(PD).- Da igual las recomendaciones de la CMT o del Consejo de Estado; el Gobierno necesita cerrar cuanto antes el asunto de la nueva financiación de TVE. Por eso quema etapas con una rapidez asombrosa obviando las críticas que llegan desde todos los sectores. Y es que el Ejecutivo garantizará así la sumisión de las televisiones.
Se trata de una reforma sin precedentes. Nunca antes un sector había disfrutado tanto de las dádivas de un Gobierno marioneta, que bien aprueba la ley de fusiones, como la TDT de pago. En el caso de la Ley de financiación de TVE el caso es, si cabe, más escandaloso. Se han sacado de la manga una tasa para televisiones privadas y telecos que roza la ilegalidad.
Mientras que los primeros disfrutarán de un aumento de la tarta publicitaria a cambio de una pequeña cantidad que sin duda será revocado con el tiempo, las operadoras de telecomunicaciones se han encontrado con un canon que difícilmente se ajusta a la realidad y al que hay que añadir el impuesto por el uso del espacio radioeléctrico. Incluso la CMT ha mostrado su rechazo a esta carga.
En un interesante artículo en Expansión, Juan Santaló explica que gravar a las telecos sin contraprestaciones «torpedea el funcionamiento de un sector clave para la productividad» innecesariamente. Además, plantea los escenarios que se pueden plantear a raíz de esta decisión.
Una primera opción -y la más probable- es que las operadoras trasladen al consumidor la carga impuesta para financiar TVE. En ese caso, algunos usuarios aguantaran mientras que otros reducirán e incluso eliminarán el acceso a Internet y los servicios audiovisuales.
Como consecuencia, en el medio plazo se reducirá el uso y penetración de telefonía móvil, Internet y banda ancha en España. Los operadores de telecomunicaciones también soportarán una menor rentabilidad debido a que la reducción en el uso/número de usuarios de los productos de telecomunicaciones redundará en menor rentabilidad para los operadores por un menor aprovechamiento de las economías de escala, y la menor rentabilidad se traducirá en una menor inversión en infraestructuras. En resumen, en este escenario podremos tumbarnos en el sofá a ver televisión pública sin publicidad a costa de un menor desarrollo en España de la Sociedad de la Información y de menos dinero en nuestros bolsillos.
En un segundo escenario, podría darse el caso de que las telecos sigan la política ya anunciada por Vodafone y soporten las tasas sin repercutir en el consumidor. En este caso, verán reducidos sus beneficios entre el 2% y el 4%, rebaja que podría afectar a la supervivencia de algunas compañías. Además, dado que la tasa se aplica a los ingresos y no a los beneficios, serán las operadoras más pequeñas las que se verán más afectadas.
Según Santaló, estos efectos se notarán a medio plazo ya que la menor rentabilidad «ocasionará una reducción del volumen de inversión total del sector» y el temor a más reformas. Y es que con el precedente de la televisión estatal, las autonómicas podrían seguir el mismo camino.
Con menor rentabilidad y más incertidumbre se reducirán las inversiones a largo plazo y la competencia en este sector clave se verá afectada. Es decir, menor innovación y mayores precios para el consumidor final.
En vista a este torrente de efectos potenciales a medio y largo plazo muy perjudiciales para el dinamismo, la productividad y la competencia de un sector tan estratégico como es el de las telecomunicaciones, sorprende tanto la celeridad con la que el Gobierno está tramitando la ley como la clamorosa falta de un análisis riguroso del impacto económico de la legislación en los sectores afectados. Visto desde fuera da la impresión que detrás de la reforma de la financiación de RTVE no hay sino un cálculo puramente político muy alejado de cualquier consideración sobre el interés general.
