo frente a la soberanía popular, representada en el Parlamento».
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UN DESATINO por Juan Luis Cebrián (El País)
Una de las señas de identidad del franquismo que parecen no haber periclitado todavía es la tendencia natural en aquella época a dictar decretos, pese al sometimiento absoluto de las Cortes y la consiguiente e inevitable aprobación de cualquier ley que el Gobierno de turno propusiera.
Gobernar por decreto era para los españoles que vivieron la Transición Política a la muerte del Caudillo un exponente de la arbitrariedad del mando, en medio de las inequívocas demandas de democracia y de independencia del Legislativo frente al Ejecutivo que la mayoría de los ciudadanos expresaba. Sin embargo, aquella mala costumbre ha pervivido entre nosotros durante más de tres décadas.
La figura del decreto ley es una desviación del principio de separación de poderes que inspiró desde sus orígenes la creación de las democracias, pero muchas de ellas la recogen en sus respectivas constituciones, si bien de manera específicamente tasada.
La Constitución española de 1978, en su artículo 86, dice que «en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán las formas de decretos leyes» y que no podrán afectar a una serie de temas, entre los que destacan los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.
Pese a semejantes limitaciones, los Gobiernos democráticos, sin distinción de ideologías, han recurrido con abundancia al ejercicio de esta práctica, amparados por una lamentable sentencia del Tribunal Constitucional que en 1983 depositaba en el propio Ejecutivo la responsabilidad de establecer las circunstancias de urgencia y necesidad que justifican una medida concreta de ese género, pues es «una decisión política que sólo al Gobierno -con el control parlamentario- compete».
El caso es que durante los más de 30 años de democracia los Gobiernos han hecho uso y abuso de su facultad de dictar decretos leyes para las cuestiones más variadas.
Los frecuentes avisos de eminentes constitucionalistas respecto a los peligros que semejante práctica encierra para el sistema democrático han sido constantemente desoídos, incluso después de que en 2007 el Constitucional emitiera una sentencia en donde establecía que un decreto ley del Gobierno de Aznar (promulgado en 2002) sobre el sistema de protección por desempleo no se atenía a las razones de urgencia requeridas por la Constitución.
Puede entenderse que durante la Transición, los Gobiernos de Suárez y de Felipe González acudieran a esta figura legislativa con más frecuencia de la deseable: se trataba de construir la democracia y de hacerlo de manera efectiva y rápida.
Muchas decisiones políticas de capital importancia se tomaron así por decreto, pero el abuso de semejante sistema una vez normalizado el régimen de libertades es, desde cualquier punto de vista, un exceso incompatible con el sedicente talante democrático que pregonan nuestros gobernantes.
Hace poco más de un par de años el profesor Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, alertaba sobre estas circunstancias en un artículo publicado en El País.
«Es importante», decía, «que la jurisdicción constitucional (…) fiscalice los límites (…) al ejercicio de la legislación de urgencia (…) Está en juego la división de poderes, porque el Gobierno no puede arrogarse cuando y como quiera funciones que corresponden al Parlamento. Y eso es lo que ocurre cuando (…) el Ejecutivo no justificó razonadamente la situación de extraordinaria y urgente necesidad».
Estas reflexiones, aparentemente teóricas, mucho tienen que ver con el abuso gubernamental perpetrado el pasado 13 de agosto cuando el Gabinete aprobó por decreto ley la implantación del sistema de pago en la Televisión Digital Terrestre.
La razón de la urgencia que el decreto exhibe -el impulso a la antenización de los hogares- es tan peregrina que merece incorporarse al museo del arbitrismo de nuestros Gobiernos, ya colmado de ocurrencias como los famosos descodificadores simulcrypt de Arias-Salgado o el regalo de las bombillas de bajo consumo por parte de Sebastián. La ideología no es ninguna frontera para la incompetencia.
