(PD).- El presidente de la Asociación española de operadores de telecomunicaciones (REDTEL), Miguel Canalejo, advirtió de que si se mantiene la tasa del 0,9% sobre los ingresos de explotación para los operadores de telecomunicaciones que recoge el proyecto de ley de la nueva financiación de RTVE actualmente en trámite parlamentario, el sector «recurrirá» ante los tribunales de España y Europa, como han hecho las telecos en Francia con la ley de la televisión pública francesa.
Durante su intervención en las VII Jornadas de Periodismo ‘El nuevo panorama audiovisual’ organizadas por la Asociación de Periodistas Europeos (APE) en colaboración con Coca Cola, Canalejo, que, aunque matizó que «habrá que esperar al debate parlamentario y ver qué ley sale», se mostró convencido de que «el proyecto de ley tienen debilidades importantes desde el punto de vista legal tanto desde el punto de vista del derecho comunitario y del derecho español».
Asimismo, afirmó que la tasa de 0,9% para los ingresos de voz fija es «absolutamente confiscatoria y desproporcionada» y subrayó que la medida «también le ha parecido arbitraria e injusta a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones». Así, se quejó de que se haga pagar un «impuesto» a las telecos cuando son empresas que «no se benefician en absoluto de la desaparición de la publicidad en TVE».
En este sentido, criticó que «directa e indirectamente» el sector de las telecomunicaciones va a pagar «500 millones de euros al año» para financiar la televisión pública cuando los ingresos de todas las empresas de telecomunicaciones por el negocio audiovisual es de unos 480 millones de euros al año.
¿Por qué no paga la prensa o Google, que esos sí que se van a beneficiar? ¿Por qué pagamos los que no tenemos ningún beneficio y no pagan los que tienen beneficios?
«El proyecto tiene gravísimas deficiencias de tipo legal, y no sólo con las leyes españolas sino también con las europeas», subrayó el presidente de REDTED, que afirmó que el proyecto de ley «se ha hecho muy mal y muy deprisa» y representa un «incremento de costes para las operadoras» que puede tener un «impacto en las inversiones futuras de infraestructuras de un sector que también está afectado por la crisis».
A este sector le ponemos encima un impuesto y le creamos la inseguridad jurídica tremenda de que aquí se puede poder un impuesto cuando se quiera.
El miembro del Consejo de Administración de RTVE, Miguel Ángel Sacaluga, indicó que «las empresas de telecomunicaciones indudablemente tienen beneficios y es un beneficio exponencialmente más alta» que las cadenas de televisiones. Asimismo, señaló que la televisión pública necesita otro modelo de financiación y la «solución no es la reducción progresiva de la publicidad», ya que, en los dos años que lleva en marcha, «no ha servido para dinamizar al sector privado, que no lo ha notado» y, sin embargo, ha provocado que TVE «no llegue a final de mes».
Los anunciantes
Por su parte, el portavoz del PSOE en la comisión de control de RTVE en el Congreso de los Diputados, Óscar López, se mostró convencido de que «los operadores de telefonía móvil van a ser beneficiarios del sector audiovisual en breve» y «sí pintan algo» en el mercado audiovisual. Por ello, criticó que «nadie discuta el modelo de televisión pública» y lo que «centra el debate» es la tasa de 0,9% a los operadores de telecomunicaciones. «Quien no paga una tasa hasta ahora no la quiere pagar, es normal», señaló.
Por otro lado, sobre la repercusión de la norma en los anunciantes, el diputado socialista indicó que «nadie dijo que una reforma como esta no fuera a tener coste» y admitió que determinados anunciantes quizás pierdan «cierto impacto» al perder «la ventana» publicitaria que ofrecía la televisión pública, pero defendió la «coherencia ideológica» de la reforma.
No es una reforma que caiga del cielo, es una reforma que tiene coherencia ideológica, y un camino que estaba anunciado sólo que se ha acelerado.
Mientras, la presidenta de McDonalds España y de la Asociación Española de Anunciantes, Patricia Abril, se quejó de la forma de retirar la publicidad de TVE «de golpe» y pronosticó que esta desaparición, que, a su juicio, se ha hecho «por la puerta de atrás», va a tener «efectos muy profundos en 4.700 empresas» y pone en peligro a 18.000 empleos del sector. Así señaló como principales consecuencias de quitar la publicidad en televisión pública la inflación de precios, «la saturación de la publicidad en los medios privados, con la perdida de competitividad que ellos conlleva» y que las pymes se queden sin acceso a televisión».
Por otro lado, el secretario general de la Unión de televisiones (Uteca), Jorge del Corral, afirmó que el proyecto de ley «beneficia fundamentalmente a las televisiones públicas» porque les cambia la «incertidumbre» del mercado publicitario por la «certeza» de los mecanismos de financiación contemplados en el proyecto de norma. En este sentido, indicó que «el espectador está cansado de la saturación publicitaria en televisión» y «lo normal es que la audiencia de TVE, que ya es líder de audiencia, suba y lo agradezca». Sobre la tasa de 0,9 por ciento a las telecos, afirmó que «todos los que hagan televisión, sea cual sea el soporte, deben pagar».
Además, indicó que dejar de anunciarse en televisión española «no es un cataclismo» y aseguró que no es verdad que la publicidad en las televisiones privadas esté saturadas, ya que este año no se ha vendido el 11 por ciento de los espacios publicitarios en estas cadenas «a pesar de que el precio es el de 2002». Asimismo, opinó que «ninguna pyme perderá su oportunidad de anunciarse en los cientos de televisiones privadas que va a haber» después del apagón analógico, así como que otros soportes, como la prensa o Internet, «van a agradecer» la inversión publicitaria que hasta entonces se dirigía a TVE.
