De la Vega pretende «empapelar» a los periodistas Carlos Dávila y Maite Alfageme

De la Vega pretende "empapelar" a los periodistas Carlos Dávila y Maite Alfageme

(PD).- «Se trata de un ataque a la libertad de expresión», dicen los denunciados. Carlos Dávila, director de la revista Época y del periódico digital lanación.es, y Maite Alfageme, subdirectora del citado semanario, tienen que comparecer ante la Fiscalía Provincial de Madrid a raíz de la denuncia presentada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la publicación en Época del reportaje titulado «El voto fraudulento de la vicepresidenta«.

Según recuerda la nota de prensa difundida por Intereconomía, «Fernández de la Vega se empadronó fuera de plazo en la localidad valenciana de Beneixida, a pesar de lo cual pudo ejercer allí su derecho al voto en las elecciones generales de 2008 gracias a una Resolución interpretativa -de 31 de enero de 2008- nunca publicitada por la Oficina del Censo Electoral hasta que Época denunció los hechos«.

«La denuncia presentada contra el director de Publicaciones de Intereconomía y la subdirectora del semanario se basa en un informe elaborado ad hoc por la Abogacía General del Estado en el que se concluye que «las informaciones presentadas pueden comportar la imputación de delitos y que los mismos serán perseguibles de oficio». El firmante del escrito es el abogado del Estado Joaquín de Fuentes Bardají, ex secretario general técnico del Ministerio de Justicia en anteriores Gobiernos socialistas».

Y sigue la nota de prensa:

«Ante este ataque a la libertad de expresión, en el que se nos imputa publicar informaciones inveraces «con manifiesto desprecio a la verdad y una omisión total y absoluta del mínimo deber de diligencia en la comprobación de los hechos», el Grupo Intereconomía se ratifica en el contenido del citado reportaje y respalda la profesionalidad de los periodistas, así como el escrupuloso rigor de las informaciones ofrecidas a sus lectores. Además, Intereconomía quiere expresar su más absoluto rechazo a actuaciones judiciales como ésta, con las que se pretende perseguir, amordazar y neutralizar «de oficio» la libertad de información».

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