(PD).- Se lo llevan crudo. Mucho ERE, mucho sangrar al erario público para echar sin conflicto a la calle a veteranos con enorme experiencia y ellos a cobrar sueldazos. Tanto y tantos que Eugenio Nasarre, diputado del PP, se ha visto obligado a preguntar: «¿Cuáles son las retribuciones íntegras de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE?».
Enfrente, como relata I. Longhi- Bracaglia en El Mundo, estaba el presidente de la empresa pública que es la tele de todos, Luis Fernández, preparado con sus números para dar la última respuesta en su comparecencia ante la Comisión de Control del Parlamento.
Respondió el presidente de RTVE, sí, pero sólo con el resultado de la suma de todos los sueldos que perciben él mismo y los 11 consejeros restantes: 1.560.000 euros.
Como todo el mundo sabe, la Ley 17/2006 fija que son ellos quienes gobiernan la Corporación y que el Ministerio de Economía fija la cantidad que debe figurar en la nómina de los consejeros.
«No ha contestado. Le pido el sueldo de cada consejero y se lo volveré a preguntar hasta que conteste», insistió Nasarre el martes.
«Esto dará que hablar», celebraron después en voz baja sus compañeros de siglas políticas al término de la Comisión. No sabían entonces que el miércoles tendrían en el Registro del mismo Congreso todos los detalles salariales.
A saber, el presidente: 240.000 euros al año. Cada consejero: 120.000. Multiplicada esta última cantidad por 11 y sumada la de Luis Fernández, que lleva en el mismo sueldo la presidencia de la Corporación y del Consejo, el total asciende, en efecto, a 1.560.000 euros.
LO QUE COBRAN LOS DEMAS
Éstas son a secas las retribuciones de los consejeros de RTVE que se leen en la respuesta remitida al Parlamento. ¿Mucho? ¿poco? Más allá de que, como asegura la publicidad de la conocida tarjeta de crédito, haya cosas que no tienen precio, lo cierto es que, como recomendaba otro famoso anuncio de detergente, lo mejor es comparar.
La evolución en 2006 del Ente a Corporación convirtió a esta última, en cuanto a consideración, en una de las grandes empresas de capital público con financiación mixta. Así que hurgando en las memorias de la competencia del sector audiovisual… Paolo Vasile y Giuseppe Tringali percibieron en 2007 algo más de 2.300.000 euros cada uno.
En Antena 3, José Manuel Lara, Maurizio Carlotti y Silvio González, 1.790.000 euros. En Sogecable, Javier Díez Polanco, 1.274.000 euros en 2007. Y en la pública británica, el director general de la BBC, Mark Thompson, se embolsa cerca de los 900.000. Todo está en sus web. Mucho más fáciles de consultar que las cifras de las empresas públicas, la verdad.
Conocer remuneraciones en ésta últimas es casi misión imposible, de no ser que, como en este caso, su presidente tenga a bien informar al Parlamento al respecto. Cierto que, a la vista de las nóminas de los consejeros delegados de las cadenas privadas, la suya se coloca muy por debajo. Cierto que su responsabilidad es mucha. Pero ¿y el resto de los consejeros? ¿qué hacen para ganar 120.000 euros al año?
La misma ley que creó la Corporación establece que son elegidos por el Congreso (ocho) y el Senado (cuatro), que están obligados a reunirse como mínimo dos veces al mes para estudiar y aprobar en su caso todos los asuntos relacionados con la gestión de RTVE.
El Gobierno puede suspender el contrato de RTVE si gasta demasiado
El Gobierno vigilará de cerca el cumplimiento de los servicios de carácter público encomendados a RTVE. Y estará especialmente atento a la marcha económica y a la ejecución del presupuesto de la radio y la televisión estatal. Hasta el punto de que el Ejecutivo podrá suspender el contrato-programa suscrito con la corporación en el caso de que los gastos reales superen «sensiblemente» las previsiones. Así lo establece el documento sobre el que trabaja el Consejo de Administración de RTVE y que será remitido al Parlamento antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.
Una comisión integrada por seis miembros, designados a partes iguales por el Ministerio de Economía y por el presidente de RTVE, Luis Fernández, se encargará de velar por el cumplimiento del contrato-programa. Este organismo se reunirá como mínimo una vez al trimestre y su misión fundamental será examinar «con especial rigor» que los gastos se ajustan al presupuesto y que no se generan pérdidas, como ha ocurrido en los últimos 15 años.
En este tiempo, la deuda no paró de crecer y adquirió unas dimensiones gigantescas (cercanas a los 8.000 millones de euros). Para aligerar las cuentas, el Gobierno se encarga de liquidar la deuda (en varios plazos, eso sí). Además, ha puesto el contador a cero. Ahora sólo se permitirá el endeudamiento para afrontar determinadas inversiones.
A través del contrato programa el Estado adjudicará a RTVE una subvención suficiente (este año la aportación asciende a 500 millones de euros) para financiar los servicios públicos que debe prestar la corporación. Las cuantías que recibirá en los dos próximos ejercicios todavía no están cerradas. Depende de las negociaciones que mantienen RTVE y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
El contrato programa detallará las asignaciones presupuestarias que recibirán RTVE y sus dos sociedades (TVE y RNE), con el objetivo de contar con un modelo de financiación ajustado, estable y suficiente.
Para completar el resto de los ingresos, la corporación recurrirá al mercado publicitario. De momento, el documento presentado por Luis Fernández al Consejo de Administración establece un sistema progresivo de recorte de anuncios en TVE (RNE no emite spots comerciales). Para el actual ejercicio, el Gobierno ya recortó el tope un minuto por hora (de 12 a 11). El compromiso para el próximo año es no rebasar los 10 minutos y para 2010 se prevé que el máximo autorizado sea de 9 minutos por hora.
Este recorte publicitario es un compromiso electoral de los socialistas y una reivindicación largamente solicitada por las televisiones privadas.
La comisión de seguimiento recibirá cada mes los datos económicos y financieros para verificar su evolución y las posibles desviaciones. Al término de cada ejercicio se chequeará la marcha de la compañía a través de una serie de indicadores de gestión, de servicio público y de calidad audiovisual, según establece el contrato programa. Para reforzar los controles, la Intervención General del Estado seguirá realizando auditorías anualmente.
El Gobierno no sólo estará pendiente de las cuentas de la radio y la televisión pública. También pondrá el foco en los contenidos. RTVE deberá atender al «nivel de satisfacción de la audiencia». Para cumplir esta misión se arbitrarán fórmulas para medir la evaluación de los espectadores y radioyentes.
Además, el contrato programa incluye un bloque dedicado al cambio de sede. Este proyecto tiene, según Fernández, un valor estratégico en cuanto al futuro de la corporación, ya que permitirá concentrar en un solo edificio todas las actividades y servicio de la compañía. Otra de las áreas clave es la relacionada con las nuevas tecnologías de la comunicación como la oferta de servicios de información en línea, los contenidos interactivos o la televisión en movilidad.
