(PD).- Epoca no suelta bocado. La revista de Intereconomía vuelve esta semana sin soltar la presa del PSOE almeriense y su «impuesto revolucionario». Además, aporta datos sobre la crisis entre navarristas y populares.
Y es que el semanario que dirige Carlos Dávila continúa buceando en las procelosas aguas de los socialistas almerienses y el embrollo entre navarristas y populares.
Con respecto a los sueldos de partido pagados por la Diputación de Almería, la publicación, de la mano de Higinio Mosteiro y Azahara Mígel, no suelta la presa. Los asesores del presidente del organismo, el socialista Juan Carlos Usero, siguen en primer plano de actualidad después de que se revelase cómo detentaban cargos oficiales para cobrar el sueldo y se dedicaban sólo a labores en el PSOE.
En el nuevo número, se señala que «el sueldo de los asesores de Usero, antes de llegar a sus manos, era ingresado en la cuenta que el PSOE tiene en el banco Cajamar».
Según ha reconocido uno de los aludidos, el ex director de Desarrollo Sostenible de la Diputación, Diego López, el PSOE le descontaba el «impuesto revolucionario» antes de entregarle el salario, cuota de afiliación aparte. Se trata de una práctica implantada por dicho partido, que consiste en descontar un cinco por ciento del sueldo bruto del cargo para ingresarlo en las arcas socialistas. Por servir como ejemplo, con el sueldo de López el PSOE recibía 178,96 euros catorce veces al año, con salarios mensuales y pagas.
El PSOE colocó a afiliados como cargos, éstos cobraban de la Diputación sin «hacer nada» -como alguno ha reconocido- y el partido se llevaba una parte de un salario de una Administración a la que no aportaba nada sus miembros.
Además de esto, la publicación también regresa a la plena actualidad política con la pésima situación actual entre UPN y PP. Este partido ha puesto dos condiciones a los navarristas para refundar el pacto de 1991, seriamente tocado con el asunto de los Presupuestos.
Esas dos condiciones serían, por un lado, que no se materializasen las sanciones de los expedientes disciplinarios abiertos contra Jaime Ignacio del Burgo y Santiago Cervera, y, por otra parte, un pronunciamiento directamente favorable a un nuevo pacto por parte de los órganos de dirección de UPN.