Tampoco para la corrupción. La sospecha de que la verdadera urgencia para la aprobación del decreto ley es favorecer los intereses de una empresa cuyos propietarios están ligados por lazos de amistad al poder ha sido sugerida incluso por aquellos que han aplaudido la medida. Gobernar para los amigos desdice de la transparencia exigible a cualquiera; hacerlo mediante un procedimiento excepcional supone un motivo más de preocupación para los votantes que creen en la moralidad de las propuestas de los políticos.
Aunque estamos acostumbrados a la inquina de algunos de nuestros competidores, pienso que no está de más hacer una breve aclaración respecto a cuál es la postura en este punto del grupo de comunicación que dirijo (editor, entre otras cosas, de EL PAÍS) y a qué se debe nuestra oposición al decreto ley.
Nuestra empresa ha defendido siempre, y continúa haciéndolo, la existencia de la TDT de pago, entre otras cosas porque somos un operador relevante de esta modalidad de televisión que, contra lo que dicen interesada y engañosamente algunos comentaristas, para nada es pasto del monopolio: junto a Digital + existen otras ofertas como las de Ono e Imagenio, amén de un número considerable de cableoperadores, que en su conjunto reúnen más de un millón de abonados y que van a verse afectados muy negativamente por la decisión precipitada e irresponsable del Gobierno.
La TDT de pago es, desde luego, una oportunidad más para nuestra empresa, pero estimamos que el panorama audiovisual español ha sido manoseado hasta la obscenidad por este Gobierno mediante medidas parciales y caprichosas. Por eso apoyamos desde el primer momento el anteproyecto de ley audiovisual que el Ejecutivo conoció hace semanas -y que incluye la modalidad de pago para la TDT-, por entender que se trataba de ordenar, por fin, con acierto y oportunidad el sector audiovisual de nuestro país.
La nueva chapuza propiciada por el ministro de Industria no conseguirá probablemente ninguno de los objetivos que declara, ni siquiera algunos de los que no hace explícitos, como facilitar la implantación inmediata y fulgurante de una nueva cadena de pago. Pero ha logrado introducir tal ruido en el mercado, tal confusión entre los consumidores, tal desigualdad entre los operadores y tal preocupación entre los fabricantes de equipos que cabe preguntarse por cuáles son las razones verdaderas que el Gobierno y su presidente han tenido para tomar una medida así.
Pues éste es el verdadero meollo de la cuestión, y no la TDT de pago con la que, insisto, mi empresa y yo estamos absolutamente de acuerdo, lo mismo que con la apertura a la competencia, de la que somos fervientes partidarios siempre y cuando se haga de manera transparente y leal. De lo que se trata no es de nada de eso, sino de la utilización arbitraria e inmoral de procedimientos legislativos de urgencia para satisfacer los deseos, las manías y las ensoñaciones del mando.
Es la calidad del impulso democrático de nuestros gobernantes lo que está en entredicho, su respeto a la división de poderes. En contra de lo que declarara en su día Alfonso Guerra, Montesquieu no ha muerto, como no sea en los predios de la actual Venezuela y países semejantes, y es obligación de todo demócrata velar por su supervivencia.
Este país tiene una deuda de gratitud con los primeros Gobiernos de la Transición, los de Adolfo Suárez y Felipe González, que lograron implantar y solidificar la democracia. La grandeza de aquellos presidentes, al margen de los errores que cometieran, reside en que fueron capaces de unir al país en un esfuerzo común de solidaridad y construcción del porvenir.
Desde que la derecha se echara al monte de la mano de Aznar, sólo asistimos a políticas de división y enfrentamiento, incluso en momentos tan delicados y difíciles como los de la actual crisis económica.
Gobernar a golpe de decreto en cuestiones que no son urgentes ni graves, excepcionales o imprevisibles (para utilizar los adjetivos que el profesor Marc Carrillo entiende justificarían una decisión así) es una demostración de desconfianza y recelo frente a la soberanía popular, representada en el Parlamento. Ningún demócrata que se precie de serlo puede pasar por alto semejante desatino.
