(PD).- El Gobierno francés logró este jueves la adopción definitiva de la ley de reforma de la televisión pública, que elimina paulatinamente la publicidad en esos canales. Los anuncios dejarán de existir definitivamente cuando desaparezca la televisión analógica y se imponga la digital terrestre a finales del 2011.
Tras un maratón parlamentario que comenzó en noviembre pasado, la mayoría conservadora en las cámaras francesas acabó por imponer una reforma que había sido perfilada por el presidente, Nicolas Sarkozy.
Faltaba sólo que se adoptaran las disposiciones de nombramiento del presidente de la televisión pública, que quedará en manos del jefe del Estado.
La ley queda sólo pendiente del anunciado recurso de los socialistas ante el Consejo Constitucional, al considerar que la reforma no se acomoda a la Carta Magna.
La medida más visible de la nueva ley es la reducción paulatina de la publicidad en los canales públicos, una decisión bien acogida por las televisiones privadas, que ven como optan así a una mayor parte del pastel de los anunciantes.
Además, la ley permitirá a los canales privados hacer un segundo corte publicitario en el horario de «prime time», mientras que en la actualidad sólo tienen previsto uno.
Por el momento, la ley establece que la publicidad desaparecerá en los canales estatales a partir de las 20 horas y hasta las 6 horas del día siguiente, lo que deja libre de anuncios los momentos de más audiencia televisiva.
La publicidad quedará eliminada de forma definitiva de los canales públicos cuando desaparezca la televisión analógica y se imponga la digital terrestre a finales del 2011.
Para compensar los ingresos que la televisión pública obtenía a través de la publicidad, la ley prevé aumentar el impuesto que cada hogar equipado con un receptor audiovisual paga en la actualidad. Esa tasa pasará de los 116 euros del año pasado a 118 en el actual y 120 en el 2010. Además, la televisión pública recibirá dinero de dos nuevos impuestos que se impondrán sobre los ingresos publicitarios de los canales privados, entre el 1,5% y el 3%.
El impuesto también se aplicará a los operadores de comunicación electrónica, como la telefonía móvil o la televisión a través de internet.
Del resto de la financiación se encargará el Estado, con una dotación de 450 millones de euros suplementarios. Para la oposición socialista, el sistema no garantiza el futuro de una televisión pública independiente y sostenible desde el punto de vista económico.
