(PD).- Como dice el chiste que corre por la Red, los «arquitectos» de la trama de espionaje madrileña, que va desgranado el diario El País en forma de serial, siguieron los consejos del ministro Miguel Sebastián. Eligieron producto «Made in Spain» y contrataron a Mortadelo y Filemón. A esos dos o a otros parecidos, a la vista del penoso resultado de sus trabajos.
Cada hora que pasa, queda más en evidencia que la chapuza ha sido de órdago. Y no sólo por la torpeza y precariedad que demuestran los informes elaborados por quienes siguieron al vicealcalde Manuel Cobo o trataron de saber que cenaba el ex consejero Alfredo Prada.
También los que han filtrado la noticia han metido la pata. Y hasta el corbejón. Ahora resulta que quienes espiaron en Colombia a Ignacio González y se hicieron con las fotocopias de los rumbosos billetes de avión utilizados por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid en su visita a Suráfrica, no fueron los mismos que seguían los pasos a Cobo o a Prada.
Ni siquiera respondían ante los mismos jefes, ni trabajan para el mismo «operador». De acuerdo con las fuentes consultadas por Periodista Digital, el «trabajo» de Bogotá fue realizado por detectives privados, contratados por un empresario.
Los seguimientos a Cobo y a Prada, fueron obra de otro tipo de profesionales y encargados por gente que tiene mucho más que ver con la política que con la construcción.
Periodista Digital ha podido saber que los tres ex guardias civiles a los que el dossier facilitado a El País atribuye -sin nombrarlos- los seguimientos y vigilancias son Oreja Sánchez, Antonio Coronado y José Luis Cano.
¿LA LARGA MANO DE RUBALCABA?
Todo indica que el maquiávelico Rubalcaba lleva varios meses al tanto de bastantes detalles del caso.
Eso no significa que sea el filtrador directo y su reacción, en la rueda de prensa del viernes, deja a las claras que se quita el «muerto» de encima.
Los periodistas están protegidos en su labor por el derecho a no revelar sus fuentes y será casi imposible, aunque los jueces lo intenten, determinar la identidad del sujeto que ha facilitado a Francisco Mercado de El País los datos, fotos y documentos que han permitido al diario del Grupo PRISA apuntarse una explosiva «exclusiva» el pasado lunes e iniciar un serial que tiene de los nervios al Partido Popular. También es la fuente de Interviú.
Desde hace más de tres meses, con pleno y puntual conocimiento de Rubalcaba, funcionarios de Interior estuvieron siguiendo y vigilando todos los movimientos de esos a los que el ministro, con cierta sorna y bastante gracia, se refería este viernes como «Mortadelo y Filemón».
A la espera de que afloren las identidades de los detectives que siguieron a Ignacio González hasta Colombia, así como la del del empresario que los contrató, lo que ya sabemos son los nombres de los que hacían las chapuzas en Madrid y alrededores: Sánchez, Coronado y Cano.
Estos tres, con larga experiencia en ese tipo de «labores», son los peones de brega. Cuando ajusten las piezas y no faltan muchas horas, se sabrá con certeza el nombre de su «empleador».
Los tres ex guardias civiles no son los únicos que han jugado a agente secreto. Se ha repetido mucho estos días el nombre de Marcos Peña, que en su día trabajó como jefe de seguridad para Iberdrola y a quien en la Policía no se le tiene en alta estima, aunque sigue contando con amigos y conocidos.
El ex policía nacional Marcos Peña, fichado por el consejero de Interior, Francisco Granados, el 27 de junio de 2008 como asesor de seguridad, asegura en una carta remitida a El País que en ningún caso ha espiado a políticos ni ha participado en la elaboración de dossiers sobre tramas de corrupción relacionadas con ayuntamientos socialistas. Añade que que lo publicado por el periódico del Grupo PRISA «no se corresponde con la literalidad de la conversación» que en su momento mantuvo con el peri Mercado.
Añade que en los últimos meses ha participado «en diversas actuaciones que han tenido que ver con la seguridad de edificios e instalaciones de la Comunidad de Madrid» y que se ha reunido con sindicatos que participaban en encierros de los que existe «constancia gráfica».
Otro policía, que también sale en algunos de los papeles es Vicente García Novoa, alias «Carioco», un tipo duro, directo y que se hizo muy famoso a raíz del caso Ciempozuelos, cuando se descubrió a dos concejales del PSOE llevando maletines llenos de billetes a Andorra. En aquella ocasión, Novoa, declaró ante el juez que recibió órdenes de sus superiores para que paralizara las investigaciones.
EL PP, CON LA MOSCA DETRÁS DE LA OREJA
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons aseguró al publicarse la «exclusiva» que la información obtenida por la red de espías no se puede conseguir sin la connivencia del Ministerio del Interior que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. Se refería concretamente a la identificación de los propietarios de vehículos a partir de las matrículas.
González Pons exigió al fiscal que abra una investigación de forma inmediata y pidió explicaciones al Ministerio del Interior porque «estamos hablando no solo de fuerzas parapoliciales, sino de fuerzas parapoliciales vinculadas a fuerzas policiales».
El Partido Popular atribuyó al Ministerio del Interior el montaje del escándalo, lo que desató el enfado de su responsable, Alfredo Pérez Rubalcaba.
En un comunicado, el partido de Rajoy explica que investigará los datos conocidos -desvelados esta semana en ‘El País’- «desde el respeto a la presunción de inocencia y en aras de la ejemplaridad que debe presidir la vida pública», y puntualiza que, de confirmarse las informaciones publicadas, «nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles». La encargada de la investigación será María Dolores de Cospedal. ¿Habrá sorpresas?
