Les mean encima y algunos de ellos siguen diciendo que llueve. Nos referimos a buena parte de los directivos y periodistas del Grupo PRISA, al que el Gobierno Zapatero acaba de sacudir un tremendo bofetón -uno más- sacando a toda prisa un decreto que permite la Televisión Digital Terrestre de pago, lo que hará todavía más millonario a los «amiguetes» de la La Sexta y abre un nuevo agujero financiero en las perforadas arcas del antaño imponente Imperio Polanco.
Apenas un día después de la aprobación del polémico Real Decreto Ley, Gol Televisión, vinculada a Jaume Roures (Mediapro), comenzará sus emisiones en el segundo canal de TDT de la Sexta, Hogar 10.
El canal anunció en un comunicado de prensa que las emisiones serán en abierto hasta el próximo 31 de agosto. A partir de esa fecha, sólo los abonados al canal podrán acceder a los contenidos. Gol TV nace con la principal baza de emitir cada fin de semana dos partidos de la Liga BBVA, uno de ellos siempre del FC Barcelona o del Real Madrid. Además de este plato fuerte, la emisora dispone derechos de Liga de Campeones, de diversos campeonatos europeos y sudamericanos.
Asimismo, Mediapro anunció que para poder tener acceso al canal hará falta una televisión de última generación para la conexión de un módulo PCMCIA o la adquisición de un descodificador adecuado. Unas condiciones para su visionado que levantaron ampollas en la jornada de aprobación de la TDT de pago.
LAS PRESIONES DE PRISA
El asunto se las trae, porque desde hace más de un año, el consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián, así como su segundo más leal, el director general Ignacio Santillana, han estado presionando y adulando al Gobierno ZP -con el apoyo de ministros como Pérez rubalcaba- para frenar la TDT de pago.
Al final, en pleno verano y vía decreto-ley, Zapatero ha optado dado libre al etma, que permitirá a Jaime Roures y los millonarios de la «basketball people» comopetir con Sogecable y Digital + en el terreno en que la televisón de PRISA es más rentable: el fútbol.
La tesis que se ha impuesto en Moncloa es que el Grupo PRISA carece de «capacidad de chantaje», porque su línea le ha dejado sin posibilidad alguna de apoyar otra opción política que no sea el PSOE, porque su público «le volvería la espalda».
Para hacer digerible una píldora tan amarga, lo que se ha ofrecido a Cebrián y los Polanco es respaldo en su drama financiero. ZP y los suyos seguirán retorciendo el brazo a los bancos acreedores de PRISA, sepultada bajo una deuda que supera los 5.000 millones de euros.
No es un auxilio pequeño. Santander-Banesto, BBVA, Caixa, Cajamadrid, Popular, HSBC y BNP y hasta una cuarentena de entidades, callan y conceden prórrogas automáticas. No sólo de los 1.900 millones de deuda contraída por la OPA sobre Sogecable, vencido en marzo y aún no pagados, sino del conjunto.
EL EDITORIAL DE EL PAÍS
Aunque en la Cadena SER, ariete del PSOE contra Esperanza Aguirre, Francisco Camps y el PP en general, siguen jugando a dos aguas, la reacción de El País al decretazo TDT ha sido airada.
El diario dedica al asunto un largo y duro editorial, donde -olvidando los favores recibidos de los socialistas en el pasado- habla de «clientelismo», «decretazo», «abuso», «escándalo» y otras lindezas.
Reproducimos el texto, para que ustedes juzguen:
El Consejo de Ministros aprobó ayer de urgencia el decreto ley que regula la Televisión Digital Terrestre de pago. La decisión se adoptó pese al dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo del Ejecutivo, que considera que la reforma vulnera la legislación de contratos con la Administración, es precipitada y no responde al interés general.
El Consejo de Estado afirma que un cambio semejante requiere el escrutinio del Parlamento, un plazo razonable y la posibilidad de introducir enmiendas.
El Ejecutivo, ante tan contundente objeción, decidió a última hora sustituir la fórmula de real decreto por la de decreto ley, que implica la ulterior convalidación parlamentaria pero que se reserva a situaciones de urgencia y contra la que no cabe recurso.
Utilizar un trámite excepcional para una cuestión sobre la que no existe demanda social remite a los peores usos autoritarios e intervencionistas y deja sin capacidad de defensa jurídica a quienes se puedan sentir perjudicados.
¿Cuál es la urgencia, en pleno agosto y en un Consejo de Ministros dedicado a la crisis? Sólo una: satisfacer los intereses de un grupo de amigos. Tampoco se han tenido en cuenta las quejas de parte del sector audiovisual (entre ellas las de Sogecable, del Grupo PRISA, editor de El País), que ve cómo un improvisado cambio parcial puede afectar al equilibrio del conjunto en plena crisis.
Es, pues, una decisión escandalosa y abusiva. El decreto ley introduce más desorden, si cabe, en un panorama necesitado de una ley que ordene lo que el capricho de sucesivos Gobiernos ha ido destrozando. Cabía la esperanza de que el PSOE mostrara mejor criterio que la derecha. Sin embargo, esta aprobación atropellada, promovida por Industria, supone un paso atrás sólo atribuible a las presiones de algún grupo de comunicación y de los fabricantes de aparatos descodificadores.
El Gobierno de Zapatero ha preferido atender el interés de unos pocos en un ejemplo de rancio clientelismo.
La TDT de pago dinamizará el modelo de televisión, pero sólo si se establece en el marco de la Ley General Audiovisual. Así lo dice el Consejo de Estado. Es irresponsable introducir cambios semejantes en un momento en el que el sector audiovisual, como otros, sufre las consecuencias de la crisis.
Argumenta el Gobierno que la TDT de pago aumentará los contenidos, dinamizará la tecnología digital y traerá un río de millones a todos sus actores. No es cierto, al menos en la actualidad. Resulta ridículo pensar que la simple existencia en breve de un canal de pago despertará el entusiasmo de la audiencia, sobre todo si se tiene en cuenta que ese canal emitirá partidos de fútbol, o sea, lo mismo que ahora ofrecen otras televisiones de pago.
Ni aumenta la demanda ni se crean valores adicionales.
